"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

25 de enero de 2009

Cambios de gobierno y la justicia penal

El pasado 16 de enero se conmemoró el XVII aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador. Vi las noticias y no hubo mucho de nuevo. Gobierno y FMLN, como es costumbre, celebraron por separado. Por encima de la fecha pesaron los tiempos electorales que vivimos. Momentos en que las antiguas partes no pueden sentarse tranquilamente a la mesa juntos.

Pero reflexionando un poco, este aniversario resulta particularmente especial, pues muchas de las principales transformaciones generadas por los Acuerdos se manifiestan en el 2009, razón por la que su invisibilización deja cierto desencanto.

La más evidente de dichas transformaciones es la vigencia de un régimen democrático que ha realizado desde 1994 elecciones plurales, sucesivas sin mayores incidentes y en las cuales la exguerrilla ha tenido destacadas participaciones, tanto que en la actualidad se ha perfilado como la primera fuerza política del país, dato ratificado por las recientes elecciones legislativas en las que obtuvo la mayor bancada (35 diputados) y el mayor número de votos en el nivel nacional.

Al igual que en 1994, este año coincidirán los tres grandes comicios a cargos de elección popular, a lo que se debe agregar que este año hay además, relevo en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, instituciones cuyos mecanismos de elección actuales son herencia de los Acuerdos de Paz. Mecanismo que también rige para la elección del Ombudsman (que se llevará a cabo en 2010)

Este antecedente no debe ser obviado: tenemos un importante recambio del gobierno, sus tres órganos fundamentales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) tendrán relevos este año. Vivimos uno de los años de mayores transformaciones institucionales registradas desde los Acuerdos de Paz.
Los Acuerdos de Paz establecieron que el mecanismo legislativo para el nombramiento de funcionarios de segundo grado, como Magistrados de Corte Suprema o titulares del Ministerio Público, se requiriera de una mayoría calificada, es decir, 56 votos de los 84 posibles del pleno legislativo.

No obstante las intenciones de este mecanismo de elección para lograr supuestos consensos o evitar la imposición por mayorías simples (como en el caso de la Corte de Cuentas), no se logró concretizar en muchos casos en una elección de las personas más idóneas para los cargos mencionados, aún y cuando, por supuesto, han habido también honrosas excepciones en esta tendencia. Lejos del consenso prevaleció la transacción política, la afinidad partidaria sobre el mérito, y al final, las instituciones han sido objeto de reparto partidocrático, lo cual ha mermado su legitimidad y credibilidad.

Actualmente, la predominancia de las elecciones presidenciales en la agenda pública, ha invisibilizado los otros cambios sobrevivientes, los cuales tienen un importante peso en la estabilidad del futuro gobierno. Quiero referirme en lo particular, a lo relativo a la justicia penal.

En el caso de la Fiscalía General de la República, ésta se ha visto recientemente renovada con el re-ingreso de Astor Escalante a la institución en calidad de Fiscal General Adjunto, luego de que éste renunciara sorpresivamente a su cargo como viceministro de seguridad pública y justicia.

La mañana del martes 13 de enero, en la que el entonces viceministro anunció su renuncia al cargo, argumentó motivos personales y profesionales, entre ellos, su eventual incorporación a una entidad privada. En la tarde de ese mismo día, nos merendamos la noticia de que pasaba a ser Fiscal General Adjunto, es decir, el segundo al mando en la Fiscalía General de la República.

Desde el principio, el asunto sonaba extraño. Regularmente un gobierno intentaría mantener cierta unidad en un período electoral en la que se disputa la continuidad del partido gobernante. La salida de un funcionario podría interpretarse como una baja, teniendo en cuenta el elevado perfil público alcanzado por el ex viceministro.

Pero su incorporación a la Fiscalía, abre la puerta a ciertas hipótesis, que probables o no, configuran posibles escenarios. No es mi intención ejercer la peligrosa profesión de profeta, además, esta reflexión ha sido también sostenida en otros espacios.

Independientemente de los resultados de las legislativas y las presidenciales, asegurarse el control de la institución persecutora del Estado resulta estratégico para el partido gobernante ARENA. Las observaciones del Presidente de la República al Código Procesal Penal aprobado por la Asamblea -y posteriormente incorporadas- son una prueba de ello. Eliminó los controles que sobre la persecución penal disponía el decreto original y mantiene los elevados niveles de discresionalidad en la acción penal y criterios de oportunidad, que han sido fuertemente criticados por su uso arbitrario y fomentadores de la impunidad.

De este modo, en caso de un resultado favorable, ARENA seguirá controlando una institución fundamental de la justicia penal: su cancerbero, y de esta forma, manejándola a favor de sus intereses, tal como ha sido criticado a los dos últimos fiscales generales, ambos, vinculados al partido de gobierno. Además, el control partidario se ve reafirmado por que la fracción de dicho instituto político se ha negado a aceptar los procesos de antejuicio solicitado (tres en este momento) en contra del actual fiscal por su negligencia, en casos que involucran intereses poderosos. Y aunque dichos antejuicios se realizaran, no se obtendría los 56 votos necesarios para la destitución, puesto que dicha fracción cuenta con los votos suficientes para evitarlo. ARENA obtuvo 32 diputados en la próxima legislatura (2009-2012), por lo que podrá seguir bloqueando cualquier intento de cambio institucional.

Si el resultado de la presidencial es desfavorable a ARENA, el escenario posible es el siguiente: se va el Fiscal actual y el adjunto, quedaría a cargo de la institución, por el tiempo que tarde la Asamblea en elegir a un nuevo titular. ARENA podría intentar dilatar y desgastar el trabajo legislativo bloqueando cualquier candidato o candidata que no sea propio, contando durante el trayecto, con un fiscal de hecho. No controlar la Fiscalía, le significaría el riesgo de que se investiguen todos los casos que inexplicablemente no han avanzado y cuyos resultados pudiesen afectarle políticamente. Por el contrario, mantener el control sobre dicha institución además le permitiría tener a la mano un instrumento para iniciar una peligrosa judicialización de la política, como estrategia de bloqueo del partido gobernante.

Con los resultados electorales ahora conocidos, los “analistas” nos dicen desde su oficio que lo que tienen que hacer las facciones mayoritarias de la Asamblea es hacer un pacto de gobernabilidad para evitar caer en los chantajes del partido bisagra: PCN. Lo cual parece muy atinado y fácil de decir, pero las estrategias de los jugadores parece que van más por la vía de la realpolitik. Espero equivocarme.