El informe de la polémica

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Luego de su presentación, el informe intitulado “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” (ver “Resumen ejecutivo” (¡¿diez megas y 64 páginas?!), patrocinado por el PNUD en El Salvador, las reacciones políticas generadas por el mismo, en particular, las de las autoridades de seguridad pública, fueron objeto de gran cobertura y discusión pública.

El Ministro de Seguridad Pública y Justicia –apenas conocidos algunos datos– descalificó el informe, señalando la existencia de sesgos ideológicos debido a la supuesta inclinación de los consultores del estudio. Posteriormente, agregaron, que los datos utilizados (de 2005) eran desfasados y que no reflejaban la situación actual.

No bastando con las descalificaciones y ataques al estudio, el Ministro citado, incluso anunció la presentación de una protesta oficial ante la representación del organismo de Naciones Unidas.

Un organismo intergubernamental como PNUD, regido por estrictas directrices diplomáticas, enfrentaba una situación difícil, pues un gobierno parte se quejaba y se generaba una tensión que afecta precisamente las relaciones entre PNUD y su contraparte gubernamental.

Alguien dijo que a veces las aclaraciones terminan oscureciendo más las cosas y precisamente eso fue lo que sucedió –con ayuda de una primera plana de La Prensa Gráfica- cuando se manejó que el PNUD “se había desmarcado del informe”, nota en la que se colocaban algunas declaraciones poco claras de la representante del organismo.

En un gesto inusual, PNUD publicó un comunicado para oficializar su posición alrededor de las diferentes opiniones e informaciones suscitadas. En un lenguaje diplomático, PNUD establece que la selección de consultores se da sobre criterios técnicos y no ideológicos. Además, asume la responsabilidad por el informe, desmintiendo de esta manera las versiones periodísticas que sugerían un retiro de apoyo al documento, mismas que cubrían la complacencia oficial ante la supuesta retractación. Si pudieramos resumir la reacción, es una suerte de declaración galileica: “Y sin embargo, se mueve”, es decir, a pesar de la polémica y los intentos de descalificar e invisibilizar los datos, ellos están ahí…

¿Por qué tanto revuelo? Me parece que el asunto tiene dos vertientes. La primera, y más importante, es que se tocó el punto débil, el talón de Aquiles, de la justicia penal: la impunidad. Y con ello se desbarata y se cuestiona frontalmente la política criminal gubernamental implementada hasta el momento, sus discursos punitivos y sus ínfimos resultados.

En segundo lugar, es obvio que en el marco de la campaña electoral tácita en que vivimos, pareciera que existe la intención de acallar cuestionamientos u opiniones que contradigan las versiones oficiales que pongan en duda sus “logros”. Resulta extraño que La Prensa Gráfica haya dado una gran cobertura al estudio –incluso, tuvo la primicia un día antes– y luego, sea la misma que colocó en primera plana un titular como “PNUD se desmarca de informe”, lo que desde mi punto de vista, contribuyó a generar opiniones negativas y prejuicios contra el estudio, pero que el comunicado de PNUD desmiente.

(Digo, me parece extraño y poco casual, pues es el mismo medio que ha tomado las polémicas decisiones de negarse a publicar campos pagados de un partido de oposición que daba su posición frente al tercer aniversario de la administración Saca, así como el comunicado de una ONG internacional que cuestionaba al gobierno por la ausencia de planes de protección civil y mitigación de riesgos.) Sobre esta sospecha véase en este blog: "Pregunta al señor ministro de Seguridad Pública y Justicia Penal"