Dado que los partidos de derecha tienen mayoría en la Asamblea, su comportamiento vislumbra una clara estrategia de bloqueo y sabotaje a la próxima administración del Ejecutivo. Los alcances de dicha estrategia tienen rasgos extremistas. Un ejemplo lamentable de esto es el decreto temporal por el cual, los mencionados partidos, permiten la inscripción de armas sin el debido respaldo legal.
No es la primera vez que se ha recurrido a este tipo de medida. El argumento de sus propulsores es siempre el mismo: mejor registradas que ilegales. Sin embargo, lo que ha sido demostrado es que armas de dudosa procedencia son objeto de registro. Un estudio de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre estas medidas, mostró que armas robadas de la Policía Nacional Civil habían sido inscritas por particulares gracias a estos decretos. (Parentesis: hace unas semanas aparecieron armas de la PNC salvadoreña en ciudad de Guatemala, en manos de delincuentes. Ver aquí)
De esta forma, estos decretos fomentan el mercado ilegal de armas o las posibles irregularidades de las empresas comercializadoras de estos productos y sobre esto, hay fuertes intereses. También se premian las acciones ilícitas por las cuales se obtienen armas irregularmente. La derecha legislativa avala la ilegalidad y se coloca a contracorriente de los estandares internacionales de control de armas, que pretenden evitar que precisamente, armas irregulares sean registradas por los estados.
Lo anterior, de por sí es escandaloso, pero lo es más cuando se da en el contexto de un país catalogado como uno de los más violentos del mundo y que vive actualmente un repunte de violencia homicida que deja un saldo promedio de 12 muertos diarios.
La evidencia empírica muestra que por regla general, los países con menos armas y fuertes restricciones para su posesión como Japón o Inglaterra tienen menos problemas de violencia homicida comparados con aquellos que tienen mayor permisibilidad de armas como Estados Unidos, Brasil o Guatemala. Sin embargo, autores como John Keanne, no ponen énfasis en la permisibilidad o control de armas como un factor fundamental de la gestión de la violencia, sino que señalan el contexto social y cultural en el cual dichas armas cumplen un papel. Tomando esta idea, es evidente que el contexto salvadoreño es el menos indicado para favorecer la proliferación o liberalización de armas de fuego.
En vista de lo anterior, la decisión de los legisladores de derecha de admitir la inscripción de armas ilegales, es absolutamente irresponsable por donde se le vea y viene a complicar, aún más, la ya gravísima situación de inseguridad que el actual gobierno hereda a la proxima administración, junto con las arcas de la hacienda pública vacías en la peor crisis financiera del Estado.
Pero aún queda un tiro, poco probable, pero al fín, un chance: que el Presidente de la República vete el referido decreto. Ahora la duda es saber si el decreto llegará a manos del Presidente Saca o del futuro Presidente Funes. En esta segunda posibilidad, un veto presidencial podría generar un conflicto interorgánica en el que la Asamblea podría ratificar el decreto emitido y eventualmente llegar hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
No es la primera vez que se ha recurrido a este tipo de medida. El argumento de sus propulsores es siempre el mismo: mejor registradas que ilegales. Sin embargo, lo que ha sido demostrado es que armas de dudosa procedencia son objeto de registro. Un estudio de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre estas medidas, mostró que armas robadas de la Policía Nacional Civil habían sido inscritas por particulares gracias a estos decretos. (Parentesis: hace unas semanas aparecieron armas de la PNC salvadoreña en ciudad de Guatemala, en manos de delincuentes. Ver aquí)
De esta forma, estos decretos fomentan el mercado ilegal de armas o las posibles irregularidades de las empresas comercializadoras de estos productos y sobre esto, hay fuertes intereses. También se premian las acciones ilícitas por las cuales se obtienen armas irregularmente. La derecha legislativa avala la ilegalidad y se coloca a contracorriente de los estandares internacionales de control de armas, que pretenden evitar que precisamente, armas irregulares sean registradas por los estados.
Lo anterior, de por sí es escandaloso, pero lo es más cuando se da en el contexto de un país catalogado como uno de los más violentos del mundo y que vive actualmente un repunte de violencia homicida que deja un saldo promedio de 12 muertos diarios.
La evidencia empírica muestra que por regla general, los países con menos armas y fuertes restricciones para su posesión como Japón o Inglaterra tienen menos problemas de violencia homicida comparados con aquellos que tienen mayor permisibilidad de armas como Estados Unidos, Brasil o Guatemala. Sin embargo, autores como John Keanne, no ponen énfasis en la permisibilidad o control de armas como un factor fundamental de la gestión de la violencia, sino que señalan el contexto social y cultural en el cual dichas armas cumplen un papel. Tomando esta idea, es evidente que el contexto salvadoreño es el menos indicado para favorecer la proliferación o liberalización de armas de fuego.
En vista de lo anterior, la decisión de los legisladores de derecha de admitir la inscripción de armas ilegales, es absolutamente irresponsable por donde se le vea y viene a complicar, aún más, la ya gravísima situación de inseguridad que el actual gobierno hereda a la proxima administración, junto con las arcas de la hacienda pública vacías en la peor crisis financiera del Estado.
Pero aún queda un tiro, poco probable, pero al fín, un chance: que el Presidente de la República vete el referido decreto. Ahora la duda es saber si el decreto llegará a manos del Presidente Saca o del futuro Presidente Funes. En esta segunda posibilidad, un veto presidencial podría generar un conflicto interorgánica en el que la Asamblea podría ratificar el decreto emitido y eventualmente llegar hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
sin lugar a dudas comparto sus ideas ya que nuestro pais se ve otra vez afectado por los intereses de la derecha,por que les conviene la existencia de violencia en el pais, si son ellos los que manejan el mercado de las armas y de seguridad privada, mientras el pueblo sufre la enorme ola de inestabilidad e inseguridad social.
ResponderEliminarGracias Noemy, pienso similar a usted, precisamente a esos intereses son a los que me refiero.
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