¿Les parece conocido?

El informe de la polémica

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Luego de su presentación, el informe intitulado “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” (ver “Resumen ejecutivo” (¡¿diez megas y 64 páginas?!), patrocinado por el PNUD en El Salvador, las reacciones políticas generadas por el mismo, en particular, las de las autoridades de seguridad pública, fueron objeto de gran cobertura y discusión pública.

El Ministro de Seguridad Pública y Justicia –apenas conocidos algunos datos– descalificó el informe, señalando la existencia de sesgos ideológicos debido a la supuesta inclinación de los consultores del estudio. Posteriormente, agregaron, que los datos utilizados (de 2005) eran desfasados y que no reflejaban la situación actual.

No bastando con las descalificaciones y ataques al estudio, el Ministro citado, incluso anunció la presentación de una protesta oficial ante la representación del organismo de Naciones Unidas.

Un organismo intergubernamental como PNUD, regido por estrictas directrices diplomáticas, enfrentaba una situación difícil, pues un gobierno parte se quejaba y se generaba una tensión que afecta precisamente las relaciones entre PNUD y su contraparte gubernamental.

Alguien dijo que a veces las aclaraciones terminan oscureciendo más las cosas y precisamente eso fue lo que sucedió –con ayuda de una primera plana de La Prensa Gráfica- cuando se manejó que el PNUD “se había desmarcado del informe”, nota en la que se colocaban algunas declaraciones poco claras de la representante del organismo.

En un gesto inusual, PNUD publicó un comunicado para oficializar su posición alrededor de las diferentes opiniones e informaciones suscitadas. En un lenguaje diplomático, PNUD establece que la selección de consultores se da sobre criterios técnicos y no ideológicos. Además, asume la responsabilidad por el informe, desmintiendo de esta manera las versiones periodísticas que sugerían un retiro de apoyo al documento, mismas que cubrían la complacencia oficial ante la supuesta retractación. Si pudieramos resumir la reacción, es una suerte de declaración galileica: “Y sin embargo, se mueve”, es decir, a pesar de la polémica y los intentos de descalificar e invisibilizar los datos, ellos están ahí…

¿Por qué tanto revuelo? Me parece que el asunto tiene dos vertientes. La primera, y más importante, es que se tocó el punto débil, el talón de Aquiles, de la justicia penal: la impunidad. Y con ello se desbarata y se cuestiona frontalmente la política criminal gubernamental implementada hasta el momento, sus discursos punitivos y sus ínfimos resultados.

En segundo lugar, es obvio que en el marco de la campaña electoral tácita en que vivimos, pareciera que existe la intención de acallar cuestionamientos u opiniones que contradigan las versiones oficiales que pongan en duda sus “logros”. Resulta extraño que La Prensa Gráfica haya dado una gran cobertura al estudio –incluso, tuvo la primicia un día antes– y luego, sea la misma que colocó en primera plana un titular como “PNUD se desmarca de informe”, lo que desde mi punto de vista, contribuyó a generar opiniones negativas y prejuicios contra el estudio, pero que el comunicado de PNUD desmiente.

(Digo, me parece extraño y poco casual, pues es el mismo medio que ha tomado las polémicas decisiones de negarse a publicar campos pagados de un partido de oposición que daba su posición frente al tercer aniversario de la administración Saca, así como el comunicado de una ONG internacional que cuestionaba al gobierno por la ausencia de planes de protección civil y mitigación de riesgos.) Sobre esta sospecha véase en este blog: "Pregunta al señor ministro de Seguridad Pública y Justicia Penal"

Lamentablemente adiviné...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Hace algunos años (No hace mucho, en 2004. Cuando hablo así me siento viejo) vino Alicia Miranda (saluditos) a la oficina y charlamos un rato sobre la cuestión de las cifras delictivas y la impunidad. Y en aquel entonces -otra vez parezco viejo- le compartí algunas interrogantes para el reportaje que realizaba: "Cuántos casos introduce la Fiscalía a un proceso penal y [cuántos] se archivan? ¿Cuántos de los que entran a procesos penales llegan hasta juicio? ¿Y cuántos de los que llegan a juicio son condenados? (...) si se pudiera contabilizar esa información 'resultarían datos escandalosos' ".

Pues sí, así fue... Escandaloso. En 2005 cuando realizamos un estudio sobre investigación criminal en El Salvador, usando datos de la Fiscalía General de la República sobre homicidios en 2004, determinamos que se lograba condenar a un 7.4% del total de homidicios conocidos en un año. (Cuando comentamos estos datos con Alberto Binder, su irónica reacción fue "cerremos la justicia penal")

Bueno, pues hoy 8 de junio, PNUD presentó una investigación realizada por Francisco Díaz y Sidney Blanco -ambos reconocidos abogados del país- cuyos datos de tendencias más impactantes -basadas en una muestra de casos- fueron:

• El 86% de los casos de homicidio no llegan a sede judicial para continuar un proceso penal. Básicamente por falta de individualización y esclarecimiento.
  
• Solo un 14% de los casos llegan a sede judicial para ser procesados.
• Un 3.8% del total de casos llega hasta juicio y recibe condena.
• El sistema genera entonces un96% de impunidad sobre los casos recibidos y conocidos

Pese a lo decepcionante del estado de las cosas, lo presentadores: Blanco y Rodríguez, así como comentaristas del estudio invitados como Salvador Samayoa (expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública) y René Hernández Valiente (exministro de Justicia y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y uno de los principales impulsores del proceso de reforma judicial en El Salvador) coincidieron en rechazar la reforma legislativa -y la reducción de garantías que le acompañaría- como respuesta a la situación de la inseguridad, pues está claro que hay un 86% de casos no resueltos en los que la legislación y mucho menos, el sistema judicial, han tenido algo que ver con su impunidad, tal como lo pretenden argumentar los partidarios oficiales del populismo punitivo y el fetichismo jurídico, a la búsqueda de una excusa fácil para sus incapacidades y ambiciones políticas.

No obstante lo anterior, esta misma mañana el señor René Figueroa, Ministro de Seguridad Pública y Justicia, descalificaba el estudio, en una entrevista radial, con el "argumento" de que el éste habría sido hecho por gente de izquierda vinculada al principal partido de oposición. Postura bastante ligera a decir verdad y que demuestra, lamentablemente, como la descalificación ideológica es un recurso barato de quien pretende suplir así la falta de argumentos y la capacidad de someterlos a verificación. Triste, viniendo del señor ministro, ¿qué podemos esperar?

P.D.: pueden ver la cobertura hecha por La Prensa Gráfica: "Estudio desnuda el sistema de justicia"

También: "Sectores respaldan informe sobre ineficacia en el combate a los homicidios"

Críticas oficiales en El Diario de Hoy: "PNUD critica fallas en investigaciones"

En el Diario CoLatino: "Deficiencias fiscales y policiales fomentan al impunidad criminal"

NOTA: Con esta nueva información he corregido el dato usado en el post: "¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?"

Dificultades para combatir delincuencia de cuello blanco

¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?

Por Edgardo Amaya Cóbar

Parece sorprendente pero es una respuesta difícil de contestar. Uno pensaría que el gobierno debería estar interesado en encontrar respuestas efectivas pues el fracaso de su actual política de seguridad es la caída de uno de sus fuertes electorales y un mal sabor de boca en muchos de sus votantes.

La política de seguridad no solo no pudo contener las tendencias delictivas, sino que parece haber contribuido a elevarlas, este dato se confirmaría por el elevado número de homicidios registrados, según la FGR, en 2004 registró 3,897 homicidios; en 2005 se registró una leve baja llegando la cifra a 3,781 y en 2006 se registró un nuevo incremento llegando a registrarse un total de 3,906 homicidios, superando la cifra de 2004.

Los datos sobre victimización (porcentajes de la población que se declaran víctimas de un hecho delictivo) recopilados por las encuestas del IUDOP muestran una tendencia sostenida al alza en los últimos años desde el 2004, en el que el índice de victimización fue de 13.7, que en 2005 subió a 14.8, continuó al alza en 2006 cuando llegó a 18.2 y a fines de mayo de 2007 este llego a 19.4.

No obstante lo anterior, la necesidad de cambio en la gestión de la seguridad se ve confrontada por acciones gubernamentales que indican lo contrario. Las turbias maniobras para desplazar o minimizar el impacto del trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que pasan desde declaraciones negativas por parte de funcionarios del actual gobierno descalificando el trabajo de ésta, hasta –como lo han revelado recientes informaciones– la constitución de equipos paralelos en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para elaborar estrategias paralelas y más ideológicamente cercanas al tradicional enfoque del Ejecutivo sobre la cuestión de la inseguridad.

Queda entonces evidenciado el continuismo en la gestión de la seguridad, que se gestó de origen al crear el MSPJ y nombrar como titulares de éste, a los mismos funcionarios que llevaron la política de seguridad en el Ministerio de Gobernación.

Esta acción no solo muestra la falta de lealtad a los compromisos adquiridos por el gobierno, sino que falta de claridad sobre la gestión de la inseguridad, continuamente inventa instrumentos a los que no da seguimiento. Lo único permanente es la improvisación. Las víctimas las pone la población.

Recientemente el Ministro del ramo brindó un informe dando cuenta de la supuesta reducción de delitos en el presente año –fácil decir desde que el Ejecutivo no comparte la información sobre homicidios registrados–, aparte de las sospechosa construcción del dato, lo que se puede adivinar de semejante declaración es el tácito mensaje: “vamos bien, ¿para qué cambiar?” por el cual, el ministro pretende justificar el trabajo del gobierno, de paso, justificar su permanencia en el cargo y, quién sabe si sus aspiraciones políticas futuras. Si Sarkozy ganó dando palos…

Lo revelado por las informaciones sobre este equipo paralelo es que dentro de sus líneas de trabajo estarían incluyendo la reforma integral de la legislación penal, cuestión que como hemos criticado antes, resulta más fácil para el Ejecutivo que los diputados aprueben una ley que hacer inversiones serias y enfrentar el tema de la inseguridad por los cuernos.

Además ¿Quién dice que el problema de la inseguridad es un problema solamente legal o judicial? Los datos hablan por sí solos: según un estudio de PNUD, un 86% de los homicidios no era investigado, es decir, no llegaban a sede judicial. Simplemente el sistema no tiene la capacidad de identificar sospechosos y llevarlos a la justicia, entonces ¿es este un problema de leyes o un problema de capacidad institucional? Obviamente es lo segundo y reformando la ley no cambiará esa realidad. Nadie se vuelve eficaz por decreto.

Entonces, la pregunta inicial se responde de manera negativa. Parece que el gobierno pretende seguir gestionando la inseguridad por vía legal y mediática y no a partir de la gestación seria y fundada de políticas públicas que atiendan una de las más urgentes necesidades de la población.

Cifra de homicidios y delitos empaña tres años de "País seguro"

Beatriz Castillo Redacción Diario Co Latino 28/05/07 La espiral de la violencia con las pandillas juveniles y el crimen organizado mantienen en crisis “El País Seguro” que el presidente Elías Antonio Saca prometió construir hace tres años. En el discurso del 1 de junio de 2004, el mandatario se comprometió a trabajar por un “País Seguro”, con oportunidades de empleo, crecimiento económico, promoción al turismo, concertación política y sobre todo un clima de seguridad para todo la ciudadanía. Saca, en ese discurso aseguró que las “maras debían ser extirpadas de la sociedad y que para eso se aplicaría la Supermano Dura, pero a la vez la Mano Extendida”. Sin embargo, según los datos de Seguridad, para este 2007 las pandillas y su rivalidad siguen siendo una de las principales causas de la cifra negra de las homicidios. Asimismo, el fenómeno, año con año crece, entre otros factores por los deportados desde Estados Unidos, con antecedentes criminales quienes operan en forma de red, para extorsionar y cometer otros delitos como el secuestro. El dato oficial más reciente en este tercer año de gestión, en materia de seguridad pública, indica que El Salvador no es el país más violento, pero que enfrenta una crisis de violencia de “diez homicidios diarios”, aunque aseguran que esa cifra ha bajado. El coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Edgardo Amaya, dijo que después de tres años de gestión y de las promesas hechas por Saca, el país aún se encuentra en una realidad de “saldos rojos´´. “Cuando él asumió la presidencia, las cifras ya eran altas, pero lo que se esperaba era que cambiara las políticas represivas que le heredó Francisco Flores, pero no fue así, por eso la crisis se agudizó, se complejizó”. El analista agregó que “las acciones que tomó tenían un esquema reactivo y represivo; de endurecimiento legal al pedir más leyes y reformas penales en vez de tomar una posición de cambiar el rumbo de la política de seguridad”. Al asumir Saca, la población esperaba un “cambio y medidas más concretas”, como lo pidió el ex embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, en octubre de 2006, en un discurso de cinco páginas, donde reveló la crisis de la situación de inseguridad. “Después de eso y de las presiones, Saca anunció la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, con un claro mensaje de aceptación de que las cosas no se estaban haciendo bien y fue muy positivo porque esa comisión podía ayudar a la creación de una política criminal” dijo. ¿Pero qué pasó?, la comisión ofreció una regulación de armas y se dijo que las analizó el presidente Saca. Pero se tergiverso y se minimizó el espíritu de la propuesta y “dejó lo que tenemos ahora un programa de veda por de armas por 60 días en cinco puntos de San Salvador. Ahora se espera la propuesta para una política criminal… esperaremos para ver como la reciben”. Luego se crea el Ministerio de Seguridad para que se centrará todo el trabajo técnico. Lo contradictorio fue nombrar a las mismas personas que ya habían fracasado con las anteriores acciones. “Nosotros creemos que hasta el momento el gobierno ha jugado con dos caras, y se nota la ausencia de una política seria para enfrentar la situación. Hace falta una política que identifique los problemas, las necesidades y que genere respuestas”, acotó. En la creación de esta política coincide el director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Álvaro Guatemala. “Nosotros creemos que este es un problema de carácter estructural y que atañe a una serie de actividades. Este problema se tiene que consensuar nacionalmente y todos tenemos que estar racionalizados y sensibilizados de lo que se tiene que hacer”. Alvaro Guatemala espera que la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz Social concluya la elaboración de un documento que podría servir como política, porque será muy “integral”. “Ellos están dando un estudio con recomendaciones, porque son un consejo asesor”, esas recomendaciones no sólo atañen al Órgano ejecutivo, sino que al Órgano judicial, Órgano legislativo, a los gobiernos municipales, agregó. Guatemala, prefiere no criticar las acciones y ve con buenos ojos que las mismas autoridades estén aceptando que la problemática no se aborda correctamente. Por su parte, el diputado del FMLN de la Comisión de Seguridad Publica y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa y miembro de la comisión Nacional para la Seguridad y Paz, Benito Lara, dijo que en materia de seguridad, este tercer año, sigue arrojando un “fracaso” según las mismas estadísticas. “La delincuencia tiende a aumentar y no hay algo que nos diga que se dará una disminución. No tienen una política de atacar las causas que están generando la delincuencia”, reiteró. El diputado aseguró que desde las diferentes comisiones se han hecho recomendaciones para hacer esfuerzos y regular el uso de armas en el país, ya que el 80% de los crímenes se cometen por armas, sin embargo, este llamado no ha tenido eco. “Hay mucha gente de ARENA en el negocio” concluyó. Lara, como miembro de la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz, trabaja en un documento en el que pretenden plasmar un diagnóstico completo de la situación de violencia: las causas, los efectos y las acciones a tomar. En este documento destacarán propuestas para reformar la Policía Nacional Civil y políticas de prevención. Esperan que este documento sea respetado y aceptado por Saca quién los convocó con ese fin. Mientras que el rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) y coordinador de la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz, Mauricio Loucel, dijo que a cinco meses de fundación están satisfechos con el trabajo realizado y las propuestas presentadas, ya que buscan disminuir el clima de inseguridad. Sin embargo, resiente que dentro de ese marco, la propuesta de la regulación de armas “no se hizo como la comisión quería… nosotros queríamos un mayor protagonismo de las alcaldías, pero creemos que hay resultados específicos” agregó. La regulación de armas es efectiva ya que los resultados que dejó la veda en Sonsonate fue muy bueno “pero eso no se publicita. La verdad es que nosotros entregaremos el documento al Presidente de la República y él será el responsable de, si implementa o no”. El rector consideró que es necesario el replanteamiento de estrategias ante la ola de inseguridad y homicidios.

El GOES, ASDER y Chávez

La acción del gobierno venezolano de no renovar la licencia de RCTV ha levantado un escándalo en toda américa y otras regiones del mundo. No es para menos, pocos gobiernos se meten a pleitos con los medios de comunicación.

Como abogado me enseñaron a pensar que las cosas pueden explicarse por cualquier vía legal. Ello no implica que sean legítimas. En la facultad donde estudié, aprendí una categoría adicional de interpretación del hecho jurídico: el animus jodiendi, osea, que aunque legales, las cosas se hacen con motivos adicionales a la mera aplicación de la ley. Creo que es el caso de el gobierno de Venezuela y la RCTV, legal, pero discutible desde la perspectiva del animus jodiendi. En este sentido, el caso da visos de arbitrariedad y en consecuencia, debería ser sometido a revisión judicial local, y si no se confía en esta, recurrir a las instancias internacionales correspondientes.

Esta coyuntura nos muestra como nuestro gobierno, el salvadoreño, es una belleza: critica duramente la ineficiencia y la impunidad del sistema judicial guatemalteco, sugiere que el gobierno guatemalteco está afectado por el crimen organizado. Se razga las vestiduras por el caso de RCTV, emite condenas y de paso aprovecha para dirigir su dedo acusador a la oposición -acríticamente solidaria con el régimen de Chávez- Pero, este partido en el gobierno ¿no es el mismo que hostigó a las radios comunitarias a mediados de los 90?, ¿No es el mismo que gobierno que discriminaba en su pauta publicitaría a los medios considerados criticos o no afines a la línea gubernamental?, ¿Acaso no, la gran empresa, ha negado darle publicidad, o quitarsela, a medios no afines al gobierno?

Acusan al gobierno de Chavéz de querer cooptar todos los poderes del estado, ahora incluído, el denominado "cuarto poder" ¿Pero acaso no es eso lo que hace el partido de gobierno?

Condenan el cierre de un medio cuando en El Salvador se han asesinado periodistas, se han hostigado períodicos y medios disidentes o críticos a gobiernos de turno, como la bomba en la radio YSAX o el incendio del CoLatino.

Critican que la cancelación de la licencia de RCTV se base en una legislación arbitraria y ambigua, cuando aquí emiten una ley antiterrorista arbitraria y ambigua precisamente para aplicarla cuando sea políticamente conveniente.

"Con la misma vara que midas, serás medido"

"Chucho no come chucho"

"Candil de la calle, oscuridad de tu casa"

Dicen que a uno le caen mal las personas que tienen los mismos defectos que uno...

Voto de confianza a Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social

Nelson Flores, director del Centro de Estudios Penales de El Salvador y Edgardo Amaya, coordinador del Proyecto de Seguridad Pública.
Foto: Ronald Roque.

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino 1o de mayo 2007

La Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), otorgó un voto de confianza al trabajo que realiza la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, y pidió el cese de especulaciones sobre sus recomendaciones.

La comisión de seguridad fue creada en diciembre del año pasado, por el presidente de la república, Elías Antonio Saca, en la que participan diversos actores de la vida nacional, quienes emitirán un Informe de política integral de criminalidad.

Edgardo Amaya, de FESPAD, agregó que la comisión desde su creación se ha constituido en un espacio “valioso”, donde se ha discutido desde otra óptica la política de criminalidad y seguridad, emanada desde el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

Amaya expresó que FESPAD se encuentra preocupada, por las críticas que recibió de funcionarios, parte del “informe no oficial” de la mesa de la comisión nacional de seguridad.

“¿Será ésta la receptividad que tendrá el documento una vez oficializado?

El exceso de especulación alrededor de un documento inacabado, no sólo es poco prudente sino que pone enrarecido el ambiente en el país”, opinó.

Asimismo, criticaron la “supuesta” intención del Ejecutivo de utilizar las propuestas de dicha comisión, para favorecer la agenda particular gubernamental.

“Tratarían de justificar el cambio al Código Procesal Penal y por esta vía , convertir este cambio normativo en un cumplimiento de las recomendaciones. Cuando se ha comprobado que el endurecimiento penal, lejos de mejorar la administración de justicia penal, la ha precarizado”, sostuvo.

Y argumentando investigaciones, Amaya explicó, que muchas veces la inaplicabilidad de la normativa no se debía, a vacíos legales, sino a la falta de inversión financiera, corrupción y falta de capacitación de los operadores de justicia.

"El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia" ha impulsado reformas al código procesal penal que genera inseguridad jurídica o de inaplicabilidad judicial de las mismas, por los continuos cambio, en inseguridad jurídica a la población”, señaló.

FESPAD reiteró la oportunidad que tiene la comisión nacional, para llevar al debate público los temas más sensibles de seguridad ciudadana y la violencia criminal en el país.

“Nuestro llamado a un ejercicio transparente y participativo en el conocimiento y debate de los resultados finales del trabajo de la Comisión Nacional, una vez oficializados”, puntualizó Amaya.

Posición de FESPAD sobre la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social

Este 10 de mayo, FESPAD dio una conferencia de prensa y emitió un comunicado sentando posición frente al trabajo realizado por la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social.

Para ver el comunicado, haz click aquí.

Comentarios previos y antecedentes en este blog:

"Comentarios sobre el discurso del Embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay" 02/11/06

"Octubre que todo lo sacude..." 02/11/06

"La encrucijada del Código Procesal Penal" 24/11/06

" 'No se oye, padre'. Variaciones sobre asumir demencia" 24/04/07

Proyecto de nueva legislación penal

Decreto No. 666

Asamblea Legislativa

Considerando:

I- Que ya mucha fregadera (por usar palabras menos altisonantes) o tembladera de manos de los jueces para meter en chirona a tanto malacate que anda suelto fregando gente honesta, alegando tecnicismos y trinquetes de la legislación penal y procesal penal vigente.

II- Que ya nos aburrimos de hacer tanta reforma de letritas y frases.

III- Que ya nos aburrimos de leer tanto proyecto de ley hecho por consultores que no se les entiende.

IV- Que dado el achique de los tiempos parlamentarios por vacaciones anticipadas y puentes improvisados y la urgencia de un cambio normativo, hace obligatoria la máxima inversión del tiempo e inteligencia de los honorables diputados que somos.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Seguridá Pública y Justicia,

Decretase la siguiente:

Ley penal condensada y resumida

Art. 1. De la Ley Penal Sustantiva.

Es delito todo aquella conducta, acción, discurso, gesto o apariencia que la Policía o la Fiscalía consideren a su criterio como tal. La pena imponible por dichos delitos no es excarcelable y durará un mínimo de cinco años y un máximo indefinido, establecido por los jueces.

Art.2. Del Proceso Penal

Los jueces de la república deberán condenar contundentemente toda acción delictiva así reputada por las autoridades encargadas.

Se omite la necesidad de juicio, para hacer más expedito el procedimiento y evitar incidentes relativos a derechos humanos que puedan surgir.

Art. 3. Del Tratamiento Penitenciario.

Toda persona condenada será llevada a un centro penitenciario a cumplir su pena. El estado proveerá el transporte a dicha instalación.

Se tendrá un criterio de carga máxima por centro penal, el cual se rige por el indicador del total de personas que quepan parados dentro de las cuatro paredes del recinto. En caso se llegar a carga máxima, se podrán usar instalaciones alternativas como contenedores de agua debidamente vaciados.

Una vez lograda una plaza en un centro penitenciario, sea por liberación, fallecimiento natural, provocado, inducido o por olvido, se trasladará al condenado según orden de llegada.

Art. 4. Disposiciones transitorias.

Las disposiciones de la presente Ley, por su carácter especial, prevalecerán sobre cualesquiera otras que la contraríen.

Derogase el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Penitenciarias vigentes desde el 20 de abril de 1998.

Cualquier cuestión no prevista en esta normativa, es problema de la Corte Suprema de Justicia. Si se dejan.

Dado en el Salón Nacional el ________________________ de 2007.

“No se oye, padre”. Variaciones sobre asumir demencia

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El ejecutivo nos viene dando cada vez mayores evidencias sobre su inacabable catalogo de ocurrencias en materia político criminal, las que oportunamente aparecen al momento que la anterior se agotó, tal como sucede ahora con la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, que agoniza de cansancio y soledad.

Vale recordar que dicha comisión surgió como as bajo la manga en el momento en que la opinión pública, la opinión publicada y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador coincidían en que la situación de la violencia y criminalidad se había ido de las manos y que el gobierno no tenía un enfoque de intervenciones claras y coherentes frente la situación. Como lo temimos en su momento, a pesar de los loables esfuerzos de sus miembros por impulsar formas alternativas y sistemáticas de abordaje de la violencia y criminalidad, ésta rápidamente perdió espacio cuando la presión sobre el gobierno disminuyó –gracias a la iniciativa de meter los cadáveres bajo la alfombra–, es decir, su utilidad real fue convertirse en un pararrayos.

La otra jugada gubernamental fue la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja y sus súper tribunales, los cuales, a días de su instalación empezaron ha hacer aguas al darse cuenta que, gracias a la generosa amplitud de la concepción de crimen organizado, eran candidatos a conocer delitos pasionales, riñas de ebrios y otros cotidianos y frecuentes sucesos que llenarían su agenda. A lo que se debe sumar el súbito incremento de conflictos de competencias entre tribunales “ordinarios” y “especializados”, tirándose mutuamente la pelota de los casos, la cual saltaba para estallar en la Sala de lo Penal, en las manos del más animoso impulsor de esta legislación.

Este día, un matutino da cuenta del nuevo impulso gubernamental a la creación de un nuevo código procesal penal (del que ya habría un texto elaborado), el cual, dentro de sus eventuales innovaciones tendría el retiro del conocimiento jurisdiccional de los juzgados de paz en materia penal. Vayamos por partes: la legislación penal actual, luego de las múltiples y sucesivas reformas –la mayoría de ellas improvisadas y arbitrarias– vendría a ser una especie de Frankenstein, un monstruo hecho de injertos, pero la iniciativa gubernamental detrás de la excusa de “ordenar”, no oculta sus abiertas intenciones de volver permanente su agenda de endurecimiento penal, devaluación de garantías judiciales y penetrar el funcionamiento de las otras instituciones encargadas de la aplicación de la ley. Mejor Frankenstein que el Lobo Feroz.

Pero esta situación no se limita a esta suerte de cinismo oficial, sino que muestra una preocupante ligereza que parece no considerar los costos económicos y prácticos de un proceso de reforma de las dimensiones propuestas. Si se elimina el conocimiento por juzgados de paz, entonces ¿se ampliará el número de juzgados de instrucción para mantener el acceso a la justicia? ¿Cuánto costará esto? ¿Podrán los juzgados de instrucción absorber la carga que por hoy, los juzgados de paz evacuan? ¿Qué impacto tendría esto en los juzgados de sentencia? ¿Se capacitará a los operadores? ¿Por cuánto tiempo?

De todo lo que hemos dicho, lo que queda a la vista es que para el gobierno, la culpa, siempre es de los otros, nunca propia. Y se dedica a lanzar reformas legales en campos que no son de su competencia inmediata –con ánimo de manipular el poder judicial–, mientras que en las propias oculta estadísticas y no se ven acciones de modernización y desarrollo institucional, ni asume su responsabilidad por la inexistencia de una política de seguridad integral. “No se oye, padre” dirán. “Candil de la calle, oscuridad de tu casa” respondemos.

Vemos como tenemos un poder ejecutivo que manda legislar de determinada forma y que además también quiere definir la forma de juzgar, lo cual obviamente pretende devaluar el sistema de pesos y contrapesos, con el equivalente efecto en la calidad de la institucionalidad, lo cual, nos perjudica a todos.

Pregunta al señor ministro de Seguridad Pública y Justicia

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El señor ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa –a la sazón, vicepresidente de ideología del partido en el gobierno– manifestó recientemente ante medios de comunicación, desconocer sobre la reciente estadía y actividades del exembajador de los Estados Unidos en El Salvador Robert White, quien visitó el país con ocasión de una actividad de estudio sobre el XV aniversario de los acuerdos de paz en El Salvador.

White es una figura notoria en los anales de la historia salvadoreña. Durante su estadía en el país jugó un importante papel en el traslado de información hacia su país, sobre algunos de los años más duros y brutales posteriores al golpe de Estado del 79 y la instauración de las Juntas Revolucionarias de Gobierno, años de gran violencia política que precedieron al conflicto armado. White no fue cualquier espectador, fue un testigo privilegiado, con acceso a información clave y oculta a la sociedad salvadoreña –particularmente en casos de gran trascendencia social e histórica como el magnicidio del Arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero y la participación de Roberto D’aubuisson en el suceso–, además de contar con el respaldo de uno de los países más poderosos del mundo y capacidad de incidir en la política de éste hacia El Salvador, sobre todo, en lo relativo a Derechos Humanos, en consonancia con las preocupaciones de la entonces saliente administración Carter. Pecado imperdonable para la extrema derecha salvadoreña.

Con estos antecedentes, la figura de White no pasa fácilmente desapercibida, por lo que llaman profundamente la atención la cobertura que de las declaraciones del señor ministro de Seguridad Pública y Justicia hiciera el periodico Colatino, donde se consignó: “El Director de Ideología de ARENA, René Figueroa, dijo al respecto que no sabía que el exembajador estuvo en el país (…) 'Yo donde he visto las noticias no he visto del señor White. Un cuarto de siglo es que vino al país, no sabía que todavía andaba activo'” (cursivas agregadas. “Presidente Saca descalifica declaraciones del exembajador White” Diario Colatino 30 de marzo 2007)

Creo que en la declaración citada podemos hacer dos interpretaciones. El ministro hace gala de sarcasmo y socarronería, aludiendo a la –efectivamente deficitaria– cobertura de la visita de White por los medios dominantes; o simplemente revelaría su escaso nivel de información sobre lo que sucede en el país. En ambos casos, las conclusiones serían nefastas.

En el segundo caso, me parece que no es aceptable para un ministro, sobre todo uno encargado de las cuestiones de seguridad pública y justicia, seleccionar (discriminar) las fuentes de información, lo que fortalecería sus procesos de “disonancia cognitiva” (escuchar solo lo que se quiere y conviene) y, consecuentemente, le haría tomar decisiones sesgadas y alejadas de una visión amplia de la realidad, que redundarían en acciones limitadas o equivocadas.

No obstante lo anterior, es más preocupante el primer supuesto, preocupación que se vería fortalecida por la misma noticia que citamos, la cual agrega: “White estuvo hace una semana de visita en el país donde participó en un foro sobre la realidad nacional en la Universidad Centroamericana (UCA), donde incluso se observó la presencia de personal de comunicaciones del partido ARENA, y periodistas de la Telecorporación Salvadoreña (TCS)” (“Presidente Saca descalifica declaraciones del exembajador White” Diario Colatino 30 de marzo 2007)

Más que un ejercicio de sarcasmo y socarronería –que lo es–, es una muestra de la connivencia –si es que no, integración– de los medios dominantes y los grupos de poder político y económicos representados por el gobierno de turno, en un ejercicio de desinformación que tiene como objetivo restringir las opciones de informativas de la sociedad salvadoreña en el análisis de su propia realidad.

Lo anterior constituiría un claro atentado a la construcción de una cultura democrática. Pues condiciona las herramientas de la ciudadanía para tomar decisiones fundadas sobre su futuro y sobre la forma en cómo y por quienes desea ser representada.

Entonces, señor ministro: ¿Es o se hace?

Estimados colegas...

Alguien dijo en algún lugar que uno alcanza la madurez cuando tiene capacidad de reírse de sí mismo…

Capítulo LI

"Los jurisconsultos pretenden el primer lugar entre los doctos y no hay quien esté tan satisfecho de sí como ellos, cuando, a la manera de nuevos Sísifos, ruedan su piedra sin descanso, acumulando leyes sobre leyes, con el mismo espíritu, aunque se refieran a cosas distintas, amontonando glosas sobre glosas y opiniones sobre opiniones y haciendo que parezca que su ciencia es la más difícil de todas, pues entienden que cuanto más trabajosa es una cosa más mérito tiene. Añadámosles a los dialécticos y los sofistas, gente más escandalosa que los bronces de Dodona y capaz cualquiera de ellos de competir en charlatanería con veinte comadres escogidas. Más felices serían si además de habladores no fueran pendencieros, pues lo son hasta el punto de que por un quítame allá esas pajas vienen empeñadísimamente a las manos, y, mientras están enredados en la porfía, la verdad se les escapa. Sin embargo, su amor propio les hace felices; pertrechados con tres silogismos, arremeten atropelladamente contra cualquiera y es tanta su pertinacia, que les hace invictos aunque les enfrentéis con el mismo Estentor."

Tomado de Rótterdam, Erasmo de, Elogio de la locura, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24649418878242729976613/index.htm