Hipótesis sobre crimen organizado, corrupción y las maras o pandillas juveniles en El Salvador

Actualmente existe en El Salvador, una muy difundida sensación de perdida de control o hasta de fracaso en el tratamiento del problema de las padillas juveniles o maras, las que aparentemente actúan con sobrada impunidad mientras que el alcance de sus actividades delincuenciales se amplía y sofistica cada vez más, como dan cuenta los noticieros y la prensa, sin que se vea una respuesta contundente desde el estado al fenómeno.

Lo anterior solo presenta una fotografía, muy somera de la situación, en consecuencia, no pretende explicar una realidad más detallada y llena de matices. No obstante lo anterior, sobre esa base es posible iniciar algunas reflexiones sobre las temáticas mencionadas, en orden, a estimular un debate más amplio y generar otras hipótesis de conocimiento e intervención.

1. La primera reflexión se orienta hacia “lo que sabemos” y “cómo lo sabemos”. No creo estar muy equivocado al afirmar que la mayoría de la gente tiene un conocimiento de la realidad delincuencial del país a través de los medios de comunicación locales. No creo equivocarme tampoco al afirmar que un importante porcentaje de las coberturas del ámbito policial y judicial se refieren a actos delictivos cometidos por miembros de maras. Además, sin atreverme a afirmarlo, pero sí a sospecharlo, creo que gran parte de estas coberturas se origina a partir de la fuente policial. Hechas estas afirmaciones y sospechas, podemos concluir que el panorama noticioso por el cual se informa la gente se encuentra sesgado, en tanto solo presenta una fracción de los hechos, talvez, poco representativa y, en consecuencia, distorsiona la percepción de la realidad de la gente.
2. Dado que si afirmamos que existe una visión sesgada de la situación delincuencial, resulta obvio que existen otros tipos de manifestaciones delictivas, de igual o mayor impacto que las maras o pandillas que no aparecen dentro de esta visión cotidiana y popular de la delincuencia. Nos referimos a la criminalidad organizada.
3. Pero, ¿qué es el crimen organizado? Este es un terreno escabroso, pues las elaboraciones teóricas y jurídicas sobre este tema son múltiples y no concordantes, por lo que no existe una definición media ampliamente aceptada, por lo que los instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, tipifican ciertas actividades o hechos concretos y modalidades de ejecución, pero no define qué se entiende por este tipo de criminalidad.

A pesar de esta dificultad, es posible rescatar algunas de sus características recogidas en diversas legislaciones y elaboraciones doctrinarias, tales como algunos criterios, inspirados en los propuestos por el Consejo de Europa (2002:6): la primera tiene que ver con el carácter colectivo y ánimo de permanencia en el tiempo de los actores, quienes actúan de acuerdo con una cierta división o especialización laboral y una jerarquía más o menos permanente. Este criterio es insuficiente pues hasta los saqueadores de casas pueden tener una estructura. No basta entonces con el carácter colectivo y estructurado, sino que a ella debe agregarse una cierta cultura organizacional propia.

Con lo hasta aquí dicho, uno puede llegar a la conclusión que las pandillas o maras, encajan dentro de esta visión de la criminalidad organizada. Antes de llegar a dicha conclusión, es necesario tomar en cuenta otros elementos.

Parece que por el estado del conocimiento sobre la temática de las maras, se debe ser cauteloso, pues aunque las pandillas tengan un elevado grado de organización y se constituyan como una solida subcultura, no existen suficientes evidencias que indiquen que actúen como un todo coordinado, más bien, lo que algunos hechos muestran es que existen grupos específicos dentro de las pandillas, en ciertos lugares, que han realizado o realizan actividades criminales de mediana o gran envergadura como tráfico de drogas, secuestros y extorsiones, lo que paulatinamente se ha ido extendiendo hacia otros territorios, en alguna medida, debido a la creación de centros de formación y capacitación especializada con que han contado las pandillas, léase: sectores propios en el sistema penitenciario, donde se propicia el intercambio permanente entre las agrupaciones más experimentadas y las menos, para luego, trasladar la experiencia hacia el exterior. Clasificar las pandillas o maras, sin matizaciones, como crimen organizado, no sería totalmente fiel a la verdad, aun y cuando, es necesario tener presente que su evolución indica estar orientándose en ese sentido.

Una segunda característica de la criminalidad organizada tiene que ver con la noción de crimen-empresa, es decir, se maneja en un área de productos o servicios ilegales. Al igual que el mundo empresarial “legal”, la criminalidad organizada tiene el ánimo de lucro, tanto económico como de otro tipo (poder e influencias) y comparte asimismo, la lógica de competencia, por la cual se disputa un mercado específico. En este sentido, este tipo de actividad supone un control sobre los procesos, productos y ganancias. La evidencia conocida, presenta a las pandillas como entidades subcontratadas para ciertos fines específicos: seguridad de operaciones, distribución de droga, intimidación de testigos, ejecuciones, pero no controlan algunos negocios con los que se les vincula como el trafico de drogas, armas o el tráfico de personas, aunque puedan estar desarrollando actividades a escala por cuenta propia como las extorsiones.

El crimen organizado no se limita a operar solamente en el campo de la economía ilegal, sino que utiliza y necesita de la economía legal en la que existe, para blanquear los recursos obtenidos y encubrir sus actividades criminales. No hay evidencias conocidas de que las actividades criminales de las pandillas estén mutando hacia la economía legal.

La tercera gran característica que tiene que ver con la relación del crimen organizado con la institucionalidad estatal. El crimen organizado buscará su impunidad a través del uso (o cooptación) de la institucionalidad del estado, sea a través de la corrupción o de la intimidación y amenazas, para adormecer a los controles que deberían combatirlo y aplicar la justicia y para lograr su filtración al mundo “legal”. Muchas veces estas acciones no se limitan a la mera búsqueda de impunidad, sino que además implicarían, la complicidad de agentes estatales en actividades criminales y en la “regulación del mercado” o control de la competencia, o inclusive, establecer las reglas del juego, cuando penetra instancias de decisión política.

4. Existen diversos antecedentes en el país que nos dan cuenta de estas situaciones en diversos niveles, tales como policías que han sido capturados por extorsionar a distribuidores de drogas, policías organizados en redes de robo de vehículos, hasta un exdiputado condenado por narcotráfico e investigaciones en marcha en contra de otros miembros de la clase política por delitos relacionados con economía ilícita, por citar ejemplos que salen a flote. Esto revelan la existencia de vasos comunicantes entre el crimen y la institucionalidad, especialmente con la esfera política. Lo que no sabemos es el nivel de influencia y distorsión que tenga ésta en el funcionamiento institucional. Aquí cabe plantear la hipótesis de que a menor nivel de transparencia institucional, mayor riesgo de afectación del crimen organizado.

La proliferación de la corrupción tiene serias implicaciones, no se limita a las ganancias ilícitas e ilegítimas de quienes participan de ellas, sino que tiene consecuencias concomitantes que afectan directamente a la ciudadanía: distorsión del servicio, pérdida de calidad, exclusión de los beneficios públicos, pues éstos se desplazan a la esfera privatizada por la corrupción. Pero en temas tan sensibles como la seguridad pública y la justicia, se traduce en la falta de garantías de justicia, falta de eficacia, impunidad, brutalidad, falta de protección efectiva de las autoridades y hasta riesgos para la integridad física y la vida de las personas que recurren a la justicia en casos delicados.

Esto es particularmente sensible en El Salvador, donde las instituciones contraloras de la transparencia gubernamental y de los funcionarios, han sido cuestionadas en su eficiencia y eficacia para la realización de las funciones a las que se encuentran llamadas y por su parte, ha existido una tendencia del poder político a debilitarlas, sea por su reducción o mediante la cooptación de éstas por partidos o grupos específicos.

Para el caso del diputado Silva, actualmente en espera de antejuicio por casos de cohecho y lavado de millonarias cantidades de dinero, llama a sospecha que la Fiscalíala señale ahora que parte de sus actividades fraudulentas que se le imputan, residían en lograr contratos públicos con Alcaldías, sin que sus empresas tuvieran capacidad o idoneidad para ejecutar las obras o que las obras fueron asignadas sin licitación previa ¿acaso eso no es algo que Corte de Cuentas de la República debería haber detectado? Vale la pena recordar que el PCN, partido al que pertenece el diputado Silva, ha reclamado la Corte de Cuentas como patrimonio del partido, el trozo del pastel que le corresponde del reparto partidocrático de las instituciones públicas y la maneja desde hace ya muchos años, a pesar de las críticas a su ineficiencia e ilegitimidad de su mandato.

5. En este contexto, donde se sabe de la existencia de agrupaciones de crimen organizado de diversos niveles de impacto e influencia, donde miembros de este tipo de criminalidad se han enquistado en instituciones, donde las instancias contraloras de la función pública carecen de efectividad, no es raro entonces que el crimen organizado no reciba la atención que merece, pues es probable que tenga capacidad de desviar la atención hacia otro lado, como las pandillas por ejemplo. Pero dado que estas le son funcionales, en tanto les proveen servicios y a la vez sirven de cortina de humo, las políticas hacia este fenómeno podrían encontrarse condicionadas o influenciadas por esta circunstancia. Mientras exista demanda y oferta de estos servicios, el producto seguirá en el mercado. De ser así, la ciudadanía estaría secuestrada en un círculo perverso.

Sin negar el gran impacto que el accionar delincuencial ocasionado por los miembros de pandillas o maras, es necesario establecer con claridad y precisión, cual es el lugar y nivel que estos ocupan en el ciclo de la economía criminal. En este sentido, considerarlas como el principal problema de seguridad pública, puede ser una consideración discutible frente a las evidencias de infiltración del crimen organizado en la institucionalidad y la clase política, lo que puede ser igual o más dañino que el accionar pandilleril.

Desde Argentina: Se lanzó el Foro de Iniciativas para una Seguridad Democrática

Desde hace ya casi dos décadas que nuestro país fluctúa entre la retórica de la mano dura, que ha instalado una forma perversa de pensamiento mágico, y ciertos intentos de estrategias de prevención del delito, algunas de ellas bien intencionadas y correctamente orientadas, pero insuficientes.

Mientras tanto, la población queda atrapada entre la expansión de las industrias del miedo y la falsa opción que promete resultados a costa de las libertades públicas, que necesitamos y queremos proteger, justamente para vivir seguros y sin miedo.

Esto es utilizado por quienes desean transformarnos en una sociedad represiva que solo cuide las propiedades de los más poderosos y profundice la exclusión y la segregación cuando no la eliminación de los más pobres.

Sería nefasto quedar atrapados entre la violencia social y el abuso de poder. Entre el miedo a nuestros conciudadanos y el miedo a los policías. Existen otros caminos.

En primer lugar debemos asumir que es posible lograr un sistema de seguridad eficiente sin afectar las libertades públicas.

Existen muchas acciones posibles. Sin embargo, diez puntos principales son los que nos hemos propuesto impulsar como iniciativa ciudadana. Medidas suficientes, urgentes y de fondo para construir una nueva y eficiente política de seguridad democrática.

1. La puesta en marcha del Plan Nacional de Prevención del Delito, diseñado desde hace años y todavía sin ejecución enérgica, dándole impulso de tal modo que se coordinen esfuerzos nacionales, provinciales y municipales y no se malgasten recursos en iniciativas aisladas y de pura retórica, especialmente en aquellas estrategias de inclusión social y las que permitan prevenir el uso de drogas por niños y jóvenes, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires.

2. La modernización del sistema de investigación de los delitos. Para ello es imprescindible convertir a la Policía Federal en la nueva Agencia Federal de Investigaciones. El Estado ha demostrado tener nula capacidad para investigar los delitos complejos, la criminalidad económica, la corrupción, el crimen organizado y todas las manifestaciones de criminalidad más grave.

3. La reorganización completa del sistema federal de seguridad. Para ello es indispensable convertir a la Gendarmería nacional y a la Prefectura en las únicas fuerzas de seguridad federal con despliegue territorial, modernizar las formas de coordinación con las policías provinciales y fortalecer los mecanismos institucionales de la Ley de seguridad interior.

4. Reformar la Justicia Federal, apegada hoy a procedimientos y formas organizativas obsoletas y a un diseño de su competencia que malgasta recursos y genera ineficacia.

5. Crear la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mediante la transferencia de recursos hoy ya existentes en la Policía Federal y a partir de allí poner en marcha de modo permanente un Plan de Seguridad de la zona metropolitana de Buenos Aires, entre la Nación, la Ciudad y la Provincia.

6. El desarrollo permanente de un Plan de Desarme de la ciudadanía y el refuerzo de todos los sistemas de control de la tenencia y portación de armas, así como medidas de control e investigación del mercado legal e ilegal de armas. La urgente reglamentación y control del mercado de la seguridad privada.

7. El fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia criminal, la generación de un sistema de información en coordinación con las provincias y a nivel regional. El rediseño de las facultades de la Secretaría de Inteligencia para que cumpla sus verdaderas funciones y no participe sin control en investigaciones judiciales.

8. El establecimiento de un cupo máximo de presos por cada unidad carcelaria, de modo que se pueda garantizar el nivel de vida intramuros que prevé la Constitución, se evite los efectos perniciosos de la sobrepoblación y se pueda reorganizar la administración penitenciaria para cumplir las finalidades de control y resocialización.

9. La reforma de todo el sistema de justicia penal juvenil, reconociendo los derechos constitucionales y garantías judiciales de los niños y jóvenes y generando las condiciones de especialización y cuidado que permite aumentar la eficacia de evitar la reincidencia en quienes recién comienzan su vida.

10. Abandonar la dispersión de la legislación penal, suspender toda reforma espasmódica y parcial y discutir con amplitud y profundidad un nuevo código penal para nuestro país que vuelva reunir todos los delitos y establezca reglas claras y comprensibles para toda la población.
Sin duda existen otros temas, pero estas iniciativas son las que nos permitirán dar un salto cualitativo en la política de seguridad, poner un rumbo definido que permita luego trabajar en el día a día, abandonar el debate insustancial y puramente emotivo, atacar las verdaderas causas de los problemas y dotar a nuestro sistema democrático de instrumentos modernos y eficientes para gestionar la conflictividad instalada en la sociedad sin caer en el abuso de poder que es una forma más grave y perniciosa de la violencia.

David Baigún (UBA–INECIP); Alberto Binder (INECIP-ILSED); Mercedes Depino (ILSED); Emilio García Méndez (Dip. Nac. /Fundación Sur); Darío Kosovsky (INECIP-ILSED); Claudio Lozano (Dip. Nac/ CTA / Centro de Estudios y Participación Comunal); Juan Pegoraro (P.E.C.O.S- IGG/UBA); orge Rivas (Partido Socialista); Margarita Stolbizer (UCR); Claudio Suarez (Ex Subsecretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires- ILSED-CEDEPI); Mabel Thwaites Rey (UBA)

Más información, comunicarse con Sidonie Porterie al (0221)155034303 o al ILSED, 4372-0180. Documento completo en www.ilsed.org

Populismo punitivo: el irracionalismo penal de hoy

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades judiciales, ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo punitivo.

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política basada en la toma de decisiones o generación de propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la manipulación de sus emociones, con el fin de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia su participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que sean. No obstante, ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo pragmática por la cual, la institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre del pueblo, categoría que es manipulada según las conveniencias del momento.

Históricamente, los gobiernos populistas no han logrado generar cambios reales en las estructuras que gobiernan, por el contrario, han sido igualmente útiles a las formas de dominación existentes y se han visto manchadas por la corrupción institucionalizada y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía. El populismo es fraudulento pues no puede cumplir lo que promete, sus propuestas son irreales y solo buscan complacer las emociones de la gente pero no satisfacer sus necesidades reales de una manera seria y coherente.

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para denominar aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de éste como respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos que dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos como ciudadanos (aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea divisoria simplista pero marcadamente autoritaria: o con nosotros (la gente “decente”, “honrada”) o con los delincuentes. Esta forma específica de populismo es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece.

Uno de los mayores ejemplos de populismo punitivo que hemos vivido fue la campaña de los planes “Mano dura” y “Súper mano dura” impulsados por el expresidente Flores y el Presidente Saca respectivamente: gran despliegue publicitario, capturas masivas, ley antimaras, militarización de la seguridad pública, exhibiciones del entonces Presidente Flores con las víctimas, campañas de odio y desprestigio contra los jueces y sectores críticos al plan ¿Todo esto para qué? Para obtener un aumento de los homicidios y una victoria electoral de su partido ¿Quién salió beneficiado? No cumplir, una vez electo, con lo que se promete, en nuestro caso, acabar con la fiesta de los “malacates”, es lo que podríamos denominar fraude postelectoral.

Luego de centrarse y reforzar el encierro como principal solución al problema de la inseguridad-cosa en la que se han esforzado notoriamente-, ahora el problema está en las cárceles. Ya no es solo el problema del hacinamiento, de la violencia interna y los motines penitenciarios. Se ha convertido al sistema penitenciario en una oficina privada del crimen organizado y coto de la corrupción más escalofriante.

¿Es esto racional? ¿estamos condenados a seguir en el mismo esquema represivo y propagandístico, pero ineficaz? Digo, como ciudadano, no puedo seguir confiando en un gobierno cuyo desatino y tozudez para abordar el tema de la inseguridad, solamente ha generado más daño ¿O es que mantenernos asustados les es útil para volver a ofrecernos soluciones salvadoras para que volvamos a votar por ellos, para que sigamos esclavizados a la seguridad privada, comprando armas para arriesgar nuestras vidas y alimentando ese comercio inhumano? Suena perverso, pero no creo que sea muy lejano de la realidad.

El populismo punitivo es una mentira, un fraude. Es inmoral e irresponsable en un tema donde su ligereza y superficialidad se paga con vidas humanas y con el dolor de las víctimas. Nadie tiene la solución mágica para la inseguridad, no es un problema que se resolverá de la noche a la mañana, y no obstante los esfuerzos, el delito siempre existirá en estas sociedades, solo podemos aspirar a llevarlo a un nivel “tolerable” y en eso hay que ser claros, quien ofrezca lo contrario, miente. El problema de la inseguridad hay que enfrentarlo con racionalidad y realismo, no con seudo pragmatismos, y con las armas del Estado democrático de derecho, a través de una política criminal consensuada democráticamente y aplicada sistemáticamente y con transparencia.

Hace algunos días, un columnista, en un matutino “criticaba a los que critican” -me doy por aludido- en materia de seguridad y los desafiaba a ir más allá de las críticas y del discurso de que “es un problema complejo” hacia la aportación de soluciones. No comparto totalmente esa opinión, pues la crítica no puede estar supeditada necesariamente a la propuesta (¿o es qué, si no tengo propuesta, mejor me callo y aguanto?) y eso me lleva al segundo punto: para proponer, responsablemente, es necesaria la existencia y disponibilidad de datos e indicadores precisos que permitan hablar con propiedad, cuestión particularmente difícil en nuestro medio donde la disponibilidad de información no es necesariamente la regla, pues la cuestión de la inseguridad no se limita al número de homicidios o las denuncias de extorsiones publicadas por los medios, un análisis más preciso necesitaría otros datos sobre victimización y capacidades institucionales, para solo mencionar algunos. Además, nadie esta en la posición ni en la capacidad de dar de manera especulativa e individualmente soluciones, sino que estas tienen que ser producto de una construcción colectiva entre funcionarios y ciudadanos con basamento en un rigor técnico y científico que permita dar respuestas coherentes con las problemáticas que se pretendan atacar. Un dato para el público: en El Salvador se han producido, desde diversos sectores no vinculados al Órgano Ejecutivo, al menos tres propuestas amplias y detalladas de política criminal que han sido presentadas ante el gobierno, pero que no han recibido la necesaria atención, sea por negligencia, sea por animadversión ideológica. El dato muestra dos cosas: uno, que a la par de un reclamo ciudadano por la seguridad, también existen propuestas concretas y dos, que ante tal nivel de indiferencia, mayor grado de presión, sea ésta, a través de la crítica.

Otro libro interesante para bajar en tu PC

Se trata del libro "El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de de la (in)seguridad ciudadana". El autor es German Rey y ha sido patrocinado por al Friedrich Eberth Stiftung y el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina.

El libro, es la publicación de un estudio realizado en nueve países de América Latina, incluído El Savador, en el cual se analiza la forma en cómo los medios de comuniación escritos manejan la información sobre la violencia y la inseguridad.

El libro se encuentra disponible en formato PDF en el siguiente link:

http://www.c3fes.net/docs/delitofinal.pdf

En la misma página (http://www.c3fes.net) pueden encontrar otros links interesantes cómo:

"Violencia y medios: seguridad pública, noticias y construcción del miedo"
Por: Marco Lara Klahr, Ernesto López Portillo Vargas.
Publicaciones libros de Insyde www.insyde.org.mx/publicaciones.php

"La comunicación como estrategia para orientar a la ciudadanía frente a la violencia y la criminalidad"
Por: Cecilia Dastres y Eva Muzzopappa
Publicado por: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile www.cesc.uchile.cl

Entrevista con Wacquant

“LA TOLERANCIA CERO ES MÁS CARA QUE UN PLAN SOCIAL”
(ENTREVISTA AL SOCIÓLOGO LOÏC WACQUANT SOBRE MISERIA, DELITO Y MARGINALIZACIÓN)
Leonardo Moledo - Página 12
Publicado el viernes 25 de mayo de 2001

Discípulo de Bourdieu, es investigador de la violencia urbana. Wacquant llegó a Buenos Aires a presentar su libro "Parias urbanos", donde desmenuza los procesos de marginalización en las grandes ciudades. En diálogo con Página/12 analizó ese proceso en la Argentina y por qué se termina por pedir un Estado penal. Loïc Wacquant es francés, pero está radicado en EE.UU. Es profesor de la Universidad de California-Berkeley.
El discurso de Loïc Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, investigador y profesor de la Universidad de California-Berkeley, está centrado en los procesos de marginalización urbana- y expresado en los dos libros que se conocen de él en castellano, Las cárceles de la miseria y Parias urbanos-, además de sus contribuciones en Le Monde Diplomatique.
Wacquant analiza miseria, delito y marginalización no como márgenes o regiones atrasadas de un sistema que progresa y se enriquece (como podría haberse analizado la pobreza a mediados del siglo XX durante el florecimiento del Estado de bienestar), sino como una producción social necesaria de esa sociedad que progresa, en la que todos los actores intervienen de manera activa. Consiguiendo, en fin, como respuesta, la constitución de un "Estado penal" y un discurso que criminaliza la miseria y la marginación, y cuya expresión nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias y el creciente reclamo de la "tolerancia cero".
Dentro de un enfoque relacional, Wacquant sostiene la insuficiencia de los análisis corrientes (y predominantes en la Argentina) que aritmetizan la miseria: "La línea de pobreza, que equipara la pobreza con los bajos ingresos, ignora y oscurece las dimensiones simbólicas, las características específicas de los procesos de marginación y la cadena de eventos y condiciones que conducen a los procesos de exclusión social". Amparado en los índices y su correlato simbólico (ghettos y villas miseria como zonas de peligro y territorios vedados), el Estado interviene no sólo para reprimir el delito sino para "borrar" (de la ciudad, de la vista) la presencia misma de la miseria, o con planes de asistencia -además de insuficientes- desarticulados, que al superponerse a la desarticulación misma del universo de lo marginal, de los parias urbanos", refuerza los mecanismos de la marginación avanzada. Que avanza más cuanto más avanza un sistema económico y social que cada vez progresa más y es más rico. Invitado a la Argentina para presentar su libro Parias urbanos, Loïc Wacquant mantuvo un diálogo con Página/12.

Evidentemente hubo un desplazamiento brutal del Estado de bienestar que intentaba paliar la miseria (entendida como falta de progreso) al Estado penal que la criminaliza.
Al mismo tiempo que se produce un desplazamiento brutal de todo el sistema económico y social. Y si esta política de la penalización de la miseria es adoptada es porque responde a un pedido social.
La "mano dura", la "tolerancia cero".
Pero lo interesante es que no sólo las clases privilegiadas quieren protegerse de la violencia sino también las clases pobres. Hay que hacer un análisis para comprender cómo las facciones más precarizadas de estas clases demandan políticas que les son esencialmente nefastas.
-Bueno, pero, ¿por qué?
Porque en el caso de los habitantes de las villas miseria, para quienes la inestabilidad de su existencia es un dato de todos los días, que intentan ver cómo hacer para llegar al otro día, el único pedido que pueden expresar es un pedido de orden inmediato. Porque se agregan al desorden los ladrones y los criminales. Esto se observa y es verdad en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y en Francia. Los más desamparados son los más propensos a pedir políticas autoritarias. Para ellos un ladrón que les saca, por poco que fuese, les está sacando mucho.
Pero también se podría pedir asistencia social.
Claro, pero ante la retirada del Estado, como al Estado no se le puede pedir hoy seguridad social, en su defecto se le pide la penalización de los ladrones, y si el Estado no lo hace, se hace por cuenta propia. Esta es una de las características paradójicas de los subproletarios: el miedo de caer aún más bajo, es el miedo a que el desorden les quite lo poco que tienen. Por eso se pide una policía represiva, sin ver que la represión es para hijos y vecinos. La clase superior mira esto como un espectáculo, como se mira una serie por televisión...
¿Cómo se explica en su análisis el aparente plan suicida neoliberal que reduce a los consumidores a la marginalidad y lleva a la eliminación del mercado?
No es tan suicida para las clases altas. Cuando se desregula la economía, se bajan los salarios y se baja la capacidad de consumo de la clase obrera, se entra en un ciclo de represión... Y se hace aceptar a las clases medias y obreras una reducción del nivel de vida en 30 o 40 por ciento menos que la generación anterior. Eso pasó en la Argentina con un deterioro de estas clases. Pues, ¿dónde está la diferencia?
Bueno, se la han apropiado las clases superiores, es absorbida por quienes detentan el capital económico. Es una transferencia colectiva de la riqueza hacia los más privilegiados. Todo el discurso neoliberal está dirigido a presentar esto como un hecho fatal, ineluctable, un hecho natural, como si se tratara de meteorología. Así como a veces llueve, es lógico que los ricos cada vez ganen más.
En el siglo XVI se produjo en Inglaterra un proceso de marginación masivo y en cierta forma parecido al que usted describe ahora. Progreso de la economía, alambrado de campos, crecimiento de la riqueza general y marginalización de enormes sectores que son lanzados a los caminos. ¿Son identificables estos dos procesos?
Son procesos parecidos. Entonces, como ahora, crecimiento y marginalización estaban y están ligados. El avance de los sectores tecnológicos, de la nueva economía de Internet y los nuevos servicios por un lado. La desproletarización de la clase obrera y la desocialización del asalariado de los servicios, por otro lado, conforman este proceso. Estamos viviendo un segundo gran proceso de transformación, como cuando la economía feudal fue destruida, se liberaron a los siervos que se convirtieron en vagabundos y no existía un mercado de trabajo capaz de retenerlos. Entonces, en toda Europa aumentó la miseria, la violencia. La gran diferencia es que en el siglo XVI la economía no era capaz de producir riquezas para todo el mundo. En el siglo XXI vivimos en economías extraordinariamente productivas. Con un trabajo igual se produce todavía más riqueza. Y se podría garantizar un ingreso mínimo para todos, cosa que no se podía hacer en el siglo XVI. La segunda diferencia es que tenemos un aparato administrativo y político para redistribuir la riqueza, que tampoco era el caso del siglo XVI. Tenemos las riquezas y la capacidad organizacional para redistribuirlas. Lo que ciertamente no tenemos es la voluntad política para hacerlo.
En los años '60 se publicó en Estados Unidos un libro llamado Los hombres de la esquina (The men at the corner), que de alguna manera revalorizó la posición de los desocupados y, hace poco, un nuevo estudio señalaba que los que comercian con drogas, por ejemplo, no sólo trabajan sino que ponen en juego calificaciones muy complejas. ¿Usted comparte esa línea de análisis?
Estoy totalmente de acuerdo. Cuando se dice que en el ghetto o en la villa miseria no hay trabajo, lo que se está diciendo en realidad es que no hay trabajo asalariado. Pero la verdad es que trabajo hay, y mucho.
La economía de la calle requiere mucho esfuerzo, mucha inversión. Muchos jóvenes que controlan el tráfico de drogas tienen las cualidades de los empresarios: desarrollan nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos circuitos de distribución, hacen marketing, con la violencia regulan los intercambios, compiten, conquistan nuevos mercados, contratan personal y forman gente para el trabajo.
Es decir, ponen en juego las mismas capacidades que el discurso económico vigente exalta:competencia, mercado, eficiencia.
Y no sólo eso. En los grandes ghettos de los Estados Unidos -en las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit-, si no existiera esta economía paralela, las condiciones de vida serían peores. Esta economía genera ingresos, empleo. Hay que hacerse la pregunta de por qué estos jóvenes emprendedores dedican sus esfuerzos a esta economía informal.
Bueno, seguramente no tienen mucha posibilidad de elegir.
Sí. Sucede que ya desde la escuela se sabe que los jóvenes de estos barrios no tendrán ninguna posibilidad de obtener empleos valorizados. Del otro lado, está la desocialización del asalariado. Pero es importante decir que, en la Argentina, la gente de las villas miseria trabaja. Es muy difícil sobrevivir todos los días y crear una economía allí donde no hay economía. Simplemente, no trabajan en sectores formales.
Usted sostiene que la marginalización avanzada y los parias urbanos ni siquiera tienen un lenguaje a través del cual expresarse.
Me refiero a que no tienen lenguaje en el espacio político, académico, donde no existen categorías para designarlos colectivamente. Yo mismo utilizo un término negativo, "parias urbanos", que designa por exclusión. Si hacemos una enumeración, lo veremos con claridad: "sin techo", "sin trabajo", "extranjeros ilegales", "gente sin educación", "encarcelados". Es un conjunto heterogéneo definido negativamente. No existen categorías como históricamente "la clase obrera", que era una categoría homogénea que designa una relación común (fuerza de trabajo y venta de esa fuerza), definida positivamente y todo lo que entra en esta categoría participa de una misma relación social. Sin embargo, ahora los habitantes de estos barrios relegados conforman una categoría heterogénea, fragmentada.
No como cuando la clase trabajadora se definía a sí misma como tal.
Hace treinta años se podía decir "los trabajadores" para designar a la mayoría de los barrios pobres. Ahora se los designa como "habitantes de los barrios pobres", por un territorio, un lugar de residencia, que sólo es un receptáculo de las diferentes relaciones sociales. Entonces, se puede decir que los "parias urbanos" desarrollan un lenguaje propio, pero no existe un lenguaje sociológico que los designe y los unifique.
¿Y entonces?
Hay que reinventar la categoría de trabajador, porque cuando emergió lo hizo como producto de un trabajo político de fabricación y difusión de la categoría, para que los asalariados se pudieran reconocer en esta categoría. Las categorías por las cuales la gente se reconoce son un trabajo simbólico y político. No emergen espontáneamente de la posición social. Hoy no hay nadie que haga ese trabajo de unificación política.
El dilema es unificar esta categoría de los "sin", tratando de no separarlos de los asalariados y sus organizaciones.
Hay un tema interesante y es el de la lógica de la situación. Quien va a asaltar un quiosco, actúa racionalmente.
Claro, no va a dejarse morir de hambre.
Y además, como su propia vida no vale nada, tampoco valora la vida del que está enfrente de él. Pero resulta que quien es agredido también actúa lógicamente al defenderse. ¿Cómo se puede cerrar esa contradicción?
Cuando el crimen le llega a uno, uno reacciona como cualquiera. Cualesquiera sean las determinaciones del crimen, es una violencia y uno reacciona ante esa violencia, aunque pueda comprender las motivaciones que llevan a quien uno tiene delante. Yo creo que no hay contradicción entre querer que la policía detenga a quien me ataca violentamente y saber que hay determinaciones sociales que explican por qué esa persona actúa así.
Bueno, ¿y entonces? Porque es esa lógica de la situación la que inclina a mucha gente a pedir ya sea "mano dura", ya sea tolerancia cero.
Tal vez, pero si en la reforma del Estado que propone Cavallo hubiera una parte destinada a profesionalizar la policía, a que la policía devenga una burocracia racional (en el sentido de Max Weber) y profesional, como la de los países como Francia y los Estados Unidos...
Pero usted critica a la policía de Francia o la de Estados Unidos.
Sí, cuando es brutal. Pero sostengo la necesidad de profesionalizar la policía, tener una policía que no sea brutal, una policía que respete la ley y los derechos humanos, y no una policía que encarcele y persiga a los que pintan graffiti, que cuando intervenga, respete la ley... Yo sé que no es probable, pero que es posible.
¿Y cómo se hace?
Uno podría servirse de la misma lógica neoliberal para volverla contra ella misma. Se podría usar la lógica contable: ¿hay que reducir los gastos del Estado? Bien. Se puede aplicar esa misma lógica para decir: ustedes quieren la tolerancia cero, pero la tolerancia cero es carísima; hay que construir prisiones, pagar jueces, encarar la miseria por medio del aparato represivo y penal. Es muchísimo más caro que encararla a través de un programa social o un programa de empleo. ¿Quieren tolerancia cero? Bueno, aplíquenla a la propia policía, a la violencia policial, apliquen la tolerancia cero a lo que ocurre adentro de las prisiones, apliquen la tolerancia cero a los crímenes económicos y fiscales.
No parece fácil.
No quiero decir que sea fácil y ni siquiera quiero decir que sea probable, pero pienso que es el único medio que tenemos: es como el que practica yudo y se vale de la fuerza del adversario y responde con la fuerza del adversario. Hay que hacer una especie de yudo político.
Sí, pero el yudo deja de servir cuando el adversario tiene un revólver.
Sí, ya lo sé.
Y ahí viene un poco el punto. Los planteos que usted hace involucran a la totalidad del sistema de relaciones del sistema neoliberal. Ahora bien, siempre hay un momento en el que, para decirlo de una manera más clásica, el análisis radical muestra la imposibilidad de mejorar las cosas y exige una revolución. ¿Su análisis llega hasta ese punto?
Yo creo que conseguir una policía que actúe dentro de la ley, que se convierta en una burocracia racional y se profesionalice, sería una verdadera revolución.