Joaquín Samayoa contra los "Criminales a temprana edad"

He leído la reciente columna de opinión de Joaquín Samayoa, un conocido "analista" (al que algunos extraviados todavía creen de izquierda), quién en esta ocasión tuvo la ocurrencia de hablar sobre el aumento de penalidad a menores en conflicto con la ley penal. El título de la columna: "Criminales a temprana edad", ya nos pinta el tono y enfoque del contenido.

Muchos pensarán que el sr. Samayoa dice algo razonable (lamentablemente la fama pesa como criterio de autoridad para los ignorantes), cuando en verdad su análisis es superficial y no es muy diferente al discurso de cualquier político conservador respecto del crimen (en general, no es diferente en muchas cosas. Recordemos que dedicó una columna para justificar el golpe en Honduras, a la que también dediqué unas líneas)

Normalmente, el pensamiento conservador se encuentra basado en una antropología (visión del hombre) individualista que tiene como principal eje de interpretación de la acción social y humana al libre alberdrío. De esta suerte, las infracciones a los códigos establecidos, no son una mera clasificación jurídica, sino que reviste además un fuerte reproche moral por abusar de la propia libertad y afectar la de otros. Creo que es oportuno citar, tal como lo hace John Lea en su libro Delito y modernidad, un pasaje de Hegel (antitesis de Marx) sobre el pensamiento abstracto:

Un asesino es conducido al lugar de ejecución. Para la mayoría del populacho, él no es otra cosa más que un asesino. Las damas tal vez digan que es un hombre fuerte, guapo e interesante. La plebe encuetra que éste es un comentario terrible. ¿Qué? ¿Guapo un asesino? ¡Cómo puede alguien pensar tan perversamente y llamar guapo a un asesino; no hay duda, ustedes mismas no son algo mucho mejor! Ésta es la corrupción moral que prevalece en las clases altas, podría añadir un sacerdote, conociendo el transfondo de las cosas y los corazones humanos. Quien conoce a los hombres, traza el desarrollo de la mente del asesino: busca en su historia, en su educación, en una mala relación familiar entre su madre y su padre, en algo tremendamente rigorista luego de que este ser humano había cometido una pequeña transgresión, de modo que él se encuentra amargado y resentido contra el orden social... que en lo sucesivo hizo que no hubiera para él otra forma de mantenerse que no fuera a través del delito. Quizás haya gente que al escuchar tales cosas dirá: ¡Quieren disculpar un asesinato! ... Este es un pensamiento abstracto: no ver otra cosa en el asesinato, excepto el hecho abstracto de que él es un asesino y, con esta calificación simplista, anular en él cualquier otra esencia humana (Hegel, ¿Quién piensa en forma abstracta?)

Me parece que la cita es muy oportuna, pues muestra la tendencia seguida por el columnista citado: dar mayor importancia a la abstracción del delincuente y del delito que al contexto social y de conflictividad en que se suscita. En su columna, el autor hace un gran uso de criterios morales para analizar la propuesta de aumento de penas para menores:

Cada vez son más los menores arrastrados a un estilo de vida marcado por un profundo desprecio a la vida y a cualquier norma o autoridad que no sean las de su pandilla. A muy temprana edad, estos jóvenes están cometiendo asesinatos a sangre fría, sin titubeos ni remordimientos, solo para merecer el ingreso a la pandilla, para hacerse respetar en la calle o para procurarse la próxima dosis de una droga sin la cual no pueden vivir.

Incluso, aunque reconoce el origen social y grupal del fenómeno, no sale de su esquema:

Pero cualquiera haya sido el trayecto que recorrieron para llegar a ser lo que ahora son, están ya tan maleados y hacen un daño tan grande al resto de la sociedad que resulta difícil verlos con algún grado de compasión o simpatía. 

Muy triste que estos duros juicios morales vengan de alguien que proviene del mundo de la educación. 

El columnista rebate a los críticos que han señalado anticipadamente el fracaso de la medida como solución al problema de la violencia juvenil. Niega que este sea el plano en que se deba discutir, para él, no es tanto el efecto real sino el simbólico:

(...) hay un criterio que debe prevalecer en el tema que nos ocupa. Aunque sea de manera simbólica, la legislación penal debe enviar a toda la sociedad un mensaje contundente e inequívoco: cualquier asesinato es una falta extremadamente grave para la cual no existen atenuantes de ninguna índole.

Aquí es donde está su punto débil y la muestra de la superrficialidad de su análisis. Parece que el señor "analista" no se entera que tenemos poco más de una década de procesos de contrarreforma legislativa y cientos de enmiendas al Código Penal, Procesal Penal, se ha establecido la pena perpetua de facto para ciertos delitos, así como la creación de leyes especiales como la Ley contra el Crimen Organizado. Todas ellas han pretendido, en su momento, constituirse como mensajes, mientras que la realidad no se ve afectada positivamente por ellos. 

Es irresponsable venir a proponer el uso simbólico de la normativa penal sin tener en cuenta las consecuencias de ello. La contrarreforma penal creó un esquema normativo que aceleró el crecimiento penitenciario de manera geométrica y limitó su capacidad de evacuación y tratamiento rehabilitador, convirtiendo a los Centros Penitenciarios en problemas de seguridad pública.

 Muchos piensan que analizar seriamente cuestiones de justicia y seguridad es soplar y hacer botella sin tener en cuenta la complejidad de las aristas de los fenómenos. Pero bueno, así es la farándula.

Aumento de penas a menores de edad: el eterno (y aburrido) retorno de la retórica punitiva

Un supuesto sentido común -muy distorsionado, por cierto- sumado a la falta de originalidad, han llevado a revivir y dar vigencia, con mucha fuerza, un difundido discurso punitivo a ultranza como alternativa frente a la situación de la inseguridad. Tal como lo dije en el post previo: aunque comprensible por el contexto, no es justificable en sus propuestas y consecuencias.

Los discursos histéricos más peligrosos son los que llaman a la creación de grupos de exterminio o a la toma de justicia por mano propia, pasando por la búsqueda de caudillos autoritarios que “solucionen” el problema. Los más recatados piden la eliminación u omisión de los estándares normativos de derechos humanos, como obstáculo para la eficacia en las labores de la seguridad pública y la justicia penal, así como el endurecimiento de las normativas penales.

Vamos a esto último: recientemente, diversos actores sociales se han dado a la plausible tarea de elaborar propuestas en materia de seguridad pública como versiones alternativas al plan gubernamental. Diputados de la Asamblea Legislativa y otros actores políticos también se han puesto a ello. Sus propuestas se orientan a impulsar reformas legales de endurecimiento penal, aumento de penas, restricciones de libertad, criminalización de agrupaciones pandilleriles, etc. En resumen, populismo punitivo.

Lo que estos actores parecen no recordar es que todo eso ya se hizo, por obra y gracia de ellos mismos y lejos de solucionar el problema, se creó un nudo gordiano de difícil resolución: el ánimo punitivo no solucionó ni redujo la violencia, por el contrario, la complejizó, saturó las cárceles de personas y ahora, el sistema penitenciario se ha convertido en un problema de seguridad pública: según fuentes policiales, el 80% de las extorsiones salen desde esos establecimientos y según las mismas fuentes, los ingresos en circulación de las mismas llegan a contarse por millones de dólares. 

La devaluación de la cárcel por la hiperpenalización de conductas y la falta de mecanismos de regulación del crecimiento penitenciario no son sostenibles ni en términos de seguridad ni en términos presupuestarios. Si la tendencia de crecimiento penitenciario continua, al fines de 2010 habría 25 mil adultos privados de libertad, agravando las posibilidades de manejo de este conflictivo campo de la justicia penal. A este ritmo de crecimiento habría que invertir con periodicidad millones de dólares en construcción de nuevas cárceles y en alimentación de privados de libertad.

Tras una serie de hechos violentos de gran resonancia social que han involucrado a menores de edad. Los diputados han  lanzado un peligroso anuncio al aprobar un decreto por el cual se aumentaría la penalidad máxima de internamiento para los menores de edad en conflicto con la ley penal de 7 a 15 años, para los mayores de 16 años. El diputado Guillermo Gallegos se quejaba en el noticiero que lo ideal es que fuesen 30, 40 años o para siempre, pero que no se puede por respeto a tratados de derechos humanos.

Es importante destacar que esta reforma apenas llevó una semana como propuesta en la Asamblea Legislativa y se aprobó sin mayor consulta con otros actores. También debo decir que la sociedad civil no reaccionó de manera oportuna ante la propuesta, generando un margen de permisibilidad para la decisión legislativa, en un cuerpo normativo que, a diferencia de la legislación penal para adultos con cientos de reformas, había soportado con entereza otras iniciativas de endurecimiento.

Los argumentos para dicha reforma han sido, como se dijo, la participación de los menores de edad en hechos violentos y la necesidad de enviar un mensaje que desaliente dichos ánimos criminales. Otros apelan desde los juicios morales contra la crueldad innata de estos jóvenes sin salvación. El absurdo elevado a la categoría de sentido común o –como diría Wacquant- sensatez penal. Ahora resulta que, vuelven a tomar del cajón de las ocurrencias, la empolvada idea de leer la Biblia en las escuelas por decreto, de la que, incluso, la mismísima Iglesia católica se ha desmarcado en su momento.

Todo esto ya lo hemos oído. Otros, los detractores, salen al ruedo a señalar el origen social de la violencia, que las penas por sí solas son inútiles si no hay investigación efectiva ni instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que se agravará la situación del sistema, etc. 

Es como si el “debate” se repitiera una y otra vez. Lamentablemente, en la política, particularmente en el ámbito legislativo, existe una competencia por figurar y lograr réditos, muchas veces, sobre la base de la ocurrencia fácil y a la ligera. Lo triste del asunto es que vendan la idea como el nuevo traje del rey y muchos crédulos la sigan. Otros ven la desnudez del rey, pero callan para evitar pasar un bochorno.

En cualquier organización seria, los debates agotados deberían archivarse y proponer unos nuevos. No reciclar viejas ideas una y otra vez, sobre todo, si éstas ya demostraron en la práctica sus limitados alcances y sus efectos perversos, complejizando el problema que dicen abordar.

Y aunque resulte un tanto agobiante tener que repetir los argumentos contra medidas como el aumento de penas a menores de edad, los señores y señoras diputados sostienen que con esta medida disuadirán a los menores de edad de cometer hechos ilícitos.

Contra eso, solo quisiera señalar la ingenuidad o ignorancia manifiesta de ese argumento, pues obvia el dato de que, en general, en las estadísticas de la clientela del sistema penal, los menores de edad regularmente oscilan entre un 5 -10% del total de casos delictivos registrado oficialmente. Por otro lado, la violencia pandilleril en particular, no se limita a menores de edad, y éstos son la última escala de la cadena en un contexto en el que la violencia juega un papel fundamental para la manutención de la disciplina. Es decir, se agravan las penas para el más chiquito.

Poco o nada dicen los impulsores de esta reforma sobre la manipulación o coacción de adultos sobre estos menores para cometer hechos delictivos o sobre la forma de intervenir en la salud mental de estos adolescentes que han participado en graves hechos de violencia.

Quien olvida la historia está condenado a cometer los mismos errores y, al aumentar la penalidad y restringir las posibilidades de salida de los menores en internamiento, lo que se hace es aumentar el resentimiento y la posibilidad de tener personas sin una inserción adecuada, lo que conlleva a generar recurso humano para el crimen.

El Presidente Funes lamentó que para dicha decisión no se consultara a su gabinete de seguridad. La Secretaria de Inclusión social también lamentó la falta de debate de esta medida y el Director del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, señaló lo inadecuado del control penal como alternativa para tratar el fenómeno de jóvenes en violencia. Ahora la pelota está en la cancha del ejecutivo, a la espera de que éste sancione, vete u observe el decreto. El Presidente ha anunciado la conformación de una comisión especial para analizarlo, de la cual estaremos pendientes en los próximos días.

Voto de confianza a Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social

Nelson Flores, director del Centro de Estudios Penales de El Salvador y Edgardo Amaya, coordinador del Proyecto de Seguridad Pública.
Foto: Ronald Roque.

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino 1o de mayo 2007

La Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), otorgó un voto de confianza al trabajo que realiza la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, y pidió el cese de especulaciones sobre sus recomendaciones.

La comisión de seguridad fue creada en diciembre del año pasado, por el presidente de la república, Elías Antonio Saca, en la que participan diversos actores de la vida nacional, quienes emitirán un Informe de política integral de criminalidad.

Edgardo Amaya, de FESPAD, agregó que la comisión desde su creación se ha constituido en un espacio “valioso”, donde se ha discutido desde otra óptica la política de criminalidad y seguridad, emanada desde el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

Amaya expresó que FESPAD se encuentra preocupada, por las críticas que recibió de funcionarios, parte del “informe no oficial” de la mesa de la comisión nacional de seguridad.

“¿Será ésta la receptividad que tendrá el documento una vez oficializado?

El exceso de especulación alrededor de un documento inacabado, no sólo es poco prudente sino que pone enrarecido el ambiente en el país”, opinó.

Asimismo, criticaron la “supuesta” intención del Ejecutivo de utilizar las propuestas de dicha comisión, para favorecer la agenda particular gubernamental.

“Tratarían de justificar el cambio al Código Procesal Penal y por esta vía , convertir este cambio normativo en un cumplimiento de las recomendaciones. Cuando se ha comprobado que el endurecimiento penal, lejos de mejorar la administración de justicia penal, la ha precarizado”, sostuvo.

Y argumentando investigaciones, Amaya explicó, que muchas veces la inaplicabilidad de la normativa no se debía, a vacíos legales, sino a la falta de inversión financiera, corrupción y falta de capacitación de los operadores de justicia.

"El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia" ha impulsado reformas al código procesal penal que genera inseguridad jurídica o de inaplicabilidad judicial de las mismas, por los continuos cambio, en inseguridad jurídica a la población”, señaló.

FESPAD reiteró la oportunidad que tiene la comisión nacional, para llevar al debate público los temas más sensibles de seguridad ciudadana y la violencia criminal en el país.

“Nuestro llamado a un ejercicio transparente y participativo en el conocimiento y debate de los resultados finales del trabajo de la Comisión Nacional, una vez oficializados”, puntualizó Amaya.

Jueces travestís

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Asistimos a un creciente activismo de algunos representantes de la judicatura, abiertamente adscrito al fetichismo jurídico y populismo punitivo –propios del discurso oficial–, que goza de la complaciente –cuando no, cómplice– cobertura de algunos medios de comunicación, los que favorecen opiniones compatibles con sus agendas en lo que respecta a la justicia y su animadversión ideológica hacia la judicatura independiente. “Para que apriete la cuña, tiene que ser del mismo palo”.

Esta filiación ideológica aunada su falta de identidad político-institucional como juzgadores, los lleva a proponer perfiles alternativos de la figura judicial –como lo vemos ahora en el contexto de la selección los nuevos jueces contra el crimen organizado–, distorsionantes de la independencia y la imparcialidad, plegados a agendas externas a la función judicial. Un perfil político-ideológico, no técnico.

Su travestismo consiste en pretender convertir al juez en verdugo, aliado del acusador y apéndice del Ejecutivo –distorsionando el diseño constitucional de aplicación de justicia–, y lo que es peor, llegan a sugerir la propuesta de vulnerar el mismo esquema de constitucionalidad y legalidad en favor de los animos punitivos, alegando que los derechos humanos o las garantías son estorbos para la aplicación de la ley.

Para ellos existen dos tipos de jueces mutuamente excluyentes: los duros –donde se ubican e identifican– y sus contrarios, los garantistas, señalados de revoltosos e izquierdistas. De esta forma, siguiendo su lógica de exclusión refleja, serían ellos, derechistas.

Esta retórica barata, propia de una mentalidad autoritaria y maniquea, encubre interesadamente hechos o los tergiversa. Por ejemplo, se quejan de que las leyes son favorables a los delincuentes o que los jueces son “hipergarantistas” y favorecen al imputado, bien ¿cómo entonces es que las cárceles, terriblemente hacinadas, han alcanzado una cifra record de 14,683 personas privadas de libertad (207 presos por cada 100 mil habitantes), en su gran mayoría condenadas? ¿no es inconsecuente e irresponsable plantear más condenas, sin otras alternativas, en un contexto tan grave como el existente?

Plantean implícitamente que los jueces deberían servir solo para condenar, pero un contraste con la realidad, muestra que su coherencia es deficitaria. Para ellos existen dos tipos de sospechosos: los de su discurso, los malos, el delincuente común u organizado de mediana escala, el pandillero, que merecen condena ipso facto. Y los otros sospechosos, los que no entran en su discurso, son los buenos, los que tienen derecho a la presunción de inocencia, a quienes no se les importuna, no se les molesta, se les dispensa buen trato y pleitesía.

Para muestra, ¿En el caso de la Sección de Probidad, los ex miembros de la administración Flores, incluido el mismo ex Presidente, fueron objeto de la lógica de este discurso de culpabilidad automática de alguno de estos voceros judiciales pro-oficialismo? ¿Acaso no, mediante maniobra jurídicamente cuestionable –defendida y apoyada por alguno de estos voceros–, se reformaron las facultades de la Sección de Probidad de la CSJ para quitarle el desarrollo de las investigaciones, de las que posteriormente la Corte dio, sin mayores detalles, una resolución limpiando las sospechas planteadas previamente sobre la mayoría de investigados, noticia a la que la prensa apenas dedicó espacio.

En resumen, éste discurso es esquizoide e incoherente. Además, atentatorio contra la democracia y la institucionalidad cuando sugiere tácitamente la necesidad de desobedecer la Constitución y otras leyes –que como juzgadores juraron cumplir– como los tratados internacionales ratificados por el país y vigentes como leyes de la república. Ello es un acto apologético de la anomia, que se coloca en las antípodas del Estado de derecho.

Crisis penitenciaria: la bomba estalló (otra vez)

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Nuevamente la crisis del sistema penitenciario ha tomado por asalto las principales páginas y espacios de atención mediática y del público. El amotinamiento del pasado fin de semana (4-6 de enero 2007) en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana, que dejó como saldo la muerte de 21 personas privadas de libertad, se coloca entre las más graves de los últimos años, solo superada por la de agosto de 2004, con más de una treintena. Pero lo abultado de las cifras no es parámetro para medir su gravedad. Una perspectiva clara de los acontecimientos necesita ser vista a partir de sus antecedentes.

Las informaciones sobre los acontecimientos son aún imprecisas pero las versiones oficiales e orientan hacia hipótesis conspirativas por las cuales el amotinamiento sería perpetrado por determinado grupo al interior de la cárcel para el logro de otros fines como una fuga o una purga interna. Sin negar la posibilidad o hasta la probabilidad de dichas hipótesis, lo que ellas hacen es desviar la atención del problema hacia las responsabilidades individuales o grupales detrás de los hechos, para invisibilizar u obviar interesadamente el contexto penitenciario en el que se dieron los acontecimientos y las resposabilidades institucionales existentes.

Lo ocurrido es una manifestación de un efecto acumulativo de múltiples factores endógenos y exógenos del sistema penitenciario, pero el problema principal es de tipo estructural: la visión político criminal del gobierno.

En más de una ocasión, autoridades del gobierno han justificado su política de seguridad tomando como criterio de éxito el número de personas privadas de libertad, lo cual es una derivación lógica del esquema de acción gubernamental: la visión del control, asumiendo que los problemas de criminalidad y violencia son problemas “legales” y en consecuencia, la aplicación de la sanción correspondiente o al menos, el inicio de un procedimiento, son considerados indicadores de resultados (podríamos dar múltiples argumentos en contra de esta falacia argumentativa, pero lo dejaremos de lado por el momento)

En reiteradas ocasiones, los informes de FESPAD, sobre la cuestión de la seguridad pública y la justicia penal, han sido reiterativos en señalar el carácter profundamente represivo y reactivo de la visión gubernamental respecto del fenómeno criminal, su insistencia por abordar la problemática desde el sistema penal exclusivamente y su abandono de los fines constitucionales del sistema penitenciario (resocialización, reinserción), los que han sido desplazados por la visión punitiva y escarmentadota impuesta desde el gobierno.

Los efectos de esta visión se han traducido en acciones como, múltiples reformas normativas orientadas a la creación de nuevos delitos, es decir, más posibilidades de ir a la cárcel; aumento de penas, que implica que la gente esté más tiempo en la cárcel; eliminación o restricción de vías alternas de resolución de conflictos penales; restricción de las posibilidades de libertad durante el proceso (detención provisional automática para ciertos delitos); reducción del control judicial sobre las acciones de investigación y sobre las pruebas, con el objetivo de “facilitar” condenas; restricción de las posibilidades de libertad anticipada (eliminación de beneficios penitenciarios para ciertos delitos); virtual eliminación del control de los jueces de vigilancia penitenciaria sobre las acciones de la administración en el manejo de los privados de libertad; creación de un centro y un régimen penitenciario de Máxima Seguridad, nugatorio de múltiples derechos humanos; regulaciones del régimen interno de las cárceles que dificultan el acceso de visitas y de contacto familiar a los privados de libertad.

Metafóricamente podemos decir que este esquema político criminal lo que ha hecho es crear un animal con un enorme hocico, capaz de tragar mucho, pero con poco estómago para digerir y por ello, está condenado a indigestarse. Este esquema que comentamos se ha traducido en el ámbito penitenciario en elevados niveles de sobrepoblación, hacinamiento, insuficiente cobertura de programas de atención y servicios para los internos, abonando al descontento y la violencia interna de los centros penales.

En el caso que comentamos, la población del Centro Penal de Apanteos, Santa Ana, alcanzaba los 3,200 privados de libertad, en un lugar con una capacidad instalada de 1,800 personas, es decir, un 78% de exceso. En el nivel nacional, la población penitenciaria, según datos publicados en La Prensa Gráfica, alcanzó la cifra de 14,682 privados de libertad, para una capacidad instalada total de 7,372, esto es, un 99% de exceso sobre la capacidad real existente.

Este es un panorama demostrativo de la falta de previsión y racionalidad de este tipo de gestión gubernamental de la criminalidad. Queda en evidencia también la ausencia de prevención del delito. Se desnuda un esquema de gestión por el cual se apuesta por la reacción frente al delito más que a la evitación del mismo mediante estrategias alternativas a la intervención del sistema penal. Lo que genera un circulo vicioso: la ausencia de prevención facilita el incremento de la conflictividad y el crimen, lo que favorece una mayor reacción del sistema penal y en consecuencia, el crecimiento de sus ingresos.

El sistema penitenciario es el catalizador de todas estas fallas.

La metáfora que hemos propuesto con anterioridad no se limita a aspectos de flujos de trabajo, sino que genera un efecto transversal que se refleja por ejemplo en la infradotación de recursos y capacidades adecuadas para el sistema penitenciario. Donde una de las ausencias más graves y lamentables es la de la Escuela Penitenciaria, la cual tendría que ser un espacio de formación y capacitación profesional y de carrera para los miembros del sistema penitenciario. Pero su inexistencia obviamente genera un vacío de capacidades en la administración penitenciaria para poder enfrentar de mejor manera los desafíos. A lo anterior se deben sumar los problemas de corrupción y de criminalidad interna, de las que algunas de sus manifestaciones son ya de dominio público, pero cuya verdadera dimensión aún no es apreciada a cabalidad.

En conclusión, la letalidad de los hechos violentos del pasado fin de semana, no es un hecho aislado exclusivamente achacable a planes individuales o grupales, sino que se da en un contexto de precarias condiciones de vida penitenciaria, hacinamiento, violencia interna, corrupción y debilidad estatal en la gestión penitenciaria, cuya responsabilidad recae mayormente en el gobierno y las autoridades penitenciarias.

El nuevo (¿?) Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

[En primer lugar quisiera que no se confundiera el nombre del nuevo ministerio con el de este humilde blog, porque sino… Cualquier parecido es pura coincidencia]

Este país avanza a una velocidad pasmosa, el Presidente crea un nuevo ministerio de Seguridad Pública y Justicia ( véase: http://www.seguridad.gob.sv) de la noche a la mañana con ministro y viceministro incluidos y sus respectivas atribuciones. Aunque aun no salgo de mi asombro, una providencial sensatez me obligó a esperar algo más de información de la iniciativa anunciada por el Presidente el día lunes 4 de diciembre, y la verdad, valió la pena esperar.

Me explico: mi primera impresión sobre la creación de este ministerio fue moderadamente positiva, pero en fin, positiva. Tenía mis dudas, por aquella manía profesional de ver el vaso medio vacío, pero la propuesta en principio era y es políticamente trascendental.

Con esta información, limitada, pensaba escribir un análisis reconociendo lo positivo de la propuesta, diciendo que la fusión ministerial para crear Gobernación fue algo que criticamos reiteradamente en su momento (ver informes de seguridad pública y justicia penal de FESPAD 2001-2005), que también planteamos la necesidad de un ministerio especializado de seguridad (Ver FESPAD: Propuesta de política criminal y seguridad ciudadana para El Salvador: 51) y que esperariamos que se constituyera como un verdadero gobierno de la seguridad pública responsable del diseño y conducción de políticas públicas de seguridad, lo cual, virtualmente no ha existido en las últimas administraciones del Órgano Ejecutivo.

Bueno, eso era el lunes. El martes, se anunció que el nuevo ministro de seguridad pública será el hasta ahora ministro de gobernación, René Figueroa, mismo que ha fungido en ese cargo desde fines de la administración pasada –y otrora paladín de la mano dura y la súper mano dura- y, como su flamante viceministro, se encuentra Astor Escalante, actual viceministro de seguridad ciudadana del ministerio de gobernación.

La mona, aunque se vista de seda, mona se queda.

Entonces solo confirmé mi sospecha: esta medida es otra improvisación del gobierno sacada de algún catalogo que bien podría llamarse “Trucos e ideas para mostrar que ‘algo’ está haciendo. Manual para gobiernos en apuros” En fin, como lo hemos dicho antes, esto es más de lo mismo.

Mi pesimismo -a parte de su origen genético- tiene que ver con tres sencillas razones:

Razón número uno. La falta de compromiso y el engaño hacia el público por parte del GOES. Cuando se creó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, el Órgano Ejecutivo se comprometió a seguir las recomendaciones de ella emanada. Pues bien, el Presidente reculó a la primera: la propuesta de restricción de la portación de armas en espacios públicos, a la que ha respondido, por vía del señor ministro de gobernación, René Figueroa con el viejo y gastado cliché de que no van a desarmar a las personas honradas. Ese mismo día, el ministro había dado cuenta de los éxitos de la Cruzada contra la delincuencia (no me había enterado que había una ¿y ustedes?) que habría logrado una tendencia de reducción de homicidios y extorsiones. Sin entrar a revisar la veracidad de lo dicho, el mensaje político que capté era que el gobierno no iba a cambiar su forma de abordar la seguridad por una nueva. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, diría.

No bastando con el antecedente previo, el gobierno presionó a la Asamblea para aprobar el Presupuesto General de la Nación, aun y cuando la Comisión le había recomendado la necesidad de revisar el proyecto de presupuesto, a fin de fortalecer la asignaciones a las instituciones de seguridad pública y la de la Fiscalía General de la República. La propuesta no fue atendida y luego se ha presentado el Presidente con el argumento que dicho refuerzo presupuestario se haría con fondos provenientes de un empréstito internacional -esto, sin que se hayan debatido otras alternativas menos gravosas para la hacienda pública-.

Razón número dos. No se hace un equipo nuevo, a estas alturas del campeonato, con jugadores y entrenadores probadamente fracasados. Sobre esto nos pronunciamos en el 2005 (FESPAD 2005: 81), sosteniendo la necesidad de cambio de la conducción de la seguridad pública en El Salvador, debido a su evidente incapacidad y negligencia en la atención a la problemática de la inseguridad de la población y que la evaluación más contundente son los efectos perversos de sus políticas que terminaron agravando la inseguridad hasta el nivel de crisis nacional y además, por la crisis en el manejo del sistema penitenciario, hoy más que nunca, universidad y bolsa de trabajo del crimen organizado.

Además del fracaso de la política de seguridad del Ejecutivo y de la incapacidad y negligencia de sus responsables en el ministerio de gobernación. Las nuevas autoridades son los representantes gubernamentales del proyecto jurídico-político del populismo punitivo, entonces, ¿qué nueva visión o perspectiva podrían imprimir? Más bien parece que la iniciativa, más que para generar un cambio de línea de trabajo –tan reclamado desde diversos sectores sociales-, busca reforzarla.

Y razón número tres (solo éstas, para ser breve) Falta de visión y de inserción de este ministerio en el marco de una política claramente establecida. Pregúntense: ¿le hallan ustedes sentido al hecho que la iniciativa de creación de este nuevo ministerio se da pocos días después de aprobado el Presupuesto General de la Nación? Digo, ¿es que no lo habían pensado antes? ¿Acaso no concluyen ustedes, queridos lectores y lectoras, que no se evidencia un mínimo del planificación en un asunto tan serio? Creo que esto es demostrativo tanto del nivel de improvisación y de marketing, como también de la falta de visión del Ejecutivo sobre el manejo de la seguridad pública.

Bueno, esperemos a ver como avanzan los acontecimientos… a ver qué más inventan. ¡Vamos, desafíen mi capacidad de asombro!

Populismo punitivo: el irracionalismo penal de hoy

Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad penal para juzgar menores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades judiciales, ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciaria, militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son solo algunas propuestas surgidas desde una forma común –demagógica y fraudulenta- de hacer política: el populismo punitivo.

El populismo, dentro de sus acepciones, es una forma de acción política basada en la toma de decisiones o generación de propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la manipulación de sus emociones, con el fin de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas atenten contra el mismo Estado Democrático de Derecho que auspicia su participación política y le permite difundir sus opiniones, por irresponsables que sean. No obstante, ante las críticas, el populismo se ampara en una lógica seudo pragmática por la cual, la institucionalidad y la normatividad son solo obstáculos para la “eficacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre del pueblo, categoría que es manipulada según las conveniencias del momento.

Históricamente, los gobiernos populistas no han logrado generar cambios reales en las estructuras que gobiernan, por el contrario, han sido igualmente útiles a las formas de dominación existentes y se han visto manchadas por la corrupción institucionalizada y graves violaciones a los derechos de la ciudadanía. El populismo es fraudulento pues no puede cumplir lo que promete, sus propuestas son irreales y solo buscan complacer las emociones de la gente pero no satisfacer sus necesidades reales de una manera seria y coherente.

La sociología jurídico-penal ha acuñado el término populismo punitivo para denominar aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de éste como respuesta primordial. Esta tendencia es acompañada de discursos maniqueos que dividen la sociedad en buenos y malos, donde estos últimos no son reconocidos como ciudadanos (aunque un voto de ellos no lo despreciarían) y trazan una línea divisoria simplista pero marcadamente autoritaria: o con nosotros (la gente “decente”, “honrada”) o con los delincuentes. Esta forma específica de populismo es igualmente demagógica y fraudulenta que el género al que pertenece.

Uno de los mayores ejemplos de populismo punitivo que hemos vivido fue la campaña de los planes “Mano dura” y “Súper mano dura” impulsados por el expresidente Flores y el Presidente Saca respectivamente: gran despliegue publicitario, capturas masivas, ley antimaras, militarización de la seguridad pública, exhibiciones del entonces Presidente Flores con las víctimas, campañas de odio y desprestigio contra los jueces y sectores críticos al plan ¿Todo esto para qué? Para obtener un aumento de los homicidios y una victoria electoral de su partido ¿Quién salió beneficiado? No cumplir, una vez electo, con lo que se promete, en nuestro caso, acabar con la fiesta de los “malacates”, es lo que podríamos denominar fraude postelectoral.

Luego de centrarse y reforzar el encierro como principal solución al problema de la inseguridad-cosa en la que se han esforzado notoriamente-, ahora el problema está en las cárceles. Ya no es solo el problema del hacinamiento, de la violencia interna y los motines penitenciarios. Se ha convertido al sistema penitenciario en una oficina privada del crimen organizado y coto de la corrupción más escalofriante.

¿Es esto racional? ¿estamos condenados a seguir en el mismo esquema represivo y propagandístico, pero ineficaz? Digo, como ciudadano, no puedo seguir confiando en un gobierno cuyo desatino y tozudez para abordar el tema de la inseguridad, solamente ha generado más daño ¿O es que mantenernos asustados les es útil para volver a ofrecernos soluciones salvadoras para que volvamos a votar por ellos, para que sigamos esclavizados a la seguridad privada, comprando armas para arriesgar nuestras vidas y alimentando ese comercio inhumano? Suena perverso, pero no creo que sea muy lejano de la realidad.

El populismo punitivo es una mentira, un fraude. Es inmoral e irresponsable en un tema donde su ligereza y superficialidad se paga con vidas humanas y con el dolor de las víctimas. Nadie tiene la solución mágica para la inseguridad, no es un problema que se resolverá de la noche a la mañana, y no obstante los esfuerzos, el delito siempre existirá en estas sociedades, solo podemos aspirar a llevarlo a un nivel “tolerable” y en eso hay que ser claros, quien ofrezca lo contrario, miente. El problema de la inseguridad hay que enfrentarlo con racionalidad y realismo, no con seudo pragmatismos, y con las armas del Estado democrático de derecho, a través de una política criminal consensuada democráticamente y aplicada sistemáticamente y con transparencia.

Hace algunos días, un columnista, en un matutino “criticaba a los que critican” -me doy por aludido- en materia de seguridad y los desafiaba a ir más allá de las críticas y del discurso de que “es un problema complejo” hacia la aportación de soluciones. No comparto totalmente esa opinión, pues la crítica no puede estar supeditada necesariamente a la propuesta (¿o es qué, si no tengo propuesta, mejor me callo y aguanto?) y eso me lleva al segundo punto: para proponer, responsablemente, es necesaria la existencia y disponibilidad de datos e indicadores precisos que permitan hablar con propiedad, cuestión particularmente difícil en nuestro medio donde la disponibilidad de información no es necesariamente la regla, pues la cuestión de la inseguridad no se limita al número de homicidios o las denuncias de extorsiones publicadas por los medios, un análisis más preciso necesitaría otros datos sobre victimización y capacidades institucionales, para solo mencionar algunos. Además, nadie esta en la posición ni en la capacidad de dar de manera especulativa e individualmente soluciones, sino que estas tienen que ser producto de una construcción colectiva entre funcionarios y ciudadanos con basamento en un rigor técnico y científico que permita dar respuestas coherentes con las problemáticas que se pretendan atacar. Un dato para el público: en El Salvador se han producido, desde diversos sectores no vinculados al Órgano Ejecutivo, al menos tres propuestas amplias y detalladas de política criminal que han sido presentadas ante el gobierno, pero que no han recibido la necesaria atención, sea por negligencia, sea por animadversión ideológica. El dato muestra dos cosas: uno, que a la par de un reclamo ciudadano por la seguridad, también existen propuestas concretas y dos, que ante tal nivel de indiferencia, mayor grado de presión, sea ésta, a través de la crítica.

Reforma integral de la ley penal: entre la demagogia y el fetichismo jurídico

Ante la violencia en el país, un sector dominante de la opinión publicada –que no, opinión pública-, parte un abordaje del problema desde la visión de control, según la cual, el tratamiento de la violencia debe basarse en una intervención más eficaz del sistema penal y sus agencias: policía, fiscalía, judicatura, sistema penitenciario, las leyes y su respectiva aplicación.

En mi opinión, esta visión es reduccionista pues se basa en una clasificación formal y abstracta: el delito, y no real de los conflictos, sin ir más allá en la búsqueda y tratamiento alternativo de los factores facilitadores de la violencia. La complejidad de la violencia va más allá de un régimen jurídico y de la reacción del sistema penal a ésta. Ello no implica negar que el sistema penal juegue un papel en la contención de múltiples conflictos. Pero debemos insistir en que su intervención tiene limitantes estructurales respecto del complejo contexto social en que opera.

Desde esta visión se omiten, interesadamente, los factores estructurales que dan paso a la violencia, su reproducción y mantenimiento: la desigualdad, exclusión, el valor y uso cultural de la violencia en nuestra sociedad; fragmentación social y la ausencia de un modelo de desarrollo humano preocupado en la inversión en capital social, así como la falta de una fortaleza institucional que pueda combatir la impunidad.

Esta omisión nos llevaría a una trampa por la cual, la violencia y la criminalidad son un problema "moral", de la maldad de la condición humana o de la pérdida de valores, generando un maniqueísmo de buenos y malos, simplificador y políticamente explotable como excusa por funcionarios cuestionados ante la realidad de la violencia.

Las respuestas desde la visión de control son a posteriori, reactivas, y dependen de la ocurrencia de un daño previo. Partir de ellas como solución, es una visión obtusa. En esta línea discursiva se adscriben clichés, tales como leyes para suizos o leyes que benefician a los delincuentes, que propugnan por el endurecimiento de la legislación penal (aumento de penas, reducción de garantías, nuevos delitos, etc.), sin tener en cuenta los problemas materiales y falencias técnicas de las instituciones encargadas, la ausencia de políticas estratégicas, integrales y racionales. Tampoco tienen en cuenta el daño causado a las instituciones, que se traduce en saturación, desgaste y debilitamiento de sus capacidades de respuesta, así como la disminución de su legitimidad respecto del orden constitucional.

Estas propuestas, vacías y superficiales, en boca de operadores de justicia y seguridad pública son demagógicas. Luego de cerca de trescientas reformas a las leyes penales y del fracaso de las estrategias reactivas como mano dura, existe evidencia empírica que muestra la falacia de esta línea discursiva. Una acción política basada en respuestas exclusivamente represivas superficiales y reformas legales es coexistente con un incremento de homicidios.

La violencia actual tiene como uno de sus factores posibilitantes, una larga secuencia de omisiones o negligencias institucionales: falta de abordaje técnico, ausencia de planificación y acuerdos interinstitucionales y multisectoriales, apuesta exclusiva por la represión, prevalencia de intereses políticos y el uso ideológico y superficial del problema.

Investigaciones e informes sobre la justicia penal y la seguridad pública en El Salvador, demuestran la existencia de cuestiones bastante más complejas y profundas que afectan de manera sensible la capacidad de dar respuestas efectivas y eficientes a las demandas sociales. Por ejemplo:

• La ausencia o debilidad del gobierno de la seguridad pública ejercido por el Ministerio de Gobernación, esto es, la virtual acefalía del sector en la generación y conducción de políticas públicas de seguridad, las cuales se limitan a respuestas policiales y no a un abordaje más amplio e integral de la problemática.


• Falta de acuerdos y procesos de trabajo conjunto entre la PNC y la Fiscalía General de la República, las investigaciones sobre la temática indican la existencia de criterios de éxito disímiles entre ambas instituciones y la carencia de espacios de compartimentación de experiencia y comunicación, así como de evaluación.


• La FGR no ha desarrollado una política pública de persecución penal que sirva como un mecanismo de racionalización de la demanda que enfrenta y que permita la inversión de sus energías institucionales en las áreas prioritarias.

Funcionarios del Ministerio de Gobernación y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablan de revisiones integrales de la legislación penal, sin una discusión seria y realista de las falencias y necesidades de fortalecimiento institucional o peor aún, de la capacidad de la conducción política de las instituciones encargadas de la seguridad pública y su responsabilidad por el estado de la cuestión.

Es una propuesta irresponsable y amnésica. Obvia las dificultades prácticas e institucionales, así como las necesidades de recursos económicos y de capacitación para echar a andar un proceso de reforma de las dimensiones propuestas.

La propuesta no es inocente. Desvía la atención del público de los problemas de rendimiento institucional y de la evaluación política sobre los éxitos o fracasos de las políticas de seguridad ejecutadas hasta el momento y sobre los responsables de su ejecución y conducción.

(Una versión reducida de este artículo fue publicada en el Diario El Mundo, El Salvador, el día 04 de julio 2006, con el título "Reforma integral de la ley penal: más de lo mismo")