"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

27 de mayo de 2009

La derecha legislativa y la impunidad


Nemo iudex sine actore. Sin actor (accionante) no hay juicio. Así de simple. La Asamblea Legislativa no ha elegido Fiscal General y nos encontramos en estado de irregularidad institucional desde el 20 de abril pasado.

Por vía de reformas legales o interpretaciones auténticas se ha validado la permanencia del Fiscal Adjunto, mientras la Asamblea resuelve la elección del titular. Una resolución sobreseimiento (no una sentencia definitiva) dada por la Sala de lo Constitucional se pronunció en este sentido. Pero hablando el plata, no hay un titular legítimo en este momento, de acuerdo con los estándares constitucionales.

Se ha pretendido justificar la función irregular del Fiscal Adjunto, aduciendo que, siendo éste elegido por el títular que sí cuenta con la legitimidad constitucional, entonces, hereda o recibe por osmosis una cuota de esa legitimidad para seguir fungiendo. Sostuve una discusión sobre esto con un colega constitucionalista que simpatizaba con este argumento, mi posición en contrario fue un ejemplo del fútbol: si El Salvador le ganó a Colombia y luego Colombia le ganó a Argentina, no quiere decir que nosotros le ganamos a Argentina. (No sé si era un argumento muy convincente, pero al menos era gracioso) Si ello fuera así, entonces el fiscal que está en la silla ahora, puede quedarse, in saecula saeculorum, por herencia y podemos tirar a la basura las disposiciones constitucionales que exigen cierto grado de legitimidad del persecutor oficial.

En esta situación no pueden haber medias tintas. La consecuencia inmediata de ser honestos y reconocer la irregularidad la actuación de facto del Fiscal Adjunto es la nulidad de sus actos. Ello implicaría judicialmente declarar improcedente cualquier proceso penal iniciado por un Fiscal ilegítimo. Ya lo hicieron dos juzgadores, así como una Cámara que ha validado dichos fallos.

Sin embargo, resulta obvio que asumir dicha consecuencia implicaría generar un estado de anomia social, algo que responsablemente los jueces no querrán promover, pues la afectada sería la población que nada tiene que ver con los caprichos de la derecha legislativa. Los jueces están pues, contra la pared, y con ese chantaje, los diputados de derecha pretenden imponer un fiscal a su medida y no tienen prisa al respecto: el que está sentado en la silla del titular les viene bien, así que para qué correr.

Sin pelos en la lengua: ARENA no quiere un fiscal independiente justo ahora que deja el poder y muchos huecos financieros, irregularidades y nichos de corrupción puedan ser descubiertos, con lo cual, la persecución penal iría tras algunos de sus exfuncionarios o funcionarios que queden. Mucho menos querrían que El Salvador rompa capote procesando a un expresidente. Por el contrario, buscarían no solo un fiscal a la medida, sino uno que podría iniciar un entorpecedor proceso de judicialización de la política.

Además, tienen el descaro de vetar al mejor candidato a Fiscal General, el Dr. Henry Campos, por la "causal" de ser de izquierda, adjetivo por demás propio de voces de fachas, fanáticas e ignorantes respecto de cualquiera medianamente crítico a sus planteamientos.

Coherentes con su incoherencia de vetar funcionarios por su supuesta filiación política, no argumentan la misma razón para descartar a los otros dos candidatos, Raúl Somoza Alfaro, exdiputado y funcionario de gobiernos de ARENA y dirigente de dicho partido, y Luis Martínez, uno de los hombres del expresidente Francisco Flores. El burro hablando de orejas.

Lo parajójico del caso es que el Dr. Campos no pertenece a ningún partido político y en sus columnas periodísticas ha sido un hombre muy objetivo. Su pecado es haber sido acusador particular en el caso jesuitas, luego de que renunciara -por principios- a la FGR, pues su titular, pretendía no meterse en el ruedo, sino, dejar hacer, dejar pasar.

Vueltas que da la vida: veinte años después del asesinato de los jesuitas, el abogado acusador es ahora candidato a Fiscal General y Alfredo Félix Cristiani, -expresidente de la república bajo cuya administración y comandacia de la Fuerza Armada ocurrió el asesinato- vuelve del cementerio político -cual personaje del video de Thriller- a la palestra como presidente del partido ARENA en el marco de su "renovación". Ese detalle le pone más ingredientes a la coyuntura.

En el plano de los méritos profesionales, el Dr. Campos ha demostrado sus principios: poner en riesgo su vida en aquellas riesgosas circunstancias en que se enfrentaba contra el poder militar en pos de la justicia, dice mucho de él. Por otro lado, en la actualidad, es un destacado litigante, academico y docente universitario, cuya capacidad técnica puede verse reflejada en la producción documental que ha generado a lo largo de los años, con lo que cumple el requisito de instrucción notoria. Méritos de los que los otros candidatos -sin menospreciar sus antecedentes profesionales- simplemente carecen.

Entonces, no escoger la mejor opción disponible para darle al país un Fiscal General competente y con mérito, sino, por el contrario, mantener mediante chantaje, un estado de irregularidad institucional es exclusiva responsabilidad de las fracciones legislativas de ARENA, PCN y PDC, con lo que tristemente demuestran, una vez, su absoluta falta de compromiso con el logro de una justicia de calidad que sirva para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la impunidad que tanto daño le ha hecho a este país. Una cita tomada de un reciente artículo de Robert Holden lo explica con toda claridad:

en América Latina nos enfrentamos con una tendencia extrema en donde la ley es casi siempre una mercancía con la que se negocia. Un estado que se burla habitualmente de la ley y la justicia se burla de su propia legitimidad, y en consecuencia invita a la violencia pública de todo tipo. La legitimidad de un estado depende primordialmente de la ley, pero cuando se sustituye el imperio de la ley por el imperio de la impunidad como es el caso de muchas partes de América Latina los tentáculos de la impunidad mueven no solamente a los poderosos sino también los débiles. Los débiles, los “descalzos,” buscan así arreglos prácticos para minimizar los costos de la aplicación de la ley como por ejemplo un padrino con poder o el pago de un pequeño soborno.

Los diputados de derecha que se niegan a darnos un buen fiscal, pretenden mantener ese esquema. La ciudadanía no puede permitir que ello continue, no puede consentir seguir viviendo con la impunidad como moneda cotidiana en una de las sociedades más violentas del mundo. Es una de las piezas que hace falta para que podamos realmente buscar la justicia.