Escondiendo cadáveres bajo la alfombra

“Conocerán la verdad y la verdad os hará libres” Jn. 8, 32.

“La verdad es siempre revolucionaria” Ferdinand LaSalle

Antecedentes

Desde hace mucho tiempo, la prensa y sociedad civil han venido señalando el estrechamiento de las fuentes de información pública en todas las instituciones gubernamentales. Información que antes era accesible en línea, ha sido quitada de portales; la que antes era entregada por solicitudes, ahora es declarada “inexistente” y otra tanta ha sido declarada como “reservada”, incluyendo información tan básica como presupuestos, compras y planificaciones institucionales.  

Esta política sistemática de ocultamiento de información tiene como propósito evitar los cuestionamientos y críticas que puedan surgir a la gestión de gobierno, bloquear la auditoría social de la función pública y la protección, a toda costa, de la imagen de éxito gubernamental, especialmente de uno de sus principales “logros” como la reducción de homicidios/feminicidios, ahora puesta en duda sobre la autenticidad o artificialidad de sus resultados, gracias al periodismo de investigación. .

Una de las víctimas de esta política de opacidad ha sido la provisión de cifras de homicidios/feminicidios, que hace décadas se institucionalizó como el principal indicador de seguimiento de la política pública de seguridad en el país, dada la gravedad del problema de la violencia letal que colocó a El Salvador entre los países más violentos del mundo. 

El número de homicidios/feminicidios. Entre la técnica y la política

En el año 2005 se constituyó una mesa interinstitucional de las tres principales agencias relacionadas en el registro de homicidios/feminicidios: la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, la cual pasó a ser conocida como Mesa Tripartita (MT), iniciativa que surgió para enfrentar los cuestionamientos por las marcadas diferencias de cifras que hasta ese entonces brindaban dichas instituciones, cuyas brechas ascendían a cientos de casos. 

La MT se convirtió en una referencia obligada, nacional e internacional, sobre violencia letal en El Salvador constituyéndose en el dato oficial del país y se convirtió en una buena práctica que fue replicada en otros países. 

La metodología de la MT incluía reuniones mensuales de contabilización y registro de todo evento violento letal (homicidios/feminicidios) conocido en el período de revisión, incorporando eventos efectivamente acaecidos en ese mes, así como hallazgos en el período de cadáveres sin datación conocida y de mayor antigüedad, como los de fosas clandestinas. 

Sin embargo, a partir del mes de mayo de 2021, se comenzaron a excluir de las estadísticas las osamentas encontradas, coincidiendo dicha decisión con el hallazgo de un cementerio clandestino en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, en el que habrían cerca de 50 cadáveres enterrados. Según se explicó, las osamentas se contarían por separado -dejando el dato registrado- y pasarían a formar parte del mes en que el evento habría ocurrido según pruebas forenses o investigación, pero en los meses posteriores se dejó de dar cuenta en las actas del número de osamentas encontradas. 

Posteriormente, a fines de 2021, las actas de la MT, donde constaba el número de casos revisados cada mes y que eran colocadas en línea por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, fueron retiradas junto con las bases de datos de las estadísticas que estaban disponibles para el público. 

Más recientemente, en mayo de 2022, la prensa también ha señalado la exclusión de las personas fallecidas en enfrentamientos. El periodista Roberto Valencia destacó que mientras el gobierno muestra una semana con cero homicidios, en realidad, ocurrieron varios eventos que han sido deliberadamente excluidos. 

Estas decisiones se basan en la política de la que hablamos al inicio de este post, pero también es posible encontrar supuestos argumentos “técnicos” con los que se pretendería justificar, no obstante, generan una confusión -conveniente- entre los usos y fines de la información.

Tipos de información estadística, usos y alcances

En el marco de las políticas públicas, existen diversos niveles de uso y alcances de la información. Desde mi perspectiva, en el caso específico de las estadísticas criminales sobre homicidios/feminicidios, es importante distinguir la estadística general de los eventos, de la estadística comparada o tratada para estudios, de la estadística para fines operativos y de servicio. 

La estadística general se encargará del registro de todos los eventos que quepan en el criterio jurídico de homicidio/feminicidio, la fecha de ocurrencia no es determinante, sino la fecha del conocimiento oficial del hecho.La pregunta que responde este nivel es: cuántos casos de homicidios/feminicidios se conocieron por las instituciones en determinado periodo de tiempo. 

En este sentido, tomaría todos los eventos que son denunciados, así como aquellos conocidos por otras vías por las autoridades como las exhumaciones de fosas y cementerios clandestinos aún y cuando hayan ocurrido mucho tiempo atrás. 

Instrumentos como el Protocolo de Bogotá, establecen esta forma de registro estadístico amplio y detallado, donde consten todos los eventos violentos conocidos con resultado de muerte.  Para los casos ocurridos en fechas no determinadas -como las osamentas o cadáveres en avanzado estado de descomposición-, el Protocolo dispone que sean registrados con la fecha del hallazgo, a falta de una fecha precisa del evento real. Este criterio de registro general es el que había sido aplicado desde la creación de la MT, hasta mayo 2021. 

Lo anterior no está libre de tensiones cuando instituciones de seguridad cuestionan que el dato general infla o distorsiona los resultados operativos recientes, es decir, reclaman que se reporten como eventos en el período casos que ocurrieron mucho antes, por ejemplo: si en un municipio ocurrieron en un mes dos homicidios pero en ese mismo lugar y tiempo se hallan cuatro cadáveres enterrados, entonces la cifra de homicidios conocidos a registrar es de seis casos y no solo los dos realmente acaecidos, dato que resulta gravoso en términos comunicacionales y, en algunos casos, en evaluación de desempeño.

En este sentido, es necesario adoptar salvaguardas metodológicas para separar -sin esconder- los eventos según su ocurrencia, para analizar, evaluar y comunicar de mejor manera. La solución no es eliminar el registro general de eventos, sino mejorarlo y afinarlo. 

La estadística para efectos comparativos o de estudio, como la elaborada para reportes internacionales bajo criterios estandarizados como la Encuesta Internacional sobre Tendencias del Crimen (UNODC) o las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda de desarrollo 2030, establecen algunos criterios de inclusión y exclusión de eventos registrados en la estadística general, basados en las directrices de la Clasificación Internacional de delitos con fines estadísticos de la ONU,  La más importante a comentar aquí es el criterio de exclusión de aquellos eventos en los que la muerte violenta es el resultado de legítima defensa entre particulares, así como de aquellos eventos ocurridos en el marco de la aplicación de la ley. 

Esto no puede ser tomado a la ligera: los reportes para estudios comparativos como los de la ONU, parten de estadísticas consolidadas con suficiente tiempo de depuración: tras el cierre de un año, se espera un año adicional para que toda la información pueda ser debidamente registrada y documentada. Es información con un avanzado nivel de calidad, que solo es posible con la espera y cumplimiento de formalidades legales e institucionales necesarias como las declaratorias judiciales correspondientes que harían efectiva la exclusión de un caso según los criterios antes mencionados. 

Los criterios de la ONU son claros en advertir que el uso de la exclusión de muertes violentas por aplicación de la ley no debe ser utilizada para encubrir excesos del uso de la fuerza letal o abusos de poder, lo que solo puede establecerse luego de una declaratoria judicial independiente y objetiva sobre los hechos. 

Lo anterior, no escapa de la posibilidad de contextos de alta debilidad institucional -como el nuestro- en el que se haya liberalizado el uso de la fuerza letal así como institucionalizado y tolerado a nivel estatal políticas de exterminio basadas en ejecuciones sumarias. 

En estos contextos, “descontar” un importante porcentaje de muertes de las cifras oficiales sería un conveniente maquillaje de imagen. Por ejemplo, en El Salvador, en el año 2017, un 10.3% de los homicidios ocurrieron en contextos de intervención de fuerzas del estado, mientras que en Venezuela este indicador superó el 25%. (Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, Mëxico y Venezuela, pág. 25)

En el caso salvadoreño, como ya se indicó, había prevalecido el criterio de registro general de eventos y éste es el que ha sido utilizado para el reporte en instancias internacionales, lo que si bien, podría considerarse como un acto de “honestidad”, al mismo tiempo invisibiliza el impacto de la violencia letal desde el Estado y su incidencia en la cifra de homicidios. 

En cuanto a la estadística para fines operativos y de servicio, ésta responde la pregunta: cuántos homicidios/feminicidios ocurrieron efectivamente en determinado lapso de tiempo, normalmente, en el corto plazo. Se basa en la información del día a día y tiene más interés en eventos violentos recientes que atender, para los que necesita disponer sus recursos de manera inmediata, mientras que otros eventos de más antigüedad, reciben un tratamiento separado desde la investigación y la inteligencia policial, lo que no obsta su registro y contabilización, pues implican carga de trabajo absorbida por la institución. 

Por la cercanía de los eventos, esta información se reviste de un carácter preliminar mientras se concluyen investigaciones o se adoptan decisiones judiciales, por lo que su uso para fines de análisis profundo o para reportes oficiales, no es el más adecuado sin las salvaguardas necesarias.

Uso y manipulación de información. Consecuencias

Con todos los elementos considerados de los diferentes tipos y alcances de las estadísticas según su uso, es posible hacer ahora un análisis de la política comunicacional del gobierno sobre los homicidios/feminicidios. 

La exclusión de eventos como los hallazgos de osamentas, cadáveres en avanzado estado de descomposición y más recientemente, los fallecidos en enfrentamientos, son una suerte de “regateo” para mostrar la mejor cara posible, pero que hace un uso impropio e incorrecto de los criterios de exclusión -cuando no, una omisión deliberada-, ya que no éstos no han sido pensados para ser aplicados en el día a día -estadística operativa- sino para procesos de generación de información de largo plazo mucho más elaborados y acabados.

De momento no se sabe si efectivamente los casos de osamentas pueden ser datados y si serán colocados en el periódo correspondiente, pero es importante que tengan un destino y visibilización. Por los antecedentes, dudo que el gobierno acepte "actualizar" estadísticas, pues ello podría resquebrajar u opacar su logro más ostentado.

Muchos de los casos de homicidios/feminicidios sin fecha conocida de su muerte podrían ser cadáveres de personas desaparecidas, pero es posible que ello sea visto como un riesgo de ratificar la hipotesis que tras la reducción de homicidios, la desaparición de personas fue el mecanismo adoptado por los grupos criminales para no reflejar eventos en las estadísticas ni en las noticias.

Al recortar la información disponible, se falta al derecho a la información de la ciudadanía de conocer la realidad de lo que ocurre en el país y se invisibiliza a las víctimas, al tiempo que atenta contra los avances en la construcción de valiosa información estadística para políticas públicas rigurosas, en su empeño por crear información a la medida. 

El Presidente de la República ha llegado al extremo de restar de la cuenta eventos cuando existía noticia del fallecimiento de “pandilleros” por enfrentamientos con las autoridades, lo que tendría como subtexto la desvalorización del evento violento a partir de la calidad de la víctima, lo cual pasó a ser replicado por las instituciones.

Además de la omisión de la información, expresamente el Presidente y el gobierno han adoptado la construcción de “enemigos internos” con expresa nominación a las pandillas para azuzar la opinión pública.En esta lógica, la des-humanización de los enemigos es un mecanismo de desvinculación del análisis racional, legal e institucional hacia uno que valida el abuso de poder “justificado” en el odio y la venganza.  

Esto puede ser comprensible desde la visceralidad y hostilidad de ciudadanos comunes y corrientes en contra de las pandillas y sus acciones, especialmente de aquellos que las han sufrido en carne propia, pero ello no puede ser la posición de una jefatura de estado que se supone, se debe regir por principios como el de igualdad ante la ley. Esto eleva esa animadversión al nivel de política pública y envía un peligroso mensaje de legitimación de prácticas extremas como ejecuciones sumarias o justicia por propia mano, añadiendo más leña al fuego. 

Dados los antecedentes de esta administración gubernamental, de su sistemática obstrucción al acceso de la información pública y el obsesivo cuidado de la imagen, la manipulación de las estadísticas de homicidios no pueden ser entendidas fuera de ese contexto. No hay justificaciones legales ni técnicas, ni mucho menos, éticas que la amparen. 

Ningún enfermo se mejora al ocultarle los detalles de su diagnóstico para infundirle un falso optimismo, hacerlo podría causarle un grave perjuicio. Lo mismo ocurre con la violencia, si no enfrentamos toda la magnitud del fenómeno, no será posible generar intervenciones adecuadas y racionales, mucho menos, si se continúa considerando la violencia letal como un problema moral, desvinculándola de la realidad y las dinámicas que la alimentan. 

Por ello, no es conveniente esconder cadáveres bajo la alfombra: podrán no estar a la vista, pero en poco tiempo, su olor, los hará evidentes…

¿Qué hacer con las pandillas?

Debería ser innecesario aclarar que comprender, explicar y proponer alternativas al fenómeno de las pandillas no supone justificarlas ni desconocer los graves hechos de violencia que realizan destruyendo vidas y familias, además de utilizar su fuerza y poder de manera brutal para garantizar su impunidad. Sin embargo, el tema despierta muchas pasiones y se interpela con hostilidad cualquier abordaje que cuestione la represión o plantee algo diferente. 

En ningún momento se trata aquí de promover el abandono de la aplicación de la ley, esa es la réplica quienes no aceptan abordajes alternativos, quienes solo creen en opciones “duras” y descalifican las “blandas” o que desde una cerrada percepción del fenómeno exclusivamente visceral piensan que no deben haber segundas oportunidades, sino venganza. 

La aplastante propaganda oficial del gobierno salvadoreño apela a la emocionalidad de la ciudadanía en esta nueva cruzada contra las pandillas que cuenta con un amplio apoyo popular, haciendo creer a la gente que la solución es capturar y encerrar -sin debido proceso ni juicio justo- a decenas de miles de personas, por el resto de su vida útil o hasta su muerte y que los daños colaterales o “margen de error” son males necesarios. Vale la pena recordar que esa idea no es nueva, fue ya intentada, fracasada y resultó peligrosamente contraproducente.

En el pasado, los ímpetus del populismo punitivo tuvieron como barrera el equilibrio de poderes en el que el judicial se constituyó como un límite para reducir -que no, eliminar- el impacto de la arbitrariedad y el abuso de poder en la persecución penal. No obstante, ese “obstáculo” ha sido “superado” con el golpe de estado dado tras la destitución de la Sala de lo Constitucional el 01 de mayo de 2021, la cooptación de la Fiscalía General de la República y la reforma de la ley de la Carrera Judicial hecha para colocar jueces a la medida del oficialismo y doblegar o anular a la judicatura independiente. El escenario ideal para el sueño húmedo de cualquier populismo punitivo. 

Esto no puede ni debe ser considerado una “ventaja”: ninguna persona o sociedad avanza rebajando los estándares existentes sino superándolos. Una justicia a la medida, elimina requisitos de rigor y calidad, lo que repercute negativamente en las capacidades de las instituciones, en su profesionalismo y respeto a la ciudadanía, haciendo retroceder al país a un nivel varias décadas atrás.

Esta situación generará resultados inmediatos pero con enormes costos humanos y sociales que pronto serán también graves y evidentes, estando por verse además la sostenibilidad en el mediano y largo plazo para financiar la infraestructura y servicios necesarios para su funcionamiento. 

Adicionalmente, este enfoque, no visibiliza a las víctimas o si lo hace, es para utilizarlas en nombre de la represión, otorgándoles una mala versión de justicia retributiva, pero que en esencia, no atiende la situación real de las víctimas como damnificadas, sujetos de derechos y merecedoras de medidas de reparación y no repetición.  

Lo más grave e inaceptable para mí, es que sin perjuicio de las necesidad y obligación de aplicar la ley a quién lo merezca de manera correcta y justa, en la actualidad, se toma a decenas de miles de personas -muchas de ellas víctimas del azar, de simples sospechas, denuncias falsas o estigmas- interrumpiendo sus vidas y sometiéndoles a toda clase de vejaciones y humillaciones con el fin de abonar a la imagen de fuerza de un gobierno. 

Eso no es justicia, es una farsa inhumana, terriblemente inmoral: al menos seis personas detenidas en régimen de excepción han muerto bajo custodia -asesinadas o por falta de medicamentos- a poco más de un mes de esta cruzada contra las pandillas. Un margen de error inaceptable.

Miles de familias de escasos recursos han visto alterada su forma de vida y recursos ante la detención de un o una jefe de familia que proveía sostén o cuido a un hogar, enfrentando nuevas necesidades como alimentación, vestuario, defensa, transporte para la atención de sus familiares detenidos, aguantando además, la falta de información, maltrato e indiferencia de las instituciones.

Entrando en materia

En términos generales, las pandillas tienen mecanismos y reglas sobre temas como el ingreso, conducta, valores y permanencia. En este sentido, no toda persona cercana a una pandilla es necesariamente un pandillero, sino que puede ser un colaborador (voluntario o no), un aspirante o simplemente un acompañante.  Y aunque existe la difundida creencia que nadie puede salir de la pandilla, también hay formas de alejamiento de la vida pandilleril, lo que se conoce como “calmarse” y dejar de estar activo, con lo cual, si bien, no deja de ser miembro, deja de participar de las actividades de la pandilla y deja de frecuentarla. 

El desconocimiento de estos elementos y la centralidad dada a las pandillas dentro de los fenómenos de seguridad pública, han impedido un abordaje más elaborado, limitado principalmente a la represión penal y, en el peor de los casos, a respuestas más intensas como las políticas de manodurismo o hasta prácticas de represión extrema con la sistemática grave violación de los derechos humanos de manera indiscriminada. 

Hasta ahora, todo lo hecho no ha tenido un impacto significativo, a pesar de los momentos de aparente calma siempre hay eventos que nos recuerdan, de manera contundente, la permanencia del fenómeno.  Precisamente por ello es necesario pensar con cabeza fría y revisar lo hecho hasta ahora y sus resultados, buscar alternativas a aquello que ha sido inútil, dañino o ha tenido efectos perversos, también pensar proactivamente desde otros campos diferentes a la seguridad pública y la justicia penal que tienen un rol reactivo y con muchos efectos concomitantes en las vidas de las personas, las familias y las comunidades. 

A continuación un breve recuento de las acciones implementadas y sus resultados:

Manodurismo y represión extrema

Desde que los gobiernos decidieron otorgar a las pandillas la centralidad de la atención en materia de seguridad pública, se generaron toda una serie de prácticas que afectaron transversalmente a todo el sistema penal: militarización de las estrategias de combate a las pandillas (enfoque parabélico amigo-enemigo), endurecimiento de leyes y procedimientos penales, configuración del sistema penitenciario en función de las pandillas, liberalización del uso de la fuerza letal y, más recientemente: reducción de derechos y garantías de la población a través de estados de excepción, como lo hemos visto en diferentes países de la región.

Esta política ha tenido más efectos perversos que resultados favorables: la persecución activa desestimula el abandono de los miembros de pandillas, ya que siempre serán perseguidos por el estigma; conlleva la sobrepoblación y hacinamiento de los centros de detención y el deterioro de sus condiciones; las cárceles se volvieron cuarteles generales, consolidándose y fortaleciendo sus alcances para la comisión de crímenes; la persecución activa de las autoridades terminó sirviendo a las pandillas para controlar a sus miembros: si uno se portaba mal, en algún momento podría ser capturado y recibir su merecido. 

Los efectos perversos, en lugar de llevar al cambio de modelo, condujo a extremos como la ampliación de las facultades del uso de fuerza letal por parte de autoridades (lo que ha sido notorio en las estadísticas y en informes sobre derechos humanos); se aisló a la población reclusa de contacto con el exterior y, aunque esto tuviera algún impacto, como en la reducción de delitos cometidos por órdenes desde centros penitenciarios, el costo humano para las familias de los privados de libertad es muy elevado, agravando el impacto social negativo al extender los efectos de la estrategia hacia terceros, negando, además, el mandato constitucional de rehabilitación. 

Uno de los efectos más gravosos de esté modelo es que inevitablemente tiende a escalar el conflicto, es decir, que cada lado toma posiciones cada vez más extremas, lo que normalmente se plasma en un mayor y brutal ejercicio de la violencia y ciclos interminables de venganzas y ajustes de cuentas, así como la expansión de calificaciones delictivas, penas, condiciones de prisión, etc. ampliando el ciclo de la violencia. 

Treguas y pactos

Otra forma de intervención en el fenómeno de las pandillas se ha dado cuando políticos oportunistas y deseosos de resultados inmediatos han recurrido al establecimiento de pactos secretos con pandillas para reducir delitos y, con ello, favorecer su imagen como líder. Como todo pacto ilegítimo y al margen de la ley, se rige por la regla de “plata o plomo”, “garrote o zanahoria”, incentivos o amenazas, añadiendo además, prácticas corruptas y clientelistas que atentan contra la ciudadanía, es pues, una negociación criminal. 

Lo que la experiencia y la historia muestran es que dichos pactos son volátiles y efímeros, pero al rebajar la presión sobre las pandillas, éstas se fortalecen y las rupturas del pacto son acompañadas de efectos boomerang, es decir, con repuntes de violencia. 

No está demás decir que, bajo la apariencia de tranquilidad pactada, la pandilla no desaparece ni deja de operar en modalidades de más bajo perfil. Entonces, este tipo de estrategia tampoco “resuelve” el problema del impacto de las pandillas en la vida cotidiana. 

Alternativas

Para poder determinar alternativas hay que partir de algunos presupuestos:

• El fenómeno de las pandillas es de tipo social, no solamente un asunto de seguridad pública o de justicia penal y, por tanto, requiere un abordaje coherente con su naturaleza.. 

• Las alternativas para el tratamiento de un conflicto deberían buscar su reducción y transformación a un nivel menos lesivo y violento.

• Las personas involucradas en pandillas son -valga la redundancia- personas, ciudadanos y ciudadanas poseedores de derechos y no los pierden por estar en una pandilla, por lo que no están justificados los tratos discriminatorios en la provisión de servicios, excepto si cometen faltas o delitos y son condenados por ellos.

• Los problemas se resuelven de manera racional, no emocional. Cualquier descalificación sobre la humanidad de los sujetos o la preponderancia de juicios morales sobre lo que merecen o no merecen como ciudadanos a partir de visiones subjetivas de “justicia”, distorsionan el sentido inclusivo que deben regir las intervenciones.

• No hay soluciones simplistas, recetas, ni atajos. Lleva tiempo, esfuerzo y, sobre todo, muchísima voluntad política y liderazgo abierto. 

• Se requieren políticas públicas, programas, financiamiento específico, personal capacitado, no puede ser un proyecto finito sin los recursos necesarios.

• Todo abordaje estatal y privado debe ser en el marco del Estado de Derecho: respetar la ley y los derechos humanos. El fin no justifica los medios. Los procesos deben enmarcarse en la cultura de la legalidad, tanto para ejecutores como para destinatarios.

• La comunidad y la sociedad civil son partes indispensables del proceso, pues contribuyen a la entrada, aclimatación e implementación de las políticas públicas en el territorio.

• La pandilla no es una realidad simple, sino que tiene diversos niveles de jerarquía, pertenencia y vinculación, por lo que no se puede dar un mismo tratamiento en todos los casos, no todos cometen o planifican delitos graves necesariamente. Algunos colaboran pero no son considerados miembros, incluso, varios no participan voluntariamente de sus actividades. 

Partiendo de estos presupuestos, las intervenciones en este fenómeno deben de partir de su comprensión amplia para generar un conjunto de acciones más allá del sistema penal y que además, contribuyan a racionalizar las estrategias de este sector, de manera que éstas no tengan un efecto negativo o contradictorio respecto de los demás esfuerzos. 

La complejidad del fenómeno de la violencia y de las pandillas tiene como una de sus raíces la realidad de exclusión y vulnerabilidad social de amplios segmentos de la población, sumado a una cultura que ha usado la violencia como método preferente de resolución de conflictos o disciplinamiento tanto en el nivel intersubjetivo como en el institucional, es decir, la violencia no solo está ampliamente difundida entre los individuos, sino que el mismo estado aplica violencia en su accionar, lo cual me parece una pésima pedagogía social.

Toda política pública de prevención debe tener un importante componente de política social que implique la inserción y permanencia educativa; el desarrollo de habilidades, inserción económica y provisión de servicios básicos a comunidades, incluído el desarrollo urbano e infraestructura social. 

No se puede aislar el fenómeno de las pandillas y sus miembros, de la violencia intrafamiliar, contra la mujer y la niñez en la que millares de personas han sido socializadas. Miles de familias disfuncionales o desintegradas por paternidad irresponsable o ausencias parentales forzadas, patrones de crianza violentos, adicciones, estrés socioeconómico, exclusión social y espacial. 

Muchos esfuerzos de intervención deben empezar por aquí, pues son válvulas que empujan a muchos individuos a buscar formas de integración que compensen las carencias emocionales y materiales de sus existencias, algo que la pandilla ofrece cubrir. 

En este sentido, la des-normalización de la violencia en los hogares, comunidades y espacio público debe ser parte de la ruta de las políticas de protección y promoción de derechos de la mujer y la niñez, algo en lo que el actual gobierno ha dado enormes pasos… hacia atrás, con el desmantelamiento de las políticas e instituciones de protección de estos grupos y la creciente exclusión educativa de la niñez que alcanza a cien mil niñas, niños y adolescentes que han desertado del sistema educativo en el último año. 

Creo que debe haber equilibrio y equidad en las intervenciones, hasta ahora, la represión ha sido casi la única vía, los esfuerzos en materia de prevención han sido efímeros y voluntaristas o de poco alcance, sin mayores impactos y los esfuerzos de reinserción de personas que desean voluntariamente abandonar la vida activa en las pandillas han existido gracias a organizaciones de sociedad civil, especialmente de naturaleza religiosa. 

Sin duda, uno de los esfuerzos más difíciles es el de crear sensibilidad y apertura social a personas que desean retirarse de la vida activa en las pandillas. La hostilidad existente, muchas veces comprensible, limita los espacios para la reinserción al generar un ambiente adverso para estas iniciativas. 

Además de la sensibilización, es importante generar convencimiento práctico sobre los beneficios y utilidades de apoyar o permitir las oportunidades a personas como una forma de reducción del fenómeno que redunda en el bienestar de todos, es decir, un ganar-ganar. Por el contrario, negar oportunidades de salida, es asegurar la permanencia de esas personas en la pandilla y la continuidad de los efectos consiguientes. 

Lo anterior no significa ignorar los graves hechos de violencia que cometen miembros de pandillas y para ellos lo que corresponde es la persecución y sanción penal. En materia de aplicación de la ley, más que la laxitud de estándares con los que se pretende capturar y condenar a mansalva, debería prevalecer la persecución penal estratégica y eficaz, esto significa, distinguir los niveles de responsabilidad y el ataque selectivo a nodos claves de incidencia criminal que más afectan a comunidades y ciudadanía y, por otro, la procuración de la eficacia de la investigación para el logro de sanciones penales.

En resumen, un abordaje parcial al fenómeno de las pandilla no contribuye a tener mejores resultados. Solo en la medida en que las políticas públicas e intervenciones se organicen y funcionen alrededor de las diferentes subfenómenos e involucren a las comunidades y a lideres y liderezas que conocen bien estas situaciones, se podrá avanzar en una gestión menos violenta y lesiva, coherente con un sistema democrático respetuoso de la ciudadanía.

El estallido de la burbuja de la falsa seguridad

Luego de casi tres años de gobierno, la actual administración ha presumido la importante reducción de homicidios acaecida durante su gestión. Los datos estadísticos muestran que de una tasa de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018, se  ha reducido de manera constante hasta llegar a una tasa de 18 en 2021.

La imagen de éxito se reflejaba también en la opinión pública: de acuerdo con encuestas de la UCA, la preocupación ciudadana por la seguridad alcanzaba proporciones del 70% de las opiniones en 2018 y del 51% en 2019. A mediados de 2020, dicha proporción fue de apenas un 3.4%. No obstante, la tendencia volvió al alza, llegando a un 38%  a finales de 2021.

Las autoridades atribuyeron esa baja de homicidios al denominado Plan de Control Territorial (PCT), una estrategia no conocida públicamente -excepto por lo dicho en la publicidad gubernamental- para la que se solicitó centenas de millones de dólares para su financiación. De hecho, éste fue el pretexto utilizado por el Presidente para militarizar e irrumpir en la Asamblea Legislativa hace dos años y amagar con su disolución, el día 9 de febrero de 2020, como medida de presión para la aprobación de un préstamo para asuntos de seguridad. 

Aunque ya existía una tendencia permanente de reducción de homicidios desde 2016, un descenso tan marcado de los homicidios en años recientes resulta difícil de explicar para las personas informadas y conocedoras de las dinámicas del crimen y la violencia, por el simple hecho que las acciones conocidas eran “más de lo mismo”: incremento de personal, militarización, equipamiento, pero no una estrategia integral o innovadora, por lo que la causa real no sería visible o conocida. 

Dados los antecedentes de la historia reciente, en los años 2012-2013 el gobierno de turno estableció una tregua con pandillas y trás de ella, se produjo un derrumbe en la cifra de homicidios, las similitudes con el presente abrió camino a plantear esta hipótesis, lo cual fue respaldado por hechos investigados judicialmente y revelados por la prensa. 

A pesar de los esfuerzos propagandísticos por mantener una imagen de control, entre 2019 a 2021 hubo un incremento constante del número de personas desaparecidas, de las cuales, en promedio, en un 36.6% de los casos no se había logrado dar con el paradero de las víctimas, las cuales, en tres años sumaron, un total de 1,740 personas, es decir, 580 en promedio cada año sin ser encontradas.

El problema de las desapariciones de personas se posicionó en la agenda en gran medida por las denuncias de las víctimas de algunos casos emblemáticos, lo que generó una crisis en la imagen gubernamental y en el manejo de la comunicación por parte de éste, llegando a confrontar con las víctimas y sus grupos de apoyo.

El éxito aparente de la estrategia de seguridad gubernamental también se vió empañada por diversos repuntes de homicidios a lo largo del período, lo que los especialistas han considerado como “mensajes” o presiones al gobierno por parte de grupos delincuenciales. Como respuesta, el gobierno ha echado mano del control penitenciario, endureciendo el régimen interno sobre los líderes y miembros de esos grupos en prisión.

El más reciente repunte ocurrió del 25 al 27 de marzo de 2022, con un total de 87 muertes, siendo el más letal el día sábado 26 con 62 homicidios, convirtiéndose en el día con el mayor número de muertes violentas desde que se tiene registro.

Tras ello, el oficialismo extremó su respuesta utilizando el viejo y conocido populismo punitivo: estado de excepción por 30 días (y prorrogado por 30 más), endurecimiento de condiciones carcelarias (a niveles considerables como tormento o malos tratos), endurecimiento de leyes penales -incluyendo la de menores de edad- y más recientemente, la criminalización de símbolos o contenidos de pandillas, así como la difusión de los mismos por medios de comunicación, con lo cual, se criminalizaría a cualquier medio o periodista que brinde información utilizando como fuentes a pandilleros o muestre imágenes de contenidos considerados, a criterio del oficialismo, como pandilleril. 

Muy a tono con la forma de actuar del gobierno, de la misma forma que hizo al inicio de la pandemia por COVID-19, aprovechó la crisis para infundir miedo, crear enemigos, azuzar la opinión pública en contra de ellos, así como de todos aquellos que denuncian violaciones a derechos humanos y abusos de poder; redujo derechos y amplió el control sobre las personas. De paso, también utilizó la emergencia para emitir leyes especiales para la realización de grandes obras públicas sin licitación, entre ellas, nuevas cárceles. 

Las reformas realizadas no solo están dirigidas a las pandillas, sino que sus alcances también se orientan al derecho a obtener y difundir información, es decir, a limitar la prensa y evitar el conocimiento público de otras posiciones que atenten contra la imagen oficial y su discurso en la materia.

Si bien, la crisis le ha permitido al gobierno dar pasos agigantados en su avanzada en contra de los sectores críticos que denuncian las violaciones a derechos humanos y el autoritarismo de sus actuaciones, tanto dentro como fuera del país, los efectos de sus decisiones comienzan a pasar factura, aunque aún es prematuro estimar cuánto. Sin embargo, no es gratuito ni ocultable el enorme número de comunicados y posicionamientos de diferentes organismos locales e internacionales expresando su preocupación o rechazo por el estado de excepción y sus consecuencias.

Mientras tanto, muchísimas personas ha sufrido en carne propia los efectos de la situación: La detención de decenas de millares -incluyendo menores de edad- en todo el país bajo imputaciones inciertas y sin información inmediata para sus familiares sobre su paradero, denuncias de arbitrariedad, abusos de poder y la existencia de cuotas de detenciones que provocarían capturas indiscriminadas; el cierre de la Comunidad San José del Pino o el Distrito Italia, y otras consideradas como de influencia de pandillas, impidiendo el libre ingreso y salida de personas a la realización de sus actividades cotidianas; el ingreso de elementos de seguridad en viviendas, realizando cateos, aún y cuando, la inviolabilidad del domicilio no forma parte de los derechos suspendidos, son solo ejemplos de acciones que han afectado sensiblemente la vida de las personas.

Miles de personas se agolpan en centros de detención pidiendo información sobre sus familiares, se les obliga a comprar en tiendas específicas los kits de vestuario y pago de alimentación de los detenidos mientras estén en bartolinas policiales. Además de la privación de libertad de sus familiares, tienen que cargar con las pérdidas económicas por la ausencia de un jefe de familia detenido o el ausentarse del trabajo o la actividad económica propia para resolver la situación sobreviniente, ampliando el impacto social de la detención, especialmente sobre las mujeres, que son las que mayoritariamente asumen el impacto de las ausencias por detención.

Al momento que esto se escribía, al menos cinco personas detenidas en el marco del estado de excepción murieron bajo custodia, en las cuales se ha denunciado la existencia de golpizas en contra de los ahora fallecidos. Este es el costo más grave del estado de excepción y la liberalización de las facultades de detención, implicando una gravísima violación a los derechos humanos.

“El que nada debe, nada teme” dicen desde el oficialismo, pero el problema es que ante la liberalización casi absoluta de las fuerzas de “seguridad”, la libertad de la ciudadanía se encuentra en manos de la discrecionalidad y no de la ley. De esta forma, el estado de excepción se volvió también en una ruleta rusa para la libertad de muchos ciudadanos que no saben si serán objeto de una intervención por policías o soldados y terminarán privados de libertad.

La multiplicidad de denuncias de abusos y la crudeza de las propias comunicaciones oficiales mostrando imágenes de tortura, generó diversas condenas desde organismos internacionales de derechos humanos y pronunciamientos del más alto nivel de la ONU, es decir, la situación de El Salvador llamó a la preocupación a la comunidad internacional, a lo que el gobierno respondió fustigando a los críticos y acusándolos de apoyar a las pandillas. 

Llegado el primero de mayo, fecha en que coincidiría la marcha del día de los trabajadores, así como la marcha ciudadana de opositores al gobierno, éste -a través del Ministro de Trabajo- promovió un discurso que asociaba la marcha con simpatía o apoyo a las pandillas e insinuó la posibilidad de captura de personas por estar en estado de excepción. Luego el funcionario negó haber amenazado a las personas que marcharían.

En medio de este pandemónium, persiste la pregunta ¿Qué es lo que realmente ha sucedido tras el último repunte? ¿Cómo de una imagen de supuesta seguridad y control, pasamos abruptamente a imágenes de una situación para-bélica o similar a imágenes de El Salvador en los años setentas y ochentas del siglo pasado?

Sea cual sea el motivo de esta situación y las especulaciones al respecto, hay gestos y hechos documentados que no deben ser olvidados ni obviados: 

• Al menos cinco personas han muerto bajo custodia estatal luego de haber sido capturadas en el marco del estado de excepción entre denuncias de sus familiares de la arbitrariedad y falta de justificación de las mismas. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. 

• El Estado criminaliza y amenaza directamente a los periodistas y ciudadanos en general que cuestionen la relación entre el gobierno y las pandillas, bloqueando cualquier tipo de investigación ciudadana y difusión de información. 

• El oficialismo ha estigmatizado a organizaciones de sociedad civil y sectores críticos al relacionarlas con las pandillas y ha contaminado la opinión pública para generar un clima hostil hacia dichos sectores. 

• El estado salvadoreño -sometido y obediente a la voluntad del Presidente- ha bloqueado y negado la extradición de miembros de pandillas solicitados por la justicia estadounidense. Este gesto contradice frontalmente el discurso antipandillas que tiene el gobierno y alimenta otra hipótesis preexistente. 

• Todo lo anterior, ocurre a un año de la destitución arbitraria e ilegal de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República y la imposición de sustitutos afines al oficialismo, así como de la expulsión o exclusión de jueces independientes para la colocación de otros afines al oficialismo tras la reforma de la Ley de la Carrera Judicial y la anulación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es decir, en un contexto sin mecanismos de control y protección de derechos de la ciudadanía.