With a little help from my “friends” (?)…

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El Salvador tuvo como celebre huésped al Fiscal General de los Estados Unidos, Alberto Gonzalez –a la sazón, cerebro encargado de justificar la situación ilegal de cientos de presos de guerra afganos en las cárceles de Guantánamo, fuera de los estatutos del derecho de guerra o de la protección legal básica estadounidense, impulsor de escuchas telefónicas e intercepción de correos electrónicos sin orden judicial (procedimiento declarado ilegal) y vocero legal del ala dura de la lucha contra el terrorismo-.

El hecho que el Fiscal General de los Estados Unidos, venga a El Salvador a tratar, entre otros temas, el combate a las pandillas, no es algo que pueda tomarse a la ligera. Sin caer en complejos de inferioridad u odiosas comparaciones, se debe reconocer que el hecho que un funcionario de primer nivel de la administración Bush se apersone a discutir un tema como el de las pandillas y su tratamiento regional, es algo que va mucho más allá de una mera reunión de cortesía. Sin querer sonar chovinista, los acontecimientos parecen indicar el inicio de un nuevo frente de alineamiento de la región a las políticas de seguridad de la primera potencia.

Creo que las pandillas o maras son una preocupación legítima para cualquier gobernante por el impacto que tienen en ciclos de violencia y delincuencia dentro de los respectivos países. Sin embargo, esta preocupación es sobredimensionada por un lado, y muy poco precisa por otro. Se convierte a la pandilla o mara en el “enemigo público N° 1” mientras se obvian o ignoran otras manifestaciones criminales que constituyen poderes fácticos que pueden condicionar o hasta manipular a los gobiernos (crimen organizado, narcotráfico), o se generaliza a la mara o pandilla desde el niño de 11 años que pasa su prueba de ingreso mediante un delito, con el líder o con las cúpulas de poder que planifican y ordenan hechos de gran envergadura.

En este escenario de visiones sobredimensionadas y generalizadoras, también las respuestas suelen ser poco adecuadas o al menos parciales e incompletas. En este caso, el Fiscal General de los Estados Unidos y sus homólogos locales, junto con los cuerpos de policía, reeditan más estrategias de control. Esto, en principio, no está ni bien ni mal, al fin y al cabo, son organismos de aplicación de la ley, es lógico que funcionen en ese campo.

Lo que sí no puede ser es que el análisis sobre la problemática de las pandillas continúe centrándose desde la visión del control como única alternativa o que la prevención sea vista como algo marginal. Viniendo esta propuesta desde Estados Unidos, el Estado-penal por excelencia, no deberíamos tener muchas expectativas sobre nuevos enfoques.

Una lectura de las noticias deja entrever otras cosas: primero, lo obvio, que las pandillas son un problema de seguridad para Estados Unidos, por eso son importantes, si no lo fueran, no estaríamos escribiendo esto ni nuestras instituciones estarían recibiendo equipos, dinero, capacitación… y órdenes. (Con esto no quiero decir que las maras o pandillas no sean un problema para nosotros, lo son –dramáticamente–, pero en este contexto, esto parece ser una cuestión secundaria)

En el marco de esta preocupación por “su” seguridad –según el discurso de las autoridades norteamericanas–, nuestros países son tanto la causa del problema como los receptores y destinatarios para el mismo, que deben recibir a todos los deportados con antecedentes criminales de los que Estados Unidos no quiere hacerse cargo y a quienes nuestros gobiernos los reciben a regañadientes con una triste moraleja: Allá no te quisieron y aquí tampoco te queremos: los hermanos lejanos solo son queridos si logran quedarse lejanos y mandan dólares (aunque sea vendiendo droga en las esquinas)

No discuto el hecho de enfrentar un problema común de manera conjunta por varios países, lo que creo que es discutible es la limitación de las estrategias (control) y temas seleccionados (maras) pues este marco, más bien parece que se busca crear una nueva amenaza para la región, dicho esto en la jerga de la Seguridad Hemisférica.

Una amenaza, como lo fueron los comunistas, subversivos, o lo es aún la droga, que genera y sirve para justificar más burocracias y más gasto en el sistema penal y de seguridad en todos los países involucrados, con todos los efectos perversos que ello ha generado: más violaciones a los derechos humanos, más corrupción, y un ciclo perverso por el cual las burocracias necesitan a sus fantasmas para seguir viviendo.

Finalmente, no deja de ser una iniciativa reduccionista e insuficiente. Se debe reconocer que la problemática de las maras o pandillas, la criminalidad y la violencia asociada a estas tiene raíces en las condiciones de desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, migración forzada y la desintegración familiar derivada de dichos procesos y que inundan la historia de vida de miles de jóvenes de nuestros países. Algo que no es una responsabilidad exclusiva de malos gobiernos en la región sino que se conjuga en el marco de las relaciones del norte y el sur, por lo que una cooperación internacional más coherente con esta problemática sería la orientada a reducir esas condiciones que orientan el camino de muchos jóvenes hacia la violencia.

Reforma integral de la ley penal: entre la demagogia y el fetichismo jurídico

Ante la violencia en el país, un sector dominante de la opinión publicada –que no, opinión pública-, parte un abordaje del problema desde la visión de control, según la cual, el tratamiento de la violencia debe basarse en una intervención más eficaz del sistema penal y sus agencias: policía, fiscalía, judicatura, sistema penitenciario, las leyes y su respectiva aplicación.

En mi opinión, esta visión es reduccionista pues se basa en una clasificación formal y abstracta: el delito, y no real de los conflictos, sin ir más allá en la búsqueda y tratamiento alternativo de los factores facilitadores de la violencia. La complejidad de la violencia va más allá de un régimen jurídico y de la reacción del sistema penal a ésta. Ello no implica negar que el sistema penal juegue un papel en la contención de múltiples conflictos. Pero debemos insistir en que su intervención tiene limitantes estructurales respecto del complejo contexto social en que opera.

Desde esta visión se omiten, interesadamente, los factores estructurales que dan paso a la violencia, su reproducción y mantenimiento: la desigualdad, exclusión, el valor y uso cultural de la violencia en nuestra sociedad; fragmentación social y la ausencia de un modelo de desarrollo humano preocupado en la inversión en capital social, así como la falta de una fortaleza institucional que pueda combatir la impunidad.

Esta omisión nos llevaría a una trampa por la cual, la violencia y la criminalidad son un problema "moral", de la maldad de la condición humana o de la pérdida de valores, generando un maniqueísmo de buenos y malos, simplificador y políticamente explotable como excusa por funcionarios cuestionados ante la realidad de la violencia.

Las respuestas desde la visión de control son a posteriori, reactivas, y dependen de la ocurrencia de un daño previo. Partir de ellas como solución, es una visión obtusa. En esta línea discursiva se adscriben clichés, tales como leyes para suizos o leyes que benefician a los delincuentes, que propugnan por el endurecimiento de la legislación penal (aumento de penas, reducción de garantías, nuevos delitos, etc.), sin tener en cuenta los problemas materiales y falencias técnicas de las instituciones encargadas, la ausencia de políticas estratégicas, integrales y racionales. Tampoco tienen en cuenta el daño causado a las instituciones, que se traduce en saturación, desgaste y debilitamiento de sus capacidades de respuesta, así como la disminución de su legitimidad respecto del orden constitucional.

Estas propuestas, vacías y superficiales, en boca de operadores de justicia y seguridad pública son demagógicas. Luego de cerca de trescientas reformas a las leyes penales y del fracaso de las estrategias reactivas como mano dura, existe evidencia empírica que muestra la falacia de esta línea discursiva. Una acción política basada en respuestas exclusivamente represivas superficiales y reformas legales es coexistente con un incremento de homicidios.

La violencia actual tiene como uno de sus factores posibilitantes, una larga secuencia de omisiones o negligencias institucionales: falta de abordaje técnico, ausencia de planificación y acuerdos interinstitucionales y multisectoriales, apuesta exclusiva por la represión, prevalencia de intereses políticos y el uso ideológico y superficial del problema.

Investigaciones e informes sobre la justicia penal y la seguridad pública en El Salvador, demuestran la existencia de cuestiones bastante más complejas y profundas que afectan de manera sensible la capacidad de dar respuestas efectivas y eficientes a las demandas sociales. Por ejemplo:

• La ausencia o debilidad del gobierno de la seguridad pública ejercido por el Ministerio de Gobernación, esto es, la virtual acefalía del sector en la generación y conducción de políticas públicas de seguridad, las cuales se limitan a respuestas policiales y no a un abordaje más amplio e integral de la problemática.


• Falta de acuerdos y procesos de trabajo conjunto entre la PNC y la Fiscalía General de la República, las investigaciones sobre la temática indican la existencia de criterios de éxito disímiles entre ambas instituciones y la carencia de espacios de compartimentación de experiencia y comunicación, así como de evaluación.


• La FGR no ha desarrollado una política pública de persecución penal que sirva como un mecanismo de racionalización de la demanda que enfrenta y que permita la inversión de sus energías institucionales en las áreas prioritarias.

Funcionarios del Ministerio de Gobernación y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablan de revisiones integrales de la legislación penal, sin una discusión seria y realista de las falencias y necesidades de fortalecimiento institucional o peor aún, de la capacidad de la conducción política de las instituciones encargadas de la seguridad pública y su responsabilidad por el estado de la cuestión.

Es una propuesta irresponsable y amnésica. Obvia las dificultades prácticas e institucionales, así como las necesidades de recursos económicos y de capacitación para echar a andar un proceso de reforma de las dimensiones propuestas.

La propuesta no es inocente. Desvía la atención del público de los problemas de rendimiento institucional y de la evaluación política sobre los éxitos o fracasos de las políticas de seguridad ejecutadas hasta el momento y sobre los responsables de su ejecución y conducción.

(Una versión reducida de este artículo fue publicada en el Diario El Mundo, El Salvador, el día 04 de julio 2006, con el título "Reforma integral de la ley penal: más de lo mismo")