Documento: Los principales desafíos para la Seguridad Pública en El Salvador 2009

Recientemente recibí, gracias a Wim Savenije, investigador sobre violencia juvenil y pandillas, el informe 'Los principales desafíos para la seguridad pública en El Salvador 2009', como ayuda memoria del almuerzo de trabajo que organizó FLACSO El Salvador el 2 de julio como parte del foro "15 AÑOS DE PANDILLAS EN CENTROAMÉRICA: BALANCE Y PERSPECTIVAS".

El documento resume la visión de diversos actores involucrados en el análisis y gestión de la cuestión de la seguridad, el cual puede servir de plataforma de discusión sobre las principales acciones a emprender en materias de políticas públicas de seguridad.

Queda para su conocimiento y difusión.

Mataron a Christian Poveda

Me enteré al final de la tarde, haciendo mi revisión de prensa. Aun estoy en shock y es demasiado prematuro hablar sobre el suceso hasta que contemos con más y mejor información que la que preliminarmente ha circulado. No conocí a Christián Poveda, pero el impacto de su trabajo lo había vuelto en un personaje reconocido y se le miraba comprometido con una misión que pretendía buscar alternativas a la violencia en el país, cuestión en la que hacíamos causa común, por tanto, es cómo si hubiese muerto un compañero, un camarada. Christián Poveda, documentalista franco-español, fue corresponsal de prensa internacional y cubrió múltiples conflictos en el mundo, entre ellos, el salvadoreño. Poveda se interesó en el problema de las maras y pandillas juveniles y decidió preparar un documental al respecto, para lo cual, audazmente se sumergió durante 18 meses a convivir con miembros de la pandilla Barrio 18 en La Campanera, municipio de Soyapango, y a contar la historia como pocos: desde adentro y desde la voz de los protagonistas. El resultado fue el documental "La Vida Loca", que ha sido difundido tanto en ámbitos académicos como en festivales de cine, sacudiendo incluso al observador menos atento. Recuerdo que hace tres o cuatro meses, una persona con apellido rimbombante y de abolengo confesaba en una columna periodística, que su propuesta original sobre las pandillas era el extermino de las mismas, pero que el citado documental le había hecho cambiar radicalmente de opinión y pasar a ser un convencido de la necesidad de un tratamiento de intervención social especial a la problemática. Vaya! pensé, si esta película lograba sensibilizar a tal grado a alguien situado en una posición dura, ojalá sirviese de instrumento para una discusión amplia e integral de la problemática. Pero ahora han matado a Poveda, ha caído como una víctima más de la absurda e irracional violencia del país. Alguien que quizo abrir un camino para tratar la violencia donde nadie se atrevía, ha sido silenciado por ella. Surge el desencanto y las dudas. Surgen los que acusan a la víctima: "si te metes en lugares peligrosos con gente peligrosa, algo te pasará"; saltan los fachas a decir que siempre tuvieron razón y que había que meter presos a todos: a ver tú, defensor de delincuentes, ¿qué dices ahora?. Lo peor puede venir de nosotros: dejar de creer, perder la esperanza.

No sería justo para la memoria de Christian Poveda hundirnos en el desencanto, sumarlo al body count diario como un número más, precisamente el hecho de haber invertido parte de su vida en un proyecto que buscaba alternativas, hace que su regalo sea más valioso y, por tanto, debe ser honrado continuando la búsqueda que él inició, heredándonos una propuesta.

Protestas sociales: otra forma es posible

Dice Roberto Gargarella que el derecho a la protesta debería figurar como un derecho prioritario, en cualquier sociedad que se precie de democrática o aspire a ello, no solo en términos electorales, sino substanciales, es decir, donde efectivamente el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones.

De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.

La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.

Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.

Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.

Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.

Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.

Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.

Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.

Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.

El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.

Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.

A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.

Otra tergiversación de LPG II

tergiversar.

(Del lat. tergiversāre).

1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

2. tr. Trastrocar, trabucar.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Esta mañana comentaba con unos colegas hacerca del hecho que LPG dio amplia cobertura a los sectores opositores a las medidas administrativas de austeridad implementadas por el nuevo presidente de la CSJ, en contraste con la nula cobertura a la versión de éste sobre los acontecimientos.

En la edición electrónica de esta tarde, LPG rompe con ese capote y concede espacio a declaraciones del Dr. Belarmino Jaime, pero nuevamente tergiversa las informaciones.

En la nota "Autos administrativos a jueces" agrega bajo el titulo el siguiente texto: "Jaime desistió de la idea de bajar el personal de 9,000 a 4,000". Sin embargo, en la nota se da cuenta de lo siguiente:

(...) Jaime negó que haya planteado en Corte Plena tener un estudio que revela que el Órgano Judicial puede laborar con 4,000 de los 9,800 empleados.

“Lo que dije en Corte Plena es que me habían contado que había un estudio que decía que se podía trabajar con 4,000 empleados, pero no es con intención de estarle cortando la cabeza a nadie”, dijo.

Como se puede ver, el presidente niega haber barajado esa idea. Entonces ¿por qué arriba aseguran que él "desistió" de esa iniciativa? Si el desistió, como lo afirma la nota, significa afirmar tácitamente que tuvo esa idea. El presidente lo niega, por lo que no hace sentido lo arriba dicho en la nota. ¿Cómo pudo desistir de una idea que dice que no tuvo?

desistir.

(Del lat. desistĕre).

1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado.

2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Podemos hacer el siguiente razonamiento lógico:

• LPG dice: Jaime tuvo idea de reducir el personal pero desistió de ella.
• Jaime dice: Nunca tuvo idea de reducir personal.
• Conclusión: alguien miente. Pero a partir de la información presentada, se deduce que es el medio el que lo hace, al menos en el contexto de esa nota.

No sé qué voluntad tenía de implementar una medida de ese tipo, pero ese no es el tema aquí. El asunto es que la nota no tiene sentido, tergiversa a través del resumen, pues en ningún momento se desprende del contenido decir del Dr. Jaime que haya "desistido", pero tal como lo pinta LPG, sigue siendo el principal candidato al malo de la película.

Otra tergiversación de LPG

Hoy miércoles 26 de agosto, LPG publica la nota "Melgar se contradice con cifra de homicidios", en la cual sugieren, cuando menos, negligencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública en el manejo de los datos sobre homicidios.

No es mi intención discutir si los datos de una u otra fuente son correctos o no, sino señalar que el periódico hace una valoración de los datos a partir de un parametro diferente al utilizado por el ministro. Mientras que éste habla de los últimos 9 días, el periódico usa todo el periodo de agosto (lo que incluye las vacaciones agostinas) de tal forma que los resultados, obviamente serán diferentes.

Envié un comentario sobre esto al periodico, a ver si lo publican.

La justicia como campo de batalla de la política

Publicado originalmente en Contrapunto

Cualquier lector medianamente informado puede percibir que la crisis de la institucionalidad en materia de justicia -que pasa por la ausencia de un Fiscal General y de un Procurador General, debido a la falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa- se encuentra íntimamente relacionada con el reacomodo de fuerzas políticas luego de los procesos eleccionarios de este año, que reconfiguraron las relaciones de poder al darle al FMLN la conducción del Ejecutivo y la bancada más grande de la Asamblea Legislativa.

Particularmente tendría que ver con el deseo de sectores de las pasadas administraciones del Ejecutivo de no verse perseguidos por irregularidades detectadas en sus respectivas gestiones y de esta forma, comprometer el prestigio del partido.

A pesar de los cambios, las relaciones al interior del Órgano Legislativo, no generaron mayores alteraciones en la correlación de poder interno, de tal forma que las bancadas más grandes, sumadas cuentan con los votos necesarios para nombrar aspirantes y, por sí solas, para vetarlos, lo cual nos ha llevado al estado actual de las cosas.

Cuando dentro de los nombramientos pendientes se agregaban los magistrados de la CJS, se preveía un escenario de negociación en el que los partidos mayoritarios buscarían repartirse un espacio de poder: para un bando el control de la Sala de lo Constitucional y para el otro, el Fiscal General. Afortunadamente, esa no fue la opción que predominó. A pesar de lo cuestionable del procedimiento de negociación y el irrespeto a lo establecido, la pluralidad predominó en el nombramiento de los nuevos magistrados, de tal suerte que no podría avizorarse un intento de control partidario.

Sin embargo, lo que ha venido después ha puesto las alarmas de sectores que pensaron en seguir influenciando y manejando la justicia. Resulta que el recién nombrado Presidente de la CSJ, el Dr. Belarmino Jaime, a quién se nombró por exclusión de otras propuestas mutuamente vetadas entre las bancadas dominantes y como una persona de aparente bajo perfil que no incomodaba a ninguna de las dos -aunque sectores de izquierda lo señalaron como agente del gran capital- se ha tomado en serio su promesa de acabar con el despilfarro de recursos y los privilegios en el Órgano Judicial.

Las medidas inmediatas han sido el retiro de algunos vehículos a los magistrados de la Corte, que según algunas informaciones, éstos tendrían asignados hasta cuatro. De la misma forma, redujo la dotación de vales de gasolina de 114 mensuales a 50 por magistrado, y se preparan otras medidas de reducción de gastos y depuración administrativa.

Como respuesta, ha recibido las críticas y resistencia de la mayoría de los magistrados de la CSJ, todos ellos de elecciones previas. Los otros cuatro magistrados entrantes, más el Doctor Marcel Orestes Posada, conforman el bloque que acuerpa al nuevo presidente en sus iniciativas.

El polémico magistrado Ulices del Dios Guzmán –aspirante frustrado en sus espectativas de presidir la CSJ-, lidera los reclamos, pero agregando señalamientos infundados e impertinentes tales como:

"El problema es que el presidente de la Corte tiene un comportamiento autoritario... lo que se hace sentir al interior de esta nueva integración es que es hay una especie de orientación ideológica y es orientación es incompatible con el comportamiento técnico, objetivo e imparcial que debe tener la Corte Suprema". (Ver La Prensa Gráfica, 21 de agosto de 2009)

El mismo magistrado, según la nota, sugiere la existencia de compromisos partidarios por parte del presidente y señala el peligro de una mayor división en el Órgano Judicial debido a las medidas implementadas.

No creo que el magistrado Guzmán, sea la persona con mayor autoridad moral, la objetividad y la imparcialidad para sugerirlo, ¿acaso no fue él quien pidió filtros ideológicos para elegir a los jueces especializados?

No creo que combatir el despilfarro y los privilegios excesivos sea algo que tenga que ver con cuestiones ideológicas o partidarias, como lo propone el magistrado Guzmán, sino con la ética y la decencia, y es un golpe bajo de mal gusto tratar de tergiversar los acontecimientos en aquel sentido o lanzar rumores ante los medios para generar inseguridad y resistencia a las iniciativas del nuevo presidente y encubriendo bajo su supuesta defensa de los trabajadores, la protección de sus privilegios e intereses personales.

Por otro lado, estos detractores han sugerido que el nuevo presidente impulsaría un plan de recorte de personal, con lo cual, han azuzado a las asociaciones de trabajadores y a una asociación judicial de tipo gremialista tradicional (esa que cada vez que tiene oportunidad, le da un premio al presidente de turno de la CSJ, por sus meritos, por buena gente y bla, bla, bla…)

Y aunque este pleito no responde, como he dicho, a una situación de disputas partidarias al interior de la CSJ, sí ha servido como señal de que no hay un escenario por el cual se prevea que el presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional presidida por el mismo puedan estar sujetos a influencias o manejos partidarios, por lo cual, los partidos, en particular, los de derecha, buscan desesperadamente hacerse con el control de la Fiscalía General de la República, ante la pérdida de influencia sobre la CSJ.

En esto ARENA ya tiene delantera, pues tiene a su delfín ejerciendo de facto en la institución, gracias a antojadizas interpretaciones de la legislación secundaria.Por ello, puede darse el lujo de no elegir un fiscal en tanto, ya lo tiene en funciones y las negociaciones y propuestas por incluir más aspirantes o pedir la mediación del Presidente Funes, más bien parecen tácticas dilatorias para encubrir sus verdaderos propósitos de mantener el control de la FGR como hasta ahora.

Al menos, tenemos la esperanza de que si las cosas se siguen haciendo bien en la CSJ, podremos tener más confianza en los fallos de la Sala de lo Constitucional, que pasará a ser el contrapeso de los manipuleos políticos de la justicia en otros ámbitos. Sin embargo, ello no es suficiente. Hace falta la participación activa de la ciudadanía en la procura de transparencia a la hora de elegir el nuevo fiscal. Solo una verdadera presión ciudadana podría quitar el velo que recubre las maniobras partidarias.

San Salvador, 24 de agosto de 2009.

La guerra mediática de la (in)seguridad

Cada día, la presión de las empresas de comunicación más grandes del país cargan contra el sector seguridad del nuevo gobierno. A veces quisiera pensar que es el resultado de una preocupación legítima por la inseguridad, como parte de los problemas que vive la sociedad salvadoreña, pero la legitimad de su reclamo queda en duda cuando recurren a las medias verdades, a la omisión de fuentes o a la provocación de determinadas agendas.

Tanto EDH como LPG, han dedicado sendas notas al cuestionamiento hecho al Presidente Funes sobre una eventual destitución de funcionarios del Sector Seguridad (Ver aquí y aquí, respectivamente). Lo raro de este cuestionamiento es que aparece espontáneamente. Que yo sepa, no he tenido noticia de pronunciamientos en ese sentido. Ni la ANEP -principal crítica del sector seguridad- lo ha hecho. De repente, a estos periodicos se les ocurre meterlo en agenda, es decir, prender la mecha.

Tampoco tengo antecedente que lo hayan hecho durante la gestión pasada, que con René Figueroa y Astor Escalante como titulares, se dio el alza de homicidios y extorsiones que tenemos en la actualidad. Ahora estos medios pretenden plantearle a un gobierno con menos de 100 días en el poder -o crear agenda al respecto-, que cambie la conducción del sector seguridad, cuando no lo plantearon en los cinco años de desastrosa gestión en la administración pasada, a pesar de los reclamos en ese sentido por parte del sector sociedad civil organizada. Esto habla mucho de su falta de coherencia e imparcialidad.

Ya antes he dedicado una nota a estas "noticias" y a sus segundas o terceras intenciones. Estas que comentamos ahora son otro ejemplo de lo mismo. Paradójicamente, sus propias encuestas no les dan la razón. Por ejemplo, montaron una campaña de críticas en contra de el cambio de jefatura en la DECO y días despues, el 14 de agosto, para ser exactos, la encuesta online de El Diario de Hoy, reveló que casi el 80% de los votos de sus lectores apoyaron las medidas implementadas.

Un resultado similar obtuvo LPG al preguntarle a sus lectores sobre el trabajo de las nuevas autoridades en materia de seguridad en donde lograron una valoración positiva. Parecería que no le ponen atención a la opinión de sus propios lectores.

Esto solo es parte de una tendencia más amplia por sabotear y poner en crisis el actual gobierno por parte de sectores de la derecha, quienes escudandose tras las legítimas demandas de la población, tratan de imponer ajenas partidarias o sectoriales que poco o nada tienen que ver con esas necesidades.

Afortunadamente existen los blogs donde se puede opinar de manera diferente a la pretendida "verdad" de las empresas de comunicación.

Mi participación en el programa "Abriendo puertas" de YSUCA

El viernes 14 de agosto tuve el agrado de participar como invitado en el programa "Abriendo puertas" de la radio YSUCA, acompañado por Jeannette Aguilar, directora del IUDOP y con la conducción de Danilo Miranda. El audio del programa aquí.

Control de Armas de Fuego: una opinión sensata

Con alguna frecuencia discrepo con las opiniones de Joaquín Samayoa, columnista de La Prensa Gráfica, pero hoy miércoles he leído con mucho agrado su nota sobre el control de armas de fuego, la cual me ha parecido muy atinada. La nota aquí.

Resultados de la encuesta sobre la política de seguridad

La pregunta era: "¿Qué piensas de la política de seguridad gubernamental? Votaron 22 internautas, los cuales distribuyeron sus votos así: Las opciones "Bien, se nota el cambio"; "Es más de lo mismo" y "¿Cual política? No la conozco" recibieron cada una tres votos, es decir, cada una logró un 13%, mientras que la opción "Hay que darle tiempo... pero no tanto" acumuló 13 votos, es decir, un 59% del total.

Como reflexión es importante destacar que aunque hay un compas de espera de parte de los lectores, éste no puede ser prolongado, tácitamente se tiene la advertencia que al no ver resultados en un plazo prudencial, habrá exigencia de cuentas.

Es importante destacar que un importante porcentaje o no conoce la política o no percibe el cambio. Ello es preocupante y debe ser tomado en cuenta mediante una política de comunicación que brinde información adecuada y detallada a la población sobre lo que hacen las autoridades, con lo cual, se contaría con parametros claros de seguimiento y evaluación por parte del público.

Obviamente esta no es una encuesta con parámetros científicos, sino la opinión de los que por algún motivo visitaron este blog. Se les agradece su participación.

Participa de la encuesta

He colocado una pequeña encuesta virtual en el lado derecho de este blog. Por favor, si tienes interés, has click y vota. Cierra el 10 de agosto a las 12 m.

El empresariado ante las reformas en la PNC

Precisamos hacer una revolución ética, el bien público no puede ser confundido con el bien personal (…)

En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito (…)

Presidente Mauricio Funes, 01 de junio 2009.

He querido iniciar estas líneas citando el discurso inaugural del Presidente Funes el pasado primero de Junio, porque me parece que son las respuestas a algunas interrogantes que son planteadas por las empresas de comunicación dominantes.

Ante los movimientos y cambios en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) la empresa privada y los medios impresos conservadores se han posicionado de manera crítica y veladamente amenazadora frente a la decisión de las autoridades. Tal como lo señalé en el post previo, tras una aparente preocupación legítima, se esconden otras motivaciones:

En perspectiva histórica y política, el estado de la investigación criminal es una consecuencia específica del amplio proceso de reforma policial y del sector seguridad pública de la transición y cuyas distorsiones tuvieron importantes impactos institucionales y sociales. El crecimiento desordenado de la institución y la apuesta política por mantener estructuras de investigación del pasado, políticamente maleables y cuestionadas; los obstáculos y sabotajes gestados en contra de toda iniciativa de desarrollo de una investigación criminal profesional, técnica e independiente, provocaron el estancamiento y debilitamiento de ésta área.

Lo anterior es correlato de una marcada tendencia de manejo de la gestión pública basada en intereses y demandas particulares y no en la atención prioritaria de necesidades sociales y respecto a los derechos de la población (…).

Al comparar el trabajo y resultados de las unidades elites de la PNC y FGR, respecto del estado de las unidades ordinarias de investigación, las distancias comparativas son amplias. Existen claras diferencias entre los resultados positivos de las instancias dedicadas al tema narcotráfico o crimen organizado, respecto los niveles deficitarios de las áreas dedicadas a la “delincuencia común”. Esa distancia comparativa se puede observar y constatar en la cantidad y calidad de recursos de los que han sido dotadas las primeras (equipos, sistemas de información, recurso humano por caso), en detrimento de las segundas, así como en el interés político por resolver o combatir este tipo de criminalidad, la que no se ha reflejado en las instancias de delincuencia común, como aquellas encargadas de la investigación de homicidios, principal problema de violencia en el país.

En el caso concreto de la lucha contra el secuestro y sus celebrados éxitos, se dan dos mensajes: por un lado, se demuestra que la voluntad política y apoyo institucional son factores claves para resolver graves problemas de criminalidad. El segundo mensaje es que existen dos tipos o sectores de investigación criminal. Uno, el ordinario, para la delincuencia común que afecta a la mayoría de la población y, el elite, que capitaliza el apoyo político e institucional, y que además se ve beneficiado por inversión, dotación de recursos y otros patrocinios del sector privado económicamente poderoso y políticamente influyente, que alquila o compra un servicio de mejor calidad para sí, lo que por definición es excluyente y discriminatorio, no solo para la población sino para los mismos operadores del sistema. (Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005.)

Precisamente es el Diario de Hoy el que muestra esas relaciones de padrinazgo éticamente discutibles. Según la nota “Patronato DECO en el limbo”:

A principios de la presente década cuando el país sufría de una avalancha de secuestros, la empresa privada tuvo a bien organizar un Patronato para brindarle el apoyo logístico necesario a la recién creada División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) por el ex director de la Policía José Luis Tobar Prieto, quien ahora se encuentra marginado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Desde aquella época, la unidad élite ha recibido la cooperación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y, según su dirigencia, está en la disposición de continuar con esa colaboración.

Esa cooperación empresarial le ha permitido a la Policía tener en la DECO a su mejor unidad especializada al grado que algunos de sus miembros han compartido la experiencia antisecuestro en las policías de varios países latinoamericanos como Guatemala, Honduras, Colombia o Panamá.

Creo que no hacen mayores explicaciones sobre las inquietudes éticas que genera lo previamente citado. La reacción de ANEP, en parte, se explica por la perdida de un nicho de influencia en las instituciones de seguridad y utiliza todas las cajas de resonancia disponibles para hacerse sentir. Otro de los beneficiarios de este esquema, el fiscal de crimen organizado Rodolfo Delgado -a la sazón, señalado por la PDDH en un caso de tortura en el que se condenó el accionar de la DECO-, suma su voz a las protestas, quien, cual agorero dice: "El mensaje que se envía es que ellos [los delincuentes] están ganando", advirtió, "y si no han ganado totalmente, se están creando las condiciones para que lo logren".

Este discurso tiene una doble moral o una pésima memoria. Ningún sector economicamente influyente ni sus secuaces alzaron la voz ante el desmantelamiento del Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) creado a propuesta del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política y constituido con un riguroso método de selección y entrenamiento supervisado por la ONU. Curiosamente comenzó a ser debilitado y desmantelado tras las investigaciones del caso Sombra Negra en el que se vieron involucrados jefes policiales y posteriormente, su desaparición se vio acelerada tras denunciar la participación de otros jefes policiales en tareas de exterminio de presuntos delincuentes.

Hoy la historia es otra. Como dice Mickey Rouke en esa maravillosa película Barrio Chino: “Hay un nuevo jefe en la ciudad y el nuevo jefe tiene nuevas reglas”.

La mala leche de LPG

Mientras conducía al trabajo, ví un canillita ofreciendo La Prensa Gráfica de este día, cuya primera plana se encabezaba con la nota principal: "PNC desmantela unidad especial. Trasladan 26 investigadores de crimen organizado".

Al llegar a mi oficina, ingresé a la página de dicho periódico para leer la referida noticia y para constatar la relevancia que le habían otorgado. Se trata de un proceso de reorganización del área de investigaciones de la Policía que ha afectado a la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).

Mi conclusión es que la noticia destaca una aparente preocupación legítima que entrelíneas sugiere juicios de valor sobre las decisión de las autoridades. No niego ni cuestiono la importancia del escrutinio de los medios sobre las decisiones gubernamentales, ello es necesario para garantizar la auditoría del público sobre los gobernantes. Lo que no me parece correcto es un ejercicio parcial o a medias del periodismo.

En la versión electrónica de LPG, la nota aparece con el título "Remueven 26 oficiales DECO: Quitan policías que indagaron a Perrones", ya intuyo la reacción deseada o esperada: "¡Qué barbaridad!, no solo la desmantelan, sino que quitan a los buenos policías."

En la nota citada, alaba los éxitos de la DECO, pero ignora todas las resoluciones e investigaciones por violación a los Derechos Humanos que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) u otras opiniones como las de aquellos que siempre creímos que dicha División servía solo a intereses muy concretos, a grupos poderosos preocupados por su seguridad y la de sus negocios: una instancia de lujo, en contraste con las precarias condiciones que se le otorgaban a las áreas de investigación de la delincuencia común que afecta a la mayoría de los salvadoreños (ver nota).

Como lector usuario de las TIC's, redacté y envié un comentario a la nota citada para que sea publicado en dicha página, aunque mi experiencia me dice que no suelen publicar comentarios muy críticos. Por lo anterior, les dejo copia del comentario realizado y enviado:

Me parece que esta noticia la han manejado de una manera muy desafortunada, y hasta puedo creer que mal intencionada. Una reforma del área de investigaciones no es lo mismo que un "desmantelamiento". Una rotación de personal no es lo mismo que una "remoción". Quien lo lee, sin mayores antecedentes, pensaría que las autoridades están en el plan de debilitar lo que ya existe, o que son presionables ante los reclamos de presuntos delincuentes.

La DECO se había convertido en una entidad élite privatizada y se había vaciado de capacidades a los territorios y a las áreas de investigación de la delincuencia común. Espero que las autoridades den paso a un área de investigación eficiente y al servicio de TODOS los y las ciudadanas del país.

Posdata: El comentario previo sí fue publicado a las 10:38 am por LPG, gesto que agradezco y que disipa alguna de mis sospechas.