Desde Chile: Conferencia Internacional sobre Seguridad Ciudadana

En el marco del 50 aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) La entidad, con sede en Santiago de Chile, en conjunto con Georgetown University, el departamento de Seguridad Pública de la OEA y con el patrocinio de Open Society Institute, celebró la Conferencia Internacional “Seguridad y Democracia en las Américas: mejorando la gestión de la seguridad ciudadana” los días 24 y 25 de septiembre.

En dicha actividad, el caso salvadoreño fue expuesto por el administrador de este blog.

Para ver las presentaciones y resumenes de la conferencia, haz click aquí.

Comunicado de ex consultores PNUD

La impunidad con cifras oficiales

Entre diciembre 2006 y mayo 2007, un equipo de seis abogados y un médico forense, por contratación de PNUD, ejecutamos el proyecto “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, cuyo Informe Final se hizo público por decisión del organismo internacional el 6 de junio del presente año. (Puede consultarse en http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20070723/informe.pdf). En esa ocasión, los resultados fueron comentados por los distinguidos profesionales René Hernández Valiente, Francisco Bertrand Galindo h. y Joaquín Samayoa, quienes destacaron el rigor metodológico, la solidez de las conclusiones y la utilidad de las recomendaciones.

Dado el objeto de la consultoría, el Informe aborda con crudeza las graves deficiencias en la investigación del delito de homicidio y el juzgamiento del delincuente origen de la impunidad. Las más relevantes deficiencias policiales y fiscales encontradas en los expedientes administrativos estudiados fueron: a) desprotección de la escena del delito; b) frecuente falta de identificación y procesamiento de huellas; c) reiterada ausencia de exámenes serológicos; d) repetida ausencia de prueba balística; e) inadecuado proceso de búsqueda, identificación y localización de testigos; f) sistema de protección de testigos inoperante; g) numerosos expedientes sin hojas de autopsia; h) falta o insuficientes inspecciones oculares e i) continuo incumplimiento policial de las instrucciones fiscales, dejando de manifiesto la descoordinación entre ambos. En los expedientes judiciales se encontró como deficiencias principales: a) insuficiente fundamentación de las resoluciones; b) inadecuada apreciación de medios de prueba; c) pasiva actitud del Juez en la búsqueda de la verdad.

El Informe estableció, además, que el 85.8 % del total de homicidios ocurridos en 2005 en los municipios de San Salvador, San Ana y San Miguel, no habían sido llevados ante los Tribunales, y que sólo el 3.8 % habían sido esclarecidos y condenados judicialmente. Utilizando las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal (Boletín sobre homicidios, Año 2, Nº 1, enero 2006), esos porcentajes apenas se modifican: el primero baja a 82.6 % y el segundo sube a 4.8.

El Informe plantea de manera constructiva recomendaciones que ayudarían a superar las debilidades encontradas, enfatizando en la necesidad de fortalecer la investigación científica del delito, mejorar la coordinación entre las instituciones relacionadas con la administración de justicia penal, realizar evaluaciones internas de las instituciones, promover la capacitación y motivación personal y mejorar el sistema de registros estadísticos.

El Gobierno de la República, a través de su Ministro de Seguridad Pública y de Justicia, salió al paso de manera agresiva, más interesado en ocultar los problemas que en buscar soluciones a la violencia y la impunidad que golpean al país y ahuyentan la inversión.

Impidiendo la discusión de fondo, el Ministro sostuvo que los resultados del Informe no son válidos porque los consultores somos militantes o simpatizantes de la izquierda. Después dijo que los datos de homicidios del 2005 son desfasados y no reflejan los avances recientes. Luego, que PNUD habría roto el protocolo al no mostrar el Informe al Gobierno antes de dar a conocer sus resultados. Finalmente, ha insinuado que el PNUD fue defraudado o engañado por los consultores.

Tales actuaciones no convencieron a nadie salvo a la señora Representante Residente de PNUD, quien ha decidido archivar el Informe y el tema en sus relaciones con el Gobierno, al cual el Organismo se debe, según su particular punto de vista. Ciertamente, en un país polarizado y violento como el nuestro, donde prevalece la impunidad, se oculta las deficiencias, se presentan resistencias institucionales a buscar soluciones reales al problema de la inseguridad y se alteran con facilidad los índices delincuenciales, hace falta más experiencia, visión y capacidad que la suya para conducir la asistencia internacional en materia de gobernabilidad democrática.

Por otra parte, contrariando toda dimensión ética, el Director del Instituto de Medicina Legal, IML, en declaraciones aparecidas en un periódico local, afirmó que el PNUD fue “estafado” porque las cifras de homicidios reveladas en el Informe son inexactas. Ante tales declaraciones, hemos presentado solicitudes al Director del IML y al Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al primero para que proporcione los datos oficiales sobre homicidios y permita confrontarlos con nuestros hallazgos; a la segunda, para que ordene una auditoría en el IML, con el objeto de garantizar la transparencia en el manejo de las estadísticas sobre los delitos de esta naturaleza. Todavía no hemos recibido respuesta.

Han pasado casi cuatro meses desde que el Informe se hizo público y nadie ha presentado evidencia seria, comprobable, que contradiga nuestra investigación.

Finalmente, al tiempo que les estimulamos a profundizar en el tema, agradecemos a los rectores universitarios, académicos, intelectuales, religiosos, profesionales, editorialistas, organismos no gubernamentales, colegas, jóvenes y a la población en general, por las muestras de reconocimiento y apoyo a nuestra labor técnica, de solidaridad ante al embate del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, y ante la inaceptable actuación de la representación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

San Salvador, 25 de septiembre de 2007

Francisco Díaz DUI 02377745-6

Sidney Blanco DUI 02484765-2

El Salvador: Continúa polémica de informe sobre homicidios

Sydney Blanco y Francisco Días, ex consultores de PNUD que elaboraron el estudio sobre la eficacia de la investigación criminal en el delito de homicidio, se han pronunciado para exigir respuestas serias al estudio por ellos elaborado y que, en su momento, generó una fuerte polémica y tensión entre las autoridades gubernamentales y PNUD. Ver la noticia periodística.

Para ver el referido estudio, revisa la columna de "Novedades" en este blog.

Presentan nueva Revista sobre Seguridad en América Latina

Editorial en Boletín Seguridad y Derechos Humanos del IIDH

Estimados,

recientemente fui invitado a elaborar el Editorial del número más reciente del Boletín Seguridad y Derechos Humanos, publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

El editorial se intitula "Maras y pandillas: el desafío de la inclusión, la democracia y el Estado de Derecho" y pueden acceder a él, haciendo click en el título.

Grupos de exterminio. Nuevos cuentos, viejas prácticas

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Recientemente los medios de comunicación han colocado en sus principales espacios la noticia sobre la existencia de grupos de exterminio de presuntos delincuentes, que tendrían participación de miembros o exmiembros de la PNC en sus actividades ilícitas.

Tras la noticia, se han generado algunas hipótesis sobre las segundas o terceras intenciones de la acción de las instituciones en este caso. En primer lugar, las especulaciones han surgido cuando, al capturarse el primer sospechoso -un sargento de la PNC señalado de actividades de sicariato, detenido en flagrancia por elementos militares a instancias de familiares de una de sus víctimas- puesto que las autoridades policiales han manifestado que ya existía una investigación en contra de dicho oficial. Sin embargo, había sido mantenido en su cargo en el área de investigaciones y, de no ser por la captura en flagrancia realizada por los efectivos militares, no podríamos adivinar cual hubiese sido el futuro de la supuesta investigación.

Posteriormente, las investigaciones han develado la existencia de otros involucrados, quienes, cuando menos, habrían encubierto o favorecido la evasión de la justicia de otros involucrados. Además, el relato periodístico sugiere el patrocinio de otros actores, en particular, empresarios de la zona.

La trama es conocida. La hemos visto antes en países como Brasil, Guatemala, Honduras. En determinados momentos, en el marco de elevados niveles de violencia, gran sensación de inseguridad ciudadana e impunidad, aparecen estas iniciativas, estos altruismos perversos, supuestos justicieros que operan ante la ineficacia de la institucionalidad, quienes desde los ojos de personas asustadas y desesperadas son aprobados y hasta defendidos.

Sin embargo, el desenlace de la trama, como ha sido visto, no es feliz. Dichas actividades generalmente están mediadas por la corrupción para favorecer la comisión e impunidad de otras actividades ilícitas: homicidios, amenazas. Luego, quienes las cometen y favorecen son criminales y corruptos, no justicieros. Cuando matan a un presunto delincuente, no hacen “justicia”, solamente regulan el mercado. No es un favor.

No bastando con ello, se vuelven tan fuertes y se instalan tanto, que terminan revirtiéndose en contra de aquellos que una vez creyeron en ellos y las posibilidades de su control son mínimas porque ellos manejan los hilos de la impunidad.

La temática sobre la existencia de grupos de exterminio en El Salvador no ha sido suficientemente tratada. Las posiciones oficiales al respecto, en particular, las de la PNC han sido ambiguas, cuando no, contradictorias, como en el contexto de las investigaciones de la denominada Sombra Negra donde se señaló que mandos de la misma institución intentaron sabotear las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) Posteriormente el DICO fue desarticulado cuando realizaba investigaciones sobre la participación de elementos policiales en la ejecución de presuntos delincuentes.

Entre los años 2000 y 2006, los seguimientos periodísticos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han recopilado más de seiscientos casos en los que, por la forma de su ejecución relacionado con los antecedentes de la víctima (pandillero, tatuado, presunto delincuente), presencia de elementos uniformados o enmascarados, uso de logística como vehículos y armas de grueso calibre, evidencias de planificación o las características de ejecución como tiro de gracia, manos o pies amarrados, plantean la probabilidad de ser producto de acciones de grupos de exterminio. Lo anterior se viene a sumar a lo planteado por otras instituciones como la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado que ha realizado investigaciones in situ y ha constatado la existencia de dicha práctica, en algunos casos, con participación de elementos policiales. Además se debe agregar el triste precedente de la denominada Sombra Negra, que operó en San Miguel en los años 94-95 y cuya investigación y proceso judicial dejaron impunes los hechos.

En lo consiguiente, la PNC ha negado la existencia de dichas agrupaciones, en otras lo han afirmado, pero siempre habían negado la existencia de la participación de la institución en dichas actividades.

Ahora, múltiples elementos de la institución enfrentan procesos por su participación en el marco de actividades ilícitas vinculadas con sicariatos por encargo y extorsiones. Sin duda, es un hecho positivo el que las autoridades judiciales y de seguridad hayan procedido a la investigación y procesamiento de los sospechosos, independientemente de su procedencia institucional. Lo que cabe esperar es que las investigaciones profundicen sobre las redes y niveles superiores en que se articulan estas prácticas y que éstas sean impactadas por la aplicación de la justicia.

Sin embargo, lo que vemos es una respuesta a hechos consumados, es decir, reactiva y como tal, busca la individualización de responsables por hechos concretos y por esta vía, argumentar la tesis de las “manzanas podridas” que es necesario retirar para evitar la contaminación del resto. Esta verdad es solamente parcial, pues reduce los hechos a la voluntad individual de los involucrados como factor de ocurrencia, descartando la negligencia institucional en su prevención oportuna a través de mecanismos de control y seguimiento eficientes y efectivos, lo cual es una debilidad crónica de la PNC desde su fundación. Entonces, la responsabilidad ya no es exclusivamente individual sino que involucra a la institución por negligencia y omisión.