Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigación criminal
RESUMEN EJECUTIVO
La realización del estudio sobre la relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigación criminal tenía como objetivo poder conocer, desde las opiniones y experiencias de los operadores del sector investigación criminal, tanto policiales como fiscales, las prácticas y condiciones en las que se desarrolla dicha actividad cotidianamente.
El estudio se deriva de una hipótesis más general sobre los procesos de reforma policial y judicial según la cual los resultados o efectividad de la investigación criminal en El Salvador estaban directamente relacionados con el desarrollo de procesos institucionales y no necesariamente con dificultades de tipo normativo-procesal.
La elección del objeto de investigación se realizó debido al convencimiento de que la investigación criminal es un pilar para el desarrollo de los procesos penales y en general, para la aplicación de la justicia penal. El resultado final de un proceso penal depende, en buena medida, de la calidad y consistencia de la investigación de los hechos.
La relación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el cuerpo de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) constituyen un binomio fundamental: el eje del sistema de investigación criminal actual en el país, en consecuencia, los mayormente responsables del éxito o fracaso de éste.
Un tema de gran importancia para el abordaje de la cuestión de la investigación criminal tiene que ver con un aspecto más amplio como el marco de la política de persecución penal en la que se enmarca. Tal como se propone, la política de persecución penal es la que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República en tanto ésta decide qué, cómo y cuando perseguir, es decir, en buena medida, configura los alcances e impactos de la aplicación de la ley.
El estudio enfatiza permanentemente la necesidad de abordar la política de persecución penal como una política pública basada en demandas sociales y técnicamente fundamentada sobre bases de información útil y que asimismo, este regida por criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia y legalidad, que sirva como un instrumento eficiente de gestión de la conflictividad conocida por el sistema penal.
Aunque el documento reconoce que el impacto de la investigación criminal es limitado a una pequeña proporción de hechos delictivos conocidos por las instituciones y contabilizados en cifras oficiales, se sostiene que una política de persecución penal racional y eficiente con un sector de investigación criminal con iguales características puede ser una herramienta útil que contribuyan a la mejora de la seguridad pública.
En el capitulo 3 se aborda el marco histórico. Para comprender el estado actual de esta relación es necesario conocer la evolución histórica, institucional y normativa de las instituciones involucradas. El estudio da cuenta del impacto del proceso de reforma policial y judicial generado o impulsado por los Acuerdos de Paz, sus matices políticos y sus consecuencias actuales. Se destaca la predominancia de criterios e intereses políticos en la conformación de instancias de investigación criminal en el proceso de gestación de la PNC y la ausencia de una visión estratégica para el desarrollo de ésta. En lo relativo a la Fiscalía General de la República indica una lenta evolución del desarrollo de su nuevo rol institucional generado por las reformas constitucionales y de la legislación penal.
En el capítulo 5, esta dedicado a los datos más recientes sobre el estado de la investigación criminal y las relaciones entre la Policía y la Fiscalía, a partir de las visiones de los operadores del sector investigación criminal.
El documento enfatiza el hecho de que existen divergencias o incongruencias de cobertura respecto de las demandas ciudadanas tal como se muestra en el dato que departamentos como Chalatenango, con mayor impacto de homicidios, muestra la tasa de fiscales dedicados a este rubro más baja del resto de departamentos. Paradójicamente, Morazán, con la tasa más baja de homicidios, cuenta con la segunda tasa mas alta de fiscales de delitos contra la vida del país. Las discordancias entre distribución de recursos humanos y demandas sociales, indican, en alguna medida, una debilidad de la gestión institucional en la elaboración y ejecución de políticas públicas.
Un dato que se obtuvo es que existe, en términos generales, una significativa distancia y falta de coordinación entre la Fiscalía y la Policía, o al menos, la ausencia de un mecanismo institucionalizado establecido, permanente y sistemático de comunicación y entendimientos para el establecimiento de objetivos, prioridades y apoyos mutuos en todos los niveles. No obstante, ésta primera afirmación tiene sus excepciones, pues algunas oficinas de la Fiscalía mantienen contacto con las regionales de investigación de la PNC, pero no es generalizado. Las unidades especializadas en crimen organizado y narcotráfico de ambas instituciones, mantienen una lógica de trabajo y comunicación permanente, que contribuye en alguna medida, a la obtención de mejores resultados.
Mayoritariamente, las relaciones existentes entre fiscales y policías siguen siendo distantes, los contactos entre ambos operadores siguen siendo esencialmente por escrito o vía telefónica. En ambos casos el contacto es incidental y sin periodicidad. El contacto personal entre los mismos es excepcional y para el solo efecto de actualizarse sobre el estado de la investigación o solventar cuestiones incidentales. En este contexto de distancias institucionales o falta de acuerdos fundamentales, una consecuencia que se deriva de ello es la existencia de criterios divergentes de actuación, con estándares de éxito o fracaso no compartidos.
En ámbito de la dotación y equipamiento de recursos materiales o asistencia de recurso técnico se constató una distancia comparativa entre las unidades de investigación criminal de la delincuencia común respecto de las unidades o divisiones elites dedicadas a temas de crimen organizado (principalmente secuestro) o narcotráfico. Las primeras enfrentan serios problemas de saturación y sobredemanda, infradotación de recursos materiales como transporte y equipo de oficina, así como también experimentan problemas de burocracia en el acceso a fuentes de información, lentitud en el traslado de información requerida, ausencia de capacitaciones o actualizaciones y apoyos técnicos administrativos que les ayuden a agilizar su trabajo. Todas estas dificultades tienen un impacto negativo en el marco de los procesos penales, contribuyendo a la presentación de casos débiles. Según datos de la FGR, en el año 2004, solamente un equivalente al 7.4% de los homicidios registrados ese año, obtuvieron sentencia condenatoria en un proceso penal.
Ante el panorama anterior, las unidades y divisiones elites gozan de acceso privilegiado a información, no enfrentan una demanda permanente y elevada como sus otros colegas, existe cooperación del sector privado hacia esta área, cuentan con infraestructura y equipo suficiente, sistemas de análisis de información propios, financiamiento preferencial y un gran respaldo político, lo que en conjunto son factores fundamentales de la efectividad de éstas y que se traduce de manera inversa para las áreas de delincuencia común que afecta más ampliamente a la población del país.
El estudio concluye que la ausencia de una política de persecución penal y de investigación criminal, pensadas estratégicamente de cara a objetivos prioritarios, que organice los recursos estatales de la persecución penal y la investigación criminal en torno de objetivos y metas comunes es una muestra de debilidad institucional en este sector.
Datos de la Obra: Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005. 83 Pags.
El estudio se deriva de una hipótesis más general sobre los procesos de reforma policial y judicial según la cual los resultados o efectividad de la investigación criminal en El Salvador estaban directamente relacionados con el desarrollo de procesos institucionales y no necesariamente con dificultades de tipo normativo-procesal.
La elección del objeto de investigación se realizó debido al convencimiento de que la investigación criminal es un pilar para el desarrollo de los procesos penales y en general, para la aplicación de la justicia penal. El resultado final de un proceso penal depende, en buena medida, de la calidad y consistencia de la investigación de los hechos.
La relación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el cuerpo de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) constituyen un binomio fundamental: el eje del sistema de investigación criminal actual en el país, en consecuencia, los mayormente responsables del éxito o fracaso de éste.
Un tema de gran importancia para el abordaje de la cuestión de la investigación criminal tiene que ver con un aspecto más amplio como el marco de la política de persecución penal en la que se enmarca. Tal como se propone, la política de persecución penal es la que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República en tanto ésta decide qué, cómo y cuando perseguir, es decir, en buena medida, configura los alcances e impactos de la aplicación de la ley.
El estudio enfatiza permanentemente la necesidad de abordar la política de persecución penal como una política pública basada en demandas sociales y técnicamente fundamentada sobre bases de información útil y que asimismo, este regida por criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia y legalidad, que sirva como un instrumento eficiente de gestión de la conflictividad conocida por el sistema penal.
Aunque el documento reconoce que el impacto de la investigación criminal es limitado a una pequeña proporción de hechos delictivos conocidos por las instituciones y contabilizados en cifras oficiales, se sostiene que una política de persecución penal racional y eficiente con un sector de investigación criminal con iguales características puede ser una herramienta útil que contribuyan a la mejora de la seguridad pública.
En el capitulo 3 se aborda el marco histórico. Para comprender el estado actual de esta relación es necesario conocer la evolución histórica, institucional y normativa de las instituciones involucradas. El estudio da cuenta del impacto del proceso de reforma policial y judicial generado o impulsado por los Acuerdos de Paz, sus matices políticos y sus consecuencias actuales. Se destaca la predominancia de criterios e intereses políticos en la conformación de instancias de investigación criminal en el proceso de gestación de la PNC y la ausencia de una visión estratégica para el desarrollo de ésta. En lo relativo a la Fiscalía General de la República indica una lenta evolución del desarrollo de su nuevo rol institucional generado por las reformas constitucionales y de la legislación penal.
En el capítulo 5, esta dedicado a los datos más recientes sobre el estado de la investigación criminal y las relaciones entre la Policía y la Fiscalía, a partir de las visiones de los operadores del sector investigación criminal.
El documento enfatiza el hecho de que existen divergencias o incongruencias de cobertura respecto de las demandas ciudadanas tal como se muestra en el dato que departamentos como Chalatenango, con mayor impacto de homicidios, muestra la tasa de fiscales dedicados a este rubro más baja del resto de departamentos. Paradójicamente, Morazán, con la tasa más baja de homicidios, cuenta con la segunda tasa mas alta de fiscales de delitos contra la vida del país. Las discordancias entre distribución de recursos humanos y demandas sociales, indican, en alguna medida, una debilidad de la gestión institucional en la elaboración y ejecución de políticas públicas.
Un dato que se obtuvo es que existe, en términos generales, una significativa distancia y falta de coordinación entre la Fiscalía y la Policía, o al menos, la ausencia de un mecanismo institucionalizado establecido, permanente y sistemático de comunicación y entendimientos para el establecimiento de objetivos, prioridades y apoyos mutuos en todos los niveles. No obstante, ésta primera afirmación tiene sus excepciones, pues algunas oficinas de la Fiscalía mantienen contacto con las regionales de investigación de la PNC, pero no es generalizado. Las unidades especializadas en crimen organizado y narcotráfico de ambas instituciones, mantienen una lógica de trabajo y comunicación permanente, que contribuye en alguna medida, a la obtención de mejores resultados.
Mayoritariamente, las relaciones existentes entre fiscales y policías siguen siendo distantes, los contactos entre ambos operadores siguen siendo esencialmente por escrito o vía telefónica. En ambos casos el contacto es incidental y sin periodicidad. El contacto personal entre los mismos es excepcional y para el solo efecto de actualizarse sobre el estado de la investigación o solventar cuestiones incidentales. En este contexto de distancias institucionales o falta de acuerdos fundamentales, una consecuencia que se deriva de ello es la existencia de criterios divergentes de actuación, con estándares de éxito o fracaso no compartidos.
En ámbito de la dotación y equipamiento de recursos materiales o asistencia de recurso técnico se constató una distancia comparativa entre las unidades de investigación criminal de la delincuencia común respecto de las unidades o divisiones elites dedicadas a temas de crimen organizado (principalmente secuestro) o narcotráfico. Las primeras enfrentan serios problemas de saturación y sobredemanda, infradotación de recursos materiales como transporte y equipo de oficina, así como también experimentan problemas de burocracia en el acceso a fuentes de información, lentitud en el traslado de información requerida, ausencia de capacitaciones o actualizaciones y apoyos técnicos administrativos que les ayuden a agilizar su trabajo. Todas estas dificultades tienen un impacto negativo en el marco de los procesos penales, contribuyendo a la presentación de casos débiles. Según datos de la FGR, en el año 2004, solamente un equivalente al 7.4% de los homicidios registrados ese año, obtuvieron sentencia condenatoria en un proceso penal.
Ante el panorama anterior, las unidades y divisiones elites gozan de acceso privilegiado a información, no enfrentan una demanda permanente y elevada como sus otros colegas, existe cooperación del sector privado hacia esta área, cuentan con infraestructura y equipo suficiente, sistemas de análisis de información propios, financiamiento preferencial y un gran respaldo político, lo que en conjunto son factores fundamentales de la efectividad de éstas y que se traduce de manera inversa para las áreas de delincuencia común que afecta más ampliamente a la población del país.
El estudio concluye que la ausencia de una política de persecución penal y de investigación criminal, pensadas estratégicamente de cara a objetivos prioritarios, que organice los recursos estatales de la persecución penal y la investigación criminal en torno de objetivos y metas comunes es una muestra de debilidad institucional en este sector.
Datos de la Obra: Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005. 83 Pags.
No hay comentarios:
Publicar un comentario