Informe Estado de la Seguridad Pública y la Justicia Penal en El Salvador. Enero-agosto 2005
RESUMEN EJECUTIVO
FESPAD presenta su séptimo informe sobre el estado de la seguridad pública y la justicia penal en El Salvador, correspondiente al período enero-agosto de 2005.
El informe evalúa cuál es la situación actual de tópicos tales como los niveles de criminalidad y las principales respuestas gubernamentales a este fenómeno en un contexto que arroja números de 52 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra que duplica la media latinoamericana, de por sí, elevado, y un promedio de hasta 14 muertes diarias en el país. Aunque el informe reconoce lo infundado de la supuesta “alza” de homicidios, que es debida más a debilidades estadísticas de las fuentes que a un incremento real, se señala que los niveles de impacto del homicidio son sumamente graves y no son una novedad del año 2005, sino que viene dado ya desde 2003, a lo que se suma el incremento de algunas figuras violentas como el robo de vehículos.
En cuanto a las estrategias de mano dura aplicadas en los últimos dos años, se muestra su efímero resultado que refleja en una aparente reducción de delitos en el 2003, pero dicha situación es rápidamente revertida en 2004. El informe concluye que las estrategias de mano dura no han tenido un impacto real en la situación de la delincuencia en el país y que los años previos a la aplicación de estas metodologías mostraban tendencias más orientadas al decremento de delitos registrados.
Se valoran positivamente la existencia de iniciativas de prevención y reinserción en el discurso oficial, que reconocen la necesidad de intervenir en el problema de la violencia desde otros factores y variables diferentes a la represión, sin embargo, pese a las buenas intenciones de los planes Mano Amiga y Mano Extendida, éstos no tienen el mismo perfil y publicidad que las acciones represivas en cuanto a su dimensión e impulso político, además, no muestran una idea clara sobre qué es prevención o qué es reinserción, sino que más bien, parecen un conjunto de iniciativas orientadas da dichos fines, pero sin una visión conceptual y funcional unificadora.
No obstante lo anterior, se valora muy positivamente las iniciativas de generación de un modelo de prevención local con participación ciudadana que impulsa la PNC en diferentes municipios de El Salvador, mediante la cual, se integran los liderazgos locales, la municipalidad y las representaciones del gobierno central en procesos comunes de trabajo para disminuir los focos de violencia y delincuencia del lugar.
Asimismo, en el informe se examina el funcionamiento e iniciativas de trabajo de las instituciones que conforma el sistema de seguridad pública: Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. También se estudia y evalúa el trabajo hecho en el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Una de las debilidades que el informe recopila es la relativa a al gobierno de la seguridad pública donde no se denota un ejercicio de funcionamiento articulado de las instituciones del sector, bajo el mando de un responsable político claro -que debe ser el ministro de Gobernación-, y por otro lado, existen débiles ejercicios de diseños de políticas públicas para el sector.
En el ámbito de la Policía Nacional Civil, el informe muestra como la situación de insatisfacción laboral de los policías, la violación de sus derechos y el clima de violencia del país son alicientes que promueven la fuga de personal, lo que ha llevado a la PNC a enfrentar un serio déficit en cuanto a la plantilla institucional necesaria para cubrir las demandas del servicio estimada en 23 mil miembros, frente a las cuales, las respuestas gubernamentales son sacar al ejército o recontratar expolicías, pero no, fortalecer el carácter profesional de los policías mediante una dignificación de su función.
Una situación extraordinaria que es abordada por el informe es la existencia de denuncias relativas a la injerencia de credos religiosos en el ámbito de la gestión interna de la PNC. Según dichas denuncias, existirían casos discriminación en situaciones en las que un traslado o algún beneficio laboral estarían afectados por el credo o filiación religiosa del aspirante y del jefe decisor.
Otro aspecto importante que destaca el informe el la creciente afectación de las políticas de seguridad de El Salvador y los países centroamericanos a la política de seguridad del gobierno de los Estados Unidos y su visión de seguridad hemisférica, la cual, implica riesgos de involución en los sistemas de seguridad de nuestros países en tanto, se coloca en contracorriente de los esquemas generados por las transiciones políticas de las subregión como por el Tratado Marco de Seguridad Democrática , que establecen una clara separación entre las tareas de seguridad publica, responsabilidad de los cuerpos de policía, respecto de las tareas de defensa nacional o seguridad exterior, encargada a los ejércitos. En la actualidad se percibe una fuerte tendencia a reactivar el papel de los ejércitos en el ámbito de la seguridad interna.
En el capitulo II que trata sobre el uso de la fuerza por y en contra de agentes de seguridad pública como punto destacable se mencionan los delitos graves, cometidos por agentes de seguridad pública, especialmente aquellos casos donde tanto las víctimas como los victimarios son también agentes de la policía. En este período se registraron dos casos donde agentes en estado de ebriedad asesinaron y lesionaron a sus compañeros. Los hechos pusieron al descubierto la debilidad de control al interior de la Policía Nacional Civil, así como también la falta de filtros de ingreso en la corporación policial.
En lo relativo a la justicia penal, se da cuenta del debate sobre la reelección o elección del Fiscal General de la República, donde FESPAD brinda sus consideraciones sobre los últimos seis años de gestión de la FGR, en donde no se ha visto un esfuerzo por construir una política de persecución del Estado racional y basada en las demandas de la realidad, y en consecuencia, la necesidad de realizar un proceso transparente y participativo de elección del nuevo titular.
También en el ámbito de la justicia penal, se da cuenta del estancamiento que en la Corte Suprema de Justicia sufren múltiples acciones de inconstitucional interpuestas en contra de diversas reformas realizadas a los Códigos Penal y Procesal Penal, así como a la Ley Penitenciaria, los cuales distorsionan el modelo original y la orientación de tipo acusatoria de la nueva legislación y que afectan sensiblemente diversos derechos y libertades de los ciudadanos.
En el ámbito penitenciario, se analizan datos estadísticos sobre su composición, distribución y hacinamiento y su tendencia al crecimiento. Para el mes de agosto 2005, se registraban 12, 494 personas adultas privadas de libertad, lo que establecía una tasa de 182 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 2 puntos respecto de 2004, el 69% se encontraba condenado y el 31% en proceso. La capacidad instalada de los centros penales en el nivel nacional se encontraba superada en casi un 70%, aunque esta situación es más graves en algunos centros penales como el de Quezaltepeque que registraba un hacinamiento de 270%.
En cuanto a la política penitenciaría actual, la cual, sostiene el informe, se ha convertido en una extensión de la política de seguridad del gobierno, que como resultado arroja un agravamiento de las condiciones nugatorias de derechos de internos y sus familiares en el sistema penitenciario que se refleja en el incremento de la conflictividad interna en los centros penales y en los crecientes reclamos y protestas de los familiares de las personas privadas de libertad.
Se revisa de manera muy crítica el funcionamiento del Órgano Judicial, desde la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura por medio de un proceso de eleccionario del gremio de abogados plagado de irregularidades y transacciones políticas en el seno de la Asamblea Legislativa, pasando por el nombramiento directo de jueces por parte de la CSJ sin previa consulta a las ternas del CNJ como lo establece la Constitución, así como también, el debate sobre el recorte de las funciones de la Sección de Probidad en la investigación del enriquecimiento ilícito y la actual inacción y pasividad de la CSJ frente a los casos de enriquecimiento ilícito que conoce. El informe cuestiona ¿qué se puede esperar de un sistema de justicia que evade o burla las mismas reglas que debe aplicar?
Finalmente, se agrega un breve documento de seguimiento periodístico de casos de posibles ejecuciones sumarias, extrajudiciales o extralegales, posiblemente ejecutadas por grupos de exterminio, en el cual se registran 96 casos en el período estudiado por el informe, colocándose por encima de la media de años anteriores registrados por FESPAD. Estas muertes afectan especialmente a víctimas jóvenes entre los 16 y los 25 años y a los hombres. Sin embargo, la cifra de mujeres asesinadas en estas circunstancias, es del 35% de los casos, lo cual es más del triple de la media global de mujeres muertas en el país respecto de los hombres.
RESUMEN EJECUTIVO
FESPAD presenta su séptimo informe sobre el estado de la seguridad pública y la justicia penal en El Salvador, correspondiente al período enero-agosto de 2005.
El informe evalúa cuál es la situación actual de tópicos tales como los niveles de criminalidad y las principales respuestas gubernamentales a este fenómeno en un contexto que arroja números de 52 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra que duplica la media latinoamericana, de por sí, elevado, y un promedio de hasta 14 muertes diarias en el país. Aunque el informe reconoce lo infundado de la supuesta “alza” de homicidios, que es debida más a debilidades estadísticas de las fuentes que a un incremento real, se señala que los niveles de impacto del homicidio son sumamente graves y no son una novedad del año 2005, sino que viene dado ya desde 2003, a lo que se suma el incremento de algunas figuras violentas como el robo de vehículos.
En cuanto a las estrategias de mano dura aplicadas en los últimos dos años, se muestra su efímero resultado que refleja en una aparente reducción de delitos en el 2003, pero dicha situación es rápidamente revertida en 2004. El informe concluye que las estrategias de mano dura no han tenido un impacto real en la situación de la delincuencia en el país y que los años previos a la aplicación de estas metodologías mostraban tendencias más orientadas al decremento de delitos registrados.
Se valoran positivamente la existencia de iniciativas de prevención y reinserción en el discurso oficial, que reconocen la necesidad de intervenir en el problema de la violencia desde otros factores y variables diferentes a la represión, sin embargo, pese a las buenas intenciones de los planes Mano Amiga y Mano Extendida, éstos no tienen el mismo perfil y publicidad que las acciones represivas en cuanto a su dimensión e impulso político, además, no muestran una idea clara sobre qué es prevención o qué es reinserción, sino que más bien, parecen un conjunto de iniciativas orientadas da dichos fines, pero sin una visión conceptual y funcional unificadora.
No obstante lo anterior, se valora muy positivamente las iniciativas de generación de un modelo de prevención local con participación ciudadana que impulsa la PNC en diferentes municipios de El Salvador, mediante la cual, se integran los liderazgos locales, la municipalidad y las representaciones del gobierno central en procesos comunes de trabajo para disminuir los focos de violencia y delincuencia del lugar.
Asimismo, en el informe se examina el funcionamiento e iniciativas de trabajo de las instituciones que conforma el sistema de seguridad pública: Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. También se estudia y evalúa el trabajo hecho en el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Una de las debilidades que el informe recopila es la relativa a al gobierno de la seguridad pública donde no se denota un ejercicio de funcionamiento articulado de las instituciones del sector, bajo el mando de un responsable político claro -que debe ser el ministro de Gobernación-, y por otro lado, existen débiles ejercicios de diseños de políticas públicas para el sector.
En el ámbito de la Policía Nacional Civil, el informe muestra como la situación de insatisfacción laboral de los policías, la violación de sus derechos y el clima de violencia del país son alicientes que promueven la fuga de personal, lo que ha llevado a la PNC a enfrentar un serio déficit en cuanto a la plantilla institucional necesaria para cubrir las demandas del servicio estimada en 23 mil miembros, frente a las cuales, las respuestas gubernamentales son sacar al ejército o recontratar expolicías, pero no, fortalecer el carácter profesional de los policías mediante una dignificación de su función.
Una situación extraordinaria que es abordada por el informe es la existencia de denuncias relativas a la injerencia de credos religiosos en el ámbito de la gestión interna de la PNC. Según dichas denuncias, existirían casos discriminación en situaciones en las que un traslado o algún beneficio laboral estarían afectados por el credo o filiación religiosa del aspirante y del jefe decisor.
Otro aspecto importante que destaca el informe el la creciente afectación de las políticas de seguridad de El Salvador y los países centroamericanos a la política de seguridad del gobierno de los Estados Unidos y su visión de seguridad hemisférica, la cual, implica riesgos de involución en los sistemas de seguridad de nuestros países en tanto, se coloca en contracorriente de los esquemas generados por las transiciones políticas de las subregión como por el Tratado Marco de Seguridad Democrática , que establecen una clara separación entre las tareas de seguridad publica, responsabilidad de los cuerpos de policía, respecto de las tareas de defensa nacional o seguridad exterior, encargada a los ejércitos. En la actualidad se percibe una fuerte tendencia a reactivar el papel de los ejércitos en el ámbito de la seguridad interna.
En el capitulo II que trata sobre el uso de la fuerza por y en contra de agentes de seguridad pública como punto destacable se mencionan los delitos graves, cometidos por agentes de seguridad pública, especialmente aquellos casos donde tanto las víctimas como los victimarios son también agentes de la policía. En este período se registraron dos casos donde agentes en estado de ebriedad asesinaron y lesionaron a sus compañeros. Los hechos pusieron al descubierto la debilidad de control al interior de la Policía Nacional Civil, así como también la falta de filtros de ingreso en la corporación policial.
En lo relativo a la justicia penal, se da cuenta del debate sobre la reelección o elección del Fiscal General de la República, donde FESPAD brinda sus consideraciones sobre los últimos seis años de gestión de la FGR, en donde no se ha visto un esfuerzo por construir una política de persecución del Estado racional y basada en las demandas de la realidad, y en consecuencia, la necesidad de realizar un proceso transparente y participativo de elección del nuevo titular.
También en el ámbito de la justicia penal, se da cuenta del estancamiento que en la Corte Suprema de Justicia sufren múltiples acciones de inconstitucional interpuestas en contra de diversas reformas realizadas a los Códigos Penal y Procesal Penal, así como a la Ley Penitenciaria, los cuales distorsionan el modelo original y la orientación de tipo acusatoria de la nueva legislación y que afectan sensiblemente diversos derechos y libertades de los ciudadanos.
En el ámbito penitenciario, se analizan datos estadísticos sobre su composición, distribución y hacinamiento y su tendencia al crecimiento. Para el mes de agosto 2005, se registraban 12, 494 personas adultas privadas de libertad, lo que establecía una tasa de 182 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 2 puntos respecto de 2004, el 69% se encontraba condenado y el 31% en proceso. La capacidad instalada de los centros penales en el nivel nacional se encontraba superada en casi un 70%, aunque esta situación es más graves en algunos centros penales como el de Quezaltepeque que registraba un hacinamiento de 270%.
En cuanto a la política penitenciaría actual, la cual, sostiene el informe, se ha convertido en una extensión de la política de seguridad del gobierno, que como resultado arroja un agravamiento de las condiciones nugatorias de derechos de internos y sus familiares en el sistema penitenciario que se refleja en el incremento de la conflictividad interna en los centros penales y en los crecientes reclamos y protestas de los familiares de las personas privadas de libertad.
Se revisa de manera muy crítica el funcionamiento del Órgano Judicial, desde la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura por medio de un proceso de eleccionario del gremio de abogados plagado de irregularidades y transacciones políticas en el seno de la Asamblea Legislativa, pasando por el nombramiento directo de jueces por parte de la CSJ sin previa consulta a las ternas del CNJ como lo establece la Constitución, así como también, el debate sobre el recorte de las funciones de la Sección de Probidad en la investigación del enriquecimiento ilícito y la actual inacción y pasividad de la CSJ frente a los casos de enriquecimiento ilícito que conoce. El informe cuestiona ¿qué se puede esperar de un sistema de justicia que evade o burla las mismas reglas que debe aplicar?
Finalmente, se agrega un breve documento de seguimiento periodístico de casos de posibles ejecuciones sumarias, extrajudiciales o extralegales, posiblemente ejecutadas por grupos de exterminio, en el cual se registran 96 casos en el período estudiado por el informe, colocándose por encima de la media de años anteriores registrados por FESPAD. Estas muertes afectan especialmente a víctimas jóvenes entre los 16 y los 25 años y a los hombres. Sin embargo, la cifra de mujeres asesinadas en estas circunstancias, es del 35% de los casos, lo cual es más del triple de la media global de mujeres muertas en el país respecto de los hombres.
Datos de la obra: FESPAD, Estado de la Seguridad Pública y la Justicia Penal en El Salvador. Enero-agosto 2005, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005. 138 páginas.
