Recientemente la propuesta de incorporar personal del ejército como personal operativo en funciones policiales ha tomado mucha relevancia. Dicha propuesta fue planteada por el padre José María Tojeira, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual ha encontrado eco en el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, quien ha calificado la propuesta como “audaz”.
Tojeira propone esta medida en el marco de las alarmantes cifras de delitos como los homicidios y las extorsiones. Dicha propuesta buscaría aumentar la capacidad operativa en tareas de cobertura territorial, prevención y disuasión delictiva.
Antes de sentar posición sobre esta propuesta es necesario establecer algunos presupuestos: 1. Es cierto, los niveles de homicidios son inusuales y alarmantes y cuestionan la capacidad de control del sector seguridad y justicia penal sobre este fenómeno. 2. También es cierto que una mayor cobertura territorial y funcionamiento operativo contribuiría a mejorar algunas condiciones de seguridad, sobre todo, de tipo subjetivo (sensación de seguridad)
Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que me preocupan sobre esta medida. Sin un orden de importancia, podría mencionar una inquietud de tipo constitucional: si la justificación para el uso del ejército es una situación de emergencia, deben seguirse los pasos correspondientes para implementar la iniciativa. De lo contrario, vendría realizándose de la cuestionable manera como se ha hecho hasta ahora.
Una segunda preocupación es política y tiene que ver con la tentación de hacer más de lo mismo. Una de las críticas más tristes que se puede hacer a una izquierda es que retome el continuismo de los métodos de la derecha en materia de seguridad. Esto no es solamente una cuestión ideológica, sino práctica: esos métodos fracasaron o, en el mejor de los casos, no lograron afectar substancialmente el fenómeno de la violencia y la inseguridad.
Lo anterior nos lleva a la tercera cuestión que tiene que ver con los efectos prácticos: tal como se dijo, este tipo de medidas han demostrado no tener un impacto significativo en la seguridad objetiva, sino más bien en la subjetiva. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz y las variables de reducción o aumento de la delincuencia no parecen estar relacionadas con dicha participación.
Se deben agregar las necesarias gestiones de cambio de las formas intervención militar por las policiales y la dualidad que esto puede genera en la institución policial. Además de los diferentes códigos de obediencia que rigen en las diferentes culturas organizacionales y la existencia de salarios diferenciados por funciones similares, pues la propuesta del padre Tojeira apunta a mantener el bajo salario militar del personal a incorporarse a tareas policiales.
Si partimos del dato que los homicidios y las extorsiones han aumentado, entonces, la respuesta debería ser adecuada a dichas circunstancias. Para el caso, un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio, no tendría efecto sobre la extorsión por la forma en que esta se realiza, tomando en cuenta que, según datos de la PNC, la mayoría de estas provendrías de las cárceles.
Posiblemente una mayor presencia, pueda restringir la operatoria de algunos homicidios, pero es poco probable que detengan aquellos derivados de acciones planificadas y dirigidas, tal como muchos de los homicidios que diariamente son reportados por los medios, en los que precede la desaparición o privación de libertad de la víctima, ocultamiento de los cadáveres y otras prácticas que indican la existencia de planificación y premeditación.
Solamente un conocimiento claro y profundo de las tipologías, metodologías y actores relacionados con los homicidios en los territorios podría arrojar medidas más concretas y adecuadas a este flagelo, dicho conocimiento se construye a partir de análisis de información e inteligencia criminal. Sin este presupuesto, cualquier estrategia de tratamiento sería palos de ciego.
Fuera de la efectividad de la medida en la reducción del delito, preocupan otras cosas adicionales: la desnaturalización de la PNC y del Ejército y la institucionalización de los “parches” como salida a los problemas. Guatemala y México no son buenos ejemplos de lo que sucede cuando se involucra al ejército en tareas de seguridad interna.
Si bien es cierto, el gobierno debería tener gestos concretos en materia de seguridad, orientados hacia los principales fenómenos de violencia y delincuencia, ello no debería partir de enfoques simplistas o reciclados.
Lamentablemente, la honestidad no es algo que se considere popular. Por el contrario, parece que la exigencia de algunos medios sobre esta materia es, como la frase acuñada durante la crisis de inicios de la década en Argentina: “Basta de realidades, queremos promesas”
Tojeira propone esta medida en el marco de las alarmantes cifras de delitos como los homicidios y las extorsiones. Dicha propuesta buscaría aumentar la capacidad operativa en tareas de cobertura territorial, prevención y disuasión delictiva.
Antes de sentar posición sobre esta propuesta es necesario establecer algunos presupuestos: 1. Es cierto, los niveles de homicidios son inusuales y alarmantes y cuestionan la capacidad de control del sector seguridad y justicia penal sobre este fenómeno. 2. También es cierto que una mayor cobertura territorial y funcionamiento operativo contribuiría a mejorar algunas condiciones de seguridad, sobre todo, de tipo subjetivo (sensación de seguridad)
Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que me preocupan sobre esta medida. Sin un orden de importancia, podría mencionar una inquietud de tipo constitucional: si la justificación para el uso del ejército es una situación de emergencia, deben seguirse los pasos correspondientes para implementar la iniciativa. De lo contrario, vendría realizándose de la cuestionable manera como se ha hecho hasta ahora.
Una segunda preocupación es política y tiene que ver con la tentación de hacer más de lo mismo. Una de las críticas más tristes que se puede hacer a una izquierda es que retome el continuismo de los métodos de la derecha en materia de seguridad. Esto no es solamente una cuestión ideológica, sino práctica: esos métodos fracasaron o, en el mejor de los casos, no lograron afectar substancialmente el fenómeno de la violencia y la inseguridad.
Lo anterior nos lleva a la tercera cuestión que tiene que ver con los efectos prácticos: tal como se dijo, este tipo de medidas han demostrado no tener un impacto significativo en la seguridad objetiva, sino más bien en la subjetiva. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz y las variables de reducción o aumento de la delincuencia no parecen estar relacionadas con dicha participación.
Se deben agregar las necesarias gestiones de cambio de las formas intervención militar por las policiales y la dualidad que esto puede genera en la institución policial. Además de los diferentes códigos de obediencia que rigen en las diferentes culturas organizacionales y la existencia de salarios diferenciados por funciones similares, pues la propuesta del padre Tojeira apunta a mantener el bajo salario militar del personal a incorporarse a tareas policiales.
Si partimos del dato que los homicidios y las extorsiones han aumentado, entonces, la respuesta debería ser adecuada a dichas circunstancias. Para el caso, un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio, no tendría efecto sobre la extorsión por la forma en que esta se realiza, tomando en cuenta que, según datos de la PNC, la mayoría de estas provendrías de las cárceles.
Posiblemente una mayor presencia, pueda restringir la operatoria de algunos homicidios, pero es poco probable que detengan aquellos derivados de acciones planificadas y dirigidas, tal como muchos de los homicidios que diariamente son reportados por los medios, en los que precede la desaparición o privación de libertad de la víctima, ocultamiento de los cadáveres y otras prácticas que indican la existencia de planificación y premeditación.
Solamente un conocimiento claro y profundo de las tipologías, metodologías y actores relacionados con los homicidios en los territorios podría arrojar medidas más concretas y adecuadas a este flagelo, dicho conocimiento se construye a partir de análisis de información e inteligencia criminal. Sin este presupuesto, cualquier estrategia de tratamiento sería palos de ciego.
Fuera de la efectividad de la medida en la reducción del delito, preocupan otras cosas adicionales: la desnaturalización de la PNC y del Ejército y la institucionalización de los “parches” como salida a los problemas. Guatemala y México no son buenos ejemplos de lo que sucede cuando se involucra al ejército en tareas de seguridad interna.
Si bien es cierto, el gobierno debería tener gestos concretos en materia de seguridad, orientados hacia los principales fenómenos de violencia y delincuencia, ello no debería partir de enfoques simplistas o reciclados.
Lamentablemente, la honestidad no es algo que se considere popular. Por el contrario, parece que la exigencia de algunos medios sobre esta materia es, como la frase acuñada durante la crisis de inicios de la década en Argentina: “Basta de realidades, queremos promesas”
“En principio no estoy de acuerdo” espeta el Procurador de Derechos Humanos. Es que somos muchos -visibles y anónimos- que no estamos de acuerdo. Para el terremoto del 13 de enero de 2001, allá en Las Colinas, tuve una visión: cuando estaban las casas y las personas soterradas, los soldados pala en mano cavaban; los vecinos pala en mano cavaban, es decir, hacían lo mismo. No había diferencia entre ambos... LOS MILICOS NO MARCAN DIFERENCIAS...
ResponderEliminarLa diferencia la hace una sociedad que se involucra más. Y la sociedad puede dar respuestas diversas, creativas, “audaces”. Los militares dan respuestas militares. El problema social de la delincuencia probablemente se resuelve con respuestas sociales e involucramiento social en lugar de respuestas militares.