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23 de mayo de 2022

Escondiendo cadáveres bajo la alfombra

“Conocerán la verdad y la verdad os hará libres” Jn. 8, 32.

“La verdad es siempre revolucionaria” Ferdinand LaSalle


Antecedentes

Desde hace mucho tiempo, la prensa y sociedad civil han venido señalando el estrechamiento de las fuentes de información pública en todas las instituciones gubernamentales. Información que antes era accesible en línea, ha sido quitada de portales; la que antes era entregada por solicitudes, ahora es declarada “inexistente” y otra tanta ha sido declarada como “reservada”, incluyendo información tan básica como presupuestos, compras y planificaciones institucionales.  


Esta política sistemática de ocultamiento de información tiene como propósito evitar los cuestionamientos y críticas que puedan surgir a la gestión de gobierno, bloquear la auditoría social de la función pública y la protección, a toda costa, de la imagen de éxito gubernamental, especialmente de uno de sus principales “logros” como la reducción de homicidios/feminicidios, ahora puesta en duda sobre la autenticidad o artificialidad de sus resultados, gracias al periodismo de investigación. .


Una de las víctimas de esta política de opacidad ha sido la provisión de cifras de homicidios/feminicidios, que hace décadas se institucionalizó como el principal indicador de seguimiento de la política pública de seguridad en el país, dada la gravedad del problema de la violencia letal que colocó a El Salvador entre los países más violentos del mundo. 


El número de homicidios/feminicidios. Entre la técnica y la política

En el año 2005 se constituyó una mesa interinstitucional de las tres principales agencias relacionadas en el registro de homicidios/feminicidios: la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, la cual pasó a ser conocida como Mesa Tripartita (MT), iniciativa que surgió para enfrentar los cuestionamientos por las marcadas diferencias de cifras que hasta ese entonces brindaban dichas instituciones, cuyas brechas ascendían a cientos de casos. 


La MT se convirtió en una referencia obligada, nacional e internacional, sobre violencia letal en El Salvador constituyéndose en el dato oficial del país y se convirtió en una buena práctica que fue replicada en otros países. 


La metodología de la MT incluía reuniones mensuales de contabilización y registro de todo evento violento letal (homicidios/feminicidios) conocido en el período de revisión, incorporando eventos efectivamente acaecidos en ese mes, así como hallazgos en el período de cadáveres sin datación conocida y de mayor antigüedad, como los de fosas clandestinas. 


Sin embargo, a partir del mes de mayo de 2021, se comenzaron a excluir de las estadísticas las osamentas encontradas, coincidiendo dicha decisión con el hallazgo de un cementerio clandestino en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, en el que habrían cerca de 50 cadáveres enterrados. Según se explicó, las osamentas se contarían por separado -dejando el dato registrado- y pasarían a formar parte del mes en que el evento habría ocurrido según pruebas forenses o investigación, pero en los meses posteriores se dejó de dar cuenta en las actas del número de osamentas encontradas. 


Posteriormente, a fines de 2021, las actas de la MT, donde constaba el número de casos revisados cada mes y que eran colocadas en línea por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, fueron retiradas junto con las bases de datos de las estadísticas que estaban disponibles para el público. 


Más recientemente, en mayo de 2022, la prensa también ha señalado la exclusión de las personas fallecidas en enfrentamientos. El periodista Roberto Valencia destacó que mientras el gobierno muestra una semana con cero homicidios, en realidad, ocurrieron varios eventos que han sido deliberadamente excluidos. 


Estas decisiones se basan en la política de la que hablamos al inicio de este post, pero también es posible encontrar supuestos argumentos “técnicos” con los que se pretendería justificar, no obstante, generan una confusión -conveniente- entre los usos y fines de la información.

Tipos de información estadística, usos y alcances

En el marco de las políticas públicas, existen diversos niveles de uso y alcances de la información. Desde mi perspectiva, en el caso específico de las estadísticas criminales sobre homicidios/feminicidios, es importante distinguir la estadística general de los eventos, de la estadística comparada o tratada para estudios, de la estadística para fines operativos y de servicio. 


La estadística general se encargará del registro de todos los eventos que quepan en el criterio jurídico de homicidio/feminicidio, la fecha de ocurrencia no es determinante, sino la fecha del conocimiento oficial del hecho.La pregunta que responde este nivel es: cuántos casos de homicidios/feminicidios se conocieron por las instituciones en determinado periodo de tiempo. 


En este sentido, tomaría todos los eventos que son denunciados, así como aquellos conocidos por otras vías por las autoridades como las exhumaciones de fosas y cementerios clandestinos aún y cuando hayan ocurrido mucho tiempo atrás. 


Instrumentos como el Protocolo de Bogotá, establecen esta forma de registro estadístico amplio y detallado, donde consten todos los eventos violentos conocidos con resultado de muerte.  Para los casos ocurridos en fechas no determinadas -como las osamentas o cadáveres en avanzado estado de descomposición-, el Protocolo dispone que sean registrados con la fecha del hallazgo, a falta de una fecha precisa del evento real. Este criterio de registro general es el que había sido aplicado desde la creación de la MT, hasta mayo 2021. 


Lo anterior no está libre de tensiones cuando instituciones de seguridad cuestionan que el dato general infla o distorsiona los resultados operativos recientes, es decir, reclaman que se reporten como eventos en el período casos que ocurrieron mucho antes, por ejemplo: si en un municipio ocurrieron en un mes dos homicidios pero en ese mismo lugar y tiempo se hallan cuatro cadáveres enterrados, entonces la cifra de homicidios conocidos a registrar es de seis casos y no solo los dos realmente acaecidos, dato que resulta gravoso en términos comunicacionales y, en algunos casos, en evaluación de desempeño.


En este sentido, es necesario adoptar salvaguardas metodológicas para separar -sin esconder- los eventos según su ocurrencia, para analizar, evaluar y comunicar de mejor manera. La solución no es eliminar el registro general de eventos, sino mejorarlo y afinarlo. 


La estadística para efectos comparativos o de estudio, como la elaborada para reportes internacionales bajo criterios estandarizados como la Encuesta Internacional sobre Tendencias del Crimen (UNODC) o las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda de desarrollo 2030, establecen algunos criterios de inclusión y exclusión de eventos registrados en la estadística general, basados en las directrices de la Clasificación Internacional de delitos con fines estadísticos de la ONU,  La más importante a comentar aquí es el criterio de exclusión de aquellos eventos en los que la muerte violenta es el resultado de legítima defensa entre particulares, así como de aquellos eventos ocurridos en el marco de la aplicación de la ley. 


Esto no puede ser tomado a la ligera: los reportes para estudios comparativos como los de la ONU, parten de estadísticas consolidadas con suficiente tiempo de depuración: tras el cierre de un año, se espera un año adicional para que toda la información pueda ser debidamente registrada y documentada. Es información con un avanzado nivel de calidad, que solo es posible con la espera y cumplimiento de formalidades legales e institucionales necesarias como las declaratorias judiciales correspondientes que harían efectiva la exclusión de un caso según los criterios antes mencionados. 


Los criterios de la ONU son claros en advertir que el uso de la exclusión de muertes violentas por aplicación de la ley no debe ser utilizada para encubrir excesos del uso de la fuerza letal o abusos de poder, lo que solo puede establecerse luego de una declaratoria judicial independiente y objetiva sobre los hechos. 


Lo anterior, no escapa de la posibilidad de contextos de alta debilidad institucional -como el nuestro- en el que se haya liberalizado el uso de la fuerza letal así como institucionalizado y tolerado a nivel estatal políticas de exterminio basadas en ejecuciones sumarias. 


En estos contextos, “descontar” un importante porcentaje de muertes de las cifras oficiales sería un conveniente maquillaje de imagen. Por ejemplo, en El Salvador, en el año 2017, un 10.3% de los homicidios ocurrieron en contextos de intervención de fuerzas del estado, mientras que en Venezuela este indicador superó el 25%. (Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, Mëxico y Venezuela, pág. 25)


En el caso salvadoreño, como ya se indicó, había prevalecido el criterio de registro general de eventos y éste es el que ha sido utilizado para el reporte en instancias internacionales, lo que si bien, podría considerarse como un acto de “honestidad”, al mismo tiempo invisibiliza el impacto de la violencia letal desde el Estado y su incidencia en la cifra de homicidios. 


En cuanto a la estadística para fines operativos y de servicio, ésta responde la pregunta: cuántos homicidios/feminicidios ocurrieron efectivamente en determinado lapso de tiempo, normalmente, en el corto plazo. Se basa en la información del día a día y tiene más interés en eventos violentos recientes que atender, para los que necesita disponer sus recursos de manera inmediata, mientras que otros eventos de más antigüedad, reciben un tratamiento separado desde la investigación y la inteligencia policial, lo que no obsta su registro y contabilización, pues implican carga de trabajo absorbida por la institución. 


Por la cercanía de los eventos, esta información se reviste de un carácter preliminar mientras se concluyen investigaciones o se adoptan decisiones judiciales, por lo que su uso para fines de análisis profundo o para reportes oficiales, no es el más adecuado sin las salvaguardas necesarias.

Uso y manipulación de información. Consecuencias

Con todos los elementos considerados de los diferentes tipos y alcances de las estadísticas según su uso, es posible hacer ahora un análisis de la política comunicacional del gobierno sobre los homicidios/feminicidios. 


La exclusión de eventos como los hallazgos de osamentas, cadáveres en avanzado estado de descomposición y más recientemente, los fallecidos en enfrentamientos, son una suerte de “regateo” para mostrar la mejor cara posible, pero que hace un uso impropio e incorrecto de los criterios de exclusión -cuando no, una omisión deliberada-, ya que no éstos no han sido pensados para ser aplicados en el día a día -estadística operativa- sino para procesos de generación de información de largo plazo mucho más elaborados y acabados.


De momento no se sabe si efectivamente los casos de osamentas pueden ser datados y si serán colocados en el periódo correspondiente, pero es importante que tengan un destino y visibilización. Por los antecedentes, dudo que el gobierno acepte "actualizar" estadísticas, pues ello podría resquebrajar u opacar su logro más ostentado.


Muchos de los casos de homicidios/feminicidios sin fecha conocida de su muerte podrían ser cadáveres de personas desaparecidas, pero es posible que ello sea visto como un riesgo de ratificar la hipotesis que tras la reducción de homicidios, la desaparición de personas fue el mecanismo adoptado por los grupos criminales para no reflejar eventos en las estadísticas ni en las noticias.


Al recortar la información disponible, se falta al derecho a la información de la ciudadanía de conocer la realidad de lo que ocurre en el país y se invisibiliza a las víctimas, al tiempo que atenta contra los avances en la construcción de valiosa información estadística para políticas públicas rigurosas, en su empeño por crear información a la medida. 


El Presidente de la República ha llegado al extremo de restar de la cuenta eventos cuando existía noticia del fallecimiento de “pandilleros” por enfrentamientos con las autoridades, lo que tendría como subtexto la desvalorización del evento violento a partir de la calidad de la víctima, lo cual pasó a ser replicado por las instituciones.


Además de la omisión de la información, expresamente el Presidente y el gobierno han adoptado la construcción de “enemigos internos” con expresa nominación a las pandillas para azuzar la opinión pública.En esta lógica, la des-humanización de los enemigos es un mecanismo de desvinculación del análisis racional, legal e institucional hacia uno que valida el abuso de poder “justificado” en el odio y la venganza.  


Esto puede ser comprensible desde la visceralidad y hostilidad de ciudadanos comunes y corrientes en contra de las pandillas y sus acciones, especialmente de aquellos que las han sufrido en carne propia, pero ello no puede ser la posición de una jefatura de estado que se supone, se debe regir por principios como el de igualdad ante la ley. Esto eleva esa animadversión al nivel de política pública y envía un peligroso mensaje de legitimación de prácticas extremas como ejecuciones sumarias o justicia por propia mano, añadiendo más leña al fuego. 


Dados los antecedentes de esta administración gubernamental, de su sistemática obstrucción al acceso de la información pública y el obsesivo cuidado de la imagen, la manipulación de las estadísticas de homicidios no pueden ser entendidas fuera de ese contexto. No hay justificaciones legales ni técnicas, ni mucho menos, éticas que la amparen. 


Ningún enfermo se mejora al ocultarle los detalles de su diagnóstico para infundirle un falso optimismo, hacerlo podría causarle un grave perjuicio. Lo mismo ocurre con la violencia, si no enfrentamos toda la magnitud del fenómeno, no será posible generar intervenciones adecuadas y racionales, mucho menos, si se continúa considerando la violencia letal como un problema moral, desvinculándola de la realidad y las dinámicas que la alimentan. 


Por ello, no es conveniente esconder cadáveres bajo la alfombra: podrán no estar a la vista, pero en poco tiempo, su olor, los hará evidentes…


21 de octubre de 2009

Informe: Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) presentó este día su informe Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009. El cual contiene valiosa información para complementar el análisis sobre la realidad delincuencial en el país.

Pueden ver el boletín de prensa que resume el informe aquí y el informe completo aquí.

21 de septiembre de 2008

¿Cuantos presos faltan para decir que esto es insostenible?

El 19 de septiembre, El Diario de Hoy dedicó un amplio espacio de la sección noticiosa a la cuestión del sistema penitenciario. El dato fuerte lo ocupaba el titulo: "Casi 20 mil reos saturan las cárceles" Algunos de los datos interesantes eran los siguientes:
  • "Mensualmente ingresan 2,500 reclusos"
  • "El Estado gasta más de un millón de dólares, por mes, para alimentar a lo delincuentes presos"; "$1.82 por preso"
  • Son 200 menos de los proyectados originalmente para fin de año (20 mil)
  • 12 mil cumplen condena y los restantes 7,800 están en detención provisional
El mismo reportaje indica que si bien, hay un ingreso importante de personas, éste se ve en alguna medida amortiguado -según las autoridades penitenciarias- con la salida de personas del sistema. Lo que reconoce el reportaje es que a pesar de ellas, la tendencia al hacinamiento se ha venido incrementando año con año, al tiempo que la población penitenciaria se ha venido incrementado en un sistema penitenciario que según informaciones oficiales, contaría con 7,990 espacios.
El siguiente gráfico nos ilustra respecto de la situación jurídica de las personas privadas de libertad:
El gráfico precedente muestra cómo ha evolucionado la población del sistema penitenciario desde 1998, año en que se implementó la reforma de la justicia penal. Al inicio, con la herencia del sistema inquisitivo, la población condenada era la minoría mientras que el sistema abarcaba principalmente personas en situación de detención provisional o también denominados "presos sin sentencia", los cuales eran un producto del abuso de la detención provisional y exagerada dilación de los procesos penales.
Con la introducción de la reforma procesal penal esta tendencia inició un cambio que llevó, en el lapso de cinco años, a invertir las proporciones entre personas condenadas y las detenidas provisionalemente, la cual ya se cuantificaba en las estadísticas penitenciarias de 2003 y alcanzó su mayor distancia en el año 2006 en el que la detención provisional representaba un 27% de la población penitenciaria.
En los años 2007 y 2008 se encuentra el probable inicio de una tendencia por la cual, las distancias entre condenados y procesados se orienta hacia su acercamiento. Tal como se puede apreciar, en 2007 la proporción de presos sin condena se incrementó a 36% y este mismo dato, para septiembre de 2008, ha llegado al 39%. Sin ánimo de dar una explicación contundente, más bien, proponer una hipótesis, hay dos circunstancias que deben ser tomadas en cuenta a la hora de analizar el crecimiento de la población en detención provisional: en primer lugar, la declaratoria de "constitucionalidad" del Art. 294 del Código Procesal Penal hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en contra de la jurisprudencia de los tribunales de primera instancia que habían venido inaplicándola sistemáticamente por control difuso de constitucionalidad) disposición que contiene criterios de detención provisional automática y, en segundo lugar, la creación de los Juzgados Especializados de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, los cuales ejercen sus labores con estándares más laxos de protección de derechos que sus homologos de la justicia ordinaria. Por ejemplo, no existe, en esta ley, una audiencia inicial, sino una de "imposición" de medidas. En ningun momento se discute la imputación objeto del proceso, sino las medidas a aplicar al justiciable. Un dato curioso: dentro de las opciones que da la ley en esta audiencia no se encuentra el sobreseimiento. El incremento de población penitenciaria y del hacinamiento de manera acelerada y la reducción de la proporción de condenados respecto de los detenidos provisionalmente son una clara señal de la insosteniblidad de este modelo político criminal, sobre el cual, el gobierno sigue cifrando su apuesta inmoral que se basa en el castigo, el escarmiento, como principal estrategia de prevención.

1 de septiembre de 2008

Más información sobre homicidios en El Salvador

Por fín, con la tecnología adecuada, he logrado subir a la web dos documentos de estadísticas: los anuarios estadísticos sobre homicidios del Instituto de Medicina Legal de los años 2005 y 2006. Haz clic en cada uno de los años para ver el informe respectivo.

Espero sean de su utilidad.

14 de diciembre de 2007