Guatemala: Informe estadístico sobre violencia

Comparto el Informe estadístico sobre violencia en Guatemala, producido por el PNUD, el que pueden descargar haciendo click aquí.

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Guatemala: Presentan Informe sobre Violencia

Comparto con ustedes la invitación. Hacer click en la imagen para desplegarla.

Cualquier parecido con la realidad...

[El Salvador] Proyecto gubernamental de Código Procesal Penal

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia presentó ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Código Procesal Penal que dicha cartera de Estado ha venido anunciando. El dichoso proyecto de código "salvadoreño" (saludos a los abogados Jaime Bautista de Colombia y Héctor Quiñonez de Puerto Rico) lo hemos conseguido y pueden bajarlo haciendo click aquí.

Esta medida se inserta en la sistemática práctica oficial de securitizar la justicia. Mi visión es que si un atleta saltador de obstáculos falla en superarlos, la solución no es reducir los obstáculos, sino mejorar o cambiar al atleta. Pero aqui pasa a la inversaentre el Ejecutivo y el Judicial, si aquel no logra superar los requisitos de legalidad del judicial, lo que hace es rebajarlos o devaluarlos a su gusto y medida.

Por otro lado, esta securitización de la justicia recurre al fetichismo jurídico, a la amenaza simbólica, pero no a la efectividad real. En promedio, del universo de casos que ingresan a la FGR en promedio, un 35% pasa a sede judicial. Es decir, estas propuestas de reforma legal, son hechas para ese 35% y no para el otro 65% que queda en impunidad. Por otro lado, si bien, es importante responder a los hechos delictivos, lo mejor sería evitar que estos sucedan, es decir, prevenir. En conclusión: esta iniciativa es otro despilfarro de dinero de nuestros impuestos en medidas que solo buscan redituar la decadente imagen del gobierno en materia de seguridad.

La última encuesta del IUDOP muestra cómo, desde al año 2004, la victimización de los salvadoreños y salvadoreñas por la delincuencia ha crecido de un 13.7% a un 19.4% en 2007, es decir, 5.7% de aumento, revirtiendo la tendencia al decrecimiento experimentada hasta 2004. En este reporte de encuesta también se consigna el dato de que el 66% de las víctimas no denunciaron los hechos. En conclusión, las acciones gubernamentales no han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad de la población, las cuales se han deteriorado.

Salvadoreños evalúan el año 2007

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA presentó el día 27 de noviembre su tradicional encuesta de evaluación del año. En ella se evalúan -entre otras cosas- las percepciones y vivencias de los y las salvadoreñas sobre el crimen y la inseguridad.

Para acceder al boletín de prensa de la encuesta hacer click aquí.

P.D.: Originalmente había colocado el link de la encuesta en la página de IUDOP, pero éste experimentó fallas, por lo que trasladé el archivo a una página alternativa.

Comunicaciones recibidas: "Su Blog"

Gracias a un mail recibido, agregué a la lista de sitios relevantes en
el tema el del Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI)
cuyo URL es http://www.ocavi.com/

"Pronta y cumplida justicia..." (?)

Actualmente en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se tramitan tres acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT) El primero fue interpuesto por el abogado José Francisco García con fecha 27 de febrero de 2007 (Ref. 22-2007), el cual según la consulta púbica en línea de la Sala de lo Constitucional, ya fue trasladado a la Asamblea y a la Fiscalía General de la República en cumplimiento con la Ley de Procedimientos Constitucionales, dichas instituciones ya evacuaron los traslados. La FGR devolvió el traslado a la Sala de lo Constitucional el día 27 de agosto de 2007. Hasta el momento la Sala no se ha pronunciado sobre esta acción de inconstitucionalidad a ya casi tres meses del último trámite procesal registrado.

Por su parte, las otras dos acciones de inconstitucionalidad presentadas, ni siquiera han sido admitidas. La segunda acción de inconstitucionalidad se presentó el día 29 de marzo de 2007 (Ref. 42-2007), conjuntamente por la Concertación por la Paz, la Justicia Social y la Reconciliación y el Foro para la Defensa de la Constitución la cual fue objeto de prevenciones por parte de la Sala, las cuales fueron evacuadas por los accionantes el 4 de junio del mismo año sin que hasta la fecha en que se escribe esto haya respuesta algunas sobre la admisión de la referida demanda.

En este ínterin, sucedieron los hechos del 2 de julio, en los cuales, luego de una intervención policial sobre actividades de protesta social en la ciudad de Suchitoto por la que se capturó a 14 personas y se les proceso por "actos de terrorismo" según las disposiciones de la LECAT. Cumpliéndose de esta forma las críticas previas formuladas a esta legislación: que su elaboración era con dedicatoria para intervenir y reprimir la protesta social. Los imputados de dichos acontecimientos aún siguen bajo instrucción en espera de la audiencia preliminar.

La tercera demanda contra la LECAT fue interpuesta por miembros del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) el día 18 de julio de 2007 (Ref. 89-2007). En este caso no se registra actividad procesal luego de su interposición, es decir, está estacionada.

A estos antecedentes se puede contrastar el hecho que la Sala de lo Constitucional ha resuelto otros procesos interpuestos con posterioridad a las primeras dos inconstitucionalidades en contra de la LECAT. El caso más evidente es el de la resolución que declaró inconstitucional el Convenio 87 de la OIT, que había sido ratificado por El Salvador recientemente y que entre otras cosas reconocía el derecho de sindicalización de los empleados público. Las acciones de inconstitucionalidad contra dicho tratado (2) se presentaron el 29 de mayo y el 26 de junio. Meses despues que las primeras acciones en contra de la LECAT. Y la resolución dilató -tomando como punto de partida el 29 de mayo- cuatro meses con diecisiete días. Mientras que la primera acción contra la LECAT está por cumplir nueve meses a fines de noviembre sin recibir respuesta.

Súmese a estos antecedentes el hecho que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó ante la Corte Suprema de Justicia en pleno, un recurso de queja por retardación de justicia, debido a que luego de dos años de interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Julio Moreno Niños como representante del Partido de Conciliación Nacional ante el Tribunal Supremo Electoral, la Sala no ha resuelto dicha petición y el mencionado funcionario sigue participando y avalando decisiones sin que se haya resuelto su situación jurídica y su tiempo de nombramiento sigue corriendo acercandose a su fin.

Por lo que aparentemente (perdonen el eufemismo), no hay un tratamiento igualitario a las causas, por lo que la Sala debería transparentar con qué criterios es que se obtienen los resultados dispares arriba señalados, pues parece que ellos escapan de lo meramente técnico-procesal.

Nueva publicación disponible en Internet

La Red de Policías y Sociedad Civil de Latinoamérica, recientemente llevó a cabo su curso anual de Liderazgo para el Desarrollo Intitucional Policial en el cual, intelectuales, activistas de sociedad civil y oficiales de policía participantes contribuyeron con la elaboración de materiales de discusión y reflexión, los cuales, creados específicamente para dicha actividad, se han reunido en una publicación denominada Policía, Estado y Sociedad: Practicas y Saberes Latinoamericanos, la cual, se encuentra disponible desde Internet en el portal de Comunidad Segura, para descargarlo haz click aquí.

El administrador de este blog participó en dicha compilación con una comunicación intitulada "La policía en sociedades postconflicto" (Pag. 218)

Desde Chile: Conferencia Internacional sobre Seguridad Ciudadana

En el marco del 50 aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) La entidad, con sede en Santiago de Chile, en conjunto con Georgetown University, el departamento de Seguridad Pública de la OEA y con el patrocinio de Open Society Institute, celebró la Conferencia Internacional “Seguridad y Democracia en las Américas: mejorando la gestión de la seguridad ciudadana” los días 24 y 25 de septiembre.

En dicha actividad, el caso salvadoreño fue expuesto por el administrador de este blog.

Para ver las presentaciones y resumenes de la conferencia, haz click aquí.

Comunicado de ex consultores PNUD

La impunidad con cifras oficiales

Entre diciembre 2006 y mayo 2007, un equipo de seis abogados y un médico forense, por contratación de PNUD, ejecutamos el proyecto “Deficiencias policiales, fiscales y judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, cuyo Informe Final se hizo público por decisión del organismo internacional el 6 de junio del presente año. (Puede consultarse en http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20070723/informe.pdf). En esa ocasión, los resultados fueron comentados por los distinguidos profesionales René Hernández Valiente, Francisco Bertrand Galindo h. y Joaquín Samayoa, quienes destacaron el rigor metodológico, la solidez de las conclusiones y la utilidad de las recomendaciones.

Dado el objeto de la consultoría, el Informe aborda con crudeza las graves deficiencias en la investigación del delito de homicidio y el juzgamiento del delincuente origen de la impunidad. Las más relevantes deficiencias policiales y fiscales encontradas en los expedientes administrativos estudiados fueron: a) desprotección de la escena del delito; b) frecuente falta de identificación y procesamiento de huellas; c) reiterada ausencia de exámenes serológicos; d) repetida ausencia de prueba balística; e) inadecuado proceso de búsqueda, identificación y localización de testigos; f) sistema de protección de testigos inoperante; g) numerosos expedientes sin hojas de autopsia; h) falta o insuficientes inspecciones oculares e i) continuo incumplimiento policial de las instrucciones fiscales, dejando de manifiesto la descoordinación entre ambos. En los expedientes judiciales se encontró como deficiencias principales: a) insuficiente fundamentación de las resoluciones; b) inadecuada apreciación de medios de prueba; c) pasiva actitud del Juez en la búsqueda de la verdad.

El Informe estableció, además, que el 85.8 % del total de homicidios ocurridos en 2005 en los municipios de San Salvador, San Ana y San Miguel, no habían sido llevados ante los Tribunales, y que sólo el 3.8 % habían sido esclarecidos y condenados judicialmente. Utilizando las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal (Boletín sobre homicidios, Año 2, Nº 1, enero 2006), esos porcentajes apenas se modifican: el primero baja a 82.6 % y el segundo sube a 4.8.

El Informe plantea de manera constructiva recomendaciones que ayudarían a superar las debilidades encontradas, enfatizando en la necesidad de fortalecer la investigación científica del delito, mejorar la coordinación entre las instituciones relacionadas con la administración de justicia penal, realizar evaluaciones internas de las instituciones, promover la capacitación y motivación personal y mejorar el sistema de registros estadísticos.

El Gobierno de la República, a través de su Ministro de Seguridad Pública y de Justicia, salió al paso de manera agresiva, más interesado en ocultar los problemas que en buscar soluciones a la violencia y la impunidad que golpean al país y ahuyentan la inversión.

Impidiendo la discusión de fondo, el Ministro sostuvo que los resultados del Informe no son válidos porque los consultores somos militantes o simpatizantes de la izquierda. Después dijo que los datos de homicidios del 2005 son desfasados y no reflejan los avances recientes. Luego, que PNUD habría roto el protocolo al no mostrar el Informe al Gobierno antes de dar a conocer sus resultados. Finalmente, ha insinuado que el PNUD fue defraudado o engañado por los consultores.

Tales actuaciones no convencieron a nadie salvo a la señora Representante Residente de PNUD, quien ha decidido archivar el Informe y el tema en sus relaciones con el Gobierno, al cual el Organismo se debe, según su particular punto de vista. Ciertamente, en un país polarizado y violento como el nuestro, donde prevalece la impunidad, se oculta las deficiencias, se presentan resistencias institucionales a buscar soluciones reales al problema de la inseguridad y se alteran con facilidad los índices delincuenciales, hace falta más experiencia, visión y capacidad que la suya para conducir la asistencia internacional en materia de gobernabilidad democrática.

Por otra parte, contrariando toda dimensión ética, el Director del Instituto de Medicina Legal, IML, en declaraciones aparecidas en un periódico local, afirmó que el PNUD fue “estafado” porque las cifras de homicidios reveladas en el Informe son inexactas. Ante tales declaraciones, hemos presentado solicitudes al Director del IML y al Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al primero para que proporcione los datos oficiales sobre homicidios y permita confrontarlos con nuestros hallazgos; a la segunda, para que ordene una auditoría en el IML, con el objeto de garantizar la transparencia en el manejo de las estadísticas sobre los delitos de esta naturaleza. Todavía no hemos recibido respuesta.

Han pasado casi cuatro meses desde que el Informe se hizo público y nadie ha presentado evidencia seria, comprobable, que contradiga nuestra investigación.

Finalmente, al tiempo que les estimulamos a profundizar en el tema, agradecemos a los rectores universitarios, académicos, intelectuales, religiosos, profesionales, editorialistas, organismos no gubernamentales, colegas, jóvenes y a la población en general, por las muestras de reconocimiento y apoyo a nuestra labor técnica, de solidaridad ante al embate del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, y ante la inaceptable actuación de la representación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

San Salvador, 25 de septiembre de 2007

Francisco Díaz DUI 02377745-6

Sidney Blanco DUI 02484765-2

El Salvador: Continúa polémica de informe sobre homicidios

Sydney Blanco y Francisco Días, ex consultores de PNUD que elaboraron el estudio sobre la eficacia de la investigación criminal en el delito de homicidio, se han pronunciado para exigir respuestas serias al estudio por ellos elaborado y que, en su momento, generó una fuerte polémica y tensión entre las autoridades gubernamentales y PNUD. Ver la noticia periodística.

Para ver el referido estudio, revisa la columna de "Novedades" en este blog.

Presentan nueva Revista sobre Seguridad en América Latina