8 de agosto de 2006

Reformas a Ley Penal Juvenil reprimen, no reeducan


Esta nota ha sido tomada del periódico CoLatino, 080806. Doris Luz Rivas Galindo es Magistrada presidente de la Cámara de Menores de San Salvador. Además, es presidente del Foro de Jueces Democráticos y profesora universitaria de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos.

Foto: Wilfredo Lara

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

De “inconsulto y mediático”, calificó la Magistrada de la Cámara de Menores, Doris Luz Rivas Galindo, las reformas a la Ley Penal Juvenil, que según su análisis, indica mayor “represión” y menos trabajo para prevenir que la niñez y juventud en riesgo, en el país, cometan su primer delito. En su reflexión, la Magistrada Rivas Galindo recalcó que mientras “todos los actores sociales del Estado no interioricen la problemática de estos niños y jóvenes, y no se involucren de forma directa a su rescate, difícilmente se podrá resolver la violencia y delincuencia”, explicó.
La jurista agregó que la apuesta debe estar en la prevención del delito, y en dar oportunidades reales a los que han delinquido, para su reinserción.“Recordemos que cuando ellos han cometido un delito, ha sido porque como sociedad hemos fallado, al no brindar seguridad familiar, salud, y educación que son derechos inherentes desde que nacen” opinó.

Diario Co Latino: ¿Cómo se define el estado de la niñez y juventud en riesgo?
La infancia la podemos visualizar en un sólo contexto de jóvenes en El Salvador, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad severa.
El Estado salvadoreño, dio un gran paso formal al ratificar como leyes nacionales la Convención de los Derechos del Niño, de la ONU, al fundar el ISNA, al aprobar una ley Penal Juvenil y crear dos instancias para la protección de los mismos.
¿Cuáles son?
Uno es el sistema de protección social, que pretende atender mediante políticas nacionales multidisciplinarias, a los niños, niñas y jóvenes en riesgo o en vulnerabilidad. Aunque, sólo vemos documentos, sin ningún respaldo en la acción de políticas serias y responsables para disminuir, la problemática.

¿Quiénes entran en ese sistema de protección social?
Ubicamos a los niños de los 0 a los 18 años, que son sujetos de derecho, son personas que requieren atención en rubros importantísimos como salud, educación, políticas de familia.Encontramos a otro sector que catalogamos como niños vulnerados en sus derechos, ahí encontramos a los niños de la calle y los niños en la calle.

¿Cuál es la diferencia?
Los niños “en la calle” se entretienen o trabajan pero, tienen hogar, mientras los niños “de la calle” sobreviven en ella, realizan su vida allí, están abandonados por sus padres o adultos a cargo de su cuido, donde pueden ser víctimas de otros.Aquí están los niños huelepega, los mendigos, los que viven entre cartones bajo los puentes y se alimentan de la basura o desperdicios.

¿El sistema de protección social se queda corto?
Cuando el niño, niña o jóvenes ingresan al sistema de justicia penal juvenil, por cometer su primer delito o falta, esta claro, que los adultos les fallamos antes, hemos violados sus derechos inherentes al nacer. Falta mucho por cubrir de este fenómeno y sin políticas públicas efectivas difícilmente se podrá combatir parte de la delincuencia y violencia que vivimos, y que parece se les fue de las manos a las autoridades.

¿Mal diseño de políticas públicas?
Falta de conocimiento del tema de la niñez, de la Convención de los Derechos del Niño, que en sus artículos insta a formular leyes alterativas (generen cambios), y eso pasa por no invisibilizar a los niños, niñas y jóvenes. A buscar alternativas de reinserción en la sociedad, la convención de la ONU pretende que estas leyes alterativas generen un cambio del entorno social, que todos participemos. No podemos saber del niño hasta que delinquió, tenemos que tomar conciencia y provocar cambios. Hay un ejemplo triste, una beca de estudios se la entregan a un niño que ya cometió su primer delito, pero no hay para los que están en riesgo, entonces, ¿Qué estamos haciendo? premiamos al que cometió un error. Esa sería la lectura.

¿Es difícil adaptar las leyes internacionales al país, y de ahí, los movimientos tímidos para abordar el tema infantil?
Aquí esgrimen el argumento que no es Suiza, y le puedo decir, después de haberme informado muy bien de esa sociedad, ellos sí están bien organizados y creo que es un problema que ni lo tienen, o no lo abordan así.Las autoridades del país, en lugar de compararse con las acciones de otros países, deberían comprometerse y tener voluntad política para darles a esos niños una respuesta integral.Recordemos como la tutela del ISNA se la querían dar al Ministerio de Educación y luego, el Ministerio de Gobernación, eso constata que no tienen clara la política de infancia.

¿Y las reformas recién aprobadas?
Son respuestas mediáticas, inconsultas y las aplican sin una investigación previa o cifras del fenómeno.
Las reformas que son 16 para el sistema penal juvenil y 1 en la ejecución de medidas, tienen visión de represión, que lejos de ayudarlos a recuperar un entorno familiar estable, le generará aislamiento y confinamientos largos.Antes se aislaba al interno, hasta 10 días por una infracción dentro del centro de readaptación y ahora, es un mes, y al extender a más de 10 años las penas, están condenando a los jóvenes a pasar toda su vida tras las rejas, como una venganza, donde tiramos la llave y que Dios los socorra, esa no es una política gubernamental.

Y dentro de los centros de readaptación, ¿Cuáles son las condiciones y el presupuesto que tienen para desarrollar el trabajo?
Cifras de ese presupuesto no tengo conocimiento, pero se que se redujo tanto la última vez, que en el ISNA la atención médica quedó sin un doctor de planta y sólo una enfermera creo, atendía a todos, eso no puede ser.
No miento, los niños y niñas en el ISNA hasta se enferman del estómago el 1 de octubre, cuando es el día del niño, porque algunas instancias gubernamentales se presentan para regalarles comida y es el único día que llegan, y ¿qué pasa con los 364 restantes?. No podemos atender a la niñez y juventud con asistencialismo, necesitamos generar un cambio para que no regrese al sistema.

¿Se debe reformular el programa de readaptación?
Se debe hacer un estudio, porque no hay datos, programas, de por qué fracasó el sistema y para romper con el código de las pandillas. Aquí, en lugar de incrementar las penas a los jóvenes que participan en el crimen organizado, porque no gravar con más años a los adultos que los corrompen, esa sería una muy buena medida, no podemos crear leyes que se adapten a la corrupción o impunidad del sistema, se deben generar leyes alterativas, todos los actores sociales se deben apropiar del tema de la niñez.
Sabemos que hay esfuerzos pero, ante este fenómeno se ven aislados y débiles, no hay contundencia.
Entre las nuevas reformas se contempla la terapia y estudio para los jóvenes internos.
Aquí el 90% de los niños que ingresaron al sistema, es por problemas de drogas, o sea, todos esos niños y jóvenes necesitan terapia para poder rescatarlos, porque si se encierran sólo dilatan el momento de la recaída que tendrán al salir, de no tener un tratamiento.
Las nuevas reformas hablan también de disciplina y cívica dada por la PNC, y eso es ilógico que tienen que ver ellos, con cultura cívica y educación para estos jóvenes, tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario. Si hay muchos adultos en la calle que cometen una serie de infracciones y lo consideran “ciudadano normal”, no se puede seguir fomentando una sociedad con doble moral.
Sobre la violencia y la participación de los jóvenes varones, en ella ¿Qué opina?
Este tema es preocupante, no se aborda con la seriedad que amerita y parece que se desborda de forma desmedida, y no se tienen cifras. Un ejemplo muy claro fue el arresto masivo de la Iglesia de Ilopango, encontraron 3 muchachos vinculados a pandillas, pero se llevaron a 197 que eran inocentes, la PNC, no puede trabajar violando los derechos humanos de los jóvenes y niños.

¿Y la Fiscalía General de la República, qué papel realiza?
La Fiscalía no puede permitir este tipo de abuso, crea impunidad. Es como justificar la muerte de un joven porque está vinculado con una pandilla y no se investiga, ninguna muerte se justifica.Este es un tema que ni los medios de comunicación se han interesado en desarrollar, ¿quién esta detrás de estos asesinatos de jóvenes? Este ambiente podría permitir hasta ejecuciones sumarias, de grupos paralelos de exerminio y eso si preocupa, las reformas no podrán frenar este fenómeno, sino hay un fundamento integral de fondo.
¿Y el sistema judicial, que ha sido cuestionado por el Ejecutivo?
A los jueces parece que han querido amedrentarlos y quitarles su independencia en sus fallos y eso es grave, porque viola la constitución de la república.
Porque la garantía para el ciudadano de recibir pronta y cumplida justicia, parte de la independencia y conocimiento del juez, que toque su caso, o sea, estamos violando el derecho al ciudadano de tener acceso a la justicia de forma imparcial.