Feminismo y autoritarismo

Aclaración previa: no pretendo usurpar el lugar de otras voces más calificadas y legitimadas para hablar de este tema, solo comparto mis observaciones y comentarios sobre una realidad que afecta los derechos de más de la mitad de la población del país.

En el presente siglo el mundo ha vivido acelerados cambios culturales, uno de ellos es la mayor visibilización del debate social sobre sexo y género y la lucha por nuevas formas de reconocimiento y convivencia. En este contexto, el feminismo o, mejor dicho, los feminismos, cuentan con una lucha de larga data que ha logrado tener una mayor difusión social gracias a su creciente y permanente lucha e incidencia política, así como por la disponibilidad de la Internet y las redes sociales como medios de difusión y sensibilización.

Pese a esta mayor visibilidad, mayor disponibilidad de información sobre la realidad de las mujeres, sus planteamientos son el blanco de fuertes ataques y reacciones sociales. La incomprensión y, muchas veces, el rechazo visceral hacia los feminismos produce discursos estigmatizantes y deformantes de la realidad. Surgen etiquetas como agenda “anti-hombres”, como “hembrismo”, doctrina lésbica, o incluso es equiparado con el nazismo (“Feminazis”), generando discursos de odio contra un movimiento legítimamente democrático que busca la igualdad y equidad entre las personas.

Inevitablemente, estos rechazos y animadversiones tienen expresiones políticas no limitadas a partidos o agrupaciones tradicionalmente conservadoras, sino que atraviesan en mayor o menor medida, la mayoría de las expresiones políticas. Sin embargo, las posiciones más reaccionarias suelen venir de actores políticos autoritarios. Tal como lo dice la autora feminista Gloria Steinem:

“La diferencia más básica del patriarcado es el control sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo la concepción. Cuando Hitler fue elegido, y mucha gente olvida que fue elegido, lo primero que hizo fue cerrar las clínicas de planificación familiar y declaró el aborto un crimen contra el Estado. Mussolini hizo lo mismo. El autoritarismo comienza frecuentemente con [el control sobre] el cuerpo de las mujeres.”

Tambien es importante mencionar que el nazismo persiguió la homosexualidad como elemento a ser depurado de la “raza aria” y desbarató los centros de estudio sobre sexualidades diversas. No son de extrañar los evidentes o enconados antagonismos entre expresiones feministas y gobiernos autoritarios y antidemocráticos como los de Trump, Bolsonaro, Orbán, Putin y, en nuestros lares, Bukele, que no solo utilizan la religión y el conservadurismo social para mantener o lograr adeptos, sino que reproducen una forma de ejercicio del poder masculinizada que se basa en la prevalencia del más fuerte, no en el diálogo, ni en el consenso, al tiempo que reflejan sus propias convicciones y creencias personales respecto de la relación entre sexos, géneros y poder. Uniendo los puntos, se encuentran patrones. Siendo candidato, Bukele tenía un proceso abierto en la jurisdicción especializada por un caso de Expresiones de Violencia contra la Mujeres, tras un incidente ocurrido durante su periodo como alcalde de San Salvador que involucró como presunta víctima a la Síndico municipal. El caso se cerró tras retirarse la víctima del proceso, excusándose por razones de salud. Tras el cambio de administración en junio de 2019, una de las primeras acciones del gobierno entrante fue suprimir la Secretaría de Inclusión Social, a la cual se adscribía el programa Ciudad Mujer, el cual, si bien se mantuvo, perdió aceleradamente apoyo presupuestario y peso dentro de las políticas públicas gubernamentales. El Presidente, diversos funcionarios, diputados y diputadas, partidarios oficialistas y sus cajas de resonancia en medios y redes sociales han fustigado al movimiento feminista, en parte, por ser uno de los colectivos más críticos a su gestión y el más beligerante. El líder de opinión pro oficialista, Walter Araujo ha sido procesado judicialmente por realizar un acoso sistemático en redes sociales en contra de una abogada opositora del gobierno y feminista, lo que le terminó costando su inscripción como candidato a diputado, pues la Sala de lo Constitucional consideró que su comportamiento era contrario a la moralidad notoria que indica la constitución para las candidaturas. La abogada, por motivos de seguridad, salió del país y solicitó refugio en el exterior. El ex Fiscal General expresó en un tuit que el mismo Presidente le había pedido no procesar a Araujo. Por otro lado, otras expresiones comunicacionales como el youtuber Roberto Silva, miembro de una agrupación de youtubers pro-oficialistas denominada “La Red somos Todos”, fue procesado penalmente y enviado a detención provisional por denuncias de dos abogadas y entonces candidatas del opositor partido FMLN, por emitir expresiones denigrantes, ofensivas y amenazantes contra ellas haciendo uso de sus canales. Al momento que esto se escribe, una de las denunciantes ha salido del país y Silva se encontraba a la espera de juicio, entre denuncias que no se envió al detenido a un Centro Penal ordinario, sino que se le habría mantenido en instalaciones diferentes y hasta con beneficios especiales. Mujeres que ejercen el periodismo también han sido blanco de estos ataques, al punto que algunas han optado por salir del país. La violencia en redes sociales hacia ellas ha incluido amenazas de muerte, de violencia sexual y lluvias de insultos. Es sintomático que la actual administración, no haya impulsado ni apoyado oficialmente la agenda de actividades conmemorativas relativas a la lucha para erradicar la violencia contra la mujer que se llevan a cabo todos los meses de noviembre, como sí lo hicieron administraciones previas, ni haya hecho comunicados o posicionamientos oficiales de cara a las celebraciones del día internacional de la mujer. Tras la instalación de la Asamblea Legislativa 2021-2024 con una sobrada mayoría para el bloque oficialista, una de sus primeras acciones fue enviar al archivo normativas relacionadas a la búsqueda de mayores cotas de igualdad, equidad e inclusión, como las relativas a la identidad de género, la no discriminación, los derechos reproductivos de las mujeres y, más recientemente, insinuó la sustitución de la actual Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres (LEIV), hito normativo para la protección de los derechos de las mujeres. Paradójicamente, han sido diputadas oficialistas las que han sugerido dicho cambio, alegando que la ley no ha funcionado según lo esperado. Si bien la ley está lejos de su plenitud, lo cierto es que su eficacia depende de la voluntad y recursos de las instituciones y, como se ha visto, la actual administración no ha sido sensible a esta temática. También estas diputadas han apelado a la LEIV en contra de las críticas políticas que legítimamente se emiten desde la ciudadanía, en una amenaza velada de criminalizarles. El discurso oficial argumenta que con la reducción de los registros de homicidios y feminicidios durante la gestión, se ha mejorado la seguridad de las mujeres, no obstante, la crítica a este argumento contrapone el alza del fenómeno de personas desaparecidas y la creciente representación de las mujeres en él, así como en otros delitos violentos contra las mujeres como las violaciones.

Un pequeño pero significativo gesto que ratificó la insensibilidad política hacia la situación de las mujeres fue la negativa del bloque legislativo oficialista a rendir un minuto de silencio por las mujeres víctimas de feminicidio y desapariciones, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Uniendo los puntos, queda reflejada la política antifeminista del actual gobierno y el retroceso en los incipientes avances con los que contaba el país en favor de las mujeres: ha desmantelado políticas públicas, ha fustigado, acosado y ha tratado de demonizar, desvalorizar y desprestigiar al movimiento feminista y a mujeres destacadas, lo cual ha ocurrido desde la cúpula del poder así como a través de todo el aparato paraoficial de propaganda y sus fanáticos, lo cual es una práctica claramente antidemocrática y destructiva.

Ejemplos como el de Chile muestran el tremendo aporte de las luchas feministas al cambio social, a la construcción de un nuevo orden más abierto a reducir las asimetrías de poder entre sexos y géneros, sin lo cual, no puede haber verdadera democracia.

Nils Christie sobre ver “al otro”

Revisando mis archivos, encontré esta ponencia del criminólogo noruego, Nils Christie (+), hecha en el Congreso internacional: Juventud, seguridad y justicia en Centroamérica, el 12 de marzo 2008, donde fue uno de los oradores principales. Lo que sigue, es una transcripción simultánea de la traducción de su conferencia en el evento, así que tiene algunas frases sueltas o ideas incompletas, pero creo que rescata lo esencial. 

En primer lugar me gustaría hablar de la política. Aquí escucho mucho hablar de la pobreza con mucha frecuencia y eso es un poco complicado en este lugar tan lujoso. Nosotros hablamos de la pobreza, pero ustedes no lo creerán que en Noruega hay una gran cantidad de gente que dice ser pobre. Y lo son. Son más pobres que hace 10 años, porque los ricos son más ricos, la clase media se sube y los pobres se hunden. Ellos son pobres pero en otra medida a Guatemala. Esos pobres son los que constituyen la mayor parte de la población penitenciaría. 

Frecuentemente se habla de la gente económicamente pobre, pero quiero hablar de la pobreza social. En este punto yo podría mencionar que mi país es, en alguna manera, más pobre que este. Visitando este país, y otros de América Latina, me siento abatido por la pobreza de mi país. Pareciera que hemos intercambiado pobreza. Esto es particularmente a lo largo de todas las clases en Noruega. Y si yo lo comparo con visitas que he hecho a otros países, en Guatemala hay más vida social. Hay una inversión: nosotros hacemos que la gente sea rica pero pierda elementos de la vida social, en los países europeos, es en los sectores más populares es donde la gente más comparte y socializa en el espacio público y la gente es más conciente de la necesidad de ayudarse mutuamente. Los ricos tienen dinero pero aislamiento. Los pobres no tienen dinero pero riqueza en relacionamiento social. Pero eso es un poco peligroso, pues los que tienen el dinero tratan de destruir a los que tienen identidad social, esto sucede de tal forma que los que tienen tanta riqueza, tratan de moverse ahí instalando grandes edificaciones para empujar a los pobladores a abandonarlos -imagino que eso pasa con los indígenas aquí- de esta forma, las vuelven más vulnerables, pues pierden su capital social.

Algunos escogen asociarse en pandillas, algunas peligrosas otras no. ¿Cuál debería ser el modelo para la vida de la juventud?¿quiénes son los maestros en la sociedad ahora?¿los sacerdotes? Probablemente no ¿Otros grandes héroes culturales? No ¿Cuáles son las grandes catedrales? Los grandes centros de negocios, las grandes casas ¿Cuál es el símbolo de lo que se tiene en nuestras sociedades? Los iconos de los negocios, de la riqueza, los que tienden a llevarse consigo la riqueza social. Solo traje un párrafo que quiero compartir:

Es un hombre que se llama Kerry que se pregunta que hay detrás de la brutalidad de las relaciones sociales en nuestro contexto: “hablamos sobre la conexión sobre el crimen y los países de la gente pobres. Se habla de la cultura de los infraclase, pero no se habla de la cultura de las clases superiores. Simplemente no entenderíamos el carácter del crimen en nuestro mundo contemporáneo, talvez solo el uso de la violencia, a menos que la veamos en el contexto del crecimiento de las culturas de las clases dominantes a la depredación y liquidación de la vida humana.

Él llama el mundo de los negocios, el mundo de los tiburones. El ánimos de hacer dinero … cualquier instrumento para lograrlo, sin límites. Pero no es sobre esto de lo que protestan las sociedades, cuando protestan por el delito. Tenemos que redimensionar ese respeto hacia el capital social y los valores y ahora podemos preguntarnos: ¿Cómo lograrlo? Debemos hacer esfuerzos para que la gente logré ver a los otros como seres humanos. Por qué estoy tan interesado en la posibilidad de verte como una persona en totalidad y tú a mí como una persona en totalidad? Porque también estoy interesado en una forma de tratarte mejor y que tú me trates mejor. Mi razón para insistir en esto es porque conozco muchos asesinos. En mis primarios días como estudiante y profesor, estuve completamente dedicado al estudio de los campos de concentración alemanes,  pero ustedes saben que en la historia matar grandes cantidades de personas sucede muy a menudo. Por qué nos matamos unos a los otros? Mi experiencia es que ayudaría el hecho de vernos mutuamente. Una vez hice un estudio sobre 50 asesinos, y los comparé con otras 50 personas en situaciones similares sin matar. Todos los 50 habían sido guardias en campos de concentración. Hubo un campo de concentración terrible en que el 70% murió en el invierno. Era en el norte de noruega, dirigido por alemanes, pero eran noruegos los que mataban y después de la guerra se preguntaban ¿cómo pudieron? ¿los noruegos no matan? Nosotros nos vemos muy pacíficos (menos los hombres) en Noruega tenemos 40 homicidios al año, comparados con los seis mil de Guatemala. Nosotros matamos a otros con nuestro petróleo. Regreso a mi tema: Tu estas desesperado cuando eres un prisionero, tomas agua todo el tiempo para calmar el hambre, no parecerás un esqueleto, pero tu cuerpo es todo agua. Una infección te ataca todo el cuerpo o puede matarte una diarrea por comer cualquier cosa que encuentres y si te tratas de sentar, no puedes hacerlo porque un guardia te mataría pensando que tratas de escapar, así que caminas ahí, enfermo, no luces como un ser humano y , aquí viene la clave de alguna manera: yo lo aprendí cuando hablé con estos guardias que nunca habían matado: me contestaron que habían visto algunas de sus fotografías de cuando estaban en eslavia, que lucían como personas normales. Al otro grupo, a los que mataron les pregunté si habían visto las fotos: no las habían visto.  

Para el grupo de los que mataron, ellos eran no-humanos. …

Como nosotros vemos, en mi país constantemente se nos dice que no debemos matar seres humanos. Pero estos prisioneros no eran humanos para quienes los mataron. Pero aquellos que vieron las fotos, fueron capaces de definir a los prisioneros como seres humanos. Esta es la esencia de matar y lamentablemente tengo que compartir la experiencia de un prisionero yugoeslavo que se encontró un diccionario en el Campo de Concentración y, en estaba en la situación de estar frente a un guardia, otros siete prisioneros y un guardia atrás… y entonces este hombre, mi amigo ahora, formuló la frase que le salvo la vida: “yo tengo un fosforo”. Entonces para el guardia que había pedido un fosforo, empezó a ser otro ser humano y de esa forma el salvó su vida. Hay excepciones, hay bibliotecas que abordan de manera extensa el homicidio, tenemos conflictos como Ruanda, terribles matanzas donde los vecinos se mataron entre sí, cuando llegaron a adquirir una identidad étnica. Tú no puedes quitarle la humanidad a tus pares, este es un mecanismo para prevenir las matanzas. Creo que estoy llegando al punto para hacer intentos y lograr mediación en donde la gente pueda verse como tal. Y aquí estoy yo preocupado por esos seis mil homicidios al año y ustedes me dicen que casi en todos estos casos nada sucede. Aquí hay una cosa extraña, o son una sociedad completamente loca o son completamente desviados, con esa cantidad de homicidios, comparativamente no tienen prisioneros, tienen una tasa de prisión tan baja como Escandinavia, Guatemala tiene 47, Noruega 69, Cuba 600, Rusia 650 y USA 750 por cada 100 mil habitantes, niños incluidos, sacando a los niños se tiene una de cada 100% está en prisión. Esto es un misterio científico en Noruega, y Guatemala también. Todos los días creo que ya lo entendí y paso la noche pensando y al otro día, la realidad es otra.

Ahora les debo advertir, al respecto de esta tasa de bajos niveles de prisión: algunas autoridad podrían verse tentadas a incrementarlos. Ese no es mi consejo. Las cárceles son la escuela del crimen, son para los pobres y son construidas para darle dolor a la gente y la gente pobre ya tiene suficiente dolor. Ellos necesitan ser ayudados, que les den cosas, no que se les quiten. Pero por otras partes, los 6 mil homicidios traen mucho dolor alrededor de estos cuerpos y unos con mucha irá, y saldrán a matar y a vengarse, entonces se generan situaciones de sangrientas venganzas. Por ejemplo he tenido conocimientos de casos en Albania, donde se le da el derecho a la víctima de matar al victimario y nosotros estamos en un proyecto para recuperar esta situación porque no podemos permitir que las familias se maten. Si yo tuviera la oportunidad de trabajar en este país, intentaría que la gente se reuniera y no se vieran como asesinos entre ellos. Al venir aquí trate de informarme, sobre quienes son los miembros de las maras y al enterarme quise tomar el vuelo de regreso a casa. Estoy consciente de cómo esta ansiedad que se genera en el tema, limita vuestra vida. Ustedes también son soldados prisioneros. Por ejemplo que mi nieta que me acompaña no pudiese ir en bus al supermercado. Y al leer sobre las maras, me pregunto cómo es que la gente puede ver a través de las maras, es un gran desafío, para ir de manera sistemática. Penetrar en ellos para preguntarles cómo ven el mundo. Cómo miran a la otra gente en Guatemala. Esto fue lo que hice con mis guardias. Pregúntenles a ellos, cómo miran. Debiera darse la posibilidad de que personas que son de maras y las que no puedan sentarse y decir lo que piensan. Ustedes pensaran que estoy desinformado o estoy loco. Puede que tengan razón. Pero lo que digo está muy ajustado a la criminología moderna: no hay tanto interés actualmente en las respuestas penales sino en el de la mediación. Esto lleva a estar relacionado con que la gente en los países industrializados ha perdido sus raíces. Nos ha llevado a ser más pasivos e incrementa las posibilidades de perder la riqueza social. En mi vecindario con el más pequeño ruido se llama a la policía. Podemos decir que vuestra vida está gobernada por la ansiedad, en Noruega podemos decir que no existen tareas comunes entre personas comunes. Y aquí viene la mediación como una tarea que puede ser desarrollada por todos, el movimiento por la mediación es una oportunidad para fortalecer la sociedad civil. Esto implica que no sacamos a la gente, sino que traemos dentro. El interés en la mediación es tan grande que aquí constituye una amenaza, porque los conflictos y la mediación pueden ofrecer trabajos profesionales. Los abogados, dicen, ustedes necesitan expertos para la mediación, o los psicólogos podrían declararse expertos, pero mi idea y experiencia es proteger la mediación como una propiedad de la gente común. Hace algunos años escribí un artículo “Los artículos como propiedad” y ahí expliqué la gente tienen la tendencia de robarse los conflictos de las otras personas. Dejen ustedes que los conflictos sean propiedad de las partes. Algunos abogados nunca me perdonaron por llamarlos ladrones profesionales.

Volviendo a su situación. Sería posible en el caso de ustedes que se conozcan a las maras, que hubiese vencidarios que inviten a las maras a explicarse. Si las maras con grupos altamente organizados como se dice, es bueno, porque se puede pensar en términos de paz y guerra, se puede negociar con los superiores. Y si no estuvieran tan bien organizado sería bueno ir con los grupos de base y hablar con los vecinos.

Ahora tengo que hacer otra confesión que talvez a ustedes no les guste. Me gustan las favelas, (comunidades marginales) deberían ser protegidas. Conozco el misterio y conozco también la fortaleza: ellos están forzados a un sistema interno de ayuda mutua. Cuando he estado sentado en barrios de América Latina, me siento seguro, cuando estoy con persona que me dicen que todo está bien. Y cuando hablo de ese asunto de las maras, esto sería bueno que tomara lugar en los propios barrios o comunidades.

Mi idea sería, fortalecer esta comunidades y darles capacidades para que se fortalezcan a sí mismos. Otra pequeña cosa que me gusta al respecto de los barrios es que la gente está casi siempre haciendo algo. Tienen que hacer algo para que la vida continúe. Poner energía eléctrica, arreglar el camino. Significa que en los barrios sí atienden un determinado aspecto que veo en mi propio país.

Lo que voy a decir es feo: Talvez ….  En mi país utilizamos en alguna medida el sistema educativo para librarnos de los niños y particularmente de la gente pobre. Es obligatorio estar en la escuela hasta los 18 años. En los viejos tiempos, no se podía, se ponían a trabajar. Hoy no, así que los ponemos en la escuela. De esa forma se aíslan, tienden a ser sobresocializados como jóvenes, se mantienen fuera del trabajo y se agrupan para vivir, pero saben que la vida no les dará un trabajo en el futuro, esta cultura puede devenir en algo negativo. La cuestión esencial en nuestro país es compartir el trabajo con la gente joven. Yo causé polémica cuando propuse que los niños volvieran al trabajo, sería una buena cosa. Ayudaría a hacerlos maduros y responsables. Percibo entre las maras a jóvenes que no han madurado y no saben lo que quieren y persiguen a la gente que tienen negocios y emulan el trabajo de estos. Concluyo diciendo que este asunto de las maras es de mucha conveniencia para ciertos sectores en Guatemala, su gran sistema de autoridades no es cuestionado, las maras no son un movimiento revolucionario, usan métodos equivocados para alcanzar los mismos objetivos que la sociedad y son una explicación de todo lo equivocado en este país. Pero soy sentimental sobre la necesidad de la gente de conocerse. He estado tanto tiempo con asesinos, y oigo sobre monstruos que nos rodean, me sorprendo porque nunca conocí uno. No creo que existan.

Una propuesta para el análisis de la desaparición de personas

La desaparición de personas se encuentra en la agenda pública y genera múltiples reacciones, principalmente de incertidumbre, miedo o preocupación. Sin duda, es una de las formas de violencia más infame y cruel con los sobrevivientes de las víctimas, que sufren de angustia permanente al no saber el paradero de sus seres queridos ni su estado. Ni siquiera la aceptación de la probabilidad de su muerte les consuela al no tener sus restos para realizar apropiadamente su proceso de luto. 

La forma en cómo se construyen las narrativas de estos hechos en redes sociales o medios de comunicación derivan en hipótesis que estos eventos podrían ser hechos de violencia aleatoria -lo que vuelve a cualquiera en potencial víctima-, o que una desaparición equivale a un homicidio que debe sumarse a la cifra oficial de este delito, lo cual no siempre es cierto y debe ser rigurosamente contrastado con información verificada.

Si bien, las instituciones de justicia y seguridad han dado abordaje al problema como la creación de un protocolo interinstitucional de búsqueda, el desarrollo de acciones enfrenta algunas limitaciones. La primera es de carácter legal pues, si bien, el Código Penal reconoce como figuras delictivas la Desaparición forzada (Art. 364 CP) o la Desaparición forzada por particular (Art. 365 CP) estos responden a la definición original desde la óptica del derecho internacional de los Derechos Humanos, que se orienta a los casos cuando el Estado es el que realiza dicha práctica, la promueve o tolera, sin embargo, en la región, dicho fenómeno está asociado también a prácticas de grupos criminales organizados, por lo que en nuestro país, la regulación legal, de momento, no alcanza dicho comportamiento y en consecuencia, las instituciones no cuentan con una herramienta legal específica para trabajarlo, lo cual no obsta el hecho de que reciben reportes y se realizan búsquedas de personas. 

Lo dicho tiene consecuencias prácticas como el que no haya criterios unificados a la hora de registrar y contabilizar estos eventos, para el caso, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, difieren en las cifras de personas desaparecidas debido a que tienen distintos criterios de definición y contabilización, así como de su depuración, diferencias que no ayudan a generar un conocimiento preciso para la toma de decisiones. 

Para analizar este problema es necesario dilucidar la ruta y criterios de medición que un fenómeno de esta naturaleza debería tener. Lo primero, se trata de definir qué es una persona desaparecida y cómo se adquiere dicha calidad. 

Un punto de partida sería el relativo a las personas de las que no se conoce su paradero y cuya ausencia rompe con sus rutinas ordinarias de manera significativa y prolongada. Este primer acercamiento abarca un sinnúmero de situaciones y circunstancias que pueden ir desde eventos fortuitos como hospitalizaciones por enfermedades repentinas o accidentes, morir y ser enterrado como cadáver no identificado, privaciones de libertad por comisión de hechos delictivos (arrestos), conflictos familiares, extravío de niñas, niños o personas afectadas por problemas mentales, separaciones conyugales o de pareja, migración, retrasos circunstanciales por tráfico o jornadas extendidas de trabajo/estudio, actividades no planificadas o hasta la simple falta de carga o saldo en un celular para comunicar retrasos o cambios de rutina, llegando hasta figuras delictivas como secuestros, privaciones de libertad, trata de personas u homicidios. 

Entonces, no toda persona ausente es automáticamente una víctima de desaparición como hecho violento, pues muchos son hechos fortuitos o voluntarios por los que puede no tener un paradero conocido, por lo tanto, un elemento a considerar en el análisis es la intervención dolosa de un tercero o terceros que provoca la ausencia. Por lo anterior sería prudente utilizar una categoría inicial como “persona extraviada”, mientras no se compila toda la información posible sobre los posibles paraderos de la persona buscada. 

La calidad de persona extraviada cambiaría cuando:

A) El individuo es encontrado (vivo o fallecido) y, en estos casos, deberían ser agrupadas en categorías según el móvil que provocó su extravío:

       a.1.Si éste fue por motivos comunes (conflictos familiares, laborales, fortuitos, detenciones, etc)               o

       a.2. Si fue resultado de una acción criminal (homicidio, secuestro, privación de libertad, trata o                  tráfico de personas, por ejemplo) y ser contabilizada dentro de la estadística correspondiente.

B) Cuando se agoten todos los mecanismos institucionales ordinarios de búsqueda y no haya sido ubicado, se clasifica como persona desaparecida. Las acciones de búsqueda incluyen, entre varias: contacto con potenciales testigos y relaciones de la persona; búsqueda en establecimientos y registros de atención a personas como hospitales, centros de detención, albergues o centros de resguardo, morgues; revisión de movimientos migratorios; migrantes atendidos en el exterior por consulados; bitácoras y coordenadas de uso de teléfonos celulares; movimientos de tarjetas de crédito, por mencionar los más inmediatos.

Tanto en el caso de las personas extraviadas, como en el caso de las desaparecidas, las instituciones deberían contar con un listado homologado y normado para realizar los respectivos cambios de calificación de estatus, así como para generar una sola estadística. Este registro debería estar desagregado en el mayor número de variables claves de interés que permitan dilucidad temporalidad, rutas o zonas afectadas, sexo y edades de las víctimas, antecedentes de amenazas o conflictos interpersonales, etc.

Tanto la estadística de personas extraviadas como las desaparecidas no son definitivas mientras exista la posibilidad eventual de dar con el paradero de las personas buscadas. Buena parte de las informaciones sobre este fenómeno se han basado en la contabilización de las denuncias o reportes que las instituciones reciben, las cuales no están afinadas ni organizadas metodológicamente al punto de “descontar” eventos cuando las personas son encontradas. 

A continuación una propuesta gráfica para ilustrar el tema: 

"Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador"

El día de hoy, se presenta por FLACSO-Ecuador el libro La política en la violencia y lo político de la seguridad, en el cual participé con el artículo "Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador", donde hago un breve análisis de cómo el fenómeno de la inseguridad ha sido materia de ofertas electorales en el presente siglo en El Salvador, análisis que llega hasta 2014 con las elecciones presidenciales de ese año.

Para quién esté interesado en los contenidos del libro, puede bajarlo desde aquí.

Las luces y sombras de la Sala de lo Constitucional

"Cuando se tiene cierta moral de combate, de poder, hace falta muy poco para dejarse llevar, para pasar a la embriaguez, al exceso."

Marguerite Duras

Escribo como una persona que ha venido cambiando su postura sobre la labor de la Sala de lo Constitucional desde el apoyo entusiasta, pasando por la duda, hasta la profunda decepción y preocupación.

Sin embargo, no puedo decir que mi evaluación de ese trabajo sea absolutamente negativa o descalificadora, por el contrario, reconozco que gracias a algunas resoluciones se han tenido tímidos avances en la aplicación de la convencionalidad en materia de derechos humanos, el tratamiento de casos de lesa humanidad del pasado conflicto bélico pasando por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (a pesar de sus debilidades y ambigüedades), el reconocimiento del valor de los Acuerdos de Paz en la reforma constitucional, la civilidad en la conducción de la seguridad pública o el reconocimiento judicial del lesivo hacinamiento en la privación de libertad, así como la mejora en algunos aspectos del sistema político.

Parte de su jurisprudencia se ha orientado a tratar de corregir algunos de los más nocivos vicios de la política local como la transacción partitocrática, imponiendo mayores estándares a la hora de elegir funcionarios de segundo grado, con lo que ganaron el rechazo, expreso o tácito, de las élites políticas dominantes y sus séquitos acríticos. Sin embargo, esa orientación jurisprudencial hacia los vicios de la política derivó en partidofobia y judicialización de la política, fenómeno que atrofia o distorsiona el sistema político, arrebata los temas de la discusión pública y partidaria en las instancias de representación popular y la remite a una instancia no representativa.

Ante los embates, los magistrados entraron en una espiral de reacciones que en su relación con otros órganos del estado, más bien parecía un interminable juego infantil en el que cada quién pretendía crear reglas nuevas para anular la ventaja del otro. Basta recordar la crisis institucional tras la emisión del tristemente célebre decreto 743 o la declaratoria de inconstitucionalidad del nombramiento de nuevos magistrados de la CSJ por la misma Asamblea que ya había elegido en 2009,  las  bochornosas acciones para imponer a los electos -cerrajero incluido- y la existencia de dos Cortes Supremas funcionando en paralelo, situación que fue resuelta luego de que la Asamblea aceptase acatar el fallo y dejar la nueva elección a la asamblea entrante en el siguiente período.

Los magistrados de la Sala terminaron construyendo una serie de escudos para volverse inamovibles, mientras que erigieron nuevos estándares para las elecciones de funcionarios de segundo grado que, aplicados a ellos mismos, no superarían. Por ejemplo, para ellos no aplicaron las exigencias de comprobación y fundamentación de la moralidad y competencia notorias por las cuales han removido -fulminantemente- a otros funcionarios de elección de segundo grado. Tampoco fueron objeto de entrevistas públicas cuando fueron nominados en el listado del CNJ en los casos de Belarmino Jaime y Rodolfo González.

Uno de estos requisitos derivados de su jurisprudencia me parece cuestionable es el relativo al origen o filiación política de los electos en cargos de segundo grado. En ningún país, y menos en uno tan polarizado, es sensato que los partidos coopten las instituciones colocando sus delfines en ellas. En eso estamos de acuerdo. El tema es cuando esto se convierte en una amplia regla general que afecta tanto a miembros de partidos como personas que por diversas circunstancias como familiares, de amistad o simple simpatía o antipatía partidaria, son vedados a dichos cargos. Una jurisprudencia de esta naturaleza nos impide tener a ilustres  juristas de indiscutidos méritos como Fabio Castillo, por poner el mejor ejemplo, como magistrado de la Sala de lo Constitucional. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dictaminó violaciones a los Derechos Humanos en el proceder de la Sala y esta regañó al Procurador por semejante atrevimiento.

A favor de los magistrados juega el hecho de que éstos tienen más fans y credibilidad que los políticos tradicionales, así como apoyos externos desde la comunidad internacional. Pero tener fans y credibilidad, no necesariamente es sinónimo de tener la razón o buen actuar, especialmente cuando el conocimiento popular de la jurisprudencia viene mediado por lo que la prensa dominante quiere transmitir hacia un público que mayoritariamente no lee más que los titulares de las noticias. Por ello, desde mi punto de vista, cayeron en la vanidad del rating mediático, creando un nuevo término de “populismo jurisprudencial”.

Pero, como venía diciendo, los magistrados convirtieron la práctica judicial en boxeo. Frente a los ataques políticos de sus adversarios, resoluciones; no sólo como defensa, sino -cada vez más- como ataque.

En un país tan polarizado, todo se vuelve un conflicto de tintes partidarios, la discusión una arena de lucha y el público ubicado cada cual en el bando de su preferencia como barras. De ahí, que el trabajo de la Sala haya sido objeto de una valoración basada más en criterios políticos partidarios de quien sale afectado o beneficiado en la correlación global de fuerzas.

En este sentido, la crítica ha jugado en ese nivel de acusaciones -las más de las veces simplistas y fáciles- sugiriendo o señalando la existencia de agendas políticas, de segundas o terceras intenciones en los fallos u otras valoraciones similares, pero -sin que lo anterior sea totalmente descartable- pocas veces se han señalado con rigurosidad, los procedimientos y razonamientos jurídicos utilizados, que es donde más polémica genera el ejercicio de su poder.

Mi primera alarma respecto del comportamiento de la Sala fue el aval a las candidaturas independientes. Con un enrevesado análisis hizo que el texto constitucional que indica que a los cargos de elección popular se accede mediante los partidos políticos, dijera que se podía acceder de manera independiente a ellos (!) Y aunque estemos de acuerdo que los partidos actuales necesitan una profunda reforma, el remedio no es abrir la puerta a outsiders.

Luego vino el inédito, grave y peligroso antecedente de iniciar un proceso de inaplicación de oficio, fuera del procedimiento establecido en la Ley de Procedimientos Constitucionales, ante un cuestionable fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, activada de manera ad hoc en un conflicto entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional.  Y aunque la resolución de la CCJ era, de lejos, discutible y cuestionable, el solo hecho de arrogarse el inicio de una causa denota interés en la misma y es evidente que se juega a juez y parte. El resultado, como sabemos y era de esperarse, fue a favor de la sala. Uno se pregunta por qué teniendo a muchos adeptos, no esperó a que uno de ellos presentara la acción judicial en su defensa, por lo cual, la forma en cómo actuó es claramente arbitraria.

Otra alarma fue la resolución express, ante el amparo solicitado por el Dr. Fortín Magaña, entonces Director del Instituto de Medicina Legal -quien participaba de una amarga disputa por la cifras de homicidios con el Gobierno- por haber sido destituido de manera polémica, bajo sospechas de motivación política. La Sala demoró menos de veinticuatro horas en admitir la demanda y detener el acto reclamado. Sin entrar a juzgar la procedencia de la resolución, uno se pregunta si los ciudadanos comunes y corrientes que se abocan a la Sala pidiendo amparo reciben respuesta con semejante diligencia. La respuesta es no, y un actuar de una manera tan deferente, no solo muestra interés particular en el caso, lo que pone en duda la imparcialidad del tribunal, sino que también es una falta de respeto a los demás demandantes con problemas similares o que sufren de peor manera la violación de sus derechos.

Luego, en casos complejos que no pasaban por el tamiz político partidario, quisieron pasar por el chaparrón sin mojarse como fue el resultado en el Caso Beatriz. Donde no se atrevieron a tocar la regulación sobre el aborto y así no enfrentar al lobby conservador muy beligerante en este tema, mientras que en el caso de la Ley de Telecomunicaciones mantuvieron el esquema favorable de concesión del espacio radioeléctrico a los grupos económicos más poderosos en detrimento de otros medios de comunicación y la democratización de la libertad de prensa y expresión.

Otra forma de mostrar interés en los casos es la arbitraria y unilateral decisión de ampliar términos de las demandas más allá de lo pedido por los peticionarios (por ejemplo, en el conocimiento del caso SITRAMSS) o incluso subsanarlas en sus vacíos o errores y de emitir también resoluciones más allá de lo pedido, afectando el debido proceso, al fallar sobre temas no discutidos sin dar oportunidad de defensa.

Los ejemplos más lamentables son particularmente en temas electorales o de representación política, así se otorgaron la atribución de dictaminar la forma de contar los votos en elecciones parlamentarias, instaurando uno de los sistemas más complejos y materia de polémica por la dificultad que supone para construir los resultados. Lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Otro antecedente polémico fue la eliminación, vía resolución, de los diputados suplentes atendiendo una demanda que cuestionaba una votación en concreto en la que participó un suplente de manera no justificada, pero no cuestionaba la existencia de los mismos. La Sala, resolvió declarar nula la votación, pero también -sin que nadie se lo pidiera- anuló la existencia de los diputados suplentes, alegando que no fueron electos democráticamente, sin dar oportunidad de descargo a la Asamblea Legislativa sobre este punto.

Cuando se discutía la inconstitucionalidad de la candidatura presidencial del expresidente Elías Antonio Saca para las elecciones de 2014, nuevamente jugó con el tiempo para resolver, emitiéndose hasta una vez finalizado el proceso electoral, declarando inconstitucional la participación de Saca en la contienda, ignorando campeonamente en el texto de la resolución, los argumentos de los abogados y de la FGR que estaban basados en los instrumentos que la misma Constitución reconoce para su mejor interpretación como las actas de la Asamblea Constituyente de 1983 y el Informe Único del Proyecto de Constitución, de los que se podía concluir que el expresidente Saca no tenía impedimento para competir para el período 2014-2019 y, adicionalmente, la Sala resolvió por consiguiente que los ministros, viceministros o el Director de la PNC, tendrían que esperar 10 años para poder postularse a elecciones presidenciales, de lo que ya he hablado en otra momento, anulando uno de los mecanismos de identificación y promoción de liderazgos del sistema político.

Tampoco se ha guardado nada en temas relativos a las finanzas públicas. Por ejemplo, al decretar una medida cautelar para impedir una emisión de bonos por $900 millones aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del ejecutivo, y dilatar su resolución por casi 15 meses en un contexto de estrés fiscal y de reiterados pedidos del Ejecutivo por tener una pronta resolución a fin de poder tomar un curso de acción, cuando, como hemos visto, ha resuelto con prontitud si así lo desea o le interesa.

En esta lógica, otro ejemplo fue cuando en la primera semana de abril el gobierno no logró en la Asamblea el apoyo para sus medidas para atender el problema de las pensiones causado por el FOP. El día 7 de abril, el país amaneció en situación de impago. Casualmente, ese mismo día, la Sala hizo pública la admisión de la demanda en contra del presupuesto 2017 presentada apenas una semana antes por un diputado de ARENA. ¿No te gustó?, ración doble.

En este punto, no se trata de cuestionar el fondo del asunto (no en este momento), sino que el uso perverso de los tiempos para golpear y desgastar políticamente, es reservarse naipes bajo la manga. Una resolución puede tener un resultado correcto, pero como producto del oportunismo sobre el momento en que se emite, se le resta credibilidad y legitimidad poniendo en duda la imparcialidad del juzgador.

Más recientemente, una nueva polémica se generó por emitir una medida cautelar en contra del SITRAMSS, el cual ha sido impugnado por no haber cumplido, según los demandantes, el requisito de concesión para usar de manera casi exclusiva un carril segregado. La Sala, de motu propio, amplió el conocimiento del caso a disposiciones reglamentarias que no estaban planteadas originalmente y emitió una medida cautelar incoherente con el fondo del asunto. Si lo que está en discusión es un defecto de origen del proyecto SITRAMSS y no la libertad de circulación, no se encuentra una justificación de la medida adoptada de abrir el carril segregado a circulación de todos los vehículos.

Además de incoherente, es poco sostenible que cumpla con los criterios que su misma jurisprudencia ha dispuesto para emitir estas medidas y más cuestionable aún cuando es dada por juzgadores que tácitamente reconocen que no conocerán el fondo del asunto por haber sido recusados, algo así como un golpe de despedida, remozada con un toque de una retorcida noción de igualdad en palabras de un magistrado:  “Queremos que si hay tráfico y lentitud que la sufran todos por igual”. Pues esa igualdad no parece reflejarse en la temporalidad de sus sentencias.

Más recientemente, en otro caso de oportuna celeridad, admitió en veinte días la demanda en contra de la elección de la terna del sector privado para representante en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), demanda que fue presentada por el abogado que era propuesto por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), grupo que mantiene una posición de rechazo permanente al gobierno actual.

El abogado denunció que el proceso de elección, manejado por el Ministerio de Economía, fue manipulado para favorecer determinados fines. Siendo esta elección, un acto administrativo en el que se alega la violación de la ley, lo lógico es que diera paso a un proceso contencioso administrativo en la Sala correspondiente, sin embargo, sin agotar ese recurso, acudió a la Sala de lo Constitucional y ésta, convenientemente, admitió la demanda, agregando una medida cautelar por la cual, el Presidente no puede nombrar a los miembros de la terna en cuestión. Esto, cuando la Ley de Procedimientos Constitucionales establece como requisito de procedencia para el amparo, el agotamiento de los recursos previos.

El principal partido de oposición, se ha beneficiado del desgaste generado por la confrontación gubernamental con la Sala pues le resulta funcional a su estrategia de bloqueo y ahogamiento financiero, aún y cuando resienta también algunos fallos tales como el de la Ley de Amnistía, o  la apertura y desbloqueo de listas electorales.

En general, una de las cosas que resultan más lamentables es la inconsecuencia de muchas de sus discusiones respecto de los impactos que tendrán en la realidad o el contexto en que se dan, parecería que las sentencias buscan generar más problemas que solucionarlos. Por ejemplo, interfiriendo en la política de seguridad con la nominación -inoportuna, innecesaria e impertinente- de las pandillas como grupos terroristas, atizando la conflictividad del estado con estos grupos, incitando al rebalse del poder punitivo del Estado. O luego  ordenar a la PNC en el área metropolitana, una de las zonas de mayor necesidad de servicio policial, que pase a ocuparse de la forma en cómo va a gestionar el tráfico en el carril segregado del SITRAMSS al abrirlo al público con apenas dos días de anticipación. O como cuando impuso complejos cambios en el sistema electoral en el marco de una competencia ya en curso, lo que dilató el conteo y luego, avaló, vía impugnación a favor de ARENA, un reconteo, pasando por encima de  la credibilidad y “máxima autoridad” del Tribunal Supremo Electoral y contribuyendo a incrementar los rumores y la incertidumbre sobre los resultados.

"La Sala actúa dentro de la lógica jurídica (“la ley es la ley”), cerrando los ojos a otros tipos de lógicas, como las sociales. Como se sabe, no siempre cumplir la ley es hacer justicia. Por muy juez que se sea, especialmente en el máximo tribunal nacional, no se pueden obviar ingenua o irresponsablemente los efectos políticos, económicos y sociales de una decisión judicial." Tomado de: "Ciego Legalismo", UCA.

En resumen, mis reflexiones y conclusiones sobre la Sala de lo Constitucional es que al (ab)usar su poder según la coyuntura, ha perdido, a mis ojos, seriedad e imparcialidad. Se terminó convirtiendo en un árbitro-jugador, sin controles ni límites que ha entorpecido un partido en donde el sistema político tiene que solucionar muchas de las cuestiones que la Sala se ha arrogado conocer y resolver, generando coyunturas de ingobernabilidad.

La inercia punitiva y la Contribución Especial

ARENA y GANA, dos de los principales representantes de las expresiones de derecha del país, desde hace unos meses han venido presionando el debate sobre las asignaciones que se hacen de los fondos recaudados por las diferentes normativas sobre Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC)

En principio, reflejan su vocación puntiva al propugnar su uso exclusivo en instituciones de seguridad y justicia penal (PNC, FGR, Fuerza Armada), lo cual es coherente con sus visiones político criminales, las que contribuyeron grandemente a propiciar el estado actual de las cosas: en lugar de contener y reducir la violencia y sus actores, la complejizaron e incrementaron. 

Pero hay motivos adicionales para creer que esto no se trata exclusivamente de un asunto de visiones u opciones político criminales. De paso, es una forma de complicar la ejecución del Plan El Salvador Seguro, el cual se constituye como la más importante apuesta de la historia nacional por un abordaje integral al fenómeno de la inseguridad y que está teniendo efectos reales en los territorios donde se implanta, ya que parte de sus actividades se financian con la CESC. 

El problema es la lectura en término de votos que se hace desde los partido, con la que se llevan de paso las buenas prácticas e ideas promisorias, así como a sus beneficiarios, es decir, la población vulnerable expuesta a la violencia.

Aquí unas flores del día: 

"Yo he sido reacio a dar más fondos a la prevención y no a la represión", dice Diputado @GGallegos24 #DistribuciónFondos #SeguridadCiudadana

— GANAOFICIAL (@GANAOFICIAL) 29 de mayo de 2017

Tenemos que priorizar las distribución de la CESC para @PNC_SV @FGR_SV @FUERZARMADASV

— Rodrigo Ávila (@RodrigoAvilaSV) 29 de mayo de 2017

Debate en el Ministerio de Hacienda por contribuciones a la seguridadhttps://t.co/UrunmlAHsO

— Canal 12 (@Canal_12) 30 de mayo de 2017

Ver también en este blog:  Sobre la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y su debate político

Autodefensas comunitarias, un despropósito

El presidente de la Asamblea Legislativa ha venido promoviendo públicamente una iniciativa para favorecer la creación de grupos comunitarios de “autodefensa” contra las pandillas, retomando la experiencia de algunas comunidades que han tomado esa opción.

¬¬

Gallegos: apoyo a grupos de autodefensa no es para exterminio https://t.co/71ebFfgwrV

— Edgardo Amaya Cóbar (@amaya_ed) 9 de mayo de 2017

Necesitamos una Ley de Autodefensa https://t.co/tIxsnWBoHH

— Guillermo Gallegos (@GGallegos24) 17 de mayo de 2017

Por supuesto, el “altruismo" del funcionario tiene, a todas luces, un ánimo de proyección de imagen con fines electorales. Para él y los grupos que promueven estas agendas, las propuestas de endurecimiento penal, pena de muerte y ahora, armamentización social, han sido el medio por el cual toca los ánimos y miedos de una sociedad afectada por la violencia.

Independientemente de la promoción actual de la idea, lo cierto es que varias comunidades se han organizado de diferentes maneras para gestionar su seguridad a través de la construcción de portones de acceso, contratación de seguridad privada o la cooperación vecinal y, en algunos casos, la organización de grupos de vecinos con armas como ha sido registrado por diversos medios de comunicación.

60 habitantes organizados en autodefensa en La Paz https://t.co/9CUlQ33Yuc

— LPGJudicial (@LPGJudicial) 9 de mayo de 2017

Nunca hace falta decir que la violencia en el país es un problema complejo y cuando se enfrenta un fenómeno de esta magnitud y dimensión, lo conveniente es tratar de contenerlo, evitar que se vuelva aún más complejo, pero la propuesta del diputado se orienta en el sentido opuesto a este razonamiento.

El encuadre mediático alrededor de este tema es un tanto esquizofrénico, por un lado, se plantea como una crítica al gobierno el hecho que la gente se arme para defenderse por falta de protección, pero por otro lado, coherente con las líneas de respuestas represivas dominantes transmite los mensajes de estos grupos como peticiones para la agenda pública.

Las autoridades de seguridad pública no aceptan este modelo de intervención en el problema de la inseguridad en tanto se corren graves riesgos en materia de violación a los derechos humanos y la contaminación de la iniciativa con las dinámicas criminales. En las experiencias de Brasil, Colombia, México y Guatemala, los grupos de vecinos organizados con armas para la seguridad, derivaron en grupos violentos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos y terminaron, en varios casos, convirtiéndose en otro grupo criminal, como en los casos de los “Paras” en Colombia o las “Autodefensas Unidas de Morelos” en México.

De hecho, un reciente reportaje ya plantea un caso que involucraría a uno de estos grupos en el homicidio de dos personas por motivos diferentes a la finalidad que dicen perseguir.

Es ingenuo creer que la violencia es un problema de buenos y malos, donde lo que hace falta es que los primeros eliminen a los segundos como se aprende a base de algunas películas de acción. Pueda que los políticos no sean ingenuos, pero algunas veces están más interesados en los votos que en las consecuencias de sus promesas o propuestas.

¡Un lingüista, por favor!: sobre jurisprudencia constitucional, el derecho a ser electo y la veda temporal para funcionarios.

Hace unos días Malcolm Cartagena publicó en El Faro una columna intitulada "La maldición de ser ministro" en la cual, lanzaba un balde de agua fría a algunos aspirantes a candidatos a la presidencia, citando en fallo la Sala de lo Constitucional en la Sentencia del caso 163-2013, que resolvió la demanda de ciudadanos que impugnaban la participación como candidato a la presidencia del expresidente Elías Antonio Saca (Presidente 2004-2009) para el periodo 2014-2019. Como muchos, admito, el alcance de esta sentencia nos sorprende tardíamente, pero se agradece que sea planteado a pesar del tiempo transcurrido.

La sentencia en cuestion se originó por la demanda de ciudadanos que cuestionaron la candidatura del expresidenet Saca por dos motivos: la violación del plazo de espera dispuesto por el artículo 152 numeral 1° de la Constitución y, además, por haber evadido de manera fraudulenta el requisito de no ser concesionario del estado, que le inhibían de ser candidato. En este post, vamos a centrarnos en el primer punto.

La disposición de la primera causal de impugnación es la siguiente:

ARTICULO 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
1º El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial;

El fallo determinó que el punto de referencia para determinar la oportunidad legal de competir electoralmente la definía la calidad de candidato. Es decir, el punto de referencia temporal se toma desde la asunción como postulante en la competencia electoral. Así entendido por la Sala, no era posible que Saca fuese candidato puesto que su candidatura se ubica inmediatamente después de haber concluido su período presidencial, es decir, había sido presidente en el "período inmediato anterior".

Habiendo adoptado este punto de referencia, la Sala, lo hizo extensible a otros casos también considerados en la Constitución como la postulación de ministros y viceministros.

ARTICULO 152.- No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
4º El que haya sido Ministro, Viceministro de estado o Presidente de alguna Institución Oficial Autónoma, dentro del ultimo año de período presidencial inmediato anterior;

La costumbre en las competencias electorales previas había tenido como punto de referencia el periodo presidencial al que se postulaba y no el momento de la candidatura, como lo hizo la sentencia. Esta es la diferencia fundamental. La referencia al periodo presidencial venidero como punto de partida fue sostenida por el candidato impugnado, por el Tribunal Supremo Electoral, basado en el Informe Único del Proyecto de Constitución, y por la Fiscalía General de la República en este proceso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la Sala se decantó por tomar el lanzamiento de la candidatura como punto de referencia, en el marco de una disposición de compleja redacción que puede generar diferentes resultados interpretativos. Se echa en falta en el marco de una sentencia que analiza un pasaje tan complejo, la existencia de una pericia de tipo filológico o lingüistico de apoyo para una correcta interpretación gramatical, labor que podrían haber considerado los participantes del proceso. También no se explica la falta de análisis de las actas de la Asamblea Constituyentes que son citadas por una de las partes para respaldar sus argumentos sobre la consideración del periódo presidencial, y no la candidatura, como punto de partida. La Sala no hace referencia a estas, aún y cuando la misma Constitución las reconoce como instrumentos para la la interpretación más fiel de su texto.

La sentencia tiene un efecto en el sistema político -visto en sentido abstracto y no político partidario- y es que veda la posibilidad para que liderazgos destacados de la administración pública como ministros, viceministros o presidentes de autónomas puedan oportunamente competir por la presidencia. En diez años muchas cosas pueden suceder, sin contar el impacto del paso del tiempo en las personas. En materia de administración y gestión pública, la experiencia cuenta mucho. Esto no es negar que la llegada de liderazgos externos puedan brindar nuevos aires, pero ambos tipos de opciones son válidas y compatibles.

La sentencia los manda a esperar un período de diez años, sin pronunciarse sobre la salvaguarda habilitante que el mismo numeral 4° establece, la cual es no haber fungido en el cargo durante el último año de gobierno del período inmediato anterior.

"... el principio de alternabilidad del art. 88 Cn., y su concreción en el art. 152 ord. 1° parte inicial Cn., exigen al menos 10 años de separación temporal entre el desempeño una Presidencia de la República y la reelección en dicho cargo de una misma persona. Este mismo período se aplica a los funcionarios mencionados en el ord. 4° del art. 152 Cn., pues su designación forma parte del ejercicio de la Presidencia de la República (arts. 162 y 169 Cn.) cuya alternabilidad se pretende garantizar."

La restricción es entendible en el caso de la Presidencia a la luz de las reglas de alternancia política y no reelección, sin embargo, la sentencia extiende los alcances del sentido de la alternancia a los miembros del equipo de gobierno detallado en la Constitución y además se infiere del razonamiento de la Sala que el ejercicio previo del cargo sería una ventaja a favor de estos competidores.

La sentencia impondría, en mi opinión, una restricción arbitraria e injustificada a los derechos políticos de los otros funcionarios diferentes a la presidencia de la república, inhibiéndoles temporalmente de acceder a un cargo de elección popular, por una interpretación extensiva de la alternabilidad política.

No podemos evitar considerar en la reflexión interna sobre este fallo el contexto en que surgió, los personajes a los que afecta la resolución y sus relaciones con la Sala. Resulta curioso que esta sentencia no haya sido emitida mientras la competencia electoral por la presidencia estuvo activa, permitiendo que el candidato impugnado participara, para luego dar un fallo que negaba la validez de su participación. Me pregunto qué hubiese pasado si ese candidato hubiese ganado las elecciones. 

Sobre la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y su debate político

Desde finales del año 2015, en el país se han implementado dos mecanismos tributarios especiales para financiar la seguridad: la denominada Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana y, la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia. La primera grava con un 5% rentas anuales mayores a 500 mil dólares, mientras que la segunda es un cargo del 5% a transacciones sobre bienes y servicios de telecomunicaciones.

Los recursos se erogan trimestralmente por decreto legislativo según propuesta de distribución solicitada por el Ejecutivo, en consulta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), para diversos proyectos o servicios relacionados con la prevención de la violencia, la seguridad pública o la atención a víctimas, pues son los ámbitos legalmente reconocidos como destinos por los respectivos decretos.

El uso de los fondos no es un cheque en blanco, si no que está controlado por la obligatoriedad de rendir cuentas sobre los mismos al CNSCC y a la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de la contraloría que ejerce la Corte de Cuentas de la República. La ejecución de los fondos, se rige por las reglas ordinarias de las adquisiciones y contrataciones públicas, con excepción de los destinados para fines de seguridad pública (Policía) que tienen una autorización especial para hacer compras directas.
En el año 2016, los fondos erogados se distribuyeron de la siguiente manera:

Como puede apreciarse, cerca del 65% de los fondos han sido asignados a labores de control y represión del delito, pero es importante destacar que casi un 28% ha sido invertido en diversas acciones de prevención de la violencia. No menos importante es ver recursos destinados a la atención a víctimas en un 4%, y en menor medida al sistema penitenciario. Tanto los recursos dedicados a prevención como a atención a víctimas tuvieron como prioridad, los municipios seleccionados del Plan El Salvador Seguro, en sus fases I y II.

En el marco de las inversiones en prevención de la violencia, se obtuvieron destacables resultados, tales como 4,566 estudiantes retornaron al sistema educativo gracias a las medidas de flexibilización de la educación, lo que contribuyó a aumentar la cobertura del sistema educativo y reducir el impacto de la deserción escolar, la que en 2016 alcanzó un 2.2%, la más baja de los últimos años.

También 7,782 estudiantes, 347 docentes y 3,002 madres y padres de familia atendidos directamente con servicios de atención psicosocial en las escuelas, servicio que se inició en escuelas priorizadas por el Plan El Salvador Seguro y que alcanzaron indirectamente a una población de 76 mil miembros de sus comunidades educativas.

En el campo de la inserción productiva 3,201 jóvenes fueron beneficiados en las áreas de habilidades para la vida y el trabajo; pasantías; emprendimientos y formación técnica del programa Jóvenes con Todo, mientras que en atención a víctimas, se amplío de 17 a 25 los Hospitales Nacionales con servicios especializados de atención a víctimas y se han instalado 15 Oficinas Locales de Atención a Víctimas en igual número de municipios del Plan El Salvador Seguro, entre otros resultados.

De todo lo anterior, el gobierno ha dado informe técnico y financiero al CNSCC, mientras que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, también hizo visitas para verificar in situ las acciones realizadas con los recursos erogados, teniendo una perspectiva positiva del curso de las mismas. Un dato interesante es que dichas visitas, se realizaron en gobiernos locales dominados por la oposición política.

Sin embargo, desde el mes de diciembre, cuando correspondía hacer la última erogación de fondos del año 2016, éstos solo fueron entregados parcialmente por la Asamblea solamente en lo relativo al pago de bonos para miembros de las fuerzas de seguridad, dejando en suspenso los recursos para las acciones de prevención y atención a víctimas.

Las razones de dicha entrega parcial, son, según algunos diputados, que los recursos han sido utilizados para fines distintos a la seguridad. Este argumento tiene pies de barro, pues, los dos decretos que regulan los fondos de Contribución Especial, establecen claramente como finalidades muchas de las acciones que han sido financiadas, es decir, no se han utilizado para fines distintos a los que los decretos establecen.

Luego, otras posiciones han expresado su apuesta por invertir más en seguridad que en prevención. Este argumento también es débil pues tal como se muestra en el gráfico, seguridad ha sido la principal beneficiaria de la contribución especial. Aquí influye la inercia de una tendencia de pensamiento que aún sigue creyendo que el fenómeno de la violencia y criminalidad se resuelve con más fuerza, lo cual, nuestra experiencia histórica nos ha mostrado que es una visión fallida y contraproducente.

Sin embargo, algunos diputados de oposición que al conocer los resultados y presenciar los avances en el territorios, dieron un espaldarazo a las acciones impulsadas, luego, a la hora de votar por los recursos pendientes, tuvieron reparos para dar el aval.

Sería lamentable si este cambio de postura tuviese por explicación un cálculo electoral y no necesariamente los resultados en sí, es decir,  que parte de la oposición se haya montado en el juego de suma cero creyendo que saboteando los avances, afectan electoralmente al gobierno. Esa sería mezquindad pura y dura, pues por negar los recursos al gobierno, niegan a la gente los beneficios para los que serían utilizados, especialmente cuando se trata de abordar algunos de los aspectos que alimentan las vulnerabilidades sociales de las que se nutre la violencia y a los que el enfoque represivo llega tarde, solo una vez que ya se ha dado el problema.

Hay que recordar que la lógica represiva nos tiene encerrados en el circulo vicioso en el cual la persecución amplía la demanda  de grandes recursos para el logro de sus objetivos, llena las bartolinas, requiere policías, guardias penitenciarios, fiscales, jueces y defensores para atender el enorme flujo de casos, luego las cárceles se llenan y es necesario gastar más en el sistema penitenciario. En cambio, la prevención lejos de generar un costo en el largo plazo, genera ahorros y contribuye a descongestionar la demanda del sistema de seguridad y de justicia, por lo tanto, no sería ético negarse a invertir en esta materia por un miope cálculo electoral.