Descarga: Estado de la relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en el marco de la investigación criminal

Estimados y estimadas:

En la página de FESPAD pueden descargar el estudio: "Estado de la relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en el marco de la investigación criminal" que fuera publicado en el año 2005, pero que hasta este momento disponemos de una versión electrónica fiel del documento impreso (aunque la digitalización no sea la mejor). En este mismo blog hemos publicado, en su momento, el resumen ejecutivo de dicho estudio.

Espero que sea de su interés y utilidad.

Otro material de FESPAD, hacer click aquí.

El retorno de la ILEA

Por Edgardo Amaya Cóbar

En el año 2005, el gobierno de El Salvador suscribió con el gobierno de los Estados Unidos un convenio para la instalación en nuestro país de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (Internacional Law Enforcement Academy, ILEA, por sus siglas en inglés) convenio que fue posteriormente ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Este convenio generó múltiples acciones de rechazo o cuando menos, llamados previos de prudencia, pero en general, de poco impacto en la agenda mediática, lo que facilitó su ratificación sin mayores problemas ni debate por la derecha política en la Asamblea Legislativa.

Diversas organizaciones, actuando de manera conjunta, elaboraron un comunicado que resumía las razones de oposición a dicha iniciativa por parte de un sector de la sociedad civil.

No obstante lo anterior, debe destacarse que en el ámbito de la sociedad civil, la visión de oposición no era unánime y en este marco, se supo que una destacada organización de Derechos Humanos local, brindaría servicios de capacitación sobre esta materia a la ILEA, lo que generó cuestionamientos hacia su papel, muchos de ellos bastante intolerantes. Una vez pasada la coyuntura, luego de la ratificación del tratado por la derecha política en la Asamblea, la coyuntura desapareció de la agenda pública y recién reapareció en marzo de 2007 luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un fondo de 110 mil dólares para financiar infraestructura de la ILEA en El Salvador.

Personalmente creo que las razones presentadas por el comunicado antes citado siguen siendo válidas y vigentes. Y también creo que se agrava con el alineamiento de la subregión a las políticas de endurecimiento contra las pandillas que fueron anunciadas en la reciente visita del Fiscal General de los Estados Unidos, Alberto González.

Sin embargo, también creo que el tema es asumido por algunos con más matices ideológicos que propiamente técnico-políticos. Es decir, plantear una negativa diciendo que esto es un tentáculo más del imperialismo o que esta es una reedición de la tristemente célebre Escuelas de las América, es por un lado, simplista y por otro, incorrecto. Luego, el exceso de crítica o radicalismo, obscurecen el debate volviéndolo un discurso sin argumentos concretos y realistas, dejando de lado cuestiones como la necesidad de cooperación multilateral horizontal, de una agenda latinoamericana compartida de formación basada en necesidades concretas y sensibles, los costos económicos para un país que dice necesitar $100 millones de dolares para fortalecer su seguridad pública, etc.

La reapertura del tema ha acarreado nuevamente reacciones, y vuelve a poner el tema en el tapete y pensé que sería una buena ocasión para referirles algunos materiales que precedieron esta discusión.

Otras referencias:

Página de las ILEA en el site del Departamento de Estado, Estados Unidos.

Sobre el rechazo en Costa Rica ver: "Argumentos contra la ILEA" Diputado Rodrigo Alberto Carazo, 2003

Open letter: "Human rights concerns regardin the proposed International Lay Enforcement Academy (ILEA) for Latin America based in Costa Rica". WOLA 2003

"La ILEA y su sombra: la escuela de las Américas" El Faro 30/01/06

“La gente cree que ser de derechos humanos es ser pasivo” Entrevista con Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA. El Faro 17/10/05

"Cuellar defends IDHUCA decision to work with ILEA" Salvanet-Crispaz Winter 06, P. 4.

Invitación a conversatorio sobre corrupción y crimen organizado

Asociación Probidad invita al conversatorio sobre
“Corrupción y crimen organizado: policías implicados en crimen
de diputados salvadoreños”

El día viernes 16 de marzo, Probidad llevará a cabo el conversatorio titulado “Corrupción y crimen organizado: policías implicados en crimen de diputados salvadoreños”, el cual tratará uno de los sucesos más graves y de mayor repercusión en los últimos años en lo relativo al crimen organizado, lo constituye lo acaecido el 19 de febrero recién pasado, en donde cuatro ciudadanos salvadoreños fueron asesinados en el vecino país de Guatemala. Dos días después de los asesinatos fueron capturados cuatro policías guatemaltecos acusados de la muerte de los diputados. Posteriormente, el 25 de febrero los policías capturados también fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad de Guatemala donde permanecían detenidos.

El objetivo de este conversatorio es generar un ambiente de discusión entre conocedores del caso, público en general y quienes de alguna manera le han dado seguimiento al mismo para poner la información en perspectiva y reflexionar sobre puntos que no han sido considerados en la información divulgada.

A este evento han sido invitados como expositores: Carlos Dada, director del periódico El Faro, David Morales, abogado, especialista en Derechos Humanos y ex.-Procurador Adjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos, un representante de la Fiscalía General de República; un representante de la Fracción Legislativa del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Jaime López de Probidad, quienes darán a conocer sus valoraciones y perspectivas sobre el caso.

El evento se desarrollará de la siguiente manera:

Lugar: Auditórium de FESPAD. 25 Calle Pte. No. 1332, Col. Layco, San Salvador

Fecha: viernes 16 de marzo de 2007

Hora: 4:00 p.m.- 7:00 p.m.

Para mayor información sobre el evento puede comunicarse con Lic. Abraham Ábrego al teléfono 2236-1800 o correo electrónico abrahamabrego@navegante.com.sv

Centros penales: sin seguridad ni director a quien exigirle explicaciones

Por Emilia Gallegos
FESPAD-CEPES

El miércoles 28 de febrero renunció el director de Centros Penales, Jaime Vilanova Chica, por la falta de aprobación de un préstamo de $30 millones para la modernización del sistema penitenciario, la cual especificó en la finalización de la construcción del centro penitenciario en Izalco, la compra de detectores de metales y de bloqueadores de celulares, entre otros.

Al hacer pública su renuncia el ex- director manifestó: "para que no nos pase como a Guatemala, nosotros necesitamos el préstamo de los 30 millones de dólares" [1] refiriéndose al asesinato de cuatro policías el pasado 25 de febrero en un centro penitenciario de Guatemala. Los agentes eran investigados bajo la sospecha de ser autores mediatos del homicidio de tres diputados salvadoreños ante el PARLACEN y del colaborador de uno de éstos. Sin embargo, esta renuncia ocurre a menos de dos meses de la matanza de 21 internos en el centro penitenciario Apanteos (Santa Ana), la cual le mereció fuertes cuestionamientos por la poca seguridad al interior de las cárceles.

El préstamo requerido para el sistema penitenciario es uno de varios financiamientos ofrecidos por el Banco Mundial -BM- y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que totalizan más de $400 millones distribuidos en 8 préstamos.

El partido de gobierno, Alianza Republicana Nacionalista –ARENA-, impulsa la aprobación de los préstamos a través del cabildeo en la Asamblea Legislativa, entrevistas, spots publicitarios e incluso por medio de manifestaciones en zonas rurales.

Los niveles de endeudamiento público son percibidos por algunas organizaciones de la sociedad civil como excesivos, sin embargo, el gobierno central impulsa la aprobación de más préstamos y cuenta con el apoyo del presidente del BID, Luis Moreno, quien ha visitado al país en abril 2006 y en marzo 2007.

La aprobación de préstamos internacionales requiere de los votos de dos tercios de los diputados electos según el Art. 148 inciso 2° de la Constitución (56 votos), por lo que se hacen necesario el apoyo del partido de izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN-, el cual ha mantenido la política de no apoyar más endeudamiento para el país.

De las ofertas de los ocho préstamos, tres tienen como fecha de vencimiento el 4 de abril próximo, los cuales ascienden a un monto total de $197 millones. Por lo anterior, la discusión de su aprobación ha sido programada para la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa el próximo jueves 15 de marzo.

En estas pugnas por la aprobación de los préstamos, Vilanova se une a la campaña gubernamental, renunciando por la falta de aprobación del préstamo; asegura que no puede asumir las responsabilidades futuras de una institución que carece de fondos suficientes para realizar sus funciones. Sin embargo, esta carencia de recursos resulta ser la salida más diplomática para eludir responsabilidades pasadas. ¿Quién dará cuenta de la vida de los 21 internos muertos?

13-03-2007

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[1] EDH, 1-3-07, Pág. 2

Las puertas del crimen organizado

Por Edgardo Alberto Amaya Cóbar

El Salvador no es ajeno a las lógicas de la globalización. La apertura de las fronteras, los mercados, la disminución de controles estatales sobre la economía, propias de la predica neoliberal global, traen aparejados riesgos inmanentes relativos al desarrollo o fortalecimiento de economías ilegales y su transnacionalización. El desarrollo del crimen organizado se ve alimentado por los costos sociales ocasionados por los mencionados programas neoliberales (exclusión, desempleo, informalización del empleo)

Frente a los riesgos enunciados, no se aprecia una capacidad o una voluntad estatal de prever y contenerlos –mediante el fortalecimiento de la institucionalidad–, por el contrario, ha dado señales negativas en ese sentido.

La corrupción (pública y privada) es una de las puertas de entrada del crimen organizado, y el lavado de dinero es su puerta de salida favorita. Ambas son herramientas esenciales para su operación. Una de las señales más preocupantes, es la debilidad estructural del estado salvadoreño para ejercer controles preventivos efectivos contra la corrupción a todo nivel. Es notoria la virtual obsolescencia de la Corte de Cuentas de la República –tristemente celebre víctima del reparto partidocrático de las instituciones estatales–, cuyos titulares son nombrados según la oportuna complacencia política del partido en el poder.

El reparto partidocrático de las instituciones se reproduce además, en todas las instancias de elección de segundo grado, como la Fiscalía General de la República, encargada de la investigación criminal y la acción penal, en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

Tradicionalmente, la FGR no se ha destacado por sus logros en la lucha contra la corrupción en la función pública y el manejo de algunos casos dan paso a sospechar, por lo menos, grave negligencia. Según la Asociación Probidad, la regla general es que los delitos relativos a la corrupción queden en la impunidad, cuando no son ocultados del escrutinio público.

La consecuencia inmediata y más lamentable de la partidización de las instituciones –particularmente de aquellas que deben jugar un papel de control de la función pública– es la eliminación o precario funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos interorgánico, lo cual facilita el aparecimiento de la corrupción u otras formas abusivas del uso del poder, que llegan a devaluar la capacidad del estado de aplicar su propia ley.

Otro aspecto crucial para proteger la institucionalidad de los efectos perversos de la corrupción y la criminalidad organizada es el establecimiento de sistemas de control y transparencia de la financiación de los partidos políticos, para transparentarlos y prevenir que grupos criminales estén “comprando” cuotas al interior de estas instituciones, con vistas a lograr influencia o cargos políticos y, de esta manera, manipular o manejar la institucionalidad a favor de sus intereses. Pese a existir una propuesta de Ley de Partidos Políticos, ésta se ha visto bloqueada, entre otros motivos, por la negativa de diversos partidos a revelar sus formas de financiación.

El debilitamiento de las estructuras de control de la función pública, también se ve reflejada en las instancias de control del mercado, particularmente en la Superintendencia del Sistema Financiero y la Bolsa de Valores, las que juegan un papel poco visible en el control de mercado financiero y han sido cuestionadas sobre su (in)capacidad o (des)interés para detectar actividades anormales de instituciones financieras que posteriormente han generado fraudes masivos como en los casos de FINSEPRO-INSEPRO, o más recientemente en el caso OBC.

En la corrupción pública, el valor de la defraudación se traduce en el desplazamiento de los bienes públicos hacia la esfera privada, dejando a la población sin los beneficios de los recursos originalmente dispuestos para su servicio. En el caso de la corrupción privada de los mercados financieros, los efectos no solo se traducen en el levantamiento del dinero del público, sino que es trasladado hacia orbitas financieras internacionales, regularmente, hacia el norte, lejos del alcance de sus países de origen.

Resumiendo, el debilitamiento del control de pesos y contrapesos y la falta de transparencia; la corrupción pública y privada; la falta de transparencia de los partidos políticos y el lavado de dinero son elementos necesarios para el diagnóstico de factibilidad sobre la influencia o afectación del crimen organizado en un país.

El Salvador, como vemos, es tierra fértil, mientras se siga manejando la cuestión pública de espaldas a la sociedad y mientras, en nombre del mercado, se siga reduciendo el control sobre la economía. Estas son amenazas latentes para la ciudadanía –que siempre termina pagando las consecuencias–, pero como lo vemos en el caso de Guatemala, también es una amenaza a la legitimidad de los gobiernos y a la gobernabilidad.

Siembra truenos...

Opinión de Luis Ramírez*

Es lamentable comprobar que las viejas prácticas policiales: torturas, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales, corrupción, ineficacia y un largo etcétera, reaparecieran en la nueva PNC.

Desde su creación, en 1996, se criticó que los riesgos del reciclaje de antiguos policías, presupuesto insuficiente, la ínfima capacidad de investigación criminal, la designación de directores sin respetar la carrera policial, la insuficiencia en la formación y la mezcla entre militares y policías, entre otros desaciertos, acabarían por destruir la expectativa creada por los acuerdos de paz de contar con una institución que protegiera los derechos elementales.

Lo hecho por los gobiernos de Arzú, Portillo y Berger pone de manifiesto que la creación de una institución policial civil con capacidad para enfrentar a las distintas manifestaciones del crimen violento, nunca fue una prioridad en sus políticas.

La debilidad de la institución y la tolerancia por parte de algunos fiscales y jueces, llamados a controlar sus excesos, son algunas de las causas por las cuales estamos cosechando frutos amargos.

La toma violenta de Pavón, la muerte de los diputados salvadoreños y el asesinato de los policías acusados de este último hecho dentro de una cárcel ponen de manifiesto que dentro de la PNC operan escuadrones de la muerte, sin ninguna diferencia de la temible policía secreta que magistralmente se relata en el Señor Presidente, o para no ir tan lejos, al estilo Chupina en la época de los ochenta.

Estos hechos son los que se conocen públicamente, pero si se realizara una revisión exhaustiva, es muy probable encontrar respuestas al incremento desmedido de muertes en los últimos tres años, a lo que en forma denigrante le denominan “limpieza social”, con el fin de “acabar” con la delincuencia.

Las reiteradas denuncias puestas de manifiesto por la sociedad civil y por el procurador de los Derechos Humanos siempre han sido vistas con desconfianza o sin la importancia debida. Desde la creación de la PNC, la respuesta gubernamental frente a la crisis policial es repetitiva y monótona: “se necesita una respuesta inmediata”, por lo que es imperativo “militarizar las fuerzas de seguridad”.

Si revisamos la historia de nuestras instituciones policiales, incluso de la PNC, comprobaremos que su conducción ha estado total o parcialmente en manos de militares. Cincuenta años de fracaso no son una buena carta de presentación para delegar en la milicia la conducción policial.

Por el contrario, este tipo de decisiones impide la conformación de una cultura digna policial, de acuerdo con su naturaleza civil, y perjudica al Ejército, pues no está capacitado para tales fines.

Colaborar no es lo mismo que subordinar. La crisis actual de la PNC es una oportunidad para cambiar de rumbo. No podemos seguir aplicando medidas tradicionales y esperar resultados distintos.

*Analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Tomado de Prensa Libre, Guatemala, 04/03/07

Desde la literatura

Recibí un mail con una cita bibliográfica interesante:

Hace algunos días, este fragmento me encontró. Ahora lo comparto con ustedes...

"...El 7 de julio, la Conferencia Episcopal elevó una nota a la Junta Militar, en que manifiesta la consternación producida por el asesinato de religiosos en la parroquia de San Patricio, para agregar: 'Pero no podemos ni queremos hacer sólo hincapié en aquel luctuoso crimen, proque además todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa, y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables. Todo ello causa en nuestro pueblo inquietud y desasosiego. Nos preguntamos o, mejor dicho, las gentes se preguntan, a veces sólo en la intimidad de su hogar o del círculo de amigos -porque el temor también cunde-, qué significa todo esto, qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad. También surge la pregunta: ¿qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?'. Y más adelante: 'Todos anhelamos, y nos sentimos con el derecho de decir que los obispos lo anhelamos como el que más, un porvenir de paz, de progreso, de libertad, de fraterna convivencia en el país, acorde con nuestras mejores tradiciones...Buscamos una patria donde el derecho sea que el que reine para todos su hijos, afianzando el bien común' "

Sabato, Ernesto; "Nuestro Tiempo del Desprecio. La Dramática Encrucijada" en Apologías y Rechazos; Seix Barral; 2003; Págs. 132-133.

Emilia Gallegos

Poner barbas en remojo...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

En menos de una semana El Salvador y Guatemala se han visto sacudidos por noticias que han generado un gran impacto en las sociedades de ambos países. El lunes 19 de febrero tres diputados salvadoreños y uno de sus guardaespaldas fueron asesinados y quemados en un predio cerca de ciudad de Guatemala. Tres días después, se reportó la captura de cuatro policías, miembros de la elite de investigaciones de la institución policial de ese país, quienes fueron sometidos a proceso penal con detención provisional. Al menos otros tres imputados se reportan como fugados.

El día domingo 25 de febrero, según datos recopilados por la prensa de declaraciones de testigos, un grupo armado –aparentemente policial, según El Faro- con los rostros cubiertos ingresó al Centro preventivo “El Boquerón” –centro de máxima seguridad- y una vez dentro, ubicaron y ejecutaron a los cuatro imputados detenidos. Según el relato periodístico, todo apunta a que este hecho fue cuidadosamente planificado y, desde mi punto de vista, cabría pensar en la complicidad de autoridades para su ejecución, pues previamente a los hechos, se cortó la energía eléctrica y se evacuaron las visitas.

También llama la atención el hecho que el comando habría podido entrar sin mayor resistencia y ubicara sin problemas a los imputados para su ejecución. A raíz de los acontecimientos, los internos se amotinaron exigiendo mayor seguridad para sus vidas, por haberse convertido ahora, en testigos de este nuevo hecho.

Resulta extraño entonces que Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, ha sostenido que los hechos son el producto de un amotinamiento de internos y no, obra de un comando armado. Esta versión se apoya en declaraciones de pandilleros amotinados quienes reivindicaron el asesinato como una vendetta contra sus antiguos enemigos. Sin embargo, no es la primera vez que hechos similares han sucedido en Guatemala y de los que se ha señalado la posible complicidad o anuencia de las autoridades.

Este hecho, realizado a la usanza de grupos de crimen organizado o del narcotráfico, revelaría los poderosos intereses en juego y los poderes fácticos involucrados es este caso. Eliminar a los acusados buscaría acallar posibles delaciones posteriores sobre quién o quienes son los autores intelectuales del macabro hecho del pasado 19 de febrero. Esto viene a confirmar una de las líneas de investigación que se inclinaba a que la muerte de los diputados salvadoreños y su guardaespaldas estaría vinculada a un caso de narcotráfico.

Tanto el Presidente Berger como el Presidente Saca han sostenido que los asesinatos del pasado 19 de febrero, fueron producto de una “confusión”, por la que los policías implicados habrían actuado en la creencia errónea que sus víctimas eran narcotraficantes a quienes les robarían un alijo de droga o dinero. Esta hipótesis no ha sido confirmada por los investigadores del caso, tanto de Guatemala como de El Salvador. Incluso, un declarante anónimo de la policía guatemalteca manifestó: “hay vínculos con una organización del narcotráfico conformada por guatemaltecos y salvadoreños, entre ellos un contacto de mucho peso político y económico del vecino país, derivado de un mal negocio, lo cual es imperdonable entre el narcotráfico” (Periódico Siglo XXI, Guatemala 24/02/07)

Con estos hechos, estaríamos asistiendo a las muestras más dramáticas y terribles de cómo el crimen organizado -el de verdad, el que se infiltra en las instituciones gubernamentales y en la clase política- puede procurar su propia impunidad, poner en jaque a un gobierno y en zozobra al resto de la sociedad.

Esto debe llamarnos a una seria reflexión respecto de nuestra realidad. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Lejos de pensar que El Salvador no padece este mal, por el contrario, debemos preocuparnos por detectar cuál es su nivel de infiltración y suprimirlo, lo cual solo podrá pasar si existe la voluntad política y la independencia de ésta de los poderes fácticos establecidos.

Diputados y autoridades del partido en el gobierno y otros representantes de la derecha política han hecho alharaca de la nueva Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, la cual, solo regula tres delitos: homicidio agravado, secuestro y extorsión cometidas por dos o más personas. Como ya lo hemos expresado antes: Lejos de combatir el crimen organizado “de verdad”, parecería que le favorece, excluyéndolo por decreto.

Estos hechos demuestran que sin mecanismos de auditoria y transparencia –objetiva e independiente- de la función pública, sin fuerzas de seguridad e instituciones de justicia integras, sin mecanismos de auditoria sobre el financiamiento de los partidos políticos, sin fortalecimiento de la inteligencia policial y fiscal, una ley tan mal elaborada, y ajena a esta realidad, como la del Crimen Organizado, muestra con toda evidencia, su superfluidad y su carácter improvisado de marketing político y no como una respuesta realista al fenómeno que comentamos.

Cría cuervos...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

El asesinato, el pasado 19 de febrero, en Guatemala, de tres diputados salvadoreños al PARLACEN y del guardaespaldas que les acompañaba, ha conmocionado a la sociedad centroamericana y particularmente a la guatemalteca y salvadoreña, no solo por la crueldad de su ejecución sino también por los primeros resultados de las investigaciones y los probables móviles.

La reacción de los gobiernos ha sido impresionante y, por qué no decirlo: inusual. Ha sido sorprendente tal nivel de eficacia e igualmente sorprendente el señalamiento de las investigaciones –en el plazo de tres días- sobre la participación, de al menos seis elementos elites de investigaciones de la policía guatemalteca, cuatro de los cuales han sido ya capturados y sometidos a proceso con abundante evidencia incriminatoria testimonial, documental y científica. Esto, en países donde los niveles de impunidad del delito de homicidio superan el 90%.

Para una gran parte de la ciudadanía guatemalteca o para personas medianamente informadas sobre la realidad de ese país, la sorpresa no es quizás tan impactante, en el peor de los casos solo sería la confirmación de una corazonada, dados los persistentes y continuos señalamientos hacia miembros de este cuerpo de seguridad sobre su participación en actividades delictivas a todo nivel, graves violaciones a los derechos humanos, actividades de exterminio y participación en estructuras de crimen organizado y narcotráfico, sin agregar la sospecha sobre su vinculación con los asaltos en las carretera a ciudadanos salvadoreños que visitan dicho país.

Antes de este hecho, en el año 2005, importantes jefes antinarcóticos de este cuerpo policial fueron apresados en Estados Unidos por participar en estructuras de narcotráfico, lo que estaría indicando, un nivel de intervención del crimen organizado en esta institución a un nivel de metástasis que pone en crisis la legitimidad no solo de la policía sino del Estado mismo y de su capacidad de hacer cumplir su propia legalidad. La pregunta entonces es: ¿Cómo es que este enquistamiento del crimen organizado se dio y se desarrolló ampliamente en la institución?

Las explicaciones a esta interrogante pueden ser múltiples, pero quisiera señalar algunas puntuales: un defectuoso proceso de reforma policial –derivado de los acuerdos de paz-, sin mayor depuración, la ausencia de estándares profesionales y técnicos elevados, la malas condiciones laborales de sus miembros de los niveles básicos, la debilidad de los sistemas de auditoria institucional ante un sistema político de gestión autoritaria del poder, la corrupción, la impunidad inveterada y la debilidad estructural del sistema de justicia, la permanente influencia de sectores militares -vinculados al pasado más oscuro- en la toma de decisiones sobre seguridad.

A lo que se debe sumar, la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la esfera política, cuyas evidencias más contundentes se reflejan en la cantidad de funcionarios públicos muertos en hechos relacionados con ajustes de cuentas de estas actividades criminales.

Independientemente de los contextos geográficos, estos hechos tan lamentables impactan ahora a sectores normalmente ajenos o indiferentes a la violencia que cotidianamente sufren las mayorías: las elites, que ven resquebrajada su idea de seguridad y resguardo de esa problemática. Usualmente, muchas de las presiones y cambios más importantes en materia de seguridad pueden darse al momento que las elites, que no cuestionan las políticas gubernamentales, al contrario, las apoyan, las azuzan, en ocasiones tolerando el uso de la violencia institucional u otras acciones ilícitas cuando son aplicadas a los otros, pero que no es lo mismo cuando las dimensiones del problema que subestimaron, estalla en sus caras. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

La crueldad y la brutalidad de los hechos acaecidos en Guatemala deben servir como una dramática lección de cómo -también en El Salvador- la tolerancia o falta de atención a la impunidad, a la corrupción y al respeto de los derechos humanos por las instituciones estatales pueden generar la cooptación de estas por las estructuras que supuestamente deben combatir. Una vez contaminadas su efectividad y su legitimidad, paulatinamente se van perdiendo hasta genera estados de crisis como los que vive en este momento la institucionalidad guatemalteca.

De este sombrío panorama deben extraerse además, otras lecciones relativas a los procesos de transición que se dieron en Guatemala y El Salvador que tienen que ver con una de las mayores deudas históricas de nuestras sociedades: la superación de la impunidad y el conocimiento de la verdad del pasado bélico. Las elites han argumentado -explícita o implícitamente, por acción u omisión- en ambos países, que el olvido, la impunidad, son el precio para no alterar la paz lograda. Hechos como el que tristemente comentamos han permitido dimensionar nuevamente el dolor, la indignación, la impotencia, la incertidumbre que sufren las víctimas y el deseo de saber la verdad y la aplicación de la justicia.

Todas las víctimas. Todos aquellos que han perdido seres queridos por la violencia. Al igual que las víctimas actuales, también quieren superar la terrible duda que ocupa sus afligidos corazones: donde están, qué les pasó, cómo, por qué. Preguntas que sin sus respectivas respuestas, prolongan la dolorosa agonía que arrastran por años, muchos, hasta su muerte. Responder esa pregunta no debe ser considerado un reclamo caprichoso, un acto de rebelión, una disputa ideológica o partidaria, considerarlo así es inhumano. Buscar la verdad debe ser considerado en su básica dimensión: un acto de humanidad ante las personas que sufren a sus seres queridos.

Y finalmente, si no hay justicia, estos hechos, se repetirán. Es tiempo de cambiar, de evitar un camino que nos llevaría a la completa perdición.

Otro material de referencia en El Períodico de Guatemala:

Mujeres torturadas por agentes de la policía

Una PNC que recibe órdenes de militares

Reseña: "La cultura del control" de David Garland

Estimados y estimadas,

he publicado en mi blog "Recensiones" la reseña del libro La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, del sociologo David Garland, uno de los estudiosos más importantes del mundo sobre la materia. Les invito a leerla.

Organizaciones impiden momentáneamente reconocimiento legislativo a D´Aubuisson

Gloria Silvia Orellana

Redacción Diario Co Latino 15/02/07

A cinco minutos de iniciada la sesión plenaria, y con 77 votos , incluyendo los de los partidos de derecha que habían impulsado el dictamen para designar como hijo meritísimo al fundador del partido ARENA, Roberto D´Aubuisson Arrieta, este fue enviado, junto al resto de dictámenes, al seno de la comisión de Educación y Cultura.

La modificación de agenda incluyó el acuerdo de enviar las piezas a las comisiones directamente, sin discusión, y tras un receso de la sesión plenaria, que se reanudaría hasta en horas de la tarde.

Previo a estas decisiones, la fracción de ARENA, se reunió de emergencia, entre el abucheo de la multitud que había ingresado al pleno. Paralelamente la Junta Directiva también, sostuvo una reunión mientras, los legisladores del FMLN inundaron con afiches de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Se dijo que el Partido ARENA intentaba una maniobra, es decir, retirar el dictamen, en horas de la mañana, para que los protestantes se retiraran e introducirlo nuevamente en horas de la tarde o noche.

Repudio Popular frente al Palo de Hule

“Con gran indignación y con el irrespeto a la memoria de las miles de víctimas de los escuadrones de la muerte y el magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, vemos como los partidos ARENA, PCN y PDC, pretenden dar tributo a la memoria del asesino Roberto D´Aubuisson. Es burlarse de la ley de la república”, argumentó María Julia Hernández, desde la Tribuna Abierta instalada frente al recinto de la Asamblea Legislativa.

El dictamen que designa como hijo meritísimo al ex presidente Napoleón Duarte y al fundador del partido ARENA, Roberto D´Aubuisson, ha generado una serie de reacciones en contra de la designación del último. En una tribuna pública ante el palacio legislativo, las organizaciones : CODEFAM, COMAFAC, COMADRES, FESPAD, CDHES, LAS DIGNAS, CEBES-CEIPES, DDH- Sínodo Luterano, Asociación PRO BÚSQUEDA, IDHUCA, Centro de Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” y Tutela Legal del Arzobispado, expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa legislativa.

La directora de Tutela Legal agregó que ya diversas instancias de reconocida credibilidad internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y el tribunal federal de Fresno, California, han encontrado suficiente evidencia, para señalar como autor intelectual del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, así como el fundador de los escuadrones de la muerte, al ex militar Roberto D´Aubuisson Arrieta y su grupo de seguridad allegado, entre ellos Álvaro Saravia, Fernando Sagrera, Eduardo Ávila y Alejandro Cáceres, entre otros.

“Han transcurrido 27 años del asesinato de Monseñor Romero y la justicia no se aplica a los responsables, es una historia contada desde los victimarios. Pedimos en nombre de las víctimas, del clamor de un pueblo expresamos nuestro rechazo a esta acción oficial, que perpetra la impunidad y el irrespeto a la vida”, señaló.

Por su parte, el FMLN reiteró en conferencia de prensa, que no darán sus votos para ninguno de los designados, y afirmó el jefe de fracción, Leonel González, que no pueden ir en contra de la ley de la república.“El artículo 131, numeral 22 de la constitución, define claramente las actuaciones por las que se puede distinguir a un salvadoreño excepcional y (Roberto) D´Aubuisson, no reúne los méritos. Anunciamos que nuestra fracción no se dejará provocar por el partido ARENA y presentará solamente los argumentos de fondo y verdad”, señaló.

El Salvador: en contra de la infamia

A continuación se presenta el texto de la pieza de correspondencia que la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia, junto con ciudadanos y ciudadanas, presentamos hoy 14 de febrero, a la Asamblea Legislativa de El Salvador, en rechazo la iniciativa de distinguir como Hijo meritísimo de El Salvador, al fallecido mayor Roberto D'aubuisson, fundador del partido en el gobierno Alianza Repúblicana Nacionalista, ARENA y uno de los personajes del pasado reciente de El Salvador más señalado por su participación en graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el contexto previo y durante el conflicto bélico. Los vínculos de referrencia (links) han sido agregados por el administrador de este blog.

San Salvador, febrero 14, 2007

Señores Secretarios
Asamblea Legislativa

Nosotros, miembros de la concertación por la paz, la dignidad y la justicia social, expresamos:

Hace casi un mes, los salvadoreños y salvadoreñas conmemoramos el XV aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992. Dicho acontecimiento propició un espacio de reflexión en la sociedad sobre los avances del país y los desafíos que se plantean para el futuro en la construcción de una verdadera paz.

Sin duda, algunos objetivos de los acuerdos de paz se han cumplido como el cese del enfrentamiento armado, la creación de una nueva institucionalidad y una mejora substancial del respeto de los derechos civiles y políticos respecto del período bélico, lo cual ha favorecido el que podamos dar inicio a la construcción, todavía muy incipiente, de un proceso de democratización en nuestro país.

No obstante lo anterior, algunos aspectos relevantes de dichos acuerdos -y básicos para el logro de una verdadera convivencia democrática y pacífica-, son aún deudas pendientes por saldar, tales como la reconciliación de la sociedad salvadoreña, la cual, aún a 15 años de finalizado el conflicto sigue siendo un acuerdo incumplido de manera deliberada y en el que muchas personas y familias que sufrieron graves hechos de violencia sobre sus seres queridos, por parte de los contendientes en el marco de la guerra, aún no ven justicia por estos hechos, ni un proceso legal que les de la verdad que buscan conocer, ni una reparación por los daños sufridos.

En este contexto de ausencia de justicia y de verdad sobre los hechos del pasado para miles de salvadoreños y salvadoreñas víctimas directas de la violencia del período bélico, recibimos la noticia de la intención de diputados de esta Asamblea de nombrar como Hijo Meritísimo de El Salvador al fallecido mayor Roberto D’aubuisson Arrieta.

Esta iniciativa nos causa profunda consternación y especial indignación, dados los graves señalamientos realizados en contra del mayor D’aubuisson sobre su participación o autoría intelectual en crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y otros hechos de violencia -entre ellos, el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero- y su participación en la organización y accionar de los escuadrones del la muerte; hechos consignados por el Informe de la Comisión de la Verdad, cuyos resultados y recomendaciones fueron truncadas por una ley de amnistía general que favoreció la impunidad de los hechos del pasado bélico, misma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas instancias de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas así como diversas organizaciones y ciudadanos salvadoreños ha pedido reiteradamente su derogación.

Los señalamientos en contra del mayor D’aubuisson incluyen, además, una supuesta conspiración golpista a inicios de los 80, misma que fue investigada por instituciones oficiales en ese entonces.

Es previsible que los auspiciadores de esta iniciativa y sus seguidores rechacen estos señalamientos. No obstante su reacción, deben comprender y asumir que mientras no exista una investigación real y revelación de la verdad sobre los hechos del pasado, los señalamientos seguirán pesando sobre su memoria.

Creemos que el perfil que debería cumplir cualquier nominado como Hijo meritísimo de El Salvador, además de una trayectoria intachable y sin señalamientos, debería tener como premisa que dicha mención sea del consenso de la sociedad, representada en su pluralidad por la Asamblea Legislativa, dado que la patria nos pertenece a todos y todas. Cualquier imposición mecánica por vía de la mayoría de esta nominación carecería de legitimidad al no representar las opiniones de toda la sociedad.

Resulta tristemente paradójico el hecho que esta iniciativa surja una semana después de que Naciones Unidas solicitara nuevamente la derogación de la Ley de Amnistía para dar paso a las investigaciones sobre las desapariciones forzadas realizadas en el pasado por cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte; y que altos funcionarios de Gobierno han expresado que no cumplirán con tal recomendación.

La polémica impulsada por esta iniciativa, es un claro acto de provocación y demostración de poder de sus promotores, lo cual trasciende el ámbito de la discusión legislativa y tiene consecuencias sociales y políticas que afectan a terceras personas.

La figura del mayor Roberto D’aubuisson, lejos de ser una figura que convoque al consenso, es un factor de confrontación y polarización y la sola iniciativa de hacerle merecedor de semejante distinción constituye una apología a la impunidad y al cierre de caminos para la búsqueda de la verdad y la justicia, así como una ofensa hacia aquellos que aun sufren las secuelas de las injusticias del pasado y que buscan reparación y justicia.

En consideración de lo anterior, las personas e instituciones suscritas manifestamos:

1. Rechazamos la iniciativa de nombrar como Hijo Meritísimo de El Salvador al mayor Roberto D’aubuisson por los graves señalamientos de crímenes y violaciones a derechos humanos en los que habría participado y que no han sido objeto de investigación judicial objetiva, imparcial e independiente para el descubrimiento de la verdad.

2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a retomar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y entidades locales para que se derogue la Ley de Amnistía de 1993. Así como las recomendaciones a adoptar estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos como la recientemente aprobada Convención contra la desaparición forzada de personas.

3. Solicitamos respeto y consideración a las víctimas del conflicto y a sus familiares y dolientes que aún claman por justicia en sus respectivos casos.

(Firmas y sellos)

La implementación de la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja: mitos y verdades (II)

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

A pocos días de entrada en vigencia la Corte Suprema de Justicia no ha logrado definir si creará nuevos tribunales o convertirá a algunos de los ya existentes en tribunales especiales. Ambas opciones son víctimas de la improvisación: si se crean nuevos tribunales, implica crear nuevas plazas y mayores costos; si se convierten los ya existentes, se reducen costos, pero la carga de trabajo que dejarían de percibir se distribuiría en los otros juzgados, ya saturados.

Por otro lado, no se han previsto otros aspectos como los impactos que podría tener el funcionamiento de estos tribunales –con una visión claramente punitiva– en el conjunto del sistema penal, principalmente en el ámbito penitenciario, que enfrenta niveles de hacinamiento históricos y elevados niveles de conflictividad interna.

Hay que tener a la vista, además, las repercusiones política que este proceso tiene en el ámbito de la judicatura y del gobierno del Órgano Judicial. La creación de nuevas plazas judiciales ha generado una feroz competencia por ellas, tanto en el nivel interno de la judicatura, particularmente por agrupaciones gremialistas judiciales tradicionales, como en el exterior por parte de abogados. Esto, aunado a la propuesta del magistrado presidente de la Sala de lo Penal de establecer un examen “ideológico” a los aspirantes, con el fin de excluir a los jueces “garantistas”.

El Consejo Nacional del Judicatura ha convocado a un proceso de selección el cual se encuentra abierto tanto para juzgadores como para profesionales del derecho. Esto contradice la tónica de conformación de las propuestas del CNJ, las cuales deberían –tal como se ha venido haciendo– priorizar tanto a los miembros de la carrera judicial a partir de sus méritos, como a los graduados del Programa de Formación Inicial (PFI) de jueces que impulsa el mismo Consejo.

La apertura de esta supuesta selección supone una involución en los procesos existentes implementados y genera sospechas sobre posibles intereses de promocionar a participantes específicos de acuerdo a exigencias ajenas a la función judicial.

En conclusión, hemos sostenido que la aprobación e implementación de la ley que comentamos no responden de manera coherente y eficaz a la problemática real de la criminalidad organizada en El Salvador. Es una legislación técnicamente deficiente y su proceso de implementación es improvisado. El exceso de expectativas generadas casual o intencionalmente sobre ésta, así como las transformaciones en el proceso de selección de las judicaturas previstas por la ley, dejan entrever las motivaciones políticas de su impulso e implementación.

Lo más grave de este contexto es la cada vez mayor y evidente manipulación del Ejecutivo hacia el Órgano Judicial, no contento con la independencia judicial que se hizo patente en el freno a la legislación antimaras por parte de los jueces, ahora se receta jueces según sus necesidades, sin ningún tipo de pronunciamiento o debate por parte del Órgano Judicial, que ha procedido obedientemente a la implementación de una ley, creada por el gobierno, no por éste Órgano, que afecta de manera sensible su estructura y presupuesto, lo que pone claramente en duda su independencia.