Vidas truncadas. Juventud y violencia en El Salvador

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Tuve noticia por diferentes fuentes sobre el reciente estudio "Mapa de la violencia: Los jóvenes de América Latina", que fue publicado por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) En el cual se estudia la mortalidad de los jóvenes entre los 15 y 24 años en la región, comparada con la de otras regiones del mundo. América Latina resulta la más violenta y El Salvador se lleva el primer lugar con una tasa de homicidios en jóvenes de 92 por cada 100 mil habitantes comprendidos en el sector juvenil.

Viendo el informe, me percaté que los datos utilizados son del año 2005. Presto a actualizarme, tomé los datos de homicidios del año 2007 de Medicina Legal y los resultados del Censo de Población y los resultados fueron los siguientes :

Como puede apreciarce, los datos son desalentadores. Aunque en alguna medida, decir que los datos aumentaron desde 2005 hasta hoy sería una afirmación ligera que no tomaría en cuenta que como resultado del Censo, el dato de población es menor de lo que las proyecciones demograficas estimaron. Todas la tasas construidas con dicha información hoy se encuentran en duda.

En la segunda tabla, se da cuenta de que el rango que fue objeto del estudio (19-24 años) para 2007 alcanzó una tasa de homicidios de 118 por cada 100 mil habitantes comprendidos en dicho rango, lo que colocaría al país en un lejano primer lugar respecto de otros contextos.

Observando la tabla, se puede apreciar que casi el 60% de los homicidios se concentra en el rango entre 15 y 29 años, el cual alcanzó una tasa de 134 por cada 100 mil habitantes de dichas edades.

Las autoridades insisten en atribuir dichos niveles de violencia a las pandillas, pero al preguntarles qué entienden como responsabilidad de las pandillas, el espectro es muy amplio, lo que contradice la necesidad de rigor analítico. El dato de involucramiento de las pandillas según las autoridades, por mencionar un ejemplo, incluye los casos en que la víctima pertenece una pandilla. Una especie de profecía autoejecutada. ¿Dónde se visibilizan los datos de jóvenes muertos bajo la sospecha de haber sido víctimas de grupos de exterminio o ejecuciones extrajudiciales que han sido investigados por organismos de Derechos Humanos?

Obviamente, son datos muy duros. Los estudios hablarán de las afectaciones de la violencia a la Población económicamente activa, de las pérdidas económicas por la muerte de las personas, de la correlación entre los déficit de Desarrollo Humano y los niveles de homicidios. Todo ello es válido y necesario para comprender las dimensiones del problema.

Sin embargo estos son los datos de la deseperanza. Si la frustración genera violencia, hay mucha gente frustrada ahí afuera y la frustración viene de la imposibilidad de poder realizarse y desarrollarse como persona. Del consumismo que ofrece la ilusión de felicidad materialista pero niega a la mayoría los medios para su acceso. De la violencia estructural que expulsa a la niñez y juventud del sistema educativo, que manda a muchos jóvenes -particularmente los pobres- hacia el desempleo, la economía informal, las adicciones, hacia otro país como emigrante, los absorve en sus ciclos de violencia, los lleva a la cárcel, al hospital, o como hemos visto, a la tumba como víctimas de esa violencia.

A lo que podemos sumar el hecho de ser una especie de ser sospechoso por razón de la edad. Según una reciente encuesta de IUDOP dirigida a jóvenes, la segunda fuente de violencia hacia este sector, después de la delincuencia o criminalidad, viene de la policía según lo reportó un 5% de los encuestados.

¿Qué significa ser joven en las olvidadas zonas rurales? ¿Qué significa ser joven en las populosas zonas de Soyapango, San Martín, Ilopango, Apopa?

Con este panorama, no es difícil llegar a la conclusión de que la situación de los jóvenes en la sociedad salvadoreña y su atención es un tema fundamental, por lo que, por ejemplo, resulta contradictorio que el gobierno se haya negado a adherirse la Convención de los derechos de la juventud.

Un cambio de situación no debe limitarse a una política puntual hacia la juventud, sino que debería significar una política general de desarrollo humano que tienda a la satisfacción progresiva de las necesidades de la población joven en particular, de quienes depende, más que nunca, el presente del país.

Públicado originalmente en el períodico digital Contra Punto del 01 de diciembre 2008.

Presentación de informe

Informe estado de la región (2008)

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentará el próximo 3 de diciembre de 2008 en El Salvador el Informe estado de la región (2008), que brinda un análisis exhaustivo sobre la situación de Centroamérica en los últimos años dando seguimiento a los desafíos del desarrollo humano sostenible.

La actividad se efectuará en el auditorio del ICAS de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", a las 4:30 p.m.

La investigación ofrece un diagnóstico actual en 11 temas estratégicos, entre ellos: empleo, salud, seguridad alimentaria, migración, democracia, corrupción, gobiernos locales, áreas protegidas y energía.

Además, por primera vez, analiza de forma prospectiva dos dilemas estratégicos para el istmo: el primero, sobre seguridad de las personas y Estado democrático de derecho; y el segundo referente a inserción internacional.

En la investigación participaron más de 400 personas de toda la región para definir el temario, suministro de información, consulta y lectura crítica. Además, se consultaron más de 650 fuentes bibliográficas.

La preparación de este trabajo se efectúo en el marco institucional del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica en consorcio con la Defensoría de los Habitantes de la República. Además, ha sido elaborado con el apoyo principal de la cooperación danesa a través de su programa Regional de Transparencia y Justicia.

Asimismo, un conjunto de auspiciadores se aliaron a esta iniciativa: el Instituto para el Desarrollo Local en Centroamérica (Idelca), la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de Apoyo a la Integración Regional (Pairca) de la Unión Europea. la Fundación para la Paz y Democracia (Funpadem), Transparencia Internacional con sede en Berlín, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas ( INCAE), el Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el Consejo Consultivo del SICA, The Nature Conservancy y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Oppenheimer sobre las maras

En términos generales no me gusta Oppenheimer. Es un gran periodista, esforzado, estudiado, acucioso, pero no comparto su visión excesivamente efectista y económicamente pragmática, demasiado confiada en el mercado, lo que muchas veces cae en la receta fácil y simplificada que ignora u obvia los costos del proceso, al menos ese fue el sabor que me dejó su libro Cuentos Chinos. Pero tampoco niego que en algunas cosas me parece que acierta con mucho tino.

He leído su publicación sobre las maras y pandillas en Centroamérica, un tema que desde hace rato le viene intrigando. Como periodista Oppenheimer no tiene por qué volverse un especialista en la materia. Buscará material, escuchará expertos y publicará las visiones expuestas y la propia. Pero para hacerlo interesante es necesario poner algo de salsa al asunto. Un poquito de morbo siempre viene bien.

Incurre en ciertas imprecisiones: dice que la tasa de homicidios de El Salvador es de 68 por cada 100 mil, cuando en realidad, los datos de homicidios de 2007 en comparación con los datos del Censo de población arrojan una tasa de 61 por 100 mil. Puede que sea exceso de prurito y que unos puntos demás no son la gran cosa ni nos bajan del primer lugar, pero esos puntos de exceso se cuentan en cadáveres, así que la precisión es recomendada.

Por otro lado, como periodista puede darse algunas licencias como la de recurrir al anecdotario para ejemplificar la situación del país, de tal forma que convierte la realidad de una o dos personas en la realidad del país y por esta vía pensar que todo el mundo es víctima del delito. Eso no es lo que dicen los datos de victimización.

No se trata aquí, de negar los elevados índices de violencia ni la victimización de grandes sectores de la ciudadanía, sino de señalar que la simplificación de los problemas lleva a análisis y propuestas superficiales.

No obstante lo anterior, plantea algunas cuestiones importantes para la reflexión como la influencia del factor deportación en el fenómeno de la violencia, no obstante, solo lo menciona sin profundizar ni afinar el análisis. Tampoco señala la contradicción estadounidense que a la vez que pretente apagar el fuego con planes como la Iniciativa Mérida, lo alienta con sus políticas antiinmigrantes y deportaciones. No es aquí donde se origina el problema, aquí es donde estalla.

Finalmente, otorga mucho espacio a las cuestiones truculentas o al morbo de las pandillas (niños que han asesinado, posesión de armamento de guerra, su supuesta vinculación con el tráfico de drogas) que solamente contribuye a sobredimensionar el problema, alejandonos de perspectivas más realistas sobre lo que sucede.

Un saludable consejo al analizar estas problemáticas es la de separar las cuestiones más difíciles de las más genéricas. No se puede iniciar el análisis a partir de las cuestiones más complejas sin antes haber revisado lo genérico. No se puede analizar ni intervenir el problema de las pandillas directamente en las cuestiones más complejas sin antes tratar las más básicas.

Coincido en que la forma primordial de intervención debe ser por la prevención y por la educación (lo que no obvia la necesidad de control penal en los casos que lo ameriten) pero desde mi punto de vista, ello no debe limitarse a intervenciones puntuales sino a una transformación de las políticas económicas orientadas hacia la reducción de la desigualdad, la redistribución del ingreso público y la búsqueda de la inclusión social.

Policías y ONGs de diez países se reunirán en Chile

En la primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil, se analizará la realidad de la seguridad en Latinoamérica

Autoridades y efectivos policiales, académicos y dirigentes sociales y políticos oriundos de 10 países latinoamericanos se reunirán en Santiago de Chile para intercambiar puntos de vista sobre la realidad de la seguridad y planificar su actuación de los próximos años a favor de los procesos de reforma policial en la región.

Será durante los días 13 y 14 de noviembre en la primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil, con la organización de FLACSO Chile, la Policía de Investigaciones del país anfitrión y Viva Rio, de Brasil, con el apoyo del Open Society Institute.

La Red es un proyecto coordinado desde la ONG brasileña Viva Rio, que tiene como socios a representantes de 31 organizaciones policiales y 12 instituciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Nicaragua y Venezuela.

Entre sus objetivos se encuentra facilitar el diálogo entre los responsables de las instituciones policiales y la sociedad civil organizada, intercambiando experiencias exitosas y socializando los conocimientos obtenidos en la práctica y en la investigación académica.

Haydeé Caruso, la coordinadora de la Red de Policías y Sociedad Civil, explica que el objetivo es construir puentes y canales de diálogo entre investigadores, organizaciones de la sociedad civil y policías comprometidos con iniciativas de reforma o de desarrollo institucional de sus corporaciones. La misión de la Red es entonces identificar, cualificar y apoyar a líderes policiales, cuyas trayectorias profesionales conlleven experiencias de formulación, gestión y ejecución de proyectos, y consolidar un foro permanente de intercambio entre policías latinoamericanos y miembros de la sociedad civil.

El encuentro en Chile

La primera conferencia internacional de la Red de Policías y Sociedad Civil contará con la participación de destacados expertos.

Entre ellos, se encontrarán el ex ministro del Interior de Perú, Gino Costa; Felipe Harboe, subsecretario de Interior de Chile; Lucía Dammert, coordinadora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile; Arturo Herrera Verdugo, director General Policía de Investigaciones de Chile y Haydée Caruso, la coordinadora de la Red de Policías y Sociedad Civil.

Junto con oficiales de policía de los diferentes países, actuarán en los diferentes paneles Soraya El Achkar, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela; Jacqueline Muniz coordinadora académica de la Red de Policías y Sociedad Civil y profesora de la Universidad Candido Mendes, Brasil; Rene Castellón Argote subdirector operativo de la Policía de Investigaciones de Chile; Edgardo Amaya, El Salvador; Leslie Siquiera de la organización IEPADES de Guatemala y Yed Milton Lopez Riaño de la Policía Nacional de Colombia entre muchos otros participantes de los 10 países.

Los temas

La Conferencia Regional de la Red será norteada por un tema central, los desafíos de la relación Policía-Sociedad para la reforma policial en América Latina. Mas específicamente, se explorarán tres asuntos donde la colaboración entre la policía y la sociedad puede ser particularmente fructífera: “Entrenamiento para calificar la toma de decisiones de los agentes policiales para la acción policial democrática”; “Mecanismos de participación social en el control de las policías” y “Prevención del crimen: límites y alcances de las abordajes situacional y social”.

También se realizarán mesas de intercambio en las que los miembros compartirán sus impresiones sobre el trabajo de la Red así como sus ideas para los próximos años. Se evaluará los resultados d elas actividades dque la Re viene realizando: viajes de estudio para policías, seminarios y cursos al nivel regional y nacional, debates temáticos online.

La Red online

En efecto, la Red latinoamericana de Policías y Sociedad Civil posee un blog permanentemente actualizado y que forma parte del portal Comunidad Segura (http://policiaysociedad.comunidadsegura.org).

Allí, policías, miembros de ONGs, académicos, miembros de gobiernos y de instituciones judiciales pueden acceder a numerosos documentos producidos por los propios miembros de la Red sobre temas como la reforma policial; la planificación, gestión y evaluación del trabajo policial; los mecanismos de control interno; la participación y el control social; y sobre la actuación policial con respecto a la juventud.

La pagina también da acceso al boletín informativo de la Red “InterCAMBIO”, y a las paginas de chat y foros virtuales, donde son debatidos los asuntos de seguridad mas urgentes de la región.

Los resultados de la Conferencia Regional de Santiago estarán divulgados en la página web, y permitirán a este conjunto de actores movilizados avanzar mas un paso hacia la seguridad ciudadana en América Latina.

Presentación del Documental "El Porvenir"

Lugares y fechas:

• Cinemark Metrocentro, el lunes 27 de octubre a las 5 pm.
• En UTEC, el martes 28 de octubre, a las 5 pm, el Auditorio de La Paz , 1ra Planta Edif. Francisco Morazán, Calle Arce, S.S.
• En la UCA , el miércoles 29 de octubre, a las 5.30 pm, en el Auditorio del Edificio de Aulas "D".

La entrada es gratis y abierta a todas las personas que deseen compartir la temática, pueden compartir esta invitación con amigos y amigas que vengan con ustedes.

Estarán presentes en el análisis el licenciado Jaime Martínez de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ y Jorge Dalton, cineasta salvadoreño.

El documental dura 62 minutos y hasta ahora se ha presentado y debatido durante el festival de Cine Latinoamericano 2008 de Utrecht en Mayo pasado y forma parte de la Selección Oficial del Festival de Cine Centroamericano ICARO 2008 que se realizará en Noviembre en la ciudad de Guatemala.

También se ha presentado en varias ciudades de la costa Este y Oeste de Estados Unidos, y con el apoyo de ICCO, Iglesias en Acción de Holanda y FLACSO El Salvador se está realizando la gira Centroamericana de la cual forman parte estas funciones en El Salvador.

Una síntesis del documental:

EL PORVENIR nos muestra una historia de lucha por la verdad y la justicia ante un estado que se muestra incapaz de hacer frente a la problemática de las pandillas. Pero sobre todo nos muestra una sociedad que ha condenado a una generación de hombres y mujeres al exterminio, un país que ha aprendido a olvidar a costa de su propio futuro.

EL PORVENIR es un documental hondureño, dirigido por Oscar Estrada, producido por MARABUNTA FILMS

Para más información y reacciones de la audiencia favor visitar:

http://www.youtube.com/watch?v=n8hHpUOw1jo

http://www.facebook.com/pages/EL-PORVENIR/12433141210

Cualquier duda comunicarse con Guadalupe Ardón telf. 2223- 6941 o al cel. 7114-5112 y Vita Randazzo Celular en El Salvador: 7217 5913

Texto del Código Procesal Penal aprobado

Pueden descargar el texto del Código Procesal Penal aprobado por la Asamblea Legislativa el día 23 de octubre, haciendo clic aquí.

Tres años en línea y seguimos contando

Este blog (ahora blawg) cumple tres años. Comenzó el 20 de octubre de 2005, con la ambiciosa idea de contar con un espacio para compartir e intercambiar información y opiniones sobre justicia penal y seguridad ciudadana en el nivel latinoamericano Estos objetivos se han cumplido solo parcialmente.

Cumple con el objetivo de compartir información, como un centro de recursos, contribuyendo de esta manera a volver accesible información para un público especializado en las materias que abordamos y, en alguna medida, ayudando a transparentar el funcionamiento de las instituciones.

Aún hace falta debate. Hay que trabajar sobre ello y ese es el desafío de esta nueva etapa. Los sitios en internet se caen si no son atractivos y si no plantean cuestiones interesantes de manera interesante. Los comentarios siempre son bienvenidos. A veces me pregunto si no estoy posteando solo para mí.

Otra cuestión a superar es el parroquialismo. Es cierto que la discusión sobre justicia y seguridad en El Salvador es importante, pero sería bueno poner algo de visión más amplia, las políticas transnacionales de seguridad estan modificando las agendas de la región y solo una visión de conjunto permitirá tener respuestas más acertadas. Este es el segundo desafío a asumir.

Finalmente, quisiera poder actualizar con más sistematicidad, pero estoy un tanto sujeto a los vaivenes de las agendas laborales.

Agradecería muchísimo saber su opinión, sobre todo sus sugerencias para poder incluirlas en esta nueva etapa.

Mis agradecidos saludos,

Edgardo Amaya.

Invitación a Congreso Universitario

Comparto con ustedes la invitación al V Congreso de Derechos Humanos, los días 22, 23 y 24 de Octubre, en el Auditorium"Herbert Anaya" de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.

Más información en el blog del congreso.

Además de pobres, presos...

Este día 15 de octubre, se realiza el Blog’s Action Day, el cual moviliza a muchos bloggers a difundir o sensibilizar sobre una temática concreta, en este caso, el de la pobreza en el nivel global.

Dado que no soy un experto en cuestiones económicas, he pensado hacer algo más acorde con la temática de este blog: vincular pobreza, con seguridad y justicia, un poco desde el plano reflexivo más que de un plano más técnico.

Muchos sabemos en el campo de cuestiones de criminalidad y violencia que vincular dichos fenómenos a la pobreza como variable independiente es algo en términos técnicos políticamente incorrecto desde muchas perspectivas. En mi experiencia, he visto la paradoja de como los “progres”, los izquierdistas de café que le achacan la culpa de todo a la injusticia social y que hablan siempre en nombre de las mayorías empobrecidas, son proclives a hacer la vinculación arriba mencionada –todavía anclados en el anacronismo de creer que la delincuencia es una forma de redistribución Robinhoodiana de la riqueza-, mientras que los sectores conservadores son los primeros en saltar con el dedo acusador diciendo –con razón, pero sin autoridad moral- “Ustedes acusan a los pobres de ser delincuentes”.

El reclamo de sectores conservadores a evitar la vinculación entre pobreza-criminalidad-violencia contiene una falacia ética: pretendería por un lado, evitar la estigmatización de las personas por su condición social, lo cual es completamente válido. Pero la trampa consiste en retirar de la discusión sobre los fenómenos mencionados las condiciones materiales de existencia de la población y la satisfacción de sus derechos.

Estoy de acuerdo en que la pobreza no es –en sí misma- una variable independiente del fenómeno de la violencia y criminalidad, sino que se deben considerar fenómenos más precisos como la desigualdad, la marginación y la exclusión social.

Del otro lado de la moneda, si hilamos fino en los niveles de delincuencia que hablamos, la corrupción a gran escala y los fraudes financieros y al consumidor no los ocasionan los pobres, sino los ricos y, aquellos son las víctimas de siempre.

Pero en lo que el imaginario social y en las encuestas de opinión pública (afectado por las agendas y framming de diversas empresas de comunicación y la vivencia cotidiana) se entiende como criminalidad o violencia es la delincuencia común de las calles y vecindarios. Regularmente, la imagen del chivo expiatorio de esta delincuencia y violencia es un hombre, joven, no favorecido por los beneficios de la sociedad, y dicho de manera simple: pobre.

Esta imagen se ve reforzada por los procesos de selectividad del sistema penal que convierte al estereotipo en su objeto. Esto se puede observarse con claridad en las cárceles. Según el Censo educativo Penitenciario de 2005 de la Dirección General de Centros Penales, en el sistema penitenciario el 76% de los privados de libertad se encuentran entre el analfabetismo y estudios de educación básica. En buena medida, resultan coincidentes con los datos del promedio de educación nacional que no supera el sexto grado. Casi la mitad de la población penitenciaria se sitúa por debajo de dicho promedio, lo cual fortalece el dato por el cual, la selectividad del sistema penal se encuentra orientada especialmente a los sectores más excluidos y desfavorecidos de la sociedad.

En el post previo he tocado precisamente esta temática y concluía que tanto el fenómeno de la violencia y criminalidad, como el catálogo de opciones institucionales del Estado no podrán verse afectadas de forma significativa sin un cambio importante en la política económica del estado en términos de redistribución de la riqueza y reducción de la exclusión social a través de una motivación más igualitarista de sus políticas públicas. Una sociedad solo será más segura en tanto sea más igualitaria.

Idea loca

Si se acaba el modelo capitalista neoliberal ¿acabará su modelo de justicia penal con él?

Se me ocurrió de momento.

El Salvador: uno de los países más punitivos de América Latina

Recientemente el viceministro de Seguridad Pública y Justicia Penal, Astor Escalante, interrogado por medios escritos sobre la situación de la cárcel dio algunas declaraciones que ponen en evidencia la mentalidad punitiva del gobierno salvadoreño y su clara afiliación al modelo estadounidense de carcerización masiva como principal estrategia de control, que ha llevado a El Salvador a colocarse, por mucho, como uno de los países de América Latina con mayor tasa de presos por cada 100 mil habitantes como se puede ver en la siguiente tabla.

(Hacer clic en las imagenes para aumentarlas de tamaño)

La tabla precedente recopila datos tomados del World Prision Population List del año 2007. Como puede apreciarse, los datos de El Salvador correspondían al año 2005 y el dato de población proviene de una proyección estadística sobre la base del censo de 1992. La tasa obtenida, con dichos datos es de 174, colocándose por encima de la media latinoamericana.

El citado estudia menciona que el 61% de los países estudiados en el mundo tiene una tasa debajo de 150 personas por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a El Salvador, según los datos utilizados, en el 39% de países que superan esta tasa.

Sobre este punto podemos hacer algunas observaciones. Tal como lo han revelado los resultados del censo de 2007, somos menos de los que pensábamos, por lo que probablemente la población correspondiente a 2005 sería menor a la actual y, en consecuencia, la tasa de presos se elevaría respecto de esa población como una inevitable consecuencia aritmética. Dicho de otra forma, muy probablemente la tasa real de presos del año utilizado en el estudio sería mucho más alta que la presentada.

He agregado en la tabla de arriba, un dato denominado “El Salvador (a)” el cual es la ratio obtenida de la cifra de presos del mes de octubre de 2007 y el resultado del censo de población de 2007. El valor alcanzado de la operación es de 293 presos por cada 100 mil habitantes.

Luego, he agregado un segundo dato denominado “El Salvador (b)” el cual es una simulación elaborada con un dato de población penitenciaria recientemente manejado en un medio escrito teniendo como fuente a la Dirección de Centros Penales sobre la base de una cifra “redondeada” de 6 millones de habitantes. La tasa obtenida de esta simulación de 330 presos por cada 100 mil habitantes, dato que es más del doble de la media latinoamericana y supondría un aumento del 13% respecto del año 2007.

Es curioso que el listado muestra que el país supera a los considerados más violentos de la región (Guatemala, Honduras y Colombia) así como también que la pacífica Panamá tenga la proporción más alta de la región, cifra obtenida a causa de su baja población (debajo de los 4 millones) y al elevado número de personas privadas de libertad, particularmente por el abuso de la detención provisional que constituiría el 60% de su población penitenciaria (Reporte del Estado de la Justicia, CEJA) En las antípodas está el caso guatemalteco que, siendo uno de los países más violentos de la región, tiene una tasa de privados de libertad de las más bajas del mundo, donde una de las hipótesis sobre este fenómeno apunta a la ineficacia de su sistema de justicia.

Pero volviendo al caso salvadoreño, los escenarios propuestos indican un crecimiento de la tasa de privados de libertad de manera significativa en el período de un año, lo cual es una previsible del modelo de gestión de la conflictividad que hemos venido señalando: carcerización masiva, y que en el ámbito penitenciario se ha manifestado en: aumento de las penas y del tiempo efectivo en prisión; recorte o eliminación de salidas alternas en el proceso penal; recorte o eliminación de beneficios en la ejecución de la pena para ciertos delitos; la existencia de criterios de detención provisional automática (bendecidos por la Sala de lo Constitucional en abril de 2007, lo que estaría relacionado con el aumento de la población en detención preventiva desde entonces)

Este modelo de gestión de la conflictividad, tal como lo ha expuesto con harta claridad David Garlan en su libro “La Cultura del Control”, tiene en sus orígenes vinculaciones ideológicas y funcionales con la evolución del modelo neoliberal en Estados Unidos: reducción del estado de bienestar (welfare) y crecimiento del sistema penal para contener a las víctimas de la precarización del empleo y la muerte del modelo fordista de producción, lo que se tradujo en masas de nuevos desempleados e informales (underclass), sin mayores alternativas de asistencia debido al desmantelamiento de las políticas sociales.

Con estos antecedentes del modelo, las declaraciones del viceministro no dejan de tener un tono desagradable: “Personas ingresaron siendo analfabetas y ahora son bachilleres”. ¡Vaya logro!: La gente puede obtener en la cárcel la educación que el estado no pudo garantizarle oportunamente -además de que pueden permanecer mucho tiempo ahí para poder hacerlo-. Entonces ¿donde queda aquello de “educa al niño para no castigar al hombre”?

Ante el problema del hacinamiento, la alternativa tomada es la construcción de nuevas cárceles. Según la nota periodística, los cupos penitenciarios podrían aumentarse entre 8 mil y 10 mil plazas, lo cual, según la nota en referencia a lo dicho por el viceministro, solucionaría el actual problema. Para verificarlo, hay que hacer algunas cuentas: noticias recientes dicen que la población penitenciaria estaría en 19,800 internos. El cupo total de las cárceles es de aproximadamente 8 mil. Si a ello sumamos 10 mil espacios más -si tomamos la posibilidad más alta de lo que ha sido mencionado-, entonces se tendrían 18 mil cupos en total. Si sabemos de aritmética, rápidamente caeremos en la cuenta que el problema no se solucionará porque nos quedarían mil ochocientos presos por ubicar (si la población penitenciaria no creciera, lo cual es imposible en este contexto)

Sin negar que la construcción de cárceles sería necesaria para proveer de respuestas al crecimiento penitenciario, en la medida que éste debería crecer de acuerdo con la población, ello es solo una verdad parcial. No es racional ni sostenible en términos humanos, institucionales y presupuestarios, mantener este esquema de ampliación del sistema penitenciario como única alternativa.

El problema originario de la situación penitenciaria se encuentra en buena medida fuera de la cárcel y apunta hacia las opciones de política criminal adoptadas: favorecimiento de la represión antes que de la prevención social y una subpolítica penal altamente punitiva.

Mientras ésta siga siendo la opción adoptada, por muchas cárceles que existan, la conflictividad social en la que se manifiesta el delito continuará alimentando el sistema penal.

La ruptura de este esquema supone un cambio radical del enfoque estatal: la apuesta por un modelo preventivo supone por un lado, la opción por un modelo de política criminal orientado a consecuencias, es decir, que genere alternativas de tratamiento de la conflictividad para que la política criminal no cree más problemas de los que pretende solucionar. En el plano global supone la adopción de políticas redistributivas inspiradas en la inclusión de los sectores largamente excluidos y marginados de la sociedad, tanto en términos económicos y sociales como en términos políticos. Solo una perspectiva igualitarista de las políticas públicas contribuiría a una reducción real de la conflictividad social.

Invitación a presentación del Informe del Estado de la Región 2008

Hacer clic sobre la imagen para ampliarla.

¿Cuantos presos faltan para decir que esto es insostenible?

El 19 de septiembre, El Diario de Hoy dedicó un amplio espacio de la sección noticiosa a la cuestión del sistema penitenciario. El dato fuerte lo ocupaba el titulo: "Casi 20 mil reos saturan las cárceles" Algunos de los datos interesantes eran los siguientes:

• "Mensualmente ingresan 2,500 reclusos"
• "El Estado gasta más de un millón de dólares, por mes, para alimentar a lo delincuentes presos"; "$1.82 por preso"
• Son 200 menos de los proyectados originalmente para fin de año (20 mil)
• 12 mil cumplen condena y los restantes 7,800 están en detención provisional

El mismo reportaje indica que si bien, hay un ingreso importante de personas, éste se ve en alguna medida amortiguado -según las autoridades penitenciarias- con la salida de personas del sistema. Lo que reconoce el reportaje es que a pesar de ellas, la tendencia al hacinamiento se ha venido incrementando año con año, al tiempo que la población penitenciaria se ha venido incrementado en un sistema penitenciario que según informaciones oficiales, contaría con 7,990 espacios.

El siguiente gráfico nos ilustra respecto de la situación jurídica de las personas privadas de libertad:

El gráfico precedente muestra cómo ha evolucionado la población del sistema penitenciario desde 1998, año en que se implementó la reforma de la justicia penal. Al inicio, con la herencia del sistema inquisitivo, la población condenada era la minoría mientras que el sistema abarcaba principalmente personas en situación de detención provisional o también denominados "presos sin sentencia", los cuales eran un producto del abuso de la detención provisional y exagerada dilación de los procesos penales.

Con la introducción de la reforma procesal penal esta tendencia inició un cambio que llevó, en el lapso de cinco años, a invertir las proporciones entre personas condenadas y las detenidas provisionalemente, la cual ya se cuantificaba en las estadísticas penitenciarias de 2003 y alcanzó su mayor distancia en el año 2006 en el que la detención provisional representaba un 27% de la población penitenciaria.

En los años 2007 y 2008 se encuentra el probable inicio de una tendencia por la cual, las distancias entre condenados y procesados se orienta hacia su acercamiento. Tal como se puede apreciar, en 2007 la proporción de presos sin condena se incrementó a 36% y este mismo dato, para septiembre de 2008, ha llegado al 39%. Sin ánimo de dar una explicación contundente, más bien, proponer una hipótesis, hay dos circunstancias que deben ser tomadas en cuenta a la hora de analizar el crecimiento de la población en detención provisional: en primer lugar, la declaratoria de "constitucionalidad" del Art. 294 del Código Procesal Penal hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en contra de la jurisprudencia de los tribunales de primera instancia que habían venido inaplicándola sistemáticamente por control difuso de constitucionalidad) disposición que contiene criterios de detención provisional automática y, en segundo lugar, la creación de los Juzgados Especializados de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, los cuales ejercen sus labores con estándares más laxos de protección de derechos que sus homologos de la justicia ordinaria. Por ejemplo, no existe, en esta ley, una audiencia inicial, sino una de "imposición" de medidas. En ningun momento se discute la imputación objeto del proceso, sino las medidas a aplicar al justiciable. Un dato curioso: dentro de las opciones que da la ley en esta audiencia no se encuentra el sobreseimiento. El incremento de población penitenciaria y del hacinamiento de manera acelerada y la reducción de la proporción de condenados respecto de los detenidos provisionalmente son una clara señal de la insosteniblidad de este modelo político criminal, sobre el cual, el gobierno sigue cifrando su apuesta inmoral que se basa en el castigo, el escarmiento, como principal estrategia de prevención.