¿Qué hacer con las pandillas?

Debería ser innecesario aclarar que comprender, explicar y proponer alternativas al fenómeno de las pandillas no supone justificarlas ni desconocer los graves hechos de violencia que realizan destruyendo vidas y familias, además de utilizar su fuerza y poder de manera brutal para garantizar su impunidad. Sin embargo, el tema despierta muchas pasiones y se interpela con hostilidad cualquier abordaje que cuestione la represión o plantee algo diferente. 

En ningún momento se trata aquí de promover el abandono de la aplicación de la ley, esa es la réplica quienes no aceptan abordajes alternativos, quienes solo creen en opciones “duras” y descalifican las “blandas” o que desde una cerrada percepción del fenómeno exclusivamente visceral piensan que no deben haber segundas oportunidades, sino venganza. 

La aplastante propaganda oficial del gobierno salvadoreño apela a la emocionalidad de la ciudadanía en esta nueva cruzada contra las pandillas que cuenta con un amplio apoyo popular, haciendo creer a la gente que la solución es capturar y encerrar -sin debido proceso ni juicio justo- a decenas de miles de personas, por el resto de su vida útil o hasta su muerte y que los daños colaterales o “margen de error” son males necesarios. Vale la pena recordar que esa idea no es nueva, fue ya intentada, fracasada y resultó peligrosamente contraproducente.

En el pasado, los ímpetus del populismo punitivo tuvieron como barrera el equilibrio de poderes en el que el judicial se constituyó como un límite para reducir -que no, eliminar- el impacto de la arbitrariedad y el abuso de poder en la persecución penal. No obstante, ese “obstáculo” ha sido “superado” con el golpe de estado dado tras la destitución de la Sala de lo Constitucional el 01 de mayo de 2021, la cooptación de la Fiscalía General de la República y la reforma de la ley de la Carrera Judicial hecha para colocar jueces a la medida del oficialismo y doblegar o anular a la judicatura independiente. El escenario ideal para el sueño húmedo de cualquier populismo punitivo. 

Esto no puede ni debe ser considerado una “ventaja”: ninguna persona o sociedad avanza rebajando los estándares existentes sino superándolos. Una justicia a la medida, elimina requisitos de rigor y calidad, lo que repercute negativamente en las capacidades de las instituciones, en su profesionalismo y respeto a la ciudadanía, haciendo retroceder al país a un nivel varias décadas atrás.

Esta situación generará resultados inmediatos pero con enormes costos humanos y sociales que pronto serán también graves y evidentes, estando por verse además la sostenibilidad en el mediano y largo plazo para financiar la infraestructura y servicios necesarios para su funcionamiento. 

Adicionalmente, este enfoque, no visibiliza a las víctimas o si lo hace, es para utilizarlas en nombre de la represión, otorgándoles una mala versión de justicia retributiva, pero que en esencia, no atiende la situación real de las víctimas como damnificadas, sujetos de derechos y merecedoras de medidas de reparación y no repetición.  

Lo más grave e inaceptable para mí, es que sin perjuicio de las necesidad y obligación de aplicar la ley a quién lo merezca de manera correcta y justa, en la actualidad, se toma a decenas de miles de personas -muchas de ellas víctimas del azar, de simples sospechas, denuncias falsas o estigmas- interrumpiendo sus vidas y sometiéndoles a toda clase de vejaciones y humillaciones con el fin de abonar a la imagen de fuerza de un gobierno. 

Eso no es justicia, es una farsa inhumana, terriblemente inmoral: al menos seis personas detenidas en régimen de excepción han muerto bajo custodia -asesinadas o por falta de medicamentos- a poco más de un mes de esta cruzada contra las pandillas. Un margen de error inaceptable.

Miles de familias de escasos recursos han visto alterada su forma de vida y recursos ante la detención de un o una jefe de familia que proveía sostén o cuido a un hogar, enfrentando nuevas necesidades como alimentación, vestuario, defensa, transporte para la atención de sus familiares detenidos, aguantando además, la falta de información, maltrato e indiferencia de las instituciones.

Entrando en materia

En términos generales, las pandillas tienen mecanismos y reglas sobre temas como el ingreso, conducta, valores y permanencia. En este sentido, no toda persona cercana a una pandilla es necesariamente un pandillero, sino que puede ser un colaborador (voluntario o no), un aspirante o simplemente un acompañante.  Y aunque existe la difundida creencia que nadie puede salir de la pandilla, también hay formas de alejamiento de la vida pandilleril, lo que se conoce como “calmarse” y dejar de estar activo, con lo cual, si bien, no deja de ser miembro, deja de participar de las actividades de la pandilla y deja de frecuentarla. 

El desconocimiento de estos elementos y la centralidad dada a las pandillas dentro de los fenómenos de seguridad pública, han impedido un abordaje más elaborado, limitado principalmente a la represión penal y, en el peor de los casos, a respuestas más intensas como las políticas de manodurismo o hasta prácticas de represión extrema con la sistemática grave violación de los derechos humanos de manera indiscriminada. 

Hasta ahora, todo lo hecho no ha tenido un impacto significativo, a pesar de los momentos de aparente calma siempre hay eventos que nos recuerdan, de manera contundente, la permanencia del fenómeno.  Precisamente por ello es necesario pensar con cabeza fría y revisar lo hecho hasta ahora y sus resultados, buscar alternativas a aquello que ha sido inútil, dañino o ha tenido efectos perversos, también pensar proactivamente desde otros campos diferentes a la seguridad pública y la justicia penal que tienen un rol reactivo y con muchos efectos concomitantes en las vidas de las personas, las familias y las comunidades. 

A continuación un breve recuento de las acciones implementadas y sus resultados:

Manodurismo y represión extrema

Desde que los gobiernos decidieron otorgar a las pandillas la centralidad de la atención en materia de seguridad pública, se generaron toda una serie de prácticas que afectaron transversalmente a todo el sistema penal: militarización de las estrategias de combate a las pandillas (enfoque parabélico amigo-enemigo), endurecimiento de leyes y procedimientos penales, configuración del sistema penitenciario en función de las pandillas, liberalización del uso de la fuerza letal y, más recientemente: reducción de derechos y garantías de la población a través de estados de excepción, como lo hemos visto en diferentes países de la región.

Esta política ha tenido más efectos perversos que resultados favorables: la persecución activa desestimula el abandono de los miembros de pandillas, ya que siempre serán perseguidos por el estigma; conlleva la sobrepoblación y hacinamiento de los centros de detención y el deterioro de sus condiciones; las cárceles se volvieron cuarteles generales, consolidándose y fortaleciendo sus alcances para la comisión de crímenes; la persecución activa de las autoridades terminó sirviendo a las pandillas para controlar a sus miembros: si uno se portaba mal, en algún momento podría ser capturado y recibir su merecido. 

Los efectos perversos, en lugar de llevar al cambio de modelo, condujo a extremos como la ampliación de las facultades del uso de fuerza letal por parte de autoridades (lo que ha sido notorio en las estadísticas y en informes sobre derechos humanos); se aisló a la población reclusa de contacto con el exterior y, aunque esto tuviera algún impacto, como en la reducción de delitos cometidos por órdenes desde centros penitenciarios, el costo humano para las familias de los privados de libertad es muy elevado, agravando el impacto social negativo al extender los efectos de la estrategia hacia terceros, negando, además, el mandato constitucional de rehabilitación. 

Uno de los efectos más gravosos de esté modelo es que inevitablemente tiende a escalar el conflicto, es decir, que cada lado toma posiciones cada vez más extremas, lo que normalmente se plasma en un mayor y brutal ejercicio de la violencia y ciclos interminables de venganzas y ajustes de cuentas, así como la expansión de calificaciones delictivas, penas, condiciones de prisión, etc. ampliando el ciclo de la violencia. 

Treguas y pactos

Otra forma de intervención en el fenómeno de las pandillas se ha dado cuando políticos oportunistas y deseosos de resultados inmediatos han recurrido al establecimiento de pactos secretos con pandillas para reducir delitos y, con ello, favorecer su imagen como líder. Como todo pacto ilegítimo y al margen de la ley, se rige por la regla de “plata o plomo”, “garrote o zanahoria”, incentivos o amenazas, añadiendo además, prácticas corruptas y clientelistas que atentan contra la ciudadanía, es pues, una negociación criminal. 

Lo que la experiencia y la historia muestran es que dichos pactos son volátiles y efímeros, pero al rebajar la presión sobre las pandillas, éstas se fortalecen y las rupturas del pacto son acompañadas de efectos boomerang, es decir, con repuntes de violencia. 

No está demás decir que, bajo la apariencia de tranquilidad pactada, la pandilla no desaparece ni deja de operar en modalidades de más bajo perfil. Entonces, este tipo de estrategia tampoco “resuelve” el problema del impacto de las pandillas en la vida cotidiana. 

Alternativas

Para poder determinar alternativas hay que partir de algunos presupuestos:

• El fenómeno de las pandillas es de tipo social, no solamente un asunto de seguridad pública o de justicia penal y, por tanto, requiere un abordaje coherente con su naturaleza.. 

• Las alternativas para el tratamiento de un conflicto deberían buscar su reducción y transformación a un nivel menos lesivo y violento.

• Las personas involucradas en pandillas son -valga la redundancia- personas, ciudadanos y ciudadanas poseedores de derechos y no los pierden por estar en una pandilla, por lo que no están justificados los tratos discriminatorios en la provisión de servicios, excepto si cometen faltas o delitos y son condenados por ellos.

• Los problemas se resuelven de manera racional, no emocional. Cualquier descalificación sobre la humanidad de los sujetos o la preponderancia de juicios morales sobre lo que merecen o no merecen como ciudadanos a partir de visiones subjetivas de “justicia”, distorsionan el sentido inclusivo que deben regir las intervenciones.

• No hay soluciones simplistas, recetas, ni atajos. Lleva tiempo, esfuerzo y, sobre todo, muchísima voluntad política y liderazgo abierto. 

• Se requieren políticas públicas, programas, financiamiento específico, personal capacitado, no puede ser un proyecto finito sin los recursos necesarios.

• Todo abordaje estatal y privado debe ser en el marco del Estado de Derecho: respetar la ley y los derechos humanos. El fin no justifica los medios. Los procesos deben enmarcarse en la cultura de la legalidad, tanto para ejecutores como para destinatarios.

• La comunidad y la sociedad civil son partes indispensables del proceso, pues contribuyen a la entrada, aclimatación e implementación de las políticas públicas en el territorio.

• La pandilla no es una realidad simple, sino que tiene diversos niveles de jerarquía, pertenencia y vinculación, por lo que no se puede dar un mismo tratamiento en todos los casos, no todos cometen o planifican delitos graves necesariamente. Algunos colaboran pero no son considerados miembros, incluso, varios no participan voluntariamente de sus actividades. 

Partiendo de estos presupuestos, las intervenciones en este fenómeno deben de partir de su comprensión amplia para generar un conjunto de acciones más allá del sistema penal y que además, contribuyan a racionalizar las estrategias de este sector, de manera que éstas no tengan un efecto negativo o contradictorio respecto de los demás esfuerzos. 

La complejidad del fenómeno de la violencia y de las pandillas tiene como una de sus raíces la realidad de exclusión y vulnerabilidad social de amplios segmentos de la población, sumado a una cultura que ha usado la violencia como método preferente de resolución de conflictos o disciplinamiento tanto en el nivel intersubjetivo como en el institucional, es decir, la violencia no solo está ampliamente difundida entre los individuos, sino que el mismo estado aplica violencia en su accionar, lo cual me parece una pésima pedagogía social.

Toda política pública de prevención debe tener un importante componente de política social que implique la inserción y permanencia educativa; el desarrollo de habilidades, inserción económica y provisión de servicios básicos a comunidades, incluído el desarrollo urbano e infraestructura social. 

No se puede aislar el fenómeno de las pandillas y sus miembros, de la violencia intrafamiliar, contra la mujer y la niñez en la que millares de personas han sido socializadas. Miles de familias disfuncionales o desintegradas por paternidad irresponsable o ausencias parentales forzadas, patrones de crianza violentos, adicciones, estrés socioeconómico, exclusión social y espacial. 

Muchos esfuerzos de intervención deben empezar por aquí, pues son válvulas que empujan a muchos individuos a buscar formas de integración que compensen las carencias emocionales y materiales de sus existencias, algo que la pandilla ofrece cubrir. 

En este sentido, la des-normalización de la violencia en los hogares, comunidades y espacio público debe ser parte de la ruta de las políticas de protección y promoción de derechos de la mujer y la niñez, algo en lo que el actual gobierno ha dado enormes pasos… hacia atrás, con el desmantelamiento de las políticas e instituciones de protección de estos grupos y la creciente exclusión educativa de la niñez que alcanza a cien mil niñas, niños y adolescentes que han desertado del sistema educativo en el último año. 

Creo que debe haber equilibrio y equidad en las intervenciones, hasta ahora, la represión ha sido casi la única vía, los esfuerzos en materia de prevención han sido efímeros y voluntaristas o de poco alcance, sin mayores impactos y los esfuerzos de reinserción de personas que desean voluntariamente abandonar la vida activa en las pandillas han existido gracias a organizaciones de sociedad civil, especialmente de naturaleza religiosa. 

Sin duda, uno de los esfuerzos más difíciles es el de crear sensibilidad y apertura social a personas que desean retirarse de la vida activa en las pandillas. La hostilidad existente, muchas veces comprensible, limita los espacios para la reinserción al generar un ambiente adverso para estas iniciativas. 

Además de la sensibilización, es importante generar convencimiento práctico sobre los beneficios y utilidades de apoyar o permitir las oportunidades a personas como una forma de reducción del fenómeno que redunda en el bienestar de todos, es decir, un ganar-ganar. Por el contrario, negar oportunidades de salida, es asegurar la permanencia de esas personas en la pandilla y la continuidad de los efectos consiguientes. 

Lo anterior no significa ignorar los graves hechos de violencia que cometen miembros de pandillas y para ellos lo que corresponde es la persecución y sanción penal. En materia de aplicación de la ley, más que la laxitud de estándares con los que se pretende capturar y condenar a mansalva, debería prevalecer la persecución penal estratégica y eficaz, esto significa, distinguir los niveles de responsabilidad y el ataque selectivo a nodos claves de incidencia criminal que más afectan a comunidades y ciudadanía y, por otro, la procuración de la eficacia de la investigación para el logro de sanciones penales.

En resumen, un abordaje parcial al fenómeno de las pandilla no contribuye a tener mejores resultados. Solo en la medida en que las políticas públicas e intervenciones se organicen y funcionen alrededor de las diferentes subfenómenos e involucren a las comunidades y a lideres y liderezas que conocen bien estas situaciones, se podrá avanzar en una gestión menos violenta y lesiva, coherente con un sistema democrático respetuoso de la ciudadanía.

Entrevista con Wacquant

“LA TOLERANCIA CERO ES MÁS CARA QUE UN PLAN SOCIAL”
(ENTREVISTA AL SOCIÓLOGO LOÏC WACQUANT SOBRE MISERIA, DELITO Y MARGINALIZACIÓN)
Leonardo Moledo - Página 12
Publicado el viernes 25 de mayo de 2001

Discípulo de Bourdieu, es investigador de la violencia urbana. Wacquant llegó a Buenos Aires a presentar su libro "Parias urbanos", donde desmenuza los procesos de marginalización en las grandes ciudades. En diálogo con Página/12 analizó ese proceso en la Argentina y por qué se termina por pedir un Estado penal. Loïc Wacquant es francés, pero está radicado en EE.UU. Es profesor de la Universidad de California-Berkeley.
El discurso de Loïc Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, investigador y profesor de la Universidad de California-Berkeley, está centrado en los procesos de marginalización urbana- y expresado en los dos libros que se conocen de él en castellano, Las cárceles de la miseria y Parias urbanos-, además de sus contribuciones en Le Monde Diplomatique.
Wacquant analiza miseria, delito y marginalización no como márgenes o regiones atrasadas de un sistema que progresa y se enriquece (como podría haberse analizado la pobreza a mediados del siglo XX durante el florecimiento del Estado de bienestar), sino como una producción social necesaria de esa sociedad que progresa, en la que todos los actores intervienen de manera activa. Consiguiendo, en fin, como respuesta, la constitución de un "Estado penal" y un discurso que criminaliza la miseria y la marginación, y cuya expresión nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias y el creciente reclamo de la "tolerancia cero".
Dentro de un enfoque relacional, Wacquant sostiene la insuficiencia de los análisis corrientes (y predominantes en la Argentina) que aritmetizan la miseria: "La línea de pobreza, que equipara la pobreza con los bajos ingresos, ignora y oscurece las dimensiones simbólicas, las características específicas de los procesos de marginación y la cadena de eventos y condiciones que conducen a los procesos de exclusión social". Amparado en los índices y su correlato simbólico (ghettos y villas miseria como zonas de peligro y territorios vedados), el Estado interviene no sólo para reprimir el delito sino para "borrar" (de la ciudad, de la vista) la presencia misma de la miseria, o con planes de asistencia -además de insuficientes- desarticulados, que al superponerse a la desarticulación misma del universo de lo marginal, de los parias urbanos", refuerza los mecanismos de la marginación avanzada. Que avanza más cuanto más avanza un sistema económico y social que cada vez progresa más y es más rico. Invitado a la Argentina para presentar su libro Parias urbanos, Loïc Wacquant mantuvo un diálogo con Página/12.

Evidentemente hubo un desplazamiento brutal del Estado de bienestar que intentaba paliar la miseria (entendida como falta de progreso) al Estado penal que la criminaliza.
Al mismo tiempo que se produce un desplazamiento brutal de todo el sistema económico y social. Y si esta política de la penalización de la miseria es adoptada es porque responde a un pedido social.
La "mano dura", la "tolerancia cero".
Pero lo interesante es que no sólo las clases privilegiadas quieren protegerse de la violencia sino también las clases pobres. Hay que hacer un análisis para comprender cómo las facciones más precarizadas de estas clases demandan políticas que les son esencialmente nefastas.
-Bueno, pero, ¿por qué?
Porque en el caso de los habitantes de las villas miseria, para quienes la inestabilidad de su existencia es un dato de todos los días, que intentan ver cómo hacer para llegar al otro día, el único pedido que pueden expresar es un pedido de orden inmediato. Porque se agregan al desorden los ladrones y los criminales. Esto se observa y es verdad en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y en Francia. Los más desamparados son los más propensos a pedir políticas autoritarias. Para ellos un ladrón que les saca, por poco que fuese, les está sacando mucho.
Pero también se podría pedir asistencia social.
Claro, pero ante la retirada del Estado, como al Estado no se le puede pedir hoy seguridad social, en su defecto se le pide la penalización de los ladrones, y si el Estado no lo hace, se hace por cuenta propia. Esta es una de las características paradójicas de los subproletarios: el miedo de caer aún más bajo, es el miedo a que el desorden les quite lo poco que tienen. Por eso se pide una policía represiva, sin ver que la represión es para hijos y vecinos. La clase superior mira esto como un espectáculo, como se mira una serie por televisión...
¿Cómo se explica en su análisis el aparente plan suicida neoliberal que reduce a los consumidores a la marginalidad y lleva a la eliminación del mercado?
No es tan suicida para las clases altas. Cuando se desregula la economía, se bajan los salarios y se baja la capacidad de consumo de la clase obrera, se entra en un ciclo de represión... Y se hace aceptar a las clases medias y obreras una reducción del nivel de vida en 30 o 40 por ciento menos que la generación anterior. Eso pasó en la Argentina con un deterioro de estas clases. Pues, ¿dónde está la diferencia?
Bueno, se la han apropiado las clases superiores, es absorbida por quienes detentan el capital económico. Es una transferencia colectiva de la riqueza hacia los más privilegiados. Todo el discurso neoliberal está dirigido a presentar esto como un hecho fatal, ineluctable, un hecho natural, como si se tratara de meteorología. Así como a veces llueve, es lógico que los ricos cada vez ganen más.
En el siglo XVI se produjo en Inglaterra un proceso de marginación masivo y en cierta forma parecido al que usted describe ahora. Progreso de la economía, alambrado de campos, crecimiento de la riqueza general y marginalización de enormes sectores que son lanzados a los caminos. ¿Son identificables estos dos procesos?
Son procesos parecidos. Entonces, como ahora, crecimiento y marginalización estaban y están ligados. El avance de los sectores tecnológicos, de la nueva economía de Internet y los nuevos servicios por un lado. La desproletarización de la clase obrera y la desocialización del asalariado de los servicios, por otro lado, conforman este proceso. Estamos viviendo un segundo gran proceso de transformación, como cuando la economía feudal fue destruida, se liberaron a los siervos que se convirtieron en vagabundos y no existía un mercado de trabajo capaz de retenerlos. Entonces, en toda Europa aumentó la miseria, la violencia. La gran diferencia es que en el siglo XVI la economía no era capaz de producir riquezas para todo el mundo. En el siglo XXI vivimos en economías extraordinariamente productivas. Con un trabajo igual se produce todavía más riqueza. Y se podría garantizar un ingreso mínimo para todos, cosa que no se podía hacer en el siglo XVI. La segunda diferencia es que tenemos un aparato administrativo y político para redistribuir la riqueza, que tampoco era el caso del siglo XVI. Tenemos las riquezas y la capacidad organizacional para redistribuirlas. Lo que ciertamente no tenemos es la voluntad política para hacerlo.
En los años '60 se publicó en Estados Unidos un libro llamado Los hombres de la esquina (The men at the corner), que de alguna manera revalorizó la posición de los desocupados y, hace poco, un nuevo estudio señalaba que los que comercian con drogas, por ejemplo, no sólo trabajan sino que ponen en juego calificaciones muy complejas. ¿Usted comparte esa línea de análisis?
Estoy totalmente de acuerdo. Cuando se dice que en el ghetto o en la villa miseria no hay trabajo, lo que se está diciendo en realidad es que no hay trabajo asalariado. Pero la verdad es que trabajo hay, y mucho.
La economía de la calle requiere mucho esfuerzo, mucha inversión. Muchos jóvenes que controlan el tráfico de drogas tienen las cualidades de los empresarios: desarrollan nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos circuitos de distribución, hacen marketing, con la violencia regulan los intercambios, compiten, conquistan nuevos mercados, contratan personal y forman gente para el trabajo.
Es decir, ponen en juego las mismas capacidades que el discurso económico vigente exalta:competencia, mercado, eficiencia.
Y no sólo eso. En los grandes ghettos de los Estados Unidos -en las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit-, si no existiera esta economía paralela, las condiciones de vida serían peores. Esta economía genera ingresos, empleo. Hay que hacerse la pregunta de por qué estos jóvenes emprendedores dedican sus esfuerzos a esta economía informal.
Bueno, seguramente no tienen mucha posibilidad de elegir.
Sí. Sucede que ya desde la escuela se sabe que los jóvenes de estos barrios no tendrán ninguna posibilidad de obtener empleos valorizados. Del otro lado, está la desocialización del asalariado. Pero es importante decir que, en la Argentina, la gente de las villas miseria trabaja. Es muy difícil sobrevivir todos los días y crear una economía allí donde no hay economía. Simplemente, no trabajan en sectores formales.
Usted sostiene que la marginalización avanzada y los parias urbanos ni siquiera tienen un lenguaje a través del cual expresarse.
Me refiero a que no tienen lenguaje en el espacio político, académico, donde no existen categorías para designarlos colectivamente. Yo mismo utilizo un término negativo, "parias urbanos", que designa por exclusión. Si hacemos una enumeración, lo veremos con claridad: "sin techo", "sin trabajo", "extranjeros ilegales", "gente sin educación", "encarcelados". Es un conjunto heterogéneo definido negativamente. No existen categorías como históricamente "la clase obrera", que era una categoría homogénea que designa una relación común (fuerza de trabajo y venta de esa fuerza), definida positivamente y todo lo que entra en esta categoría participa de una misma relación social. Sin embargo, ahora los habitantes de estos barrios relegados conforman una categoría heterogénea, fragmentada.
No como cuando la clase trabajadora se definía a sí misma como tal.
Hace treinta años se podía decir "los trabajadores" para designar a la mayoría de los barrios pobres. Ahora se los designa como "habitantes de los barrios pobres", por un territorio, un lugar de residencia, que sólo es un receptáculo de las diferentes relaciones sociales. Entonces, se puede decir que los "parias urbanos" desarrollan un lenguaje propio, pero no existe un lenguaje sociológico que los designe y los unifique.
¿Y entonces?
Hay que reinventar la categoría de trabajador, porque cuando emergió lo hizo como producto de un trabajo político de fabricación y difusión de la categoría, para que los asalariados se pudieran reconocer en esta categoría. Las categorías por las cuales la gente se reconoce son un trabajo simbólico y político. No emergen espontáneamente de la posición social. Hoy no hay nadie que haga ese trabajo de unificación política.
El dilema es unificar esta categoría de los "sin", tratando de no separarlos de los asalariados y sus organizaciones.
Hay un tema interesante y es el de la lógica de la situación. Quien va a asaltar un quiosco, actúa racionalmente.
Claro, no va a dejarse morir de hambre.
Y además, como su propia vida no vale nada, tampoco valora la vida del que está enfrente de él. Pero resulta que quien es agredido también actúa lógicamente al defenderse. ¿Cómo se puede cerrar esa contradicción?
Cuando el crimen le llega a uno, uno reacciona como cualquiera. Cualesquiera sean las determinaciones del crimen, es una violencia y uno reacciona ante esa violencia, aunque pueda comprender las motivaciones que llevan a quien uno tiene delante. Yo creo que no hay contradicción entre querer que la policía detenga a quien me ataca violentamente y saber que hay determinaciones sociales que explican por qué esa persona actúa así.
Bueno, ¿y entonces? Porque es esa lógica de la situación la que inclina a mucha gente a pedir ya sea "mano dura", ya sea tolerancia cero.
Tal vez, pero si en la reforma del Estado que propone Cavallo hubiera una parte destinada a profesionalizar la policía, a que la policía devenga una burocracia racional (en el sentido de Max Weber) y profesional, como la de los países como Francia y los Estados Unidos...
Pero usted critica a la policía de Francia o la de Estados Unidos.
Sí, cuando es brutal. Pero sostengo la necesidad de profesionalizar la policía, tener una policía que no sea brutal, una policía que respete la ley y los derechos humanos, y no una policía que encarcele y persiga a los que pintan graffiti, que cuando intervenga, respete la ley... Yo sé que no es probable, pero que es posible.
¿Y cómo se hace?
Uno podría servirse de la misma lógica neoliberal para volverla contra ella misma. Se podría usar la lógica contable: ¿hay que reducir los gastos del Estado? Bien. Se puede aplicar esa misma lógica para decir: ustedes quieren la tolerancia cero, pero la tolerancia cero es carísima; hay que construir prisiones, pagar jueces, encarar la miseria por medio del aparato represivo y penal. Es muchísimo más caro que encararla a través de un programa social o un programa de empleo. ¿Quieren tolerancia cero? Bueno, aplíquenla a la propia policía, a la violencia policial, apliquen la tolerancia cero a lo que ocurre adentro de las prisiones, apliquen la tolerancia cero a los crímenes económicos y fiscales.
No parece fácil.
No quiero decir que sea fácil y ni siquiera quiero decir que sea probable, pero pienso que es el único medio que tenemos: es como el que practica yudo y se vale de la fuerza del adversario y responde con la fuerza del adversario. Hay que hacer una especie de yudo político.
Sí, pero el yudo deja de servir cuando el adversario tiene un revólver.
Sí, ya lo sé.
Y ahí viene un poco el punto. Los planteos que usted hace involucran a la totalidad del sistema de relaciones del sistema neoliberal. Ahora bien, siempre hay un momento en el que, para decirlo de una manera más clásica, el análisis radical muestra la imposibilidad de mejorar las cosas y exige una revolución. ¿Su análisis llega hasta ese punto?
Yo creo que conseguir una policía que actúe dentro de la ley, que se convierta en una burocracia racional y se profesionalice, sería una verdadera revolución.