Si se acaba el modelo capitalista neoliberal ¿acabará su modelo de justicia penal con él?
Se me ocurrió de momento.
12 de octubre de 2008
6 de octubre de 2008
El Salvador: uno de los países más punitivos de América Latina
Recientemente el viceministro de Seguridad Pública y Justicia Penal, Astor Escalante, interrogado por medios escritos sobre la situación de la cárcel dio algunas declaraciones que ponen en evidencia la mentalidad punitiva del gobierno salvadoreño y su clara afiliación al modelo estadounidense de carcerización masiva como principal estrategia de control, que ha llevado a El Salvador a colocarse, por mucho, como uno de los países de América Latina con mayor tasa de presos por cada 100 mil habitantes como se puede ver en la siguiente tabla.
(Hacer clic en las imagenes para aumentarlas de tamaño)
La tabla precedente recopila datos tomados del World Prision Population List del año 2007. Como puede apreciarse, los datos de El Salvador correspondían al año 2005 y el dato de población proviene de una proyección estadística sobre la base del censo de 1992. La tasa obtenida, con dichos datos es de 174, colocándose por encima de la media latinoamericana.
El citado estudia menciona que el 61% de los países estudiados en el mundo tiene una tasa debajo de 150 personas por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a El Salvador, según los datos utilizados, en el 39% de países que superan esta tasa.
Sobre este punto podemos hacer algunas observaciones. Tal como lo han revelado los resultados del censo de 2007, somos menos de los que pensábamos, por lo que probablemente la población correspondiente a 2005 sería menor a la actual y, en consecuencia, la tasa de presos se elevaría respecto de esa población como una inevitable consecuencia aritmética. Dicho de otra forma, muy probablemente la tasa real de presos del año utilizado en el estudio sería mucho más alta que la presentada.
He agregado en la tabla de arriba, un dato denominado “El Salvador (a)” el cual es la ratio obtenida de la cifra de presos del mes de octubre de 2007 y el resultado del censo de población de 2007. El valor alcanzado de la operación es de 293 presos por cada 100 mil habitantes.
Luego, he agregado un segundo dato denominado “El Salvador (b)” el cual es una simulación elaborada con un dato de población penitenciaria recientemente manejado en un medio escrito teniendo como fuente a la Dirección de Centros Penales sobre la base de una cifra “redondeada” de 6 millones de habitantes. La tasa obtenida de esta simulación de 330 presos por cada 100 mil habitantes, dato que es más del doble de la media latinoamericana y supondría un aumento del 13% respecto del año 2007.
Es curioso que el listado muestra que el país supera a los considerados más violentos de la región (Guatemala, Honduras y Colombia) así como también que la pacífica Panamá tenga la proporción más alta de la región, cifra obtenida a causa de su baja población (debajo de los 4 millones) y al elevado número de personas privadas de libertad, particularmente por el abuso de la detención provisional que constituiría el 60% de su población penitenciaria (Reporte del Estado de la Justicia, CEJA) En las antípodas está el caso guatemalteco que, siendo uno de los países más violentos de la región, tiene una tasa de privados de libertad de las más bajas del mundo, donde una de las hipótesis sobre este fenómeno apunta a la ineficacia de su sistema de justicia.
Pero volviendo al caso salvadoreño, los escenarios propuestos indican un crecimiento de la tasa de privados de libertad de manera significativa en el período de un año, lo cual es una previsible del modelo de gestión de la conflictividad que hemos venido señalando: carcerización masiva, y que en el ámbito penitenciario se ha manifestado en: aumento de las penas y del tiempo efectivo en prisión; recorte o eliminación de salidas alternas en el proceso penal; recorte o eliminación de beneficios en la ejecución de la pena para ciertos delitos; la existencia de criterios de detención provisional automática (bendecidos por la Sala de lo Constitucional en abril de 2007, lo que estaría relacionado con el aumento de la población en detención preventiva desde entonces)
Este modelo de gestión de la conflictividad, tal como lo ha expuesto con harta claridad David Garlan en su libro “La Cultura del Control”, tiene en sus orígenes vinculaciones ideológicas y funcionales con la evolución del modelo neoliberal en Estados Unidos: reducción del estado de bienestar (welfare) y crecimiento del sistema penal para contener a las víctimas de la precarización del empleo y la muerte del modelo fordista de producción, lo que se tradujo en masas de nuevos desempleados e informales (underclass), sin mayores alternativas de asistencia debido al desmantelamiento de las políticas sociales.
Con estos antecedentes del modelo, las declaraciones del viceministro no dejan de tener un tono desagradable: “Personas ingresaron siendo analfabetas y ahora son bachilleres”. ¡Vaya logro!: La gente puede obtener en la cárcel la educación que el estado no pudo garantizarle oportunamente -además de que pueden permanecer mucho tiempo ahí para poder hacerlo-. Entonces ¿donde queda aquello de “educa al niño para no castigar al hombre”?
Ante el problema del hacinamiento, la alternativa tomada es la construcción de nuevas cárceles. Según la nota periodística, los cupos penitenciarios podrían aumentarse entre 8 mil y 10 mil plazas, lo cual, según la nota en referencia a lo dicho por el viceministro, solucionaría el actual problema. Para verificarlo, hay que hacer algunas cuentas: noticias recientes dicen que la población penitenciaria estaría en 19,800 internos. El cupo total de las cárceles es de aproximadamente 8 mil. Si a ello sumamos 10 mil espacios más -si tomamos la posibilidad más alta de lo que ha sido mencionado-, entonces se tendrían 18 mil cupos en total. Si sabemos de aritmética, rápidamente caeremos en la cuenta que el problema no se solucionará porque nos quedarían mil ochocientos presos por ubicar (si la población penitenciaria no creciera, lo cual es imposible en este contexto)
Sin negar que la construcción de cárceles sería necesaria para proveer de respuestas al crecimiento penitenciario, en la medida que éste debería crecer de acuerdo con la población, ello es solo una verdad parcial. No es racional ni sostenible en términos humanos, institucionales y presupuestarios, mantener este esquema de ampliación del sistema penitenciario como única alternativa.
El problema originario de la situación penitenciaria se encuentra en buena medida fuera de la cárcel y apunta hacia las opciones de política criminal adoptadas: favorecimiento de la represión antes que de la prevención social y una subpolítica penal altamente punitiva.
Mientras ésta siga siendo la opción adoptada, por muchas cárceles que existan, la conflictividad social en la que se manifiesta el delito continuará alimentando el sistema penal.
La ruptura de este esquema supone un cambio radical del enfoque estatal: la apuesta por un modelo preventivo supone por un lado, la opción por un modelo de política criminal orientado a consecuencias, es decir, que genere alternativas de tratamiento de la conflictividad para que la política criminal no cree más problemas de los que pretende solucionar. En el plano global supone la adopción de políticas redistributivas inspiradas en la inclusión de los sectores largamente excluidos y marginados de la sociedad, tanto en términos económicos y sociales como en términos políticos. Solo una perspectiva igualitarista de las políticas públicas contribuiría a una reducción real de la conflictividad social.
25 de septiembre de 2008
Invitación a presentación del Informe del Estado de la Región 2008
Hacer clic sobre la imagen para ampliarla.
21 de septiembre de 2008
¿Cuantos presos faltan para decir que esto es insostenible?
El 19 de septiembre, El Diario de Hoy dedicó un amplio espacio de la sección noticiosa a la cuestión del sistema penitenciario. El dato fuerte lo ocupaba el titulo: "Casi 20 mil reos saturan las cárceles"
Algunos de los datos interesantes eran los siguientes:
El gráfico precedente muestra cómo ha evolucionado la población del sistema penitenciario desde 1998, año en que se implementó la reforma de la justicia penal. Al inicio, con la herencia del sistema inquisitivo, la población condenada era la minoría mientras que el sistema abarcaba principalmente personas en situación de detención provisional o también denominados "presos sin sentencia", los cuales eran un producto del abuso de la detención provisional y exagerada dilación de los procesos penales.
- "Mensualmente ingresan 2,500 reclusos"
- "El Estado gasta más de un millón de dólares, por mes, para alimentar a lo delincuentes presos"; "$1.82 por preso"
- Son 200 menos de los proyectados originalmente para fin de año (20 mil)
- 12 mil cumplen condena y los restantes 7,800 están en detención provisional
El mismo reportaje indica que si bien, hay un ingreso importante de personas, éste se ve en alguna medida amortiguado -según las autoridades penitenciarias- con la salida de personas del sistema. Lo que reconoce el reportaje es que a pesar de ellas, la tendencia al hacinamiento se ha venido incrementando año con año, al tiempo que la población penitenciaria se ha venido incrementado en un sistema penitenciario que según informaciones oficiales, contaría con 7,990 espacios.
El siguiente gráfico nos ilustra respecto de la situación jurídica de las personas privadas de libertad:
El gráfico precedente muestra cómo ha evolucionado la población del sistema penitenciario desde 1998, año en que se implementó la reforma de la justicia penal. Al inicio, con la herencia del sistema inquisitivo, la población condenada era la minoría mientras que el sistema abarcaba principalmente personas en situación de detención provisional o también denominados "presos sin sentencia", los cuales eran un producto del abuso de la detención provisional y exagerada dilación de los procesos penales.
Con la introducción de la reforma procesal penal esta tendencia inició un cambio que llevó, en el lapso de cinco años, a invertir las proporciones entre personas condenadas y las detenidas provisionalemente, la cual ya se cuantificaba en las estadísticas penitenciarias de 2003 y alcanzó su mayor distancia en el año 2006 en el que la detención provisional representaba un 27% de la población penitenciaria.
En los años 2007 y 2008 se encuentra el probable inicio de una tendencia por la cual, las distancias entre condenados y procesados se orienta hacia su acercamiento. Tal como se puede apreciar, en 2007 la proporción de presos sin condena se incrementó a 36% y este mismo dato, para septiembre de 2008, ha llegado al 39%.
Sin ánimo de dar una explicación contundente, más bien, proponer una hipótesis, hay dos circunstancias que deben ser tomadas en cuenta a la hora de analizar el crecimiento de la población en detención provisional: en primer lugar, la declaratoria de "constitucionalidad" del Art. 294 del Código Procesal Penal hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en contra de la jurisprudencia de los tribunales de primera instancia que habían venido inaplicándola sistemáticamente por control difuso de constitucionalidad) disposición que contiene criterios de detención provisional automática y, en segundo lugar, la creación de los Juzgados Especializados de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, los cuales ejercen sus labores con estándares más laxos de protección de derechos que sus homologos de la justicia ordinaria. Por ejemplo, no existe, en esta ley, una audiencia inicial, sino una de "imposición" de medidas. En ningun momento se discute la imputación objeto del proceso, sino las medidas a aplicar al justiciable. Un dato curioso: dentro de las opciones que da la ley en esta audiencia no se encuentra el sobreseimiento.
El incremento de población penitenciaria y del hacinamiento de manera acelerada y la reducción de la proporción de condenados respecto de los detenidos provisionalmente son una clara señal de la insosteniblidad de este modelo político criminal, sobre el cual, el gobierno sigue cifrando su apuesta inmoral que se basa en el castigo, el escarmiento, como principal estrategia de prevención.
19 de septiembre de 2008
Arqueología jurídica
Como una curiosidad, les dejo el texto de la Ley de Policía de 1886, la que, virtualmente derogada, sigue siento aún objeto de alegato en diferentes ámbitos.
Pueden verla haciendo clic aquí.
Pueden verla haciendo clic aquí.
Chavez y la judicatura
El día 19 de septiembre, el períodico El País de España publicó una nota intitulada "Chavez se hace con el control de los jueces" en el cual se revela cómo el gobernante ha venido socabando la independencia judicial, la estabilidad de los jueces y ha cooptado con partidarios suyos las principales instancias del poder judicial, lo cual ha derivado en una incapacidad para contar con una justicia imparcial y garante de los derechos humanos de la ciudadanía.
La nota de El País, surge como un comentario al informe de Human Rights Watch intitulado: Una década de Chavez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Chavez, coherente con el título, mando expulsar al representante de Human Rights Watch de Venezuela, pocas horas despues de la presentación del informe. Parte de la posición oficial del gobierno venezolano alega que la organización obedecería "a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo". Obviamente, el comunicado muestra una clara ignorancia o desconocimiento de una de las instituciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo y que, denunció de manera sistemática el terrorismo de Estado en América Latina en los años más duros de las dictaduras.
La nota de El País, surge como un comentario al informe de Human Rights Watch intitulado: Una década de Chavez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. Chavez, coherente con el título, mando expulsar al representante de Human Rights Watch de Venezuela, pocas horas despues de la presentación del informe. Parte de la posición oficial del gobierno venezolano alega que la organización obedecería "a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo". Obviamente, el comunicado muestra una clara ignorancia o desconocimiento de una de las instituciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo y que, denunció de manera sistemática el terrorismo de Estado en América Latina en los años más duros de las dictaduras.
Siempre he creido en la necesidad de contar con estándares democráticos para medir el desempeño de los gobiernos. O todos en la cama o todos en el suelo: si no pasan por el tamiz, no son democráticos y con ello no importa todo lo "revolucionarios humanistas" que se declaren. Este es el caso de Chavez, en el que algunos sectores de la izquierda latinoamericana y local, admiradores del chavismo, callan la boca de manera complice, otros en desacuerdo, guardan silencio para no meterse en problemas con la línea dura. Critican aquí que el partido en el gobierno y sus aliados han cooptado las instituciones, pero guardan silencio frente a la evidencia de que su héroe hace lo mismo (y de peor manera, vale decir) Luego culpan a la prensa de "inventar" estas noticias o esas contradicciones. Eso sucede cuando se carece de un pensamiento propio y de convicciones democráticas reales.
Por supuesto, a algunas personas no les gusta que se destaquen estas incoherencias revolucionarias. Vendran los señalamientos de ser antichavista, de hacerle el favor a los gringos, de ser de derecha. A ellos, les cabe lo que decía Groucho Marx: "Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente"
Por supuesto, a algunas personas no les gusta que se destaquen estas incoherencias revolucionarias. Vendran los señalamientos de ser antichavista, de hacerle el favor a los gringos, de ser de derecha. A ellos, les cabe lo que decía Groucho Marx: "Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente"
17 de septiembre de 2008
16 de septiembre de 2008
El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal: Noticias
Martes, 16 de Septiembre de 2008 / 11:58 h
Juristas piden estudiar proyecto de Código Procesal Penal
Leonor Cárdenas
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino
Representantes de la Mesa Permanente por el Estado de Derecho y la Justicia Penal, solicitaron a la Asamblea Legislativa, estudiar el nuevo proyecto de reforma al Código Procesal Penal, antes de ser aprobado por el órgano legislativo.
Francisco Eliseo Ortíz Ruiz, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos (IEJES), manifestó que antes de aprobar las nuevas reformas al Código Penal, es necesario que éste sea discutido por todos los gremios jurídicos del país. “Estamos de acuerdo con que necesitamos un nuevo Código Procesal Penal, pero aún no se ha discutido qué tipo de Código es el que necesitamos, es decir, en términos macro es necesario que el sector conozca qué medidas vamos a tomar para paliar o resolver el problema de la criminalidad”, agregó Ortíz. Según el jurista, el proceso de reformas al Código Penal, ha pasado por dos etapas, ya que en noviembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad y Justicia presentó un proyecto, el cual fue rechazado por la comunidad jurídica por no cumplir en su totalidad con los requerimientos de la Ley Procesal Penal.
“Nuestra petición es que se nos permita discutir las nuevas reformas antes de ser aprobadas, a efecto que se garantice que el nuevo proyecto del Código Procesal Penal, va a ser una propuesta conforme a la Constitución de la República y acorde a una justicia democrática que corresponde a un Estado de derecho”, señaló Ortíz.
La nueva propuesta de reformas al código ha sido elaborada por una comisión de tres jueces convocados por la Comisión AD HOC de la Asamblea Legislativa. “Ellos decidieron convocar una comisión para la elaboración de las nuevas reformas, las cuales son distintas a las que nosotros le hicimos observaciones en el transcurso de este proceso”, agregó.
Esta mañana, por su parte, el Foro para la Defensa de la Constitución, presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, con la cual piden a los diputados aprobar un Código que sea acorde a la Constitución de la República y sobre todo respete la integridad de las personas.
José María Méndez, del Foro, manifestó que “es necesario que la Asamblea dé a conocer el nuevo proyecto de Código Procesal Penal, sabemos que el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad ha sido desechado pero que se está preparando un nuevo proyecto que queremos conocer para que no se vayan a cometer violaciones a la Constitución”.
El Foro espera que la Asamblea retome esta propuesta y establezca un mecanismo de debate y discusión de la temática a fin de garantizar la transparencia en el proceso de redacción del proyecto. El FMLN respaldó la iniciativa.
Francisco Eliseo Ortíz Ruiz, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos (IEJES), manifestó que antes de aprobar las nuevas reformas al Código Penal, es necesario que éste sea discutido por todos los gremios jurídicos del país. “Estamos de acuerdo con que necesitamos un nuevo Código Procesal Penal, pero aún no se ha discutido qué tipo de Código es el que necesitamos, es decir, en términos macro es necesario que el sector conozca qué medidas vamos a tomar para paliar o resolver el problema de la criminalidad”, agregó Ortíz. Según el jurista, el proceso de reformas al Código Penal, ha pasado por dos etapas, ya que en noviembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad y Justicia presentó un proyecto, el cual fue rechazado por la comunidad jurídica por no cumplir en su totalidad con los requerimientos de la Ley Procesal Penal.
“Nuestra petición es que se nos permita discutir las nuevas reformas antes de ser aprobadas, a efecto que se garantice que el nuevo proyecto del Código Procesal Penal, va a ser una propuesta conforme a la Constitución de la República y acorde a una justicia democrática que corresponde a un Estado de derecho”, señaló Ortíz.
La nueva propuesta de reformas al código ha sido elaborada por una comisión de tres jueces convocados por la Comisión AD HOC de la Asamblea Legislativa. “Ellos decidieron convocar una comisión para la elaboración de las nuevas reformas, las cuales son distintas a las que nosotros le hicimos observaciones en el transcurso de este proceso”, agregó.
Esta mañana, por su parte, el Foro para la Defensa de la Constitución, presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, con la cual piden a los diputados aprobar un Código que sea acorde a la Constitución de la República y sobre todo respete la integridad de las personas.
José María Méndez, del Foro, manifestó que “es necesario que la Asamblea dé a conocer el nuevo proyecto de Código Procesal Penal, sabemos que el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad ha sido desechado pero que se está preparando un nuevo proyecto que queremos conocer para que no se vayan a cometer violaciones a la Constitución”.
El Foro espera que la Asamblea retome esta propuesta y establezca un mecanismo de debate y discusión de la temática a fin de garantizar la transparencia en el proceso de redacción del proyecto. El FMLN respaldó la iniciativa.
El debate sobre el Proyecto de Código Procesal Penal: Opiniones de la Comunidad Jurídica
Martes, 16 de Septiembre de 2008 / Diario CoLatino
La inminente aprobación del Código Procesal Penal
Jaime Martínez VenturaAbogado*
Gracias a la labor de los medios de comunicación y no por el cumplimiento de la obligación constitucional que tienen las instituciones y funcionarios de gobierno, de realizar sus actos de manera pública y transparente, la población en general ha tenido cierto conocimiento que desde el año pasado y en el transcurso de éste, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Seguridad y otras instituciones relacionadas con la justicia, han venido impulsando la aprobación de lo que ellos denominan un nuevo código procesal penal, como parte de la insistente y fracasada política criminal primordialmente punitiva, ante la grave situación de criminalidad y violencia que aqueja al país.
Gracias a la labor de los medios y de los diversos análisis y eventos realizados por un amplio número de instituciones y organizaciones de todo tipo como Facultades de Derecho de prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de El Salvador y la Universidad Evangélica, las asociaciones de abogados, institutos de investigación jurídica, organizaciones de derechos humanos, y otras que se pronunciaron en contra de esa propuesta legislativa, trascendió al conocimiento público que ese proyecto adolece de una serie de defectos técnicos jurídicos, atenta contra garantías constitucionales del debido proceso penal, atenta contra el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Más grave aun, pretende convertir a la Fiscalía General de la República, en el amo y señor del proceso penal, al trasladarle funciones que por esencia pertenecen a los Jueces, con lo que se atenta contra los principios republicanos de separación de poderes y del papel de los jueces como garantes de la Constitución y de los derechos humanos.
Debido a ese amplio rechazo, la Asamblea Legislativa, desarrolló un seminario taller sobre el mencionado Proyecto, en un hotel capitalino los días 20 y 21 de mayo de 2008, en el cual los participantes por unanimidad recomendaron que dicho proyecto no fuera aprobado y se enviara al archivo, por las razones que fueron expuestas.
Ante este resultado, los diputados(as) se vieron obligados a detener el proceso de discusión y decidieron integran una Comisión Ad Hoc, con representación de un diputado por cada fracción legislativa. Esta comisión, a su vez nombró a una “Comisión Técnica”, conformada por un grupo de juristas destacados pero que no representan totalmente el pluralismo del pensamiento jurídico del país, para revisar el proyecto indicado o para la elaborar otra propuesta que superara las observaciones realizadas.
Durante los días posteriores se tuvo conocimiento que la referida “Comisión Técnica”, funcionó con total hermetismo y con injerencia de personajes vinculados a la contrarreforma penal macro-penalista y autoritaria que también estuvieron vinculados en la elaboración del Proyecto rechazado por la comunidad jurídica. Ahora, tres meses después, dicha “Comisión Técnica”, presentó un supuesto nuevo proyecto al que denominan “Proyecto Alternativo del Código Procesal Penal”, el cual ha sido analizado y discutido por los diputados integrantes de la Comisión Ad Hoc, en reuniones realizadas los días jueves 11, viernes 12, jueves 18 y viernes 12 de septiembre, en el Hotel Alicante de la localidad de Apaneca.
Ese llamado “Proyecto Alternativo”, aparentemente es mejor que el anterior, porque se ha presentado como una propuesta que se basa en el Código Procesal Penal actual, que busca equilibrar la eficiencia penal con las garantías de las personas imputadas; con arraigo en nuestra idiosincrasia jurídica, sin costos de capacitación por tratarse de un proceso ya conocido, y sin necesidad de romper con toda la estructura del proceso penal actual. Sin embargo, lo que no se dice claramente es que como el supuesto “Proyecto Alternativo” está basado en el actual Código Procesal Penal, ha heredado los gravísimos defectos de su predecesor, siendo el más preocupante, las más de 200 reformas que le fueron incluidos mediante 19 decretos de reforma aprobadas entre 1998 y 2007.
En pocas palabras, no es realmente una propuesta alternativa en el sentido de ser algo distinto a la legislación anterior, sino más bien es un proyecto que de ser aprobado vendría a sistematizar y a legitimar todo el proceso de contrarreforma autoritaria con que fue desnaturalizado el Código Procesal Penal vigente desde marzo de 1998.
Lo más preocupante es que se ha tenido conocimiento que los partidos políticos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa, haciendo uso de sus conocidos métodos autoritarios de imponer la aritmética política contra toda razón, dado que sus votos suman mayoría simple, suficiente para la aprobación de leyes secundarias, desde hace varias semanas habían tomado la decisión a espaldas del pueblo, de proceder a la aprobación del proyecto de Código Procesal Penal, haciendo caso omiso de las observaciones y recomendaciones de las diferentes organizaciones e instituciones que participamos en los espacios de consulta y, por lo tanto, el nombramiento de la mencionada “Comisión Técnica”, fue sólo una táctica encubridora de sus verdaderas intenciones.
Todo parece indicar, como lo comentó el amigo Magistrado Eliseo Ortíz en una de las reuniones de análisis de este supuesto “Proyecto Alternativo”, que como la primera propuesta de nuevo Código Procesal Penal era un monstruo impresentable, un Frankenstein que causaba horror con sólo mirarlo, ahora se nos presenta una versión amigable, una especie de Drácula de modales finos y bien vestido pero que en el fondo también es un monstruo que terminará chupando la sangre de la poca justicia que tenemos.
* Miembro del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, INECIP. Secretario de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador. Miembro del movimiento “Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD”, y miembro de la “Mesa Justicia Penal y Estado de Derecho”.
Gracias a la labor de los medios y de los diversos análisis y eventos realizados por un amplio número de instituciones y organizaciones de todo tipo como Facultades de Derecho de prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de El Salvador y la Universidad Evangélica, las asociaciones de abogados, institutos de investigación jurídica, organizaciones de derechos humanos, y otras que se pronunciaron en contra de esa propuesta legislativa, trascendió al conocimiento público que ese proyecto adolece de una serie de defectos técnicos jurídicos, atenta contra garantías constitucionales del debido proceso penal, atenta contra el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Más grave aun, pretende convertir a la Fiscalía General de la República, en el amo y señor del proceso penal, al trasladarle funciones que por esencia pertenecen a los Jueces, con lo que se atenta contra los principios republicanos de separación de poderes y del papel de los jueces como garantes de la Constitución y de los derechos humanos.
Debido a ese amplio rechazo, la Asamblea Legislativa, desarrolló un seminario taller sobre el mencionado Proyecto, en un hotel capitalino los días 20 y 21 de mayo de 2008, en el cual los participantes por unanimidad recomendaron que dicho proyecto no fuera aprobado y se enviara al archivo, por las razones que fueron expuestas.
Ante este resultado, los diputados(as) se vieron obligados a detener el proceso de discusión y decidieron integran una Comisión Ad Hoc, con representación de un diputado por cada fracción legislativa. Esta comisión, a su vez nombró a una “Comisión Técnica”, conformada por un grupo de juristas destacados pero que no representan totalmente el pluralismo del pensamiento jurídico del país, para revisar el proyecto indicado o para la elaborar otra propuesta que superara las observaciones realizadas.
Durante los días posteriores se tuvo conocimiento que la referida “Comisión Técnica”, funcionó con total hermetismo y con injerencia de personajes vinculados a la contrarreforma penal macro-penalista y autoritaria que también estuvieron vinculados en la elaboración del Proyecto rechazado por la comunidad jurídica. Ahora, tres meses después, dicha “Comisión Técnica”, presentó un supuesto nuevo proyecto al que denominan “Proyecto Alternativo del Código Procesal Penal”, el cual ha sido analizado y discutido por los diputados integrantes de la Comisión Ad Hoc, en reuniones realizadas los días jueves 11, viernes 12, jueves 18 y viernes 12 de septiembre, en el Hotel Alicante de la localidad de Apaneca.
Ese llamado “Proyecto Alternativo”, aparentemente es mejor que el anterior, porque se ha presentado como una propuesta que se basa en el Código Procesal Penal actual, que busca equilibrar la eficiencia penal con las garantías de las personas imputadas; con arraigo en nuestra idiosincrasia jurídica, sin costos de capacitación por tratarse de un proceso ya conocido, y sin necesidad de romper con toda la estructura del proceso penal actual. Sin embargo, lo que no se dice claramente es que como el supuesto “Proyecto Alternativo” está basado en el actual Código Procesal Penal, ha heredado los gravísimos defectos de su predecesor, siendo el más preocupante, las más de 200 reformas que le fueron incluidos mediante 19 decretos de reforma aprobadas entre 1998 y 2007.
En pocas palabras, no es realmente una propuesta alternativa en el sentido de ser algo distinto a la legislación anterior, sino más bien es un proyecto que de ser aprobado vendría a sistematizar y a legitimar todo el proceso de contrarreforma autoritaria con que fue desnaturalizado el Código Procesal Penal vigente desde marzo de 1998.
Lo más preocupante es que se ha tenido conocimiento que los partidos políticos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa, haciendo uso de sus conocidos métodos autoritarios de imponer la aritmética política contra toda razón, dado que sus votos suman mayoría simple, suficiente para la aprobación de leyes secundarias, desde hace varias semanas habían tomado la decisión a espaldas del pueblo, de proceder a la aprobación del proyecto de Código Procesal Penal, haciendo caso omiso de las observaciones y recomendaciones de las diferentes organizaciones e instituciones que participamos en los espacios de consulta y, por lo tanto, el nombramiento de la mencionada “Comisión Técnica”, fue sólo una táctica encubridora de sus verdaderas intenciones.
Todo parece indicar, como lo comentó el amigo Magistrado Eliseo Ortíz en una de las reuniones de análisis de este supuesto “Proyecto Alternativo”, que como la primera propuesta de nuevo Código Procesal Penal era un monstruo impresentable, un Frankenstein que causaba horror con sólo mirarlo, ahora se nos presenta una versión amigable, una especie de Drácula de modales finos y bien vestido pero que en el fondo también es un monstruo que terminará chupando la sangre de la poca justicia que tenemos.
* Miembro del Consejo Latinoamericano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, INECIP. Secretario de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador. Miembro del movimiento “Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD”, y miembro de la “Mesa Justicia Penal y Estado de Derecho”.
10 de septiembre de 2008
9 de septiembre de 2008
De nuevo con las escuchas telefónicas
De nuevo, tenemos en la agenda de los medios dominantes la cuestión de las intervenciones telefónicas. A veces me late que el asunto no es tan espontáneo y que más bien es una discusión para ser utilizada como trampa para aquellos que se oponen a esta práctica. En las noticias de este día se destaca la elaboración de una ley para tal fin, que está siendo preparada por la Asamblea Legislativa para implementarla una vez ratificado el Acuerdo de Reforma Constitucional existente sobre la materia, es decir, se da por inminente tal ratificación.
Como ya lo he expresado en un post previo, creo que las escuchas telefónicas son una importante herramienta de investigación criminal. Ello me ha valido las justificadas críticas de algunos amigos y amigas, que me han hecho recapacitar en el asunto.
Las escuchas telefónicas deberían ser un instrumento excepcional y limitado a ciertas circunstancias de gravedad. Esto, en el ideal de los mundos. Aunque en el plano técnico podamos estar de acuerdo con la intervención telefónica en términos generales, ello va cambiando si hilamos más fino. La primera gran objección es contundente: el contexto.
Cuando escribí el primer post sobre esta materia, estabamos en enero de 2007. Luego de los acontecimientos del 2 de julio de ese año (caso Suchitoto) -cuando el Ejecutivo y la Fiscalía demostraron que la detención arbitraria y antojadiza de opositores políticos es una opción, ante el servilismo del Órgano Judicial y la absoluta ineficiencia en la protección de derechos de las personas-, mi forma de pensar se ha cambiado radicalmente. Mientras no exista un control democratico y eficaz de las violaciones a los derechos humanos y mientras se tenga un Fiscal General que más bien parece un promotor de la impunidad y de la persecución por arbitrio político del Ejecutivo, las escuchas e intervenciones telefónicas pueden ser un instrumento fatal para la libertad de expresión, pensamiento e intimidad de los ciudadanos y se podrían convertir en instrumentos de control de rasgos totalitarios.
La segunda, y no menos importante objección, es la que tiene que ver con la pésima redacción del acuerdo de reforma constitucional del Art. 24 que se encuentra pendiente de ratificación de la Asamblea Legislativa y que fuera presentado a iniciativa de la bancada del Partido en el gobierno, ARENA.
Tal como se puede apreciar, el ánimo de exahustividad de la redacción -contraria a la redacción constitucional tradicional, más genérica-, que pretendía "cerrar" el catálogo de opciones en los cuales se puede aplicar este método extraordinario, resulta ser demasiado amplio, además de contrario con la idea de excepcionalidad y aplicación a delitos realmente complejos.
Cuando se redactó el acuerdo, no existían formalmente la ley antiterrorista ni la ley contra el crimen organizado, mismas que hemos criticado aquí por su amplitud interpretativa y posibilidad de uso arbitrario e interesado. Pues bien, las categorías terrorismo y crimen organizado aparacen mencionadas en el acuerdo de reforma. Si vamos a entender como tales lo que las leyes citadas disponen, entonces estamos en serio peligro.
Creo que la oposición legislativa no debe ceder a las presiones y chantajes, negandose a dar los votos para la mayoría calificada que se requiere. De lo contrario, estarían poniéndonos a la ciudadanía en la bandeja de plata del control autoritario.
Como ya lo he expresado en un post previo, creo que las escuchas telefónicas son una importante herramienta de investigación criminal. Ello me ha valido las justificadas críticas de algunos amigos y amigas, que me han hecho recapacitar en el asunto.
Las escuchas telefónicas deberían ser un instrumento excepcional y limitado a ciertas circunstancias de gravedad. Esto, en el ideal de los mundos. Aunque en el plano técnico podamos estar de acuerdo con la intervención telefónica en términos generales, ello va cambiando si hilamos más fino. La primera gran objección es contundente: el contexto.
Cuando escribí el primer post sobre esta materia, estabamos en enero de 2007. Luego de los acontecimientos del 2 de julio de ese año (caso Suchitoto) -cuando el Ejecutivo y la Fiscalía demostraron que la detención arbitraria y antojadiza de opositores políticos es una opción, ante el servilismo del Órgano Judicial y la absoluta ineficiencia en la protección de derechos de las personas-, mi forma de pensar se ha cambiado radicalmente. Mientras no exista un control democratico y eficaz de las violaciones a los derechos humanos y mientras se tenga un Fiscal General que más bien parece un promotor de la impunidad y de la persecución por arbitrio político del Ejecutivo, las escuchas e intervenciones telefónicas pueden ser un instrumento fatal para la libertad de expresión, pensamiento e intimidad de los ciudadanos y se podrían convertir en instrumentos de control de rasgos totalitarios.
La segunda, y no menos importante objección, es la que tiene que ver con la pésima redacción del acuerdo de reforma constitucional del Art. 24 que se encuentra pendiente de ratificación de la Asamblea Legislativa y que fuera presentado a iniciativa de la bancada del Partido en el gobierno, ARENA.
Tal como se puede apreciar, el ánimo de exahustividad de la redacción -contraria a la redacción constitucional tradicional, más genérica-, que pretendía "cerrar" el catálogo de opciones en los cuales se puede aplicar este método extraordinario, resulta ser demasiado amplio, además de contrario con la idea de excepcionalidad y aplicación a delitos realmente complejos.
Cuando se redactó el acuerdo, no existían formalmente la ley antiterrorista ni la ley contra el crimen organizado, mismas que hemos criticado aquí por su amplitud interpretativa y posibilidad de uso arbitrario e interesado. Pues bien, las categorías terrorismo y crimen organizado aparacen mencionadas en el acuerdo de reforma. Si vamos a entender como tales lo que las leyes citadas disponen, entonces estamos en serio peligro.
Creo que la oposición legislativa no debe ceder a las presiones y chantajes, negandose a dar los votos para la mayoría calificada que se requiere. De lo contrario, estarían poniéndonos a la ciudadanía en la bandeja de plata del control autoritario.
7 de septiembre de 2008
El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal III. Nueva versión del Proyecto
Perdonen la falta de continuidad a esta saga. Lo cierto es que de un momento a estos días, todo el mundo calló, o al menos, se replegó (por ambos bandos) del debate, dado que la campaña política preelectoral se ha comido la agenda mediática. Lo cual, si bien para algunos esto es un respiro, para otros es la oportunidad de replantearse estratégicamente. Pues bien, en la Asamblea Legislativas, cansados de tanta crítica al proyecto, nombraron una comisión especial de reconocidos juristas orientada a replantear y enderzar el polémico proyecto legislativo y hacerlo más potable.
Conozco a algunos miembros de dicha comisión, pero me reservo sus identidades, dado que ésta no ha trascendido oficialmente. Mal haría en exponerlos por otras vías. Lo que sí puedo decir es que de un par de ellos, me constan sus elevadas credenciales académicas en el ámbito de las ciencias penales, además de que alguno de ellos fuera uno de los principales interlocutores desde el lado crítico al proyecto.
Fuera de lo anterior, lo que uno ve es que siempre el asunto va en secreto. Nadie sabe, nadie supo. Es decir, a pesar de que incluir opiniones calificadas y especializadas es un aspecto que contribuye a una mejora de la propuesta legislativa, la forma secreta de su realización solo legitima el esquema de cómo hasta ahora se ha manejado este delicado tema.
El asunto de fondo no se ha tocado: la necesaria publicidad de este proceso hacia la comunidad jurídica y hacia la sociedad en general, para una correcta determinación de necesidades a solventar y alcances a cubrir, no solo en el aspecto legal, sino en el conjunto del sistema penal. Sin esta participación, las decisiones seguirán siendo imposiciones de agendas que no necesariamente son compatibles con los verdaderos problemas de la justicia penal ni con la agenda del público, lo cual le resta legitimidad y credibilidad.
El viceministro Astor Escalante, ha manifestado en diferentes foros donde se ha discutido esta iniciativa que este proyecto ha sido más discutido que los proyectos de legislación penal ahora vigente. Si bien, él se basa en el dato de que existe un mayor nivel técnico de discusión entre los operadores de justicia -que no se daba hace más de diez años- las circuntancias son muy distintas y poco comparables. Omite mencionar que el proceso de difusión de los anteproyectos y proyectos llevaron cerca de cuatro años, en los cuales, el Ejecutivo imprimió y distribuyó la iniciativa a la comunidad jurídica para su conocimiento. Ahora, es la comunidad jurídica la que discute y reclama participación, mientras que las entidades oficiales se encierran en el secretismo.
Bueno, según me cuentan, es tarde para la participación. Si mis fuentes no me fallan, el proyecto de Código Procesal Penal será aprobado probablemente en la primera quincena del mes de septiembre. Otro madrugón.
Bueno, esta larga lamentación es para anunciarles que ponemos a su disposición una reciente versión del Proyecto de Código Procesal Penal correspondiente a la primera semana se septiembre de 2008.
Conozco a algunos miembros de dicha comisión, pero me reservo sus identidades, dado que ésta no ha trascendido oficialmente. Mal haría en exponerlos por otras vías. Lo que sí puedo decir es que de un par de ellos, me constan sus elevadas credenciales académicas en el ámbito de las ciencias penales, además de que alguno de ellos fuera uno de los principales interlocutores desde el lado crítico al proyecto.
Fuera de lo anterior, lo que uno ve es que siempre el asunto va en secreto. Nadie sabe, nadie supo. Es decir, a pesar de que incluir opiniones calificadas y especializadas es un aspecto que contribuye a una mejora de la propuesta legislativa, la forma secreta de su realización solo legitima el esquema de cómo hasta ahora se ha manejado este delicado tema.
El asunto de fondo no se ha tocado: la necesaria publicidad de este proceso hacia la comunidad jurídica y hacia la sociedad en general, para una correcta determinación de necesidades a solventar y alcances a cubrir, no solo en el aspecto legal, sino en el conjunto del sistema penal. Sin esta participación, las decisiones seguirán siendo imposiciones de agendas que no necesariamente son compatibles con los verdaderos problemas de la justicia penal ni con la agenda del público, lo cual le resta legitimidad y credibilidad.
El viceministro Astor Escalante, ha manifestado en diferentes foros donde se ha discutido esta iniciativa que este proyecto ha sido más discutido que los proyectos de legislación penal ahora vigente. Si bien, él se basa en el dato de que existe un mayor nivel técnico de discusión entre los operadores de justicia -que no se daba hace más de diez años- las circuntancias son muy distintas y poco comparables. Omite mencionar que el proceso de difusión de los anteproyectos y proyectos llevaron cerca de cuatro años, en los cuales, el Ejecutivo imprimió y distribuyó la iniciativa a la comunidad jurídica para su conocimiento. Ahora, es la comunidad jurídica la que discute y reclama participación, mientras que las entidades oficiales se encierran en el secretismo.
Bueno, según me cuentan, es tarde para la participación. Si mis fuentes no me fallan, el proyecto de Código Procesal Penal será aprobado probablemente en la primera quincena del mes de septiembre. Otro madrugón.
Bueno, esta larga lamentación es para anunciarles que ponemos a su disposición una reciente versión del Proyecto de Código Procesal Penal correspondiente a la primera semana se septiembre de 2008.
1 de septiembre de 2008
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