Me desayuné esta mañana con la noticia del golpe de Estado en Honduras. La cosa ya se veía venir desde el viernes en que habían dos jefes del ejército: el nombrado por Zelaya y el destituido por Zelaya y restituido por la Corte Suprema de Justicia.
El golpe de Estado es la culminación de una larga serie de tensiones políticas relativas a la iniciativa del Presidente Zelaya por promover un cambio de Constitución, para lo cual, como un primer paso, promovía una encuesta para preguntarle a la ciudadanía sobre su aprobación respecto de la existencia de una cuarta urna en las proximas elecciones en la cual se votase, a manera de referendo, por el cambio de Constitución. Osea, esta era una consulta para hacer otra consulta.
La Constitución hondureña prevé clausulas petreas en contra de su sustitución y no establece el referendo como mecanismo de participación democrática respecto de la vigencia constitucional. Este fue el argumento de los detractores de Zelaya en contra de la iniciativa. Zelaya se escudó en la existencia de la Ley de Participación Ciudana, por la cual se puede hacer consultas a la población respecto de asuntos de su interés. En el trayecto, juzgadores y la propia Corte Suprema de Justicia se pronunciaron en contra de la iniciativa y la declararon ilegal. Sin embargo, el presidente siguió con la iniciativa que se llevaría a cabo este día 28 de junio.
Reconozco que no estoy al tanto de todos los acontecimientos y detalles del asunto, pero si tengo claro que las disputas políticas se resuelven por los mecanismos políticos e institucionales existentes. Si el Presidente es sacado por la fuerza del país, se corta la energía, se militarizan las ciudades, se suspenden las comunicaciones y telecomunicaciones, eso es a todas luces algo fuera de lo normal y debe ser considerado como una interrupción del orden constitucional.
La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que mandó a apresar a Zelaya por violentar los mandatos legales y judiciales. Pero ¿acaso a los sospechosos no se les debe poner bajo la orden de un tribunal? ¿Por qué entonces, lo subieron en pijamas a un avión y lo fueron a dejar como huesped de honor a Don Oscar Arias en Costa Rica?
En el Congreso se lee una supuesta carta de renuncia de Zelaya y por ella se procedería al nombramiento de un presidente provisional, que en este caso sería el presidente del Congreso, según la regla constitucional hondureña que se aplica en caso de ausencia del Presidente. Más tarde, en el mismo congreso, los diputados vuelven a la tesis anterior: el presidente había violado la Constitución y los fallos judiciales y ponía en peligro la gobernabilidad y el Estado de Derecho, por lo tanto, lo depusieron como una medida desesperada y absurda para lavar la cara de tan despreciable y anacrónico suceso.
Zelaya, por su parte, ha negado la existencia de renuncia alguna. Mientras tanto, escucho en CNN a la vicepresidente del Congreso tratando de justificar lo injustificable: que no ha habido golpe de Estado. Que no existe ninguna conspiración. Que es una transición según los parametros constitucionales. Siento vergüenza ajena al escucharla.
Yo estaría en contra de un presidente que pretenda adecuar la Constitución a su medida, pero mi mentalidad jurídica me dice que los problemas se tratan por la vía institucional establecida y, por otro lado, solo pueden ser objeto de sanción los actos concretos. Se argumenta que la intención de Zelaya es instalarse en el poder, cambiar la Constitución, pero entonces digo: ¿se pueden sancionar las intenciones? ¿es esto una especie de Minority Report tropicalizado? Si la respuesta a la interrogante anterior fuera positiva, entonces tendríamos que sancionar a muchos políticos que tienen la intención de ser corruptos.
A Zelaya se le sacó del camino por una iniciativa que no llegó a iniciar. Una violación a la Constitución y al orden democrático bajo el argumento de preservar la Constitución y el orden democrático: la justificación más trillada de las dictaduras.
Esta acción es condenable por donde se le vea, pero lo más vergonzoso de todo es la complicidad del Poder Judicial hondureño en esta intrigulis. Espero que el Pueblo Hondureño recupere pronto la institucionalidad y que ello de paso a una profunda reflexión sobre la democracia que desean.
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