Liberan provisionalmente a los detenidos del caso Suchitoto

El día 26 de julio de 2007, luego de una audiencia especial de revisión de medidas, la jueza especializada de instrucción de San Salvador, cambió la detención provisional de las personas que permanecían privadas de libertad y hoy 27 de julio han salido de los centros penitenciarios donde se encontraban.

Estas personas fueron privadas de su libertad a raíz de las capturas del pasado 2 de julio de 2007 en la ciudad de Suchitoto en el marco de una protesta pública, donde se detuvo a 14 personas en diversas circunstancias, de las cuales, una fue liberada al inicio del proceso y a las otras 13 aún se les imputa la comisión de hechos tipificados en la legislación antiterrorista y se les procesa en tribunales especializados de Crimen Organizado.

Los hechos generaron una amplia movilización solidaria de la sociedad civil nacional e internacional en defensa de los derechos de la ciudadanía a expresarse y reunirse, así como para denunciar y rechazar los usos abusivos y políticamente autoritarios de las legislaciones especiales (Ley especial contra actos de terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado y delitos de realización compleja). Ver noticia

FESPAD pide rechazar propuesta de reformas al Código Penal

Edgardo Amaya, coordinador del proyecto de Seguridad Pública y Justicia de FESPAD y María Silvia Guillén, directora de FESPAD.

Eduardo Toledo
Gloria Silvia Orellana
Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino 26 de julio de 2007

La directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén, dijo que las propuestas de reforma «son un intento de seguir politizando la vida jurídica del país” , por lo que pidió a los órganos del Estado mayor seriedad ”.

Para esta fundación las leyes: Antiterrorista y del Crimen Organizado, y los Tribunales Especiales, lo único que pretenden es crear en el país un estado de excepción permanente y que la población tenga menos libertades.

Con dichas reformas al Código Penal, en el artículo 348, lo que se pretende es trasladar de forma corregida y aumentada la Ley Antiterrorista, lo que se traduce en una pena ilegítima y con imputados sin derecho a juicio.

«Las personas no podrán gozar de medidas sustitutivas, lo cual se convierte en un escarmiento y una medida ejemplarizante para intimidar a la ciudadanía», dijo Edgardo Amaya, coordinador del proyecto de Seguridad pública y Justicia de FESPAD.

Amaya sostuvo que “las leyes del Crimen Organizado y la Antiterrorista han contribuido a crear un sistema paralelo, lo cual constituye una violación al derechos de los y las imputadas, a un juicio justo, según los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Por ello FESPAD pide a la Asamblea Legislativa no aprobar las propuestas de reformas del artículo 348 del Código Penal; a la Fiscalía General de la República le pide iniciar las investigaciones por los acontecimientos de Suchitoto y los delitos que la Policía Nacional Civil cometió, y al Órgano Judicial le pide resolver las acciones constitucionales presentadas ante la Sala de lo Constitucional .

IDHUCA un desacierto más del Ejecutivo
Por su parte, Guadalupe de Espinoza, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), consideró un desacierto la petición del Ejecutivo de penalizar con diez años el “atentar” contra la paz pública.

La jurista explicó que el derecho penal es la “última” alternativa de un Estado para aplicar al “problema” que aborden, y el Ejecutivo, al realizar este cambio en el contenido o tipificación del delito quita el nivel de concreción de la ley.

“El concepto ha quedado muy ambiguo porque según conceptos del derecho penal, quitar la paz pública es un ataque gravísimo al sentimiento generalizado de la población a su seguridad y no una simple molestia por no llegar a tiempo a otro sitio”, argumentó.

Asimismo, observó contradicciones subjetivas que rayan en lo ilógico. “Si usted va por la calle y en su pasado fue víctima de la Fuerza Armada durante el conflicto armado –suponga- los ve desfilar por las principales calles y con armas, ese desasosiego provocado y temor se constituye en un delito contra usted y puede ir a la Fiscalía General de la República a interponer su denuncia, porque sería una agresión”, ejemplificó.

Según Presidente Saca se abusa de la libertad
En el marco de la celebración del Día del Periodista realizada ayer, el Presidente de la república Elías Antonio Saca afirmó que las reformas que se han presentado al pleno legislativo son para poner orden.

“Tienen por objeto preservar las libertades pero a la vez darle un marco legal a las autoridades para poder llevar a la justicia a aquellos que abusando de las libertades cierren calles, o dañan la propiedad privada”, declaró Saca.

La interrupción de consultas por impedir el paso a hospitales en huelgas es un punto al que el ejecutivo le ha puesto énfasis y piensan sancionarlo severamente.

“Aquí nadie tiene ningún problema para manifestarse, todo mundo puede ir a la calle, puede manifestarse, puede decir lo que quiera del gobierno, lo que no se puede y lo que no se vale en la democracia es destruir la propiedad privada y la propiedad país. Lo que no se vale en la democracia es impedir que los pacientes vayan a los hospitales, lo que no se vale en la democracia es impedir que se celebre una audiencia”, fueron las justificaciones de Saca.

Informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social

El informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, intitulado "Seguridad y Paz. Un reto para el país" Ha sido colocado en el sitio web del Programa Hacia una Sociedad sin Violencia, desde donde puede descargarse en formato PDF.

Informe final sobre homicidios e impunidad en El Salvador

Estimados y estimadas:

El periódico digital El Faro, ha puesto en su edición de esta semana, la versión final del estudio “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” mismo al que hemos dedicado un par de comentarios en este blog. Para ver y descargar el informe, has click aquí.

Autoritarismo y ley penal

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Auctoritas non veritas facit legem decía Hobbes, autor del Leviatán. Es la autoridad, la fuerza, la que hace la ley, no la razón. Con ello reconocía que la ley podía ser un instrumento del más fuerte y no necesariamente un instrumento del bien común o la sensatez. Luego de trescientos cincuenta años, la sabiduría de dicha frase sigue siendo vigente, y como lo atestiguamos en El Salvador, ello es cada vez más patente.

La categoría autoritarismo, o el adjetivo autoritario/a que se anexan en algunas visiones y discursos sobre la gestión del poder en el país –trilladas por el uso que de ellas se hace en discursos panfletarios y radicaloides–, no es totalmente descartable ni inadecuada, si recurrimos, con rigor, a la Ciencia Política.

Según Mario Stroppino, el autoritarismo se caracteriza por ser una tendencia dominante hacia el mando antes que al consenso, falta de valoración de las instituciones representativas y reducción o falta de atención hacia la oposición, así como la anulación o eliminación del contenido de los procedimientos establecidos institucionalmente (controles). El autoritarismo tiene su basamento en el principio de autoridad, con una marcada utilización de medios coercitivos y la restricción de la libertad para la imposición del orden, el cual constituye su bien o valor primordial (Stroppino, Mario. “Autoritarismo”, en Manteucci, Niccola y Norberto Bobbio. Diccionario de Política, Siglo XXI editores, Madrid. 1987, Págs. 143-155)

Quizás uno de los indicadores por excelencia del autoritarismo es su intolerancia a la oposición, a todo lo que no se adecue a “su orden”. Sobre esto, para muestra, recordemos que el Presidente de la República ha llamado “estorbos” a la oposición política.

Podríamos tomar como parámetro de medición de la intolerancia la graduación de sanciones de la ley penal. El homicidio simple de una persona enfrenta penalidades de diez a veinte años y en el caso del homicidio agravado de treinta a cincuenta, mientras que los capturados procesados por la ley antiterrorista enfrentan penalidades de cuarenta a sesenta años. Parecería que manifestarse en contra de políticas gubernamentales equivale a atentar contra el Presidente de la República. Es más grave criticar, disentir, protestar, que un homicidio. (Dicho sea de paso, la menor importancia del homicidio se evidencia en los pobres resultados que se obtienen en la investigación de este delito -96% de impunidad- como lo mostró el estudio de PNUD)

También resulta aplicable a nuestra realidad otra de las características asignadas al autoritarismo: la utilización de medios coercitivos y la restricción de la libertad para la imposición del orden. Sobre esto podemos partir de antecedentes tales como las más de trescientas reformas a la legislación penal, la creación de legislaciones especiales como la Ley especial contra actos de terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado y delitos de realización compleja, que aumentan la capacidad de captación y afectación de la ciudadanía por el sistema penal, y –como ya lo constatamos–, para ser utilizadas como instrumento de intimidación y restricción de los derechos de libertad de expresión, de asociación y reunión, mediante la criminalización de la protesta.

Sin embargo, dado el escándalo nacional e internacional de las capturas de los manifestantes de Suchitoto bajo figuras de la Ley antiterrorista. El ciudadano Saca –según lo manifestó el sábado– en un acto de constricción ha decidido enmendar la situación (digo ciudadano, por aquello que no es Presidente en horas y días no laborales) La “solución” (¿¡!?) sería aumentar las penas del delito de “desordenes públicos” y aplicarla a las manifestaciones, en lugar de la Ley antiterrorista, para lavar la imagen tan autoritaria que por ahora ha dejado a la vista, cuando lo que propone es hacer exactamente lo mismo con otro nombre.

Avanzada autoritaria

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

La captura de catorce personas en el marco de una manifestación y el posterior procesamiento y detención preventiva contra trece de las mismas por cargos de la ley antiterrorista, es la evidencia dramática de la reconversión autoritaria de la institucionalidad salvadoreña. Constituye una confirmación contundente de lo que veníamos denunciando respecto de la Ley antiterrorista y la ley contra el Crimen Organizado: que fueron creadas para ser instrumentalizadas de acuerdo a conveniencias políticas y no para cumplir necesariamente los fines de los que dicen ocuparse, básicamente: crear un ambiente de intimidación para coartar de hecho y de derecho, la libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía inconforme.

Sin embargo, este dato si bien, el más demostrativo en la actualidad, solo es la secuela de una serie de acontecimientos -algunos conocidos, otros no- que dan cuenta de la creciente devaluación de los derechos y libertades de la ciudadanía frente a la arbitrariedad y al poder punitivo del estado, con lo cual se da una general devaluación de la calidad de nuestra democracia.

Periódicamente hay peticiones de investigación de hechos violatorios de los derechos humanos a la Fiscalía General de la república. La respuesta es el silencio. Lo que pone en duda la voluntad de dicha institución por proteger los derechos humanos de los ciudadanos del país y de controlar los abusos de poder denunciados. No se trataría entonces, solamente de la arbitrariedad policial políticamente motivada, sino de un desinterés (¿o complicidad?) por combatir la impunidad y la arbitrariedad del poder. Por el contrario, la FGR, se muestra presta a acusar de actos de terrorismo a un grupo de manifestantes detenidos por la policía, sin revisar la actuación de ésta.

En este torcido entramado institucional, los jueces independientes y de vocación democrática han marcado la diferencia con su autoridad moral y altura profesional, frente a las visiones autoritarias y abusivas que atentan contra los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, parece que esta expectativa ha sido manchada. El cuestionable fallo de la jueza especializada por el cual ordenó procesar a trece de los catorce capturados, y ordenó la detención provisional de los mismos, nos hace temer la confirmación de otro de nuestros temores: la selección de jueces a la medida de las exigencias de esta avanzada autoritaria que se orienta a consolidarse, devolviéndonos a épocas previas a los Acuerdos de Paz.

Tal como lo manifestó la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones, respecto del pasado bélico: “Se debilitó el sistema judicial en la medida en que la intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción; como este poder nunca había gozado de una verdadera independencia institucional de las ramas legislativa y ejecutiva, su ineficacia no hizo sino incrementarse hasta convertirse, por su inacción o actitud de lamentable supeditación, en factor coadyuvante de la tragedia que ha sufrido ese país (…) Para evadir todo riesgo de recaer en el status quo ante, es indispensable que El Salvador, establezca y fortalezca el correcto equilibrio de poder entre los Organos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e instituya el pleno e indisputable control civil sobre toda fuerza militar, paramilitar, de inteligencia o de seguridad.” (negritas agregadas)

“El pueblo que olvida su historia esta condenado a repetirla”. En el contexto que se ha generado, se comete una grave omisión del pasado, dentro de las causas del conflicto se encontraban la injusticia social, la violación sistemática de los derechos fundamentales, y como correlato de estas causas, la ausencia de un poder judicial independiente y capaz de sancionar dichas violaciones y proteger a la ciudadanía de los abusos del poder. La tendencia del gobierno por liberarse de controles democráticos, entre ellos, las manifestaciones de disconformidad de la ciudadanía, puede ser un arma de doble filo al cerrar los canales de expresión de la población.

Carta de WOLA sobre los acontecimientos de Suchitoto

H. Elías Antonio Saca González
Presidente de El Salvador
Casa Presidencial
Avda. Dr. Manuel Enrique Araujo 5500
San Salvador, El Salvador

6 de Julio, 2007


Estimado Presidente Saca:

En nombre de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), quisiera expresarle mi gran preocupación acerca de las detenciones que se llevaron a cabo en y alrededor de la municipalidad de Suchitoto el 2 de julio, y sobre los cargos que han sido formulados en contra de los detenidos.

Entiendo que el 2 de julio cuatro individuos fueron arrestados camino a Suchitoto, donde participarían en una protesta contra la política de descentralización que usted estaba anunciando ahí esa mañana. Los individuos eran Marta Lorena Araujo, Presidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; Rosa Valle Centeno, Vicepresidenta del Consejo de Liderazgo Nacional de CRIPDES; María Haydee Chicas, reportera y fotógrafa de CRIPDES, y Manuel Antonio Rodríguez, chofer de la camioneta de CRIPDES. De acuerdo a los reportes, estos cuatro individuos fueron detenidos a varios kilómetros del lugar de la protesta, y previo a su arribo a la misma. Ellos en ningún momento participaron en las actividades de protesta que se dieron lugar en el poblado el 2 de julio.

Entiendo, también, que después de estos arrestos, un grupo de manifestantes se reunió en la estación local de policía para exigir la liberación de los detenidos, y que una confrontación se desató entre los protestantes y la Unidad para el Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil. Al menos diez manifestantes fueron detenidos en ese incidente; por lo menos un oficial de la policía resultó herido, así como un número de protestantes.

Estoy particularmente preocupado por los arrestos de los cuatro miembros de CRIPDES, quienes fueron detenidos previo a su arribo a la manifestación, y angustiado al conocer que han sido acusados de “Crear Desorden Público, Destrucción de la Propiedad y Actos de Terrorismo” conforme a la Ley Antiterrorismo de El Salvador.

Es difícil entrever cualquier justificación legal para la detención de estas cuatro personas, quienes nunca llegaron a la protesta; no hay evidencias claras de ninguna actividad criminal. Estos cuatro individuos no participaron en ningún acto de desorden público, destrucción de la propiedad o en presuntos actos de terrorismo, por lo que es difícil evitar llegar a la conclusión de que sus arrestos tuvieron la intención de prevenir su participación en el acto de protesta, y que fueron motivados políticamente.

Los cargos contra todos los detenidos en Suchitoto por violaciones a la Ley Antiterrorismo son igualmente preocupantes. No presencié, evidentemente, los eventos en Suchitoto, y no puedo asegurar si los detenidos provocaron a la policía antimotines o si estuvieron involucrados en agresión u otras conductas ilícitas. De ser así, las acciones legales pertinentes pueden ser justificables.

Sin embargo, existe una importante distinción entre actos de protesta, incluso aquellos que van contra la ley, y actos “terroristas”. El respeto por la democracia y la libertad de expresión exige que esta distinción sea observada.

Esta semana, al desechar los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorismo contra Vicente Ramírez, líder del sindicato de vendedores ambulantes, el Juez salvadoreño Rigoberto Chicas determinó que los actos de terrorismo se definen por ser perpetrados con el objeto de causar terror, y que dicha definición no aplica a los actos de protesta. Asimismo, asentó que el término “terrorismo” no debe ser aplicado de forma irresponsable.

Los cargos por violaciones a la Ley Antiterrorismo, y el discurso consiguiente, no han contribuido a una atmósfera conducente al diálogo político; en cambio, han propiciado un clima de miedo, intimidación y confrontación política.

Esperamos que su gobierno y el Fiscal General retiren todos los cargos contra Marta Lorena Araujo, Rosa Valle Centeno, María Haydee Chicas y Manuel Antonio Rodríguez, y descarten los cargos antiterrorismo en todos los casos relacionados con los eventos del 2 de julio.

Atentamente,

Geoff Thale
Director de Programas



CC: Felix Garrid Safie, Fiscal General
Embajador René Antonio León Rodríguez
Beatrice Alamanni de Carrillo, Ombudsman para la Defensa de los Derechos Humanos

Con una profunda indginación, que nos deberá fortalecer!!!

Comparto con ustedes una correspondencia enviada por María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de FESPAD (con autorización de la autora)

Compañeras, compañeros:

Más que tristeza, es indiganción lo que nos atraviesa en este momento; hasta dónde van a llevar este país? Dejar a las y los compañeros detenidos para que la Fiscalía pueda recoger la prueba que ahora no pudieron presentar, es una tremenda injusticia, es un manejo arbitrario de la justicia; más cuando la jueza y todos los funcionarios que han participado en esta audiencia saben que todo esto ha sido un montaje; quienes mejor lo saben, son esos funcionarios que no participan en el sistema judicial, pero que hoy por hoy lo manejan.

Quién va a creer que en nuestro pais, el que se vende como el modelo de democracia, se acusa de terroristas a un grupo de personas que protestaban pacíficamente por el derecho al agua y contra la intención de privatización; los videos demuestran que fue un acontecimiento pacífico, la gente lanzó piedras como reacción al ataque de la UMO. A las y los compañeros de CRIPDES cuando se les detuvo les dijo el policía que era por una infracción de tránsito, se ha visto en un reportaje de la TCS, unos minutos después, esto estaba convertido en actos de terrorismo.

Hemos tenido conocimiento por el radio que golpearon a Lorena y a las otras y los otros compañeros cuando los subieron al camion para trasladarlos al sitio donde van a quedar detenidos. Hay un señor de más de 70 años que se encuentra muy mal de salud y no se le está dando atención médica.

Es una detención legal, pero apoyada en leyes violatorias de la Constitución, frente a las cuales, una jueza con ética debió haber declarado inaplicables sus disposiciones, tal como la faculta la Constitución misma. A más de la detención arbitraria que se ha hecho, es una detención que se base en la pérdida de la independencia judicial, sustentada en el sometimiento del órgano judicial al órgano ejecutivo, a los intereses del poder. Que triste para las y los jueces democráticos del país, que han venido acompañando y cobijando a esta jueza, a Lucila Fuentes De Paz, en su crecimiento profesional y en sus pretensiones de cargos públicos.

Es muy triste, muy injusto por las y los compañeros detenidos, por nuestro pueblo que no ve la posibilidad de acceso a la justicia, que no ve la posibilidad de respeto a la dignidad de la gran mayoría; es triste, pues esto ciega la posibilidad de democracia y de estado de derecho que se decía en construcción en nuestro país.

Habría que recordar a los poderosos y a tanto servil que les rodea, las palabras de Monseñor Romero en aquellos años:

" A mí me da miedo, hermanos, cuando leyes represivas o actitudes violentas están quitando el escape legítimo de un pueblo que necesita manifestarse. ¿Qué sucede con la caldera que está hirviendo y no tiene válvulas de escape? Puede estallar. Todavía es tiempo de dar a la voz de nuestra gente la manifestación que ellos desean. Con tal de que haya, al mismo tiempo, la justicia que regula. Porque naturalmente, hermanos, cuando defendemos estas justas aspiraciones no estamos parcializándonos con reclamos terroristas. La Iglesia no está de acuerdo con la violencia de ninguna forma, ni la que brota como fruto de la represión ni la que reprime en formas tan bárbaras. Simplemente llama a entenderse, a dialogar, a la justicia, al amor (Homilía 19 de marzo de 1978, IV p. 79)."

Qué se pretende ? Que nos llenemos de miedo y guardemos silencio? Que nos llenemos de miedo y dejemos a las y los compañeros a su suerte? Pues nada más equivocado, hoy como ayer y como siempre, con más energía, con más fuerza, con solidaridad y compromiso a defender, cada quien con sus propias herramientas, los derechos de todo un pueblo que dice basta ya a tanta ignominia.

Mi indiganción y mi inclaudicable compromiso con la justicia y la liberación.

Un abrazo a todas y todos.

María Silvia.

¿Les parece conocido?

El informe de la polémica

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Luego de su presentación, el informe intitulado “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” (ver “Resumen ejecutivo” (¡¿diez megas y 64 páginas?!), patrocinado por el PNUD en El Salvador, las reacciones políticas generadas por el mismo, en particular, las de las autoridades de seguridad pública, fueron objeto de gran cobertura y discusión pública.

El Ministro de Seguridad Pública y Justicia –apenas conocidos algunos datos– descalificó el informe, señalando la existencia de sesgos ideológicos debido a la supuesta inclinación de los consultores del estudio. Posteriormente, agregaron, que los datos utilizados (de 2005) eran desfasados y que no reflejaban la situación actual.

No bastando con las descalificaciones y ataques al estudio, el Ministro citado, incluso anunció la presentación de una protesta oficial ante la representación del organismo de Naciones Unidas.

Un organismo intergubernamental como PNUD, regido por estrictas directrices diplomáticas, enfrentaba una situación difícil, pues un gobierno parte se quejaba y se generaba una tensión que afecta precisamente las relaciones entre PNUD y su contraparte gubernamental.

Alguien dijo que a veces las aclaraciones terminan oscureciendo más las cosas y precisamente eso fue lo que sucedió –con ayuda de una primera plana de La Prensa Gráfica- cuando se manejó que el PNUD “se había desmarcado del informe”, nota en la que se colocaban algunas declaraciones poco claras de la representante del organismo.

En un gesto inusual, PNUD publicó un comunicado para oficializar su posición alrededor de las diferentes opiniones e informaciones suscitadas. En un lenguaje diplomático, PNUD establece que la selección de consultores se da sobre criterios técnicos y no ideológicos. Además, asume la responsabilidad por el informe, desmintiendo de esta manera las versiones periodísticas que sugerían un retiro de apoyo al documento, mismas que cubrían la complacencia oficial ante la supuesta retractación. Si pudieramos resumir la reacción, es una suerte de declaración galileica: “Y sin embargo, se mueve”, es decir, a pesar de la polémica y los intentos de descalificar e invisibilizar los datos, ellos están ahí…

¿Por qué tanto revuelo? Me parece que el asunto tiene dos vertientes. La primera, y más importante, es que se tocó el punto débil, el talón de Aquiles, de la justicia penal: la impunidad. Y con ello se desbarata y se cuestiona frontalmente la política criminal gubernamental implementada hasta el momento, sus discursos punitivos y sus ínfimos resultados.

En segundo lugar, es obvio que en el marco de la campaña electoral tácita en que vivimos, pareciera que existe la intención de acallar cuestionamientos u opiniones que contradigan las versiones oficiales que pongan en duda sus “logros”. Resulta extraño que La Prensa Gráfica haya dado una gran cobertura al estudio –incluso, tuvo la primicia un día antes– y luego, sea la misma que colocó en primera plana un titular como “PNUD se desmarca de informe”, lo que desde mi punto de vista, contribuyó a generar opiniones negativas y prejuicios contra el estudio, pero que el comunicado de PNUD desmiente.

(Digo, me parece extraño y poco casual, pues es el mismo medio que ha tomado las polémicas decisiones de negarse a publicar campos pagados de un partido de oposición que daba su posición frente al tercer aniversario de la administración Saca, así como el comunicado de una ONG internacional que cuestionaba al gobierno por la ausencia de planes de protección civil y mitigación de riesgos.) Sobre esta sospecha véase en este blog: "Pregunta al señor ministro de Seguridad Pública y Justicia Penal"