Desde el fin de semana pasado, internos de once centros penitenciarios se han declarado en protesta pacífica, por la cual han detenido las actividades normales de los centros de reclusión, incluyendo visitas y demás actividades internas. Lo anterior, como una forma de presión para pedir mejoras en las condiciones penitenciarias, las cuales se encuentran profundamente deterioradas. Afortunadamente, no se han registrado mayores hechos de violencia ni disturbios en esas acciones. Familiares de los internos a su vez, realizaron el pasado lunes 16 una marcha, acuerpando la protesta, así como para presentar un pliego de peticiones a la Dirección General de Centros Penales (DGCP)
Una de las primeras reacciones del titular de la DGCP, el Coronel Gilbert Cáceres, fue vincular el movimiento de protesta a iniciativas de grupos de crimen organizado y pandillas. Eso fue publicado el día domingo. El martes 17, la Fiscalía General de la República anunció estar realizando investigaciones sobre los hechos –basadas en “información de inteligencia policial” y en el dicho de un diputado del partido en el gobierno–, para identificar a los elementos externos tras de ella, sin esconder que tiene como sospechoso al FMLN, principal partido de oposición, ahora en contienda electoral con posibilidades de ganar. Según esta versión de los hechos, dicho partido, estaría generando un clima de inestabilidad para desgastar al gobierno y beneficiar su posición en la contienda.
Las declaraciones de los funcionarios citados, son lamentables y vergonzosas, justo ahora que hay una protesta pácifica y la crisis no ha desembocado en un amotinamiento. En primer lugar, porque con tales declaraciones pretenden invisibilizar el fondo del asunto que es un serio problema político criminal y humano, y además me parece inmoral explotarlas como herramienta de campaña electoral sucia.
Actualmente se estima una población penitenciaria de 20 mil 500 internos en un sistema penitenciario con capacidad instalada para 8,100. La tasa de población penitenciaria estaría rondando los 330 presos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, y el doble de la media mundial según el World Prison Population List del King College. El hacinamiento penitenciario actualmente sería de un 150% de exceso sobre la capacidad instalada.
Por otro lado, debe tenerse muy en cuenta que el ritmo de crecimiento penitenciario bajo el esquema político criminal actual es muy acelerado, por lo que suponemos que este número tenderá a incrementarse en los próximos meses. Aunque la gestión gubernamental tiene en construcción más centros penitenciarios, el total de cupos nuevos previstos es de 10 mil, con lo cual, no se logran satisfacer las necesidades actuales, mucho menos las de un escenario más complicado que el actual.
El sistema penitenciario es la prueba palpable y dramática de los costos de la política de populismo punitivo que ha imperado en los últimos dos gobiernos (y por lo que propone el plan de gobierno del candidato actual del partido en el gobierno, algunas cosas empeorarán) A través de la política penal de contrarreforma y endurecimiento penal se gestaron las condiciones para poner en crisis el sistema penitenciario.
En resumen, la crisis penitenciaria muestra el fracaso y los efectos perversos de la apuesta punitiva de la política de seguridad y de la búsqueda de eficacia por vía normativa. Se creó un animal que tiene un hocico enorme para atrapar y machacar, pero poco estomago para digerir. Las palabras del recién nombrado Arzobispo Escobar Alas son contundentes: el problema de la violencia no se solucionará con más cárceles ni con leyes más duras.
No hay que tener postgrado para caer en la cuenta que existen razones de fondo, como el enorme hacinamiento y la precariedad e inseguridad de las condiciones de vida al interior de los centros penitenciarios que alimentan la crisis y dan sustento a la protesta, como para venir a negarlas atribuyendo la situación actual a factores externos. Pero inluso, aunque ellos existiesen, solamente serían accesorios a una realidad de por sí, sobradamente inhumana.
Sin embargo, a pesar de la manipulación y de las intenciones de uso político del asunto, algo positivo surgió, que es la creación de una mesa interinstitucional para el abordaje de la cuestión penitenciaria conformada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador General de la República, el Director de Centros Penales y dos organismos no gubernamentales que serían elegidos de un listado de seis entidades propuesto por las personas privadas de libertad.
Creo que jueces y diputados también sería importante que participaran en tanto, los primeros enfrentan la decisión de privar de libertad a una persona, mientras que los diputados, pueden contribuir proponiendo medidas legales o recibiendo propuestas para enfrentar la crisis. Pero igual de importante considero la participación directa de representaciones de la población penitenciaria o al menos reuniones y verificaciones in situ de la situación.
Espero que la mesa, acorde con la gravedad de la situación asuma el desafío de generar y proponer iniciativas de cambio y no sea otro esfuerzo cuyas propuestas no son atendidas.
Desde mi punto de vista es fundamental la generación de alternativas legales que reduzca el ritmo de crecimiento de la población privada de libertad, a través del aumento de opciones de salidas alternas, la reducción del uso de la detención provisional y mejora de los beneficios penitenciarios, lo que a su vez requiere el fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento de los mismos, inversión que no se puede evadir si queremos resolver o, al menos, palear el problema penitenciario.
La cárcel como mecanismos de gestión de la conflictividad hace mucho que se vio sobrepasada por la realidad, por lo tanto son necesarias nuevas respuestas para detener la espiral de este círculo vicioso.
Una de las primeras reacciones del titular de la DGCP, el Coronel Gilbert Cáceres, fue vincular el movimiento de protesta a iniciativas de grupos de crimen organizado y pandillas. Eso fue publicado el día domingo. El martes 17, la Fiscalía General de la República anunció estar realizando investigaciones sobre los hechos –basadas en “información de inteligencia policial” y en el dicho de un diputado del partido en el gobierno–, para identificar a los elementos externos tras de ella, sin esconder que tiene como sospechoso al FMLN, principal partido de oposición, ahora en contienda electoral con posibilidades de ganar. Según esta versión de los hechos, dicho partido, estaría generando un clima de inestabilidad para desgastar al gobierno y beneficiar su posición en la contienda.
Las declaraciones de los funcionarios citados, son lamentables y vergonzosas, justo ahora que hay una protesta pácifica y la crisis no ha desembocado en un amotinamiento. En primer lugar, porque con tales declaraciones pretenden invisibilizar el fondo del asunto que es un serio problema político criminal y humano, y además me parece inmoral explotarlas como herramienta de campaña electoral sucia.
Actualmente se estima una población penitenciaria de 20 mil 500 internos en un sistema penitenciario con capacidad instalada para 8,100. La tasa de población penitenciaria estaría rondando los 330 presos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, y el doble de la media mundial según el World Prison Population List del King College. El hacinamiento penitenciario actualmente sería de un 150% de exceso sobre la capacidad instalada.
Por otro lado, debe tenerse muy en cuenta que el ritmo de crecimiento penitenciario bajo el esquema político criminal actual es muy acelerado, por lo que suponemos que este número tenderá a incrementarse en los próximos meses. Aunque la gestión gubernamental tiene en construcción más centros penitenciarios, el total de cupos nuevos previstos es de 10 mil, con lo cual, no se logran satisfacer las necesidades actuales, mucho menos las de un escenario más complicado que el actual.
El sistema penitenciario es la prueba palpable y dramática de los costos de la política de populismo punitivo que ha imperado en los últimos dos gobiernos (y por lo que propone el plan de gobierno del candidato actual del partido en el gobierno, algunas cosas empeorarán) A través de la política penal de contrarreforma y endurecimiento penal se gestaron las condiciones para poner en crisis el sistema penitenciario.
En resumen, la crisis penitenciaria muestra el fracaso y los efectos perversos de la apuesta punitiva de la política de seguridad y de la búsqueda de eficacia por vía normativa. Se creó un animal que tiene un hocico enorme para atrapar y machacar, pero poco estomago para digerir. Las palabras del recién nombrado Arzobispo Escobar Alas son contundentes: el problema de la violencia no se solucionará con más cárceles ni con leyes más duras.
No hay que tener postgrado para caer en la cuenta que existen razones de fondo, como el enorme hacinamiento y la precariedad e inseguridad de las condiciones de vida al interior de los centros penitenciarios que alimentan la crisis y dan sustento a la protesta, como para venir a negarlas atribuyendo la situación actual a factores externos. Pero inluso, aunque ellos existiesen, solamente serían accesorios a una realidad de por sí, sobradamente inhumana.
Sin embargo, a pesar de la manipulación y de las intenciones de uso político del asunto, algo positivo surgió, que es la creación de una mesa interinstitucional para el abordaje de la cuestión penitenciaria conformada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador General de la República, el Director de Centros Penales y dos organismos no gubernamentales que serían elegidos de un listado de seis entidades propuesto por las personas privadas de libertad.
Creo que jueces y diputados también sería importante que participaran en tanto, los primeros enfrentan la decisión de privar de libertad a una persona, mientras que los diputados, pueden contribuir proponiendo medidas legales o recibiendo propuestas para enfrentar la crisis. Pero igual de importante considero la participación directa de representaciones de la población penitenciaria o al menos reuniones y verificaciones in situ de la situación.
Espero que la mesa, acorde con la gravedad de la situación asuma el desafío de generar y proponer iniciativas de cambio y no sea otro esfuerzo cuyas propuestas no son atendidas.
Desde mi punto de vista es fundamental la generación de alternativas legales que reduzca el ritmo de crecimiento de la población privada de libertad, a través del aumento de opciones de salidas alternas, la reducción del uso de la detención provisional y mejora de los beneficios penitenciarios, lo que a su vez requiere el fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento de los mismos, inversión que no se puede evadir si queremos resolver o, al menos, palear el problema penitenciario.
La cárcel como mecanismos de gestión de la conflictividad hace mucho que se vio sobrepasada por la realidad, por lo tanto son necesarias nuevas respuestas para detener la espiral de este círculo vicioso.
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