El Salvador y Guatemala comparten, en mayor o menor medida, los males de la corrupción, el crimen, la debilidad institucional y la impunidad, además de deudas pendientes con el pasado por las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas durante los respectivos conflictos internos.
Sin embargo, contra todo pronóstico, en Guatemala se han tomado decisiones correctas. En primer lugar, reconociendo la incapacidad del estado de aplicar la ley debido a la grave infiltración de la criminalidad organizada y la corrupción, aceptó –durante la administración del Presidente Colom- la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el apoyo de las Naciones Unidas y otros países amigos.
La CICIG, además de colaborar o llevar por su cuenta la investigación y procesamiento de casos emblemáticos con personal ad hoc, también apuntó hacia la institucionalidad y sus procesos de conformación. Cuestionó perfiles de aspirantes a altos cargos en el sector justicia de dudosos antecedentes o manifiestamente improponibles, ha señalado funcionarios de dudosa probidad y honestidad; impulsó mecanismos de transparencia y apoyó las iniciativas orientadas a mejorar los procesos de selección del funcionariado del más alto rango, entre ellos, el de la cabeza del Ministerio Público.
En esta inteligencia, fue luego de un proceso público y competitivo sobre la base de méritos, que se eligió como titular del ministerio público a la doctora Claudia Paz y Paz, hasta entonces directora de una prestigiosa institución especializada en justicia penal y derechos humanos, cuyos méritos incluyen además un doctorado cum laude por la Universidad de Salamanca cuya tesis doctoral versó –vaya coincidencia- sobre el delito de genocidio. Sin la intervención de la CICIG y de una sociedad civil activa, dicho proceso no podría haber llegado al resultado que tuvo.
La nueva titular inició un rápido proceso de reestructuración de jefaturas internas, retiró personal y depuró elementos cuestionables al tiempo que fortaleció y estimuló a los elementos más trabajadores y eficientes, implementó mejoras en el modelo de gestión a fin de mejorar la calidad y cantidad de las respuestas del sistema ante los ingresos recibidos.
Más que un cambio administrativo o de gestión, lo que ha destacado la labor del MP en Guatemala ha sido su voluntad de atacar algunos de los mayores problemas delictivos que aquejan a la sociedad guatemalteca, entre ellos, la fuerte presencia del narcotráfico y otras expresiones de criminalidad organizada, por ello no se puede perder de vista que coincidiendo con la actual gestión del MP, durante los años 2011 y 2012, el porcentaje de homicidios disminuyó en un 17% y un 12%, respectivamente.
Tras el cambio de gobierno a inicios de 2012, mucho se especuló sobre una posible salida de Paz y Paz, dado que constitucionalmente el Presidente tiene potestad sobre el nombramiento del titular del MP. Las especulaciones se basaban en el origen militar del mandatario, sus ofertas de populismo punitivo, contrarias a las posiciones de la Fiscal, pero fundamentalmente, por las investigaciones abiertas sobre hechos del pasado vinculados específicamente al genocidio acaecido en el marco del conflicto interno que señalaban al ejército como ejecutor. El prestigio alcanzado y el reconocimiento del trabajo por parte de diversos sectores de la sociedad guatemalteca -además de un espaldarazo de Hillary Clinton durante su visita a la región-, le protegieron de cualquier amenaza a su permanencia.
Sin duda, su caso más destacado hasta ahora ha sido el procesamiento y condena del General Ríos Montt, exgobernante de facto y exdiputado del congreso, bajo la acusación de ser el principal responsable intelectual de las acciones genocidas en contra del pueblo maya Ixil durante el conflicto armado interno, las que tuvieron como resultado el exterminio de un equivalente al 5.5% de la etnia, según se probó en el juicio y se consignó en la sentencia del mismo.
Durante el juicio, el actual Presidente de la República, Otto Pérez Molina, fue mencionado como oficial destacado en la zona de los hechos durante la época de su ocurrencia, por lo que funcionarios del gobierno habrían presionado a la Fiscal para que no continúe las investigaciones sobre aquel. No obstante lo anterior, la resolución del tribunal que emitió la condena, ordena al MP continuar con la investigación y deducción de responsabilidades.
Por este y otros méritos, la Fiscal ha sido reconocida como una de las mujeres más valientes del mundo, dichas mención no parece exagerada: montar un MP que comience a funcionar según el mandato legal y constitucional en un contexto donde las presiones políticas, corrupción, el amedrentamiento y los atentados por la criminalidad organizada y sectores radicales de derecha han sido sistemáticos es, sin duda, más que destacable.
Más allá de las personas, lo importante es que Guatemala vive un momento trascendental e histórico desde que sus propias instituciones demuestran ser capaces de juzgar el pasado, uno de los clivajes más duros y complejos afrontados por los países latinoamericanos que sufrieron dictaduras durante el Siglo XX. Por supuesto, el caso aún está sujeto a revisión, pero estos primeros pasos son más que demostrativos.
Resulta aleccionador cómo el fortalecimiento de las instituciones, su independencia, la elección de funcionarios y funcionarias competentes y comprometidas puede ser elementos para generar un cambio sustantivo en los patrones de impunidad y corrupción institucional. Por el contrario, mientras los nombramientos estén sujetos únicamente al interés de buscar funcionarios cómodos y complacientes con el poder, cotos de caza del reparto político, continuaremos en la ruta del deterioro institucional, cuyas facturas, regularmente, las pagan la gente más vulnerable en términos de falta de acceso a la justicia y desprotección institucional.
Ojalá en El Salvador, el ejemplo que ha dado Guatemala sea bien recibido y sea una aspiración poder imitarlo.
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