En principio, reflejan su vocación puntiva al propugnar su uso exclusivo en instituciones de seguridad y justicia penal (PNC, FGR, Fuerza Armada), lo cual es coherente con sus visiones político criminales, las que contribuyeron grandemente a propiciar el estado actual de las cosas: en lugar de contener y reducir la violencia y sus actores, la complejizaron e incrementaron.
Pero hay motivos adicionales para creer que esto no se trata exclusivamente de un asunto de visiones u opciones político criminales. De paso, es una forma de complicar la ejecución del Plan El Salvador Seguro, el cual se constituye como la más importante apuesta de la historia nacional por un abordaje integral al fenómeno de la inseguridad y que está teniendo efectos reales en los territorios donde se implanta, ya que parte de sus actividades se financian con la CESC.
El problema es la lectura en término de votos que se hace desde los partido, con la que se llevan de paso las buenas prácticas e ideas promisorias, así como a sus beneficiarios, es decir, la población vulnerable expuesta a la violencia.
Aquí unas flores del día:
"Yo he sido reacio a dar más fondos a la prevención y no a la represión", dice Diputado @GGallegos24 #DistribuciónFondos #SeguridadCiudadana— GANAOFICIAL (@GANAOFICIAL) 29 de mayo de 2017
— Rodrigo Ávila (@RodrigoAvilaSV) 29 de mayo de 2017
Debate en el Ministerio de Hacienda por contribuciones a la seguridadhttps://t.co/UrunmlAHsO— Canal 12 (@Canal_12) 30 de mayo de 2017
Ver también en este blog: Sobre la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y su debate político