¿Qué hacer con las pandillas?

Debería ser innecesario aclarar que comprender, explicar y proponer alternativas al fenómeno de las pandillas no supone justificarlas ni desconocer los graves hechos de violencia que realizan destruyendo vidas y familias, además de utilizar su fuerza y poder de manera brutal para garantizar su impunidad. Sin embargo, el tema despierta muchas pasiones y se interpela con hostilidad cualquier abordaje que cuestione la represión o plantee algo diferente. 

En ningún momento se trata aquí de promover el abandono de la aplicación de la ley, esa es la réplica quienes no aceptan abordajes alternativos, quienes solo creen en opciones “duras” y descalifican las “blandas” o que desde una cerrada percepción del fenómeno exclusivamente visceral piensan que no deben haber segundas oportunidades, sino venganza. 

La aplastante propaganda oficial del gobierno salvadoreño apela a la emocionalidad de la ciudadanía en esta nueva cruzada contra las pandillas que cuenta con un amplio apoyo popular, haciendo creer a la gente que la solución es capturar y encerrar -sin debido proceso ni juicio justo- a decenas de miles de personas, por el resto de su vida útil o hasta su muerte y que los daños colaterales o “margen de error” son males necesarios. Vale la pena recordar que esa idea no es nueva, fue ya intentada, fracasada y resultó peligrosamente contraproducente.

En el pasado, los ímpetus del populismo punitivo tuvieron como barrera el equilibrio de poderes en el que el judicial se constituyó como un límite para reducir -que no, eliminar- el impacto de la arbitrariedad y el abuso de poder en la persecución penal. No obstante, ese “obstáculo” ha sido “superado” con el golpe de estado dado tras la destitución de la Sala de lo Constitucional el 01 de mayo de 2021, la cooptación de la Fiscalía General de la República y la reforma de la ley de la Carrera Judicial hecha para colocar jueces a la medida del oficialismo y doblegar o anular a la judicatura independiente. El escenario ideal para el sueño húmedo de cualquier populismo punitivo. 

Esto no puede ni debe ser considerado una “ventaja”: ninguna persona o sociedad avanza rebajando los estándares existentes sino superándolos. Una justicia a la medida, elimina requisitos de rigor y calidad, lo que repercute negativamente en las capacidades de las instituciones, en su profesionalismo y respeto a la ciudadanía, haciendo retroceder al país a un nivel varias décadas atrás.

Esta situación generará resultados inmediatos pero con enormes costos humanos y sociales que pronto serán también graves y evidentes, estando por verse además la sostenibilidad en el mediano y largo plazo para financiar la infraestructura y servicios necesarios para su funcionamiento. 

Adicionalmente, este enfoque, no visibiliza a las víctimas o si lo hace, es para utilizarlas en nombre de la represión, otorgándoles una mala versión de justicia retributiva, pero que en esencia, no atiende la situación real de las víctimas como damnificadas, sujetos de derechos y merecedoras de medidas de reparación y no repetición.  

Lo más grave e inaceptable para mí, es que sin perjuicio de las necesidad y obligación de aplicar la ley a quién lo merezca de manera correcta y justa, en la actualidad, se toma a decenas de miles de personas -muchas de ellas víctimas del azar, de simples sospechas, denuncias falsas o estigmas- interrumpiendo sus vidas y sometiéndoles a toda clase de vejaciones y humillaciones con el fin de abonar a la imagen de fuerza de un gobierno. 

Eso no es justicia, es una farsa inhumana, terriblemente inmoral: al menos seis personas detenidas en régimen de excepción han muerto bajo custodia -asesinadas o por falta de medicamentos- a poco más de un mes de esta cruzada contra las pandillas. Un margen de error inaceptable.

Miles de familias de escasos recursos han visto alterada su forma de vida y recursos ante la detención de un o una jefe de familia que proveía sostén o cuido a un hogar, enfrentando nuevas necesidades como alimentación, vestuario, defensa, transporte para la atención de sus familiares detenidos, aguantando además, la falta de información, maltrato e indiferencia de las instituciones.

Entrando en materia

En términos generales, las pandillas tienen mecanismos y reglas sobre temas como el ingreso, conducta, valores y permanencia. En este sentido, no toda persona cercana a una pandilla es necesariamente un pandillero, sino que puede ser un colaborador (voluntario o no), un aspirante o simplemente un acompañante.  Y aunque existe la difundida creencia que nadie puede salir de la pandilla, también hay formas de alejamiento de la vida pandilleril, lo que se conoce como “calmarse” y dejar de estar activo, con lo cual, si bien, no deja de ser miembro, deja de participar de las actividades de la pandilla y deja de frecuentarla. 

El desconocimiento de estos elementos y la centralidad dada a las pandillas dentro de los fenómenos de seguridad pública, han impedido un abordaje más elaborado, limitado principalmente a la represión penal y, en el peor de los casos, a respuestas más intensas como las políticas de manodurismo o hasta prácticas de represión extrema con la sistemática grave violación de los derechos humanos de manera indiscriminada. 

Hasta ahora, todo lo hecho no ha tenido un impacto significativo, a pesar de los momentos de aparente calma siempre hay eventos que nos recuerdan, de manera contundente, la permanencia del fenómeno.  Precisamente por ello es necesario pensar con cabeza fría y revisar lo hecho hasta ahora y sus resultados, buscar alternativas a aquello que ha sido inútil, dañino o ha tenido efectos perversos, también pensar proactivamente desde otros campos diferentes a la seguridad pública y la justicia penal que tienen un rol reactivo y con muchos efectos concomitantes en las vidas de las personas, las familias y las comunidades. 

A continuación un breve recuento de las acciones implementadas y sus resultados:

Manodurismo y represión extrema

Desde que los gobiernos decidieron otorgar a las pandillas la centralidad de la atención en materia de seguridad pública, se generaron toda una serie de prácticas que afectaron transversalmente a todo el sistema penal: militarización de las estrategias de combate a las pandillas (enfoque parabélico amigo-enemigo), endurecimiento de leyes y procedimientos penales, configuración del sistema penitenciario en función de las pandillas, liberalización del uso de la fuerza letal y, más recientemente: reducción de derechos y garantías de la población a través de estados de excepción, como lo hemos visto en diferentes países de la región.

Esta política ha tenido más efectos perversos que resultados favorables: la persecución activa desestimula el abandono de los miembros de pandillas, ya que siempre serán perseguidos por el estigma; conlleva la sobrepoblación y hacinamiento de los centros de detención y el deterioro de sus condiciones; las cárceles se volvieron cuarteles generales, consolidándose y fortaleciendo sus alcances para la comisión de crímenes; la persecución activa de las autoridades terminó sirviendo a las pandillas para controlar a sus miembros: si uno se portaba mal, en algún momento podría ser capturado y recibir su merecido. 

Los efectos perversos, en lugar de llevar al cambio de modelo, condujo a extremos como la ampliación de las facultades del uso de fuerza letal por parte de autoridades (lo que ha sido notorio en las estadísticas y en informes sobre derechos humanos); se aisló a la población reclusa de contacto con el exterior y, aunque esto tuviera algún impacto, como en la reducción de delitos cometidos por órdenes desde centros penitenciarios, el costo humano para las familias de los privados de libertad es muy elevado, agravando el impacto social negativo al extender los efectos de la estrategia hacia terceros, negando, además, el mandato constitucional de rehabilitación. 

Uno de los efectos más gravosos de esté modelo es que inevitablemente tiende a escalar el conflicto, es decir, que cada lado toma posiciones cada vez más extremas, lo que normalmente se plasma en un mayor y brutal ejercicio de la violencia y ciclos interminables de venganzas y ajustes de cuentas, así como la expansión de calificaciones delictivas, penas, condiciones de prisión, etc. ampliando el ciclo de la violencia. 

Treguas y pactos

Otra forma de intervención en el fenómeno de las pandillas se ha dado cuando políticos oportunistas y deseosos de resultados inmediatos han recurrido al establecimiento de pactos secretos con pandillas para reducir delitos y, con ello, favorecer su imagen como líder. Como todo pacto ilegítimo y al margen de la ley, se rige por la regla de “plata o plomo”, “garrote o zanahoria”, incentivos o amenazas, añadiendo además, prácticas corruptas y clientelistas que atentan contra la ciudadanía, es pues, una negociación criminal. 

Lo que la experiencia y la historia muestran es que dichos pactos son volátiles y efímeros, pero al rebajar la presión sobre las pandillas, éstas se fortalecen y las rupturas del pacto son acompañadas de efectos boomerang, es decir, con repuntes de violencia. 

No está demás decir que, bajo la apariencia de tranquilidad pactada, la pandilla no desaparece ni deja de operar en modalidades de más bajo perfil. Entonces, este tipo de estrategia tampoco “resuelve” el problema del impacto de las pandillas en la vida cotidiana. 

Alternativas

Para poder determinar alternativas hay que partir de algunos presupuestos:

• El fenómeno de las pandillas es de tipo social, no solamente un asunto de seguridad pública o de justicia penal y, por tanto, requiere un abordaje coherente con su naturaleza.. 

• Las alternativas para el tratamiento de un conflicto deberían buscar su reducción y transformación a un nivel menos lesivo y violento.

• Las personas involucradas en pandillas son -valga la redundancia- personas, ciudadanos y ciudadanas poseedores de derechos y no los pierden por estar en una pandilla, por lo que no están justificados los tratos discriminatorios en la provisión de servicios, excepto si cometen faltas o delitos y son condenados por ellos.

• Los problemas se resuelven de manera racional, no emocional. Cualquier descalificación sobre la humanidad de los sujetos o la preponderancia de juicios morales sobre lo que merecen o no merecen como ciudadanos a partir de visiones subjetivas de “justicia”, distorsionan el sentido inclusivo que deben regir las intervenciones.

• No hay soluciones simplistas, recetas, ni atajos. Lleva tiempo, esfuerzo y, sobre todo, muchísima voluntad política y liderazgo abierto. 

• Se requieren políticas públicas, programas, financiamiento específico, personal capacitado, no puede ser un proyecto finito sin los recursos necesarios.

• Todo abordaje estatal y privado debe ser en el marco del Estado de Derecho: respetar la ley y los derechos humanos. El fin no justifica los medios. Los procesos deben enmarcarse en la cultura de la legalidad, tanto para ejecutores como para destinatarios.

• La comunidad y la sociedad civil son partes indispensables del proceso, pues contribuyen a la entrada, aclimatación e implementación de las políticas públicas en el territorio.

• La pandilla no es una realidad simple, sino que tiene diversos niveles de jerarquía, pertenencia y vinculación, por lo que no se puede dar un mismo tratamiento en todos los casos, no todos cometen o planifican delitos graves necesariamente. Algunos colaboran pero no son considerados miembros, incluso, varios no participan voluntariamente de sus actividades. 

Partiendo de estos presupuestos, las intervenciones en este fenómeno deben de partir de su comprensión amplia para generar un conjunto de acciones más allá del sistema penal y que además, contribuyan a racionalizar las estrategias de este sector, de manera que éstas no tengan un efecto negativo o contradictorio respecto de los demás esfuerzos. 

La complejidad del fenómeno de la violencia y de las pandillas tiene como una de sus raíces la realidad de exclusión y vulnerabilidad social de amplios segmentos de la población, sumado a una cultura que ha usado la violencia como método preferente de resolución de conflictos o disciplinamiento tanto en el nivel intersubjetivo como en el institucional, es decir, la violencia no solo está ampliamente difundida entre los individuos, sino que el mismo estado aplica violencia en su accionar, lo cual me parece una pésima pedagogía social.

Toda política pública de prevención debe tener un importante componente de política social que implique la inserción y permanencia educativa; el desarrollo de habilidades, inserción económica y provisión de servicios básicos a comunidades, incluído el desarrollo urbano e infraestructura social. 

No se puede aislar el fenómeno de las pandillas y sus miembros, de la violencia intrafamiliar, contra la mujer y la niñez en la que millares de personas han sido socializadas. Miles de familias disfuncionales o desintegradas por paternidad irresponsable o ausencias parentales forzadas, patrones de crianza violentos, adicciones, estrés socioeconómico, exclusión social y espacial. 

Muchos esfuerzos de intervención deben empezar por aquí, pues son válvulas que empujan a muchos individuos a buscar formas de integración que compensen las carencias emocionales y materiales de sus existencias, algo que la pandilla ofrece cubrir. 

En este sentido, la des-normalización de la violencia en los hogares, comunidades y espacio público debe ser parte de la ruta de las políticas de protección y promoción de derechos de la mujer y la niñez, algo en lo que el actual gobierno ha dado enormes pasos… hacia atrás, con el desmantelamiento de las políticas e instituciones de protección de estos grupos y la creciente exclusión educativa de la niñez que alcanza a cien mil niñas, niños y adolescentes que han desertado del sistema educativo en el último año. 

Creo que debe haber equilibrio y equidad en las intervenciones, hasta ahora, la represión ha sido casi la única vía, los esfuerzos en materia de prevención han sido efímeros y voluntaristas o de poco alcance, sin mayores impactos y los esfuerzos de reinserción de personas que desean voluntariamente abandonar la vida activa en las pandillas han existido gracias a organizaciones de sociedad civil, especialmente de naturaleza religiosa. 

Sin duda, uno de los esfuerzos más difíciles es el de crear sensibilidad y apertura social a personas que desean retirarse de la vida activa en las pandillas. La hostilidad existente, muchas veces comprensible, limita los espacios para la reinserción al generar un ambiente adverso para estas iniciativas. 

Además de la sensibilización, es importante generar convencimiento práctico sobre los beneficios y utilidades de apoyar o permitir las oportunidades a personas como una forma de reducción del fenómeno que redunda en el bienestar de todos, es decir, un ganar-ganar. Por el contrario, negar oportunidades de salida, es asegurar la permanencia de esas personas en la pandilla y la continuidad de los efectos consiguientes. 

Lo anterior no significa ignorar los graves hechos de violencia que cometen miembros de pandillas y para ellos lo que corresponde es la persecución y sanción penal. En materia de aplicación de la ley, más que la laxitud de estándares con los que se pretende capturar y condenar a mansalva, debería prevalecer la persecución penal estratégica y eficaz, esto significa, distinguir los niveles de responsabilidad y el ataque selectivo a nodos claves de incidencia criminal que más afectan a comunidades y ciudadanía y, por otro, la procuración de la eficacia de la investigación para el logro de sanciones penales.

En resumen, un abordaje parcial al fenómeno de las pandilla no contribuye a tener mejores resultados. Solo en la medida en que las políticas públicas e intervenciones se organicen y funcionen alrededor de las diferentes subfenómenos e involucren a las comunidades y a lideres y liderezas que conocen bien estas situaciones, se podrá avanzar en una gestión menos violenta y lesiva, coherente con un sistema democrático respetuoso de la ciudadanía.

La niñez migrante y los disturbios de Ferguson

Edgardo Amaya (*) | Publicada el domingo, 17 Agosto 2014 en ContraPunto

Ambos fenómenos, tienen en común, ser parte de la actualidad noticiosa y de suscitarse en territorio estadounidense, sin embargo, las relaciones entre ellos que interesan para los efectos de este artículo son menos evidentes e intentaré explicitarlas en los siguientes párrafos.

Recientemente, diversos periodistas y académicos interesados en la violencia en El Salvador en general y en la crisis de la niñez migrante por causa de la violencia en los centros de detención migratoria en los Estados Unidos, en particular, han puesto su atención sobre el papel e influencia de ese país respecto de lo que sucede actualmente en nuestro territorio.

El enfoque ha ido principalmente orientado hacia cómo las políticas de deportación masiva desde 1990 dieron paso y alimentaron el crecimiento de la pandillas y su violencia en El Salvador y la región. Esta hipótesis es cierta, pero insuficiente para explicar todo lo que sucede. Adicionalmente hay que considerar que el gobierno estadounidense, además transfirió al gobierno salvadoreño y otros de la región, sus “tecnologías” para el control de las pandillas desde la exclusiva óptica de las fuerzas de seguridad y la justicia penal, las cuales fueron tropicalizadas de manera casi acrítica. En menor medida, también hizo esfuerzos –a través de la cooperación- por impulsar iniciativas de prevención de la violencia juvenil, pero limitada por el contexto predominantemente orientado a la represión de la delincuencia.

En la relación entre Estados Unidos y la región, se ignoró o invisibilizó el contexto y las raíces sociales de la violencia y el pandillerismo, en consecuencia, los resultados fueron similares, generando un nuevo fenómeno: las pandillas callejeras transnacionales. Al evolucionar y desarrollarse más este fenómeno social, generó una especie de paradoja: mientras que la deportación fue una respuesta para contener la inmigración ilegal y el crimen, al final, alimentaron el problema de la violencia en los países de retorno, que en la actualidad, es una de las causas que impulsan a la gente a migrar, como lo evidencia la actual crisis de la niñez en los centros de migrantes de la frontera estadounidense.

Las malas imitaciones de las tendencias de control del delito estadounidense, mezcladas con las idiosincrasias locales dieron paso a discursos y acciones de populismo punitivo en la región y se comenzó a hablar de Cero Tolerancia, al estilo neoyorquino, lo que se tradujo en diversos campos de diferentes maneras tales como: mano dura, endurecimiento penal, militarización de la seguridad pública, en algunos casos, con graves consecuencias para la gobernabilidad, el Estado de Derecho, los derechos humanos de la población, la democracia y la seguridad misma de los países cuando los efectos no deseados de esas políticas se volvieron en contra de ellos.

Pero en lo que respecta a los Estados Unidos, los disturbios de Ferguson -a raíz de la muerte de un joven afroamericano, a manos de un policía- y la respuesta policial a las protestas, han puesto en la agenda de ese país la discusión sobre la excesiva militarización de sus fuerzas policiales, que se ha reflejado particularmente en las tácticas y equipos utilizados en estos acontecimientos –heredados de la Secretaría de Defensa-, que derivan de una concepción de tipo belicista en la gestión de la violencia y el crimen, especialmente, en comunidades segregadas. No sería improbable pensar que esta noción de modelo policial se encuentre imbíbita en la cooperación policial de ese país.

Cómo lo explican Young y Lea en su libro “¿Qué hacer con la ley y el orden?” una policía militar o militarizada no se refiere necesariamente a una sometida a autoridades militares o vinculada orgánicamente a fuerzas armadas, sino que es aquella que adopta un enfoque belicista que traza posiciones amigo-enemigo y una actitud de “combate” frente al crimen y los criminales. Este enfoque, aleja a la policía de la comunidad y esa distancia se agrava debido a que necesita salir a buscar obtener información para realizar su trabajo. A diferencia de una policía civil, que obtiene cotidianamente flujos de información desde la misma comunidad, la policía militarizada necesita ir, interrogar, cachear y muchas veces, confrontar con ciudadanos para obtenerla, lo cual, deteriora las relaciones y la aleja de la comunidad, lo que, en el peor de los casos, podría generar hostilidad.

Esta es también una realidad en la región centroamericana, donde la concepción de “combate” a la delincuencia, no solo fue un slogan para discursos políticos sino que reflejaba esa gestión de tipo belicista que hemos mencionado antes, a través de planes de mano dura y la incorporación del ejército a tareas de seguridad pública, en mayor o menor medida, en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

En este sentido, no solo la violencia en las comunidades es un problema en sí mismo, a éste se agrega la forma en cómo el Estado responde ante la misma y las consecuencias que ello tiene para sus habitantes, en materia de derechos humanos, así como de exclusión social a través de la estigmatización de su comunidad y la falta de alternativas para su protección. La apuesta por la mano dura, cero tolerancia o la militarización de la seguridad pública, como lo vemos, no contribuyeron a mejorar la situación, sino lo contrario.

No obstante lo anterior, también se deben reconocer los esfuerzos por cambiar las realidades que venimos mencionando. Por un lado, la centralidad otorgada al modelo de policía comunitaria por el gobierno salvadoreño, es un gesto que busca renovar las relaciones con la población en los territorios e impulsar una nueva forma de gestionar la violencia y el delito, en el marco de una estrategia más amplia que incorpore la prevención de la violencia de manera central.

Adicionalmente, desde el año 2009, la cooperación estadounidense hacia la región ha venido cambiando. El Asocio para el Crecimiento, así como la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) también hacen énfasis sustantivos importantes en el desarrollo de programas de prevención u orientados a la inserción socioeconómica de jóvenes, lo que indica un giro o un cambio de acento respecto de años previos.

En conclusión, la colocación de este debate en la agenda norteamericana y global puede ser una oportunidad para discutir, reformular y reenfocar las relaciones regionales en materia de seguridad, el contenido y el sentido de la cooperación para la misma.


(*) Columnista de Contra-Punto, @amaya_ed

Aumento de penas a menores de edad: el eterno (y aburrido) retorno de la retórica punitiva

Un supuesto sentido común -muy distorsionado, por cierto- sumado a la falta de originalidad, han llevado a revivir y dar vigencia, con mucha fuerza, un difundido discurso punitivo a ultranza como alternativa frente a la situación de la inseguridad. Tal como lo dije en el post previo: aunque comprensible por el contexto, no es justificable en sus propuestas y consecuencias.

Los discursos histéricos más peligrosos son los que llaman a la creación de grupos de exterminio o a la toma de justicia por mano propia, pasando por la búsqueda de caudillos autoritarios que “solucionen” el problema. Los más recatados piden la eliminación u omisión de los estándares normativos de derechos humanos, como obstáculo para la eficacia en las labores de la seguridad pública y la justicia penal, así como el endurecimiento de las normativas penales.

Vamos a esto último: recientemente, diversos actores sociales se han dado a la plausible tarea de elaborar propuestas en materia de seguridad pública como versiones alternativas al plan gubernamental. Diputados de la Asamblea Legislativa y otros actores políticos también se han puesto a ello. Sus propuestas se orientan a impulsar reformas legales de endurecimiento penal, aumento de penas, restricciones de libertad, criminalización de agrupaciones pandilleriles, etc. En resumen, populismo punitivo.

Lo que estos actores parecen no recordar es que todo eso ya se hizo, por obra y gracia de ellos mismos y lejos de solucionar el problema, se creó un nudo gordiano de difícil resolución: el ánimo punitivo no solucionó ni redujo la violencia, por el contrario, la complejizó, saturó las cárceles de personas y ahora, el sistema penitenciario se ha convertido en un problema de seguridad pública: según fuentes policiales, el 80% de las extorsiones salen desde esos establecimientos y según las mismas fuentes, los ingresos en circulación de las mismas llegan a contarse por millones de dólares. 

La devaluación de la cárcel por la hiperpenalización de conductas y la falta de mecanismos de regulación del crecimiento penitenciario no son sostenibles ni en términos de seguridad ni en términos presupuestarios. Si la tendencia de crecimiento penitenciario continua, al fines de 2010 habría 25 mil adultos privados de libertad, agravando las posibilidades de manejo de este conflictivo campo de la justicia penal. A este ritmo de crecimiento habría que invertir con periodicidad millones de dólares en construcción de nuevas cárceles y en alimentación de privados de libertad.

Tras una serie de hechos violentos de gran resonancia social que han involucrado a menores de edad. Los diputados han  lanzado un peligroso anuncio al aprobar un decreto por el cual se aumentaría la penalidad máxima de internamiento para los menores de edad en conflicto con la ley penal de 7 a 15 años, para los mayores de 16 años. El diputado Guillermo Gallegos se quejaba en el noticiero que lo ideal es que fuesen 30, 40 años o para siempre, pero que no se puede por respeto a tratados de derechos humanos.

Es importante destacar que esta reforma apenas llevó una semana como propuesta en la Asamblea Legislativa y se aprobó sin mayor consulta con otros actores. También debo decir que la sociedad civil no reaccionó de manera oportuna ante la propuesta, generando un margen de permisibilidad para la decisión legislativa, en un cuerpo normativo que, a diferencia de la legislación penal para adultos con cientos de reformas, había soportado con entereza otras iniciativas de endurecimiento.

Los argumentos para dicha reforma han sido, como se dijo, la participación de los menores de edad en hechos violentos y la necesidad de enviar un mensaje que desaliente dichos ánimos criminales. Otros apelan desde los juicios morales contra la crueldad innata de estos jóvenes sin salvación. El absurdo elevado a la categoría de sentido común o –como diría Wacquant- sensatez penal. Ahora resulta que, vuelven a tomar del cajón de las ocurrencias, la empolvada idea de leer la Biblia en las escuelas por decreto, de la que, incluso, la mismísima Iglesia católica se ha desmarcado en su momento.

Todo esto ya lo hemos oído. Otros, los detractores, salen al ruedo a señalar el origen social de la violencia, que las penas por sí solas son inútiles si no hay investigación efectiva ni instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que se agravará la situación del sistema, etc. 

Es como si el “debate” se repitiera una y otra vez. Lamentablemente, en la política, particularmente en el ámbito legislativo, existe una competencia por figurar y lograr réditos, muchas veces, sobre la base de la ocurrencia fácil y a la ligera. Lo triste del asunto es que vendan la idea como el nuevo traje del rey y muchos crédulos la sigan. Otros ven la desnudez del rey, pero callan para evitar pasar un bochorno.

En cualquier organización seria, los debates agotados deberían archivarse y proponer unos nuevos. No reciclar viejas ideas una y otra vez, sobre todo, si éstas ya demostraron en la práctica sus limitados alcances y sus efectos perversos, complejizando el problema que dicen abordar.

Y aunque resulte un tanto agobiante tener que repetir los argumentos contra medidas como el aumento de penas a menores de edad, los señores y señoras diputados sostienen que con esta medida disuadirán a los menores de edad de cometer hechos ilícitos.

Contra eso, solo quisiera señalar la ingenuidad o ignorancia manifiesta de ese argumento, pues obvia el dato de que, en general, en las estadísticas de la clientela del sistema penal, los menores de edad regularmente oscilan entre un 5 -10% del total de casos delictivos registrado oficialmente. Por otro lado, la violencia pandilleril en particular, no se limita a menores de edad, y éstos son la última escala de la cadena en un contexto en el que la violencia juega un papel fundamental para la manutención de la disciplina. Es decir, se agravan las penas para el más chiquito.

Poco o nada dicen los impulsores de esta reforma sobre la manipulación o coacción de adultos sobre estos menores para cometer hechos delictivos o sobre la forma de intervenir en la salud mental de estos adolescentes que han participado en graves hechos de violencia.

Quien olvida la historia está condenado a cometer los mismos errores y, al aumentar la penalidad y restringir las posibilidades de salida de los menores en internamiento, lo que se hace es aumentar el resentimiento y la posibilidad de tener personas sin una inserción adecuada, lo que conlleva a generar recurso humano para el crimen.

El Presidente Funes lamentó que para dicha decisión no se consultara a su gabinete de seguridad. La Secretaria de Inclusión social también lamentó la falta de debate de esta medida y el Director del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, señaló lo inadecuado del control penal como alternativa para tratar el fenómeno de jóvenes en violencia. Ahora la pelota está en la cancha del ejecutivo, a la espera de que éste sancione, vete u observe el decreto. El Presidente ha anunciado la conformación de una comisión especial para analizarlo, de la cual estaremos pendientes en los próximos días.

Jueces travestís

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Asistimos a un creciente activismo de algunos representantes de la judicatura, abiertamente adscrito al fetichismo jurídico y populismo punitivo –propios del discurso oficial–, que goza de la complaciente –cuando no, cómplice– cobertura de algunos medios de comunicación, los que favorecen opiniones compatibles con sus agendas en lo que respecta a la justicia y su animadversión ideológica hacia la judicatura independiente. “Para que apriete la cuña, tiene que ser del mismo palo”.

Esta filiación ideológica aunada su falta de identidad político-institucional como juzgadores, los lleva a proponer perfiles alternativos de la figura judicial –como lo vemos ahora en el contexto de la selección los nuevos jueces contra el crimen organizado–, distorsionantes de la independencia y la imparcialidad, plegados a agendas externas a la función judicial. Un perfil político-ideológico, no técnico.

Su travestismo consiste en pretender convertir al juez en verdugo, aliado del acusador y apéndice del Ejecutivo –distorsionando el diseño constitucional de aplicación de justicia–, y lo que es peor, llegan a sugerir la propuesta de vulnerar el mismo esquema de constitucionalidad y legalidad en favor de los animos punitivos, alegando que los derechos humanos o las garantías son estorbos para la aplicación de la ley.

Para ellos existen dos tipos de jueces mutuamente excluyentes: los duros –donde se ubican e identifican– y sus contrarios, los garantistas, señalados de revoltosos e izquierdistas. De esta forma, siguiendo su lógica de exclusión refleja, serían ellos, derechistas.

Esta retórica barata, propia de una mentalidad autoritaria y maniquea, encubre interesadamente hechos o los tergiversa. Por ejemplo, se quejan de que las leyes son favorables a los delincuentes o que los jueces son “hipergarantistas” y favorecen al imputado, bien ¿cómo entonces es que las cárceles, terriblemente hacinadas, han alcanzado una cifra record de 14,683 personas privadas de libertad (207 presos por cada 100 mil habitantes), en su gran mayoría condenadas? ¿no es inconsecuente e irresponsable plantear más condenas, sin otras alternativas, en un contexto tan grave como el existente?

Plantean implícitamente que los jueces deberían servir solo para condenar, pero un contraste con la realidad, muestra que su coherencia es deficitaria. Para ellos existen dos tipos de sospechosos: los de su discurso, los malos, el delincuente común u organizado de mediana escala, el pandillero, que merecen condena ipso facto. Y los otros sospechosos, los que no entran en su discurso, son los buenos, los que tienen derecho a la presunción de inocencia, a quienes no se les importuna, no se les molesta, se les dispensa buen trato y pleitesía.

Para muestra, ¿En el caso de la Sección de Probidad, los ex miembros de la administración Flores, incluido el mismo ex Presidente, fueron objeto de la lógica de este discurso de culpabilidad automática de alguno de estos voceros judiciales pro-oficialismo? ¿Acaso no, mediante maniobra jurídicamente cuestionable –defendida y apoyada por alguno de estos voceros–, se reformaron las facultades de la Sección de Probidad de la CSJ para quitarle el desarrollo de las investigaciones, de las que posteriormente la Corte dio, sin mayores detalles, una resolución limpiando las sospechas planteadas previamente sobre la mayoría de investigados, noticia a la que la prensa apenas dedicó espacio.

En resumen, éste discurso es esquizoide e incoherente. Además, atentatorio contra la democracia y la institucionalidad cuando sugiere tácitamente la necesidad de desobedecer la Constitución y otras leyes –que como juzgadores juraron cumplir– como los tratados internacionales ratificados por el país y vigentes como leyes de la república. Ello es un acto apologético de la anomia, que se coloca en las antípodas del Estado de derecho.

El nuevo (¿?) Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

[En primer lugar quisiera que no se confundiera el nombre del nuevo ministerio con el de este humilde blog, porque sino… Cualquier parecido es pura coincidencia]

Este país avanza a una velocidad pasmosa, el Presidente crea un nuevo ministerio de Seguridad Pública y Justicia ( véase: http://www.seguridad.gob.sv) de la noche a la mañana con ministro y viceministro incluidos y sus respectivas atribuciones. Aunque aun no salgo de mi asombro, una providencial sensatez me obligó a esperar algo más de información de la iniciativa anunciada por el Presidente el día lunes 4 de diciembre, y la verdad, valió la pena esperar.

Me explico: mi primera impresión sobre la creación de este ministerio fue moderadamente positiva, pero en fin, positiva. Tenía mis dudas, por aquella manía profesional de ver el vaso medio vacío, pero la propuesta en principio era y es políticamente trascendental.

Con esta información, limitada, pensaba escribir un análisis reconociendo lo positivo de la propuesta, diciendo que la fusión ministerial para crear Gobernación fue algo que criticamos reiteradamente en su momento (ver informes de seguridad pública y justicia penal de FESPAD 2001-2005), que también planteamos la necesidad de un ministerio especializado de seguridad (Ver FESPAD: Propuesta de política criminal y seguridad ciudadana para El Salvador: 51) y que esperariamos que se constituyera como un verdadero gobierno de la seguridad pública responsable del diseño y conducción de políticas públicas de seguridad, lo cual, virtualmente no ha existido en las últimas administraciones del Órgano Ejecutivo.

Bueno, eso era el lunes. El martes, se anunció que el nuevo ministro de seguridad pública será el hasta ahora ministro de gobernación, René Figueroa, mismo que ha fungido en ese cargo desde fines de la administración pasada –y otrora paladín de la mano dura y la súper mano dura- y, como su flamante viceministro, se encuentra Astor Escalante, actual viceministro de seguridad ciudadana del ministerio de gobernación.

La mona, aunque se vista de seda, mona se queda.

Entonces solo confirmé mi sospecha: esta medida es otra improvisación del gobierno sacada de algún catalogo que bien podría llamarse “Trucos e ideas para mostrar que ‘algo’ está haciendo. Manual para gobiernos en apuros” En fin, como lo hemos dicho antes, esto es más de lo mismo.

Mi pesimismo -a parte de su origen genético- tiene que ver con tres sencillas razones:

Razón número uno. La falta de compromiso y el engaño hacia el público por parte del GOES. Cuando se creó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, el Órgano Ejecutivo se comprometió a seguir las recomendaciones de ella emanada. Pues bien, el Presidente reculó a la primera: la propuesta de restricción de la portación de armas en espacios públicos, a la que ha respondido, por vía del señor ministro de gobernación, René Figueroa con el viejo y gastado cliché de que no van a desarmar a las personas honradas. Ese mismo día, el ministro había dado cuenta de los éxitos de la Cruzada contra la delincuencia (no me había enterado que había una ¿y ustedes?) que habría logrado una tendencia de reducción de homicidios y extorsiones. Sin entrar a revisar la veracidad de lo dicho, el mensaje político que capté era que el gobierno no iba a cambiar su forma de abordar la seguridad por una nueva. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, diría.

No bastando con el antecedente previo, el gobierno presionó a la Asamblea para aprobar el Presupuesto General de la Nación, aun y cuando la Comisión le había recomendado la necesidad de revisar el proyecto de presupuesto, a fin de fortalecer la asignaciones a las instituciones de seguridad pública y la de la Fiscalía General de la República. La propuesta no fue atendida y luego se ha presentado el Presidente con el argumento que dicho refuerzo presupuestario se haría con fondos provenientes de un empréstito internacional -esto, sin que se hayan debatido otras alternativas menos gravosas para la hacienda pública-.

Razón número dos. No se hace un equipo nuevo, a estas alturas del campeonato, con jugadores y entrenadores probadamente fracasados. Sobre esto nos pronunciamos en el 2005 (FESPAD 2005: 81), sosteniendo la necesidad de cambio de la conducción de la seguridad pública en El Salvador, debido a su evidente incapacidad y negligencia en la atención a la problemática de la inseguridad de la población y que la evaluación más contundente son los efectos perversos de sus políticas que terminaron agravando la inseguridad hasta el nivel de crisis nacional y además, por la crisis en el manejo del sistema penitenciario, hoy más que nunca, universidad y bolsa de trabajo del crimen organizado.

Además del fracaso de la política de seguridad del Ejecutivo y de la incapacidad y negligencia de sus responsables en el ministerio de gobernación. Las nuevas autoridades son los representantes gubernamentales del proyecto jurídico-político del populismo punitivo, entonces, ¿qué nueva visión o perspectiva podrían imprimir? Más bien parece que la iniciativa, más que para generar un cambio de línea de trabajo –tan reclamado desde diversos sectores sociales-, busca reforzarla.

Y razón número tres (solo éstas, para ser breve) Falta de visión y de inserción de este ministerio en el marco de una política claramente establecida. Pregúntense: ¿le hallan ustedes sentido al hecho que la iniciativa de creación de este nuevo ministerio se da pocos días después de aprobado el Presupuesto General de la Nación? Digo, ¿es que no lo habían pensado antes? ¿Acaso no concluyen ustedes, queridos lectores y lectoras, que no se evidencia un mínimo del planificación en un asunto tan serio? Creo que esto es demostrativo tanto del nivel de improvisación y de marketing, como también de la falta de visión del Ejecutivo sobre el manejo de la seguridad pública.

Bueno, esperemos a ver como avanzan los acontecimientos… a ver qué más inventan. ¡Vamos, desafíen mi capacidad de asombro!

Usted puede ser un terrorista sin saberlo

Ilustración: El Roto, caricaturista de El País

El Salvador tiene en vigencia la Ley especial contra actos de terrorismo, la que vendría a sumarse al catálogo normativo de la legislación penal, a la sazón, uno de los más prolíficos del ámbito legislativo, afirmación que se deriva del conteo de más de trescientas reformas, en los últimos siete años a la legislación penal, procesal penal, penal juvenil y penitenciaria, así como por la creación de legislaciones especiales como la Ley Antimaras y su posterior reedición, a las que se suman ahora la Ley antiterrorista y el proyecto de Ley contra el Crimen Organizado.

En general, estas reformas o creaciones de cuerpos legales han tenido que ver más con motivaciones de tipo político o electorales, que con la solución de problemas normativos concretos o la corrección de lagunas legales. Estos procesos legislativos se corresponden con un modelo autoritario de gestión del poder: una tendencia dominante hacia el mando antes que al consenso, así como una marcada utilización de medios coercitivos y la restricción de la libertad para la imposición del “orden”, el cual constituye su bien o valor primordial, por encima de la persona.

Aunque puede decirse a favor de la ley comentada que recoge una buena cantidad de figuras tipificadas por convenios internacionales sobre la materia, creo que podemos, al menos de manera puntual, proponer algunos de sus puntos más criticables.

En algunas de sus disposiciones, la ley contiene ambigüedades o amplitudes conceptuales (conceptos jurídicos indeterminados) por las cuales, no logra determinarse con claridad los ámbitos de aplicación, generando inseguridad jurídica sobre los alcances de la libertad de los ciudadanos, lo cual, según la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley antimaras, constituye una violación al principio de legalidad.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la definición de Organizaciones terroristas, contenido en el artículo 4, literal m de la ley en comento: “Son aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanentes, con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad o alarma entre la población de uno o varios países”. En la definición propuesta, no resulta claro cual es el alcance y usos que puedan tener expresiones como “en alguna medida estables o permanentes”, “cierta estructura”, “terror”, “inseguridad” o “alarma”.

Otros ejemplos lo constituyen los artículos 8 y 9 que regulan la apología e incitación pública de actos de terrorismo y la simulación de delitos, respectivamente. En el caso del artículo 8 se habla de apología de terrorismo, sin que se exista una determinación clara de qué se entiende por éste. Tampoco queda claro qué es una simulación de los delitos ni el contexto en que se realiza. En ambos casos, además, es posible que se afecte el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía.

Lo preocupante de estas definiciones ambiguas es su uso discrecional por parte de aplicadores de la ley. Son convertidas en comodines para realizar capturas bajo casi cualquier supuesto. Basta recordar que en el pasado reciente se ha capturado a manifestantes en el contexto de enfrentamientos o disturbios, los cuales han sido acusados de actos de terrorismo, lo mismo fue propuesto por funcionarios de gobierno para ser aplicado a las pandillas juveniles.

La sentencia de la Ley antimaras, antes citada, declaró inconstitucionales disposiciones que penalizan conductas sin resultado (delitos de peligro abstracto), las cuales violarían el principio de lesividad en tanto no hay un daño en concreto respecto de un bien jurídico específico. Esto es aplicable a los casos de la apología y la simulación arriba citados.

La sentencia que venimos citando, también establece que el derecho penal debe responder a los principios básicos de la Constitución, uno de ellos, el de dignidad humana. En atención a lo anterior, las penas elevadas que buscan convertirse en ejemplarizantes estarían dando a la pena una función por la cual el delincuente es objeto de escarmiento, desplazando su dignidad y la finalidad constitucional de las penas que es la resocialización.

Por otro lado, también se falla en la razonabilidad y proporcionalidad de la ley en tanto, algunos de sus supuestos típicos no distinguen niveles de afectación del bien jurídico, acciones de menor intensidad abarcadas en lo genérico de la redacción legal, o las sujetas a la discrecionalidad interpretativa de quien aplique la ley, pueden ser objeto de una amenaza de sanción muy elevada.

Para finalizar estas líneas, las críticas aquí detalladas no se agotan en este somero análisis que solo pretende provocar una discusión al respecto de esta ley y sus eventuales usos. La intención ha sido mostrarle a la ciudadanía cómo una ley ambigua, puede terminar afectando sus derechos, sin enterarse en qué momento y cómo se volvió “terrorista”.

Populismo punitivo: el irracionalismo penal de hoy

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades judiciales, ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo punitivo.

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política basada en la toma de decisiones o generación de propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la manipulación de sus emociones, con el fin de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia su participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que sean. No obstante, ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo pragmática por la cual, la institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre del pueblo, categoría que es manipulada según las conveniencias del momento.

Históricamente, los gobiernos populistas no han logrado generar cambios reales en las estructuras que gobiernan, por el contrario, han sido igualmente útiles a las formas de dominación existentes y se han visto manchadas por la corrupción institucionalizada y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía. El populismo es fraudulento pues no puede cumplir lo que promete, sus propuestas son irreales y solo buscan complacer las emociones de la gente pero no satisfacer sus necesidades reales de una manera seria y coherente.

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para denominar aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de éste como respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos que dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos como ciudadanos (aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea divisoria simplista pero marcadamente autoritaria: o con nosotros (la gente “decente”, “honrada”) o con los delincuentes. Esta forma específica de populismo es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece.

Uno de los mayores ejemplos de populismo punitivo que hemos vivido fue la campaña de los planes “Mano dura” y “Súper mano dura” impulsados por el expresidente Flores y el Presidente Saca respectivamente: gran despliegue publicitario, capturas masivas, ley antimaras, militarización de la seguridad pública, exhibiciones del entonces Presidente Flores con las víctimas, campañas de odio y desprestigio contra los jueces y sectores críticos al plan ¿Todo esto para qué? Para obtener un aumento de los homicidios y una victoria electoral de su partido ¿Quién salió beneficiado? No cumplir, una vez electo, con lo que se promete, en nuestro caso, acabar con la fiesta de los “malacates”, es lo que podríamos denominar fraude postelectoral.

Luego de centrarse y reforzar el encierro como principal solución al problema de la inseguridad-cosa en la que se han esforzado notoriamente-, ahora el problema está en las cárceles. Ya no es solo el problema del hacinamiento, de la violencia interna y los motines penitenciarios. Se ha convertido al sistema penitenciario en una oficina privada del crimen organizado y coto de la corrupción más escalofriante.

¿Es esto racional? ¿estamos condenados a seguir en el mismo esquema represivo y propagandístico, pero ineficaz? Digo, como ciudadano, no puedo seguir confiando en un gobierno cuyo desatino y tozudez para abordar el tema de la inseguridad, solamente ha generado más daño ¿O es que mantenernos asustados les es útil para volver a ofrecernos soluciones salvadoras para que volvamos a votar por ellos, para que sigamos esclavizados a la seguridad privada, comprando armas para arriesgar nuestras vidas y alimentando ese comercio inhumano? Suena perverso, pero no creo que sea muy lejano de la realidad.

El populismo punitivo es una mentira, un fraude. Es inmoral e irresponsable en un tema donde su ligereza y superficialidad se paga con vidas humanas y con el dolor de las víctimas. Nadie tiene la solución mágica para la inseguridad, no es un problema que se resolverá de la noche a la mañana, y no obstante los esfuerzos, el delito siempre existirá en estas sociedades, solo podemos aspirar a llevarlo a un nivel “tolerable” y en eso hay que ser claros, quien ofrezca lo contrario, miente. El problema de la inseguridad hay que enfrentarlo con racionalidad y realismo, no con seudo pragmatismos, y con las armas del Estado democrático de derecho, a través de una política criminal consensuada democráticamente y aplicada sistemáticamente y con transparencia.

Hace algunos días, un columnista, en un matutino “criticaba a los que critican” -me doy por aludido- en materia de seguridad y los desafiaba a ir más allá de las críticas y del discurso de que “es un problema complejo” hacia la aportación de soluciones. No comparto totalmente esa opinión, pues la crítica no puede estar supeditada necesariamente a la propuesta (¿o es qué, si no tengo propuesta, mejor me callo y aguanto?) y eso me lleva al segundo punto: para proponer, responsablemente, es necesaria la existencia y disponibilidad de datos e indicadores precisos que permitan hablar con propiedad, cuestión particularmente difícil en nuestro medio donde la disponibilidad de información no es necesariamente la regla, pues la cuestión de la inseguridad no se limita al número de homicidios o las denuncias de extorsiones publicadas por los medios, un análisis más preciso necesitaría otros datos sobre victimización y capacidades institucionales, para solo mencionar algunos. Además, nadie esta en la posición ni en la capacidad de dar de manera especulativa e individualmente soluciones, sino que estas tienen que ser producto de una construcción colectiva entre funcionarios y ciudadanos con basamento en un rigor técnico y científico que permita dar respuestas coherentes con las problemáticas que se pretendan atacar. Un dato para el público: en El Salvador se han producido, desde diversos sectores no vinculados al Órgano Ejecutivo, al menos tres propuestas amplias y detalladas de política criminal que han sido presentadas ante el gobierno, pero que no han recibido la necesaria atención, sea por negligencia, sea por animadversión ideológica. El dato muestra dos cosas: uno, que a la par de un reclamo ciudadano por la seguridad, también existen propuestas concretas y dos, que ante tal nivel de indiferencia, mayor grado de presión, sea ésta, a través de la crítica.

Reforma integral de la ley penal: entre la demagogia y el fetichismo jurídico

Ante la violencia en el país, un sector dominante de la opinión publicada –que no, opinión pública-, parte un abordaje del problema desde la visión de control, según la cual, el tratamiento de la violencia debe basarse en una intervención más eficaz del sistema penal y sus agencias: policía, fiscalía, judicatura, sistema penitenciario, las leyes y su respectiva aplicación.

En mi opinión, esta visión es reduccionista pues se basa en una clasificación formal y abstracta: el delito, y no real de los conflictos, sin ir más allá en la búsqueda y tratamiento alternativo de los factores facilitadores de la violencia. La complejidad de la violencia va más allá de un régimen jurídico y de la reacción del sistema penal a ésta. Ello no implica negar que el sistema penal juegue un papel en la contención de múltiples conflictos. Pero debemos insistir en que su intervención tiene limitantes estructurales respecto del complejo contexto social en que opera.

Desde esta visión se omiten, interesadamente, los factores estructurales que dan paso a la violencia, su reproducción y mantenimiento: la desigualdad, exclusión, el valor y uso cultural de la violencia en nuestra sociedad; fragmentación social y la ausencia de un modelo de desarrollo humano preocupado en la inversión en capital social, así como la falta de una fortaleza institucional que pueda combatir la impunidad.

Esta omisión nos llevaría a una trampa por la cual, la violencia y la criminalidad son un problema "moral", de la maldad de la condición humana o de la pérdida de valores, generando un maniqueísmo de buenos y malos, simplificador y políticamente explotable como excusa por funcionarios cuestionados ante la realidad de la violencia.

Las respuestas desde la visión de control son a posteriori, reactivas, y dependen de la ocurrencia de un daño previo. Partir de ellas como solución, es una visión obtusa. En esta línea discursiva se adscriben clichés, tales como leyes para suizos o leyes que benefician a los delincuentes, que propugnan por el endurecimiento de la legislación penal (aumento de penas, reducción de garantías, nuevos delitos, etc.), sin tener en cuenta los problemas materiales y falencias técnicas de las instituciones encargadas, la ausencia de políticas estratégicas, integrales y racionales. Tampoco tienen en cuenta el daño causado a las instituciones, que se traduce en saturación, desgaste y debilitamiento de sus capacidades de respuesta, así como la disminución de su legitimidad respecto del orden constitucional.

Estas propuestas, vacías y superficiales, en boca de operadores de justicia y seguridad pública son demagógicas. Luego de cerca de trescientas reformas a las leyes penales y del fracaso de las estrategias reactivas como mano dura, existe evidencia empírica que muestra la falacia de esta línea discursiva. Una acción política basada en respuestas exclusivamente represivas superficiales y reformas legales es coexistente con un incremento de homicidios.

La violencia actual tiene como uno de sus factores posibilitantes, una larga secuencia de omisiones o negligencias institucionales: falta de abordaje técnico, ausencia de planificación y acuerdos interinstitucionales y multisectoriales, apuesta exclusiva por la represión, prevalencia de intereses políticos y el uso ideológico y superficial del problema.

Investigaciones e informes sobre la justicia penal y la seguridad pública en El Salvador, demuestran la existencia de cuestiones bastante más complejas y profundas que afectan de manera sensible la capacidad de dar respuestas efectivas y eficientes a las demandas sociales. Por ejemplo:

• La ausencia o debilidad del gobierno de la seguridad pública ejercido por el Ministerio de Gobernación, esto es, la virtual acefalía del sector en la generación y conducción de políticas públicas de seguridad, las cuales se limitan a respuestas policiales y no a un abordaje más amplio e integral de la problemática.


• Falta de acuerdos y procesos de trabajo conjunto entre la PNC y la Fiscalía General de la República, las investigaciones sobre la temática indican la existencia de criterios de éxito disímiles entre ambas instituciones y la carencia de espacios de compartimentación de experiencia y comunicación, así como de evaluación.


• La FGR no ha desarrollado una política pública de persecución penal que sirva como un mecanismo de racionalización de la demanda que enfrenta y que permita la inversión de sus energías institucionales en las áreas prioritarias.

Funcionarios del Ministerio de Gobernación y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablan de revisiones integrales de la legislación penal, sin una discusión seria y realista de las falencias y necesidades de fortalecimiento institucional o peor aún, de la capacidad de la conducción política de las instituciones encargadas de la seguridad pública y su responsabilidad por el estado de la cuestión.

Es una propuesta irresponsable y amnésica. Obvia las dificultades prácticas e institucionales, así como las necesidades de recursos económicos y de capacitación para echar a andar un proceso de reforma de las dimensiones propuestas.

La propuesta no es inocente. Desvía la atención del público de los problemas de rendimiento institucional y de la evaluación política sobre los éxitos o fracasos de las políticas de seguridad ejecutadas hasta el momento y sobre los responsables de su ejecución y conducción.

(Una versión reducida de este artículo fue publicada en el Diario El Mundo, El Salvador, el día 04 de julio 2006, con el título "Reforma integral de la ley penal: más de lo mismo")