[El Salvador] Militarización de la Seguridad Pública o de “policías y ladrones” a “soldados y ladrones”

La idea de incorporar de manera más activa al ejército en tareas de seguridad pública se mantiene en agenda salvadoreña con mucha fuerza. Tanto interés ha generado la iniciativa que recientemente se llevó a cabo un taller sobre el tema dirigido por el Centro de Asuntos Hemisféricos de la Defensa Nacional con sede en los Estados Unidos.

Las declaraciones del ministro de la Defensa Nacional mencionan una eventual ampliación de las facultades coercitivas a los militares en el marco de su actividad de apoyo a la seguridad pública. Incluso, llega a ofrecer metas de reducción de delitos de un 10% en seis meses.

Sobre la base de un contexto marcado por la emergencia, se invisibilizan otros aspectos de gran trascendencia como la vigencia de los mecanismos constitucionales para el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad interna, y en general, la necesidad de fortalecer el rendimiento institucional antes que promover su desnaturalización. El Dr. Antonio Martínez Uribe plantea estas cuestiones substanciales en una reciente columna (aunque no comparto su tajante afirmación de que el control civil de la seguridad ha fracasado en todas partes)

Las discusiones centrales en este tema tienen que ver con la decisión política de confiar o no el control de la seguridad a autoridades civiles como lo manda la Constitución, o si, paradójicamente, un gobierno del que forma parte la exguerrilla dará continuidad a la inercia histórica autoritaria y cederá a las presiones geopolíticas para devolverle un rol protagónico a las Fuerzas Armadas.

Se ha dado por sentado y con mucha facilidad que la situación ha rebasado los medios ordinarios, sin embargo, no parece que éstos se hayan agotado aún, falta tomar medidas de mayor operatividad policial como la implementación del régimen de disponibilidad (y no el acuartelamiento como lo sugiere el PCN) Tampoco ninguna autoridad responsable en la materia ha oficializado dicho supuesto como para fomentar el tema en agenda, por lo que su promoción en agenda responde a intereses sectoriales o particulares de los que siempre rechazaron el modelo policial surgido de los Acuerdos de Paz.

Adicionalmente, la sugerencia de dotar de facultades coercitivas a los militares ignora la existencia de condicionamientos constitucionales: La FGR y la PNC son las entidades encargadas de la aplicación de la ley según la Constitución, agregar a otro actor en la materia no sería coherente con el mandato constitucional.

En segundo lugar, como se ha señalado por diferentes actores: los militares son formados para actuar en un contexto blanco y negro (amigo-enemigo) y no en uno gris, como el que cotidianamente enfrentan las fuerzas policiales. Además: ¿quién dice que el control militar de la seguridad pública ha sido efectivo en El Salvador? Este país ya era reconocido como uno de los más violentos del continente desde finales de la década de los sesenta según OPS y lo que vino después fue peor.

La discusión generada por esta agenda de militarización, lejos de elevar la calidad de los argumentos y análisis desde una óptica de políticas públicas de seguridad, las devalúa y minusvalora. En ningún momento se ven planteamientos técnicamente fundamentados sobre las necesidades operativas de la PNC, por el contrario, los datos existentes no dicen que esta fuerza policial es, según un reciente estudio de USAID sobre la policía salvadoreña: la de mayor cobertura poblacional de Centroamérica en razón del número de policías respecto de la población, la Policía con el presupuesto más alto de la región, la policía con la mejor tecnología de la región y la Policía con los niveles educativos más altos de su personal.

Con estos elementos, una propuesta incrementalista como la de meter al ejército es de un simplismo muy pedestre y termina obviando y apartando de la discusión las razones y mecanismos por los que la operatividad policial puede ser mejorada en su rendimiento. No poner esto en discusión es dejar el problema instalado y crear uno nuevo con el manejo de los militares en la seguridad.

Histeria colectiva y democracia

(publicada en Contrapunto el día 20 de octubre de 2009)

Edgardo A. Amaya Cóbar*

San Salvador, 19 de octubre. Durante días previos se venía acumulando tensión sobre una supuesta amenaza de grupos pandilleriles que habrían establecido un “toque de queda” en diferentes puntos del país. La amenaza había circulado por correos electrónicos en términos poco claros y algunos medios le dieron difusión, al tiempo que eran desmentidas por autoridades policiales y se señalaba que era una campaña de miedo con segundas o terceras intenciones.

Es necesario comprender de que vivimos en el país del “dicen que…” (entropía comunicativa por excelencia) para adivinar las dimensiones del impacto que dicho rumor tuvo. Muchas escuelas, oficinas y negocios cerraron anticipadamente, empresarios del transporte también finalizaron jornada con muchas horas de anticipación. Es difícil saber la magnitud total que tuvo la supuesta amenaza, lo cierto es que logró en buena medida su objetivo: intimidar y lograr fortalecer el peso simbólico de la inseguridad, llevándola a niveles cuasi apocalípticos y en estas condiciones, se da una suerte de fenómeno contradictorio por el cual, los efectos ocasionados por el rumor se convierten para algunos en la prueba de su veracidad:”era cierto porque la gente obedeció”.

El rumor cayó en el suelo fértil de la inseguridad colectiva. Más que una amenaza real y creíble, lo que fue efectivo en este caso es la carga simbólica que han alcanzado las pandillas en el imaginario social. Para remacharlo, cualquier hecho de violencia que se suscitara, sería automáticamente relacionado al supuesto “toque de queda” y con ello solo se fortalecería el peso simbólico de las pandillas y se incrementaría la inseguridad subjetiva de la colectividad.

Además de los costos económicos y humanos de la situación generada por este rumor, existen claros costos políticos: se favorece el proceso de deterioro de la imagen al que han sido sometidas las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, la cuestión no se reduce a ese debilitamiento de imagen de x o y funcionario: se refiere a la vigencia de la institucionalidad y el apoyo al sistema.

Desde hace años, los estudios de cultura política en la región como Latinobarómetro o el Barómetro de las Américas vienen señalando el grave riesgo de que el miedo a la inseguridad termine socavando la vigencia del régimen democrático y sus instituciones y promueve la aparición de caudillos autoritarios o de prácticas claramente contrarias al estado de derecho como respuestas desesperadas contra la inseguridad, las que irían desde la reducción de derechos y libertades, militarización de la seguridad, hasta ejecuciones, linchamientos y otro tipo de comportamientos extralegales. Como bien lo ha dicho Eduardo Galeano: “Los asustados pueden ser más peligrosos que el miedo que los asusta”.

Por lo anterior, me parece que la circulación del rumor que generó este estado de paranoia e histeria colectiva es sospechosa, no solo por sus intenciones inmediatas: generar miedo y acelerar la desesperación de la gente, sino por las de largo plazo: como el favorecimiento de intereses económicos de determinadas mafias que quieren controlar territorios o sectores, o estimular la creación de un terreno fértil para la inestabilidad política o una ruptura del Estado de Derecho, en el más grave de los casos.

Otra sospecha es relativa a la autoría de la amenaza, si esta verdaderamente se originó desde alguna pandilla, un bromista o si es una maniobra pensada desde el escritorio de algún actor político. Talvez suene a conspiracy theory, pero no parece casual que esto suceda justo en el momento en que se discuten trascendentales decisiones gubernamentales en materia de seguridad y en el que el principal partido de derecha sufre una fuerte división interna que lo debilita y cuyos alcances han salpicado al partido en el gobierno. Si bien, no se deben cerrar las posibilidades, también se debe ser suspicaz sobre las mismas.

*Abogado y colaborador de Contrapunto
Blog: http://seguridadyjusticia.blogspot.com

Informe: Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) presentó este día su informe Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador 2009. El cual contiene valiosa información para complementar el análisis sobre la realidad delincuencial en el país.

Pueden ver el boletín de prensa que resume el informe aquí y el informe completo aquí.

Informe Regional de Desarrollo Humano 2009-2010 PNUD

El día 20 de octubre, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en El Salvador su Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica 2009-2010: "Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano". El texto de dicho informe se puede descargar desde aquí.

Cumplimos cuatro años!!!

Muchas gracias por sus visitas y comentarios en este tiempo.

Homicidios y gestión de la seguridad: alternativas

Hasta aquí las hipótesis sobre la crisis actual de homicidios. No son todas, pero la pregunta que sigue es: ¿Es posible salir de este contexto tan crítico?
Sí, lo es y existen evidencias de que es posible reducir el impacto de la violencia en la sociedad partiendo de las condiciones existentes en ciudades latinoamericanas. Casos como los de Bogotá, Medellí y Calí en Colombia, Sao Paulo e incluso, -a pesar de las noticias recientes- Rio de Janeiro, en Brasil, han logrado una reducción significativa del impacto de la violencia letal en años recientes.
En el caso colombiano, la participación activa de los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobiernos y una estrategia de seguridad de “entrar-controlar-quedarse” logró reducir significativamente el impacto que la violencia tenía en ciudades otrora consideradas insalvables de las manos del narco como Calí y Medellín.

En Brasil, un aporte importante en la reducción de la violencia armada lo dio la aprobación del denominado “Estatuto del Desarme” por el cual se prohibió, bajo la amenaza de graves sanciones, la portación de armas en espacios públicos, así como medidas tributarias de control del comercio de armas y procesos de sensibilización y desarme de población. En Rio, desde la implementación del estatuto, se habría reducido en un 18% las muertes por armas de fuego, lo que se traduce en 6 mil vidas.

Es posible salir del estado actual, pero ello requiere no solo voluntad política sino también, creatividad, propuestas y compromiso de toda la sociedad para poder echar a andar iniciativas orientadas a pacificar la sociedad salvadoreña.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 4

Hipótesis 4: Otra de las cuestiones relacionadas con el cambio de las reglas de la violencia son las consecuencias de las políticas de manodurismo y énfasis en las maras o pandillas.

Las pandillas no solo se volvieron más sofisticadas para evadir el control policial, sino que también, la concentración en la cárcel de sus líderes terminó fortaleciendo su capacidad de acción coordinada y de intercambio de información y experiencias. Si antes se consideraban como “outsourcing” del crimen organizado, una vez fortalecidos estuvieron en la capacidad de hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué hacer el trabajo sucio si podemos tener el negocio? Y con ella, la incursión a nuevas actividades delictivas por parte de algunos de sus miembros, el caso más notorio es el de la extorsión.

Pero la concentración de cabecillas en centros penitenciarios generó un efecto no deseado en las propias pandillas: el divisionismo y la eventual pérdida de control del liderazgo tradicional frente a uno más joven que surge en el exterior de los muros penitenciarios, más violento y desafiante, incluso, frente a los más antiguos, lo que ha generado un proceso de pugnas y purgas internas que añaden cifras al conteo mensual de homicidios.

Las extorsiones también se han convertido en foco de conflictividad: como en toda organización, el reparto o disposición de los recursos es una de las principales y más frecuentes causas de conflicto y los “ajusticiamientos” que se dan en el marco de pugnas por el control de los recursos son un aspecto particular de esta dinámica.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 3

Hipótesis 3: Otra variable en el cambio de las reglas de la violencia viene dado por el contexto económico actual: según cifras oficiales, se han perdido más de 30 mil empleos y para el fin de 2009 la cifra podría ser de 50 mil. La literatura criminológica ha señalado la influencia de este fenómeno social y su relación con el comportamiento criminal en una sociedad, Rusche y Kirchheimer descubrieron una tendencia según la cual, en épocas de crisis se aplicaba más encarcelamiento como control de la mano de obra excedente, la tendencia se invertía en tiempos de bonanza económica. No podemos obviar el fuerte peso que el agravamiento de las condiciones de supervivencia tiene en el contexto, fenómeno que no puede ser intervenido exclusivamente desde estrategias de control.

Como una derivación de lo anterior, la crisis podría estar estimulando formas delincuencias de tipo patrimonial como las ampliamente difundidas extorsiones. Ellas también aportan una cifra no menor a la letalidad de la violencia, puesto que las mejores amenazas son aquellas que se está dispuesto a cumplir, de esta forma, el homicidio es el principal mensaje para asegurar el éxito de la industria extorsiva (el que no cumple, muere), teniendo en cuenta que probablemente dichas acciones quedaran impunes. No es que todos los extorsionistas maten o tengan la voluntad o posibilidad de hacerlo, pero se ven beneficiados por esos mensajes que otros sí realizan, con lo cual se fortalecen. Sin embargo, en el peor de los casos, también las limitaciones económicas actuales impiden que las víctimas cumplan con las condiciones impuestas por los delincuentes, aumentando el riesgo de convertirse en un mensaje aleccionador de los extorsionistas.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 2

Hipótesis 2: Como consecuencia de lo anterior, resulta significativo que por primera vez en el discurso de las autoridades de seguridad pública el narcotráfico y el crimen organizado sean identificados como actores significativos de la violencia, los cuales habían sido invisibilizados gracias al énfasis puesto en las maras o pandillas por el discurso de las administraciones anteriores. A lo anterior debemos agregar como antecedentes las investigaciones en curso contra importantes jefes policiales por su relación con el narcotráfico y los frecuentes e importantes decomisos de droga de los últimos meses.

Tal como lo propuso el estudio sobre crimen y violencia en Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) la subregión centroamericana sufre las consecuencias de la presión de la lucha contra el narcotráfico en sus dos extremos: México y Colombia. Lo anterior vuelve a Centroamérica en una región en disputa de las rutas de transporte de droga por los carteles de esos países en relación con los locales, dichas disputas no se resuelven pacíficamente sino por la fuerza.

La violencia del narcotráfico no solo se deriva de la pelea por rutas, sino también por la disputa del mercado local de distribución y comercialización: nuestros países son también países consumidores y no meras plataformas para el tráfico. El Salvador, para el caso, ha sido considerado como uno de los mayores consumidores per capita de cocaína, lo cual da una muestra de la importancia que para el narcotráfico tiene un mercado como éste.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 1

Hipótesis 1: Es necesario tener en cuenta es el impacto que genera un cambio de lo que Eric Hobsbawn denomina “las reglas de la violencia”, es decir, a ciertas pautas institucionalizadas del comportamiento violento en una sociedad, que generan una cierta “predictibilidad” de la violencia. Mi hipótesis al respecto es que con el cambio del gobierno también ha habido un cambio de dichas reglas y que el proceso se encuentra en un trance anómico. Sobre este punto hay varias cuestiones que analizar.

Hay un cambio substancial en las jefaturas del sector seguridad pública y en general, de la visión sobre la gestión de la seguridad. Si bien, queda claro que las nuevas autoridades marcan distancia respecto de las modalidades de manodurismo y presión policial como estrategia de control, aún no han logrado explicitar de manera clara ante el público la visión a implementar en los próximos años, aunque ello no se deba, necesariamente, a la falta de planes o lineamientos estratégicos. Sin embargo, por la presión de los acontecimientos, la decisión política se está acercando a retomar algunas de dichas medidas de control, aunque con algunos matices.

Pero lo que aquí interesa destacar es que el cambio de titulares y jefaturas y los reacomodos que éstas han dispuesto han generado reacciones. Las investigaciones realizadas al interior de la PNC por las nuevas autoridades han detectado pistas que podrían revelar turbias relaciones entre algunos miembros del personal policial y el crimen organizado, no solo en los niveles básicos, sino también en altos oficiales. Si las investigaciones continúan y confirman las sospechas, posiblemente las ramificaciones de dicho fenómeno salpiquen a otros actores políticos.

Tal como se ha determinado en otros contextos como Argentina: la corrupción policial y sus relaciones con sectores políticos y criminales, se transforma en una llave reguladora de la violencia social y la delincuencia. Esta permite negociar con otros actores algunos niveles de estabilidad.

Al ordenar la casa, aparecen las cucarachas. Probablemente hace mucho rato que estuvieron ahí, pero no te das cuenta sino hasta que se da la necesidad y la decisión de ordenar y limpiar. Al verse descubiertas, las cucarachas se alborotan y esto incrementa la sensación de insalubridad ya existente.

Lo mismo sucedería al romper redes de corrupción y sus ramificaciones criminales: al verse amenazadas o descubiertas, podrían generar reacciones de resistencia al cambio, sobretodo, si tomamos en cuenta las palabras del Presidente Funes en su discurso de toma de posesión donde ofreció un combate frontal al narcotráfico y crimen organizado. Vale recordar que el Presidente Colom de Guatemala vivió también una fuerte oleada de violencia que se interpretó como un desafío de parte del crimen organizado a su gobierno. Sería absurdo concluir que para evitarnos el alboroto, se dejasen las cosas como están.

Homicidios y gestión de la seguridad. Algunas hipótesis (intro)

No hace falta esperar el fin de año para saber que El Salvador terminará con una tasa escalofriante de homicidios (probablemente arriba de 75 por cada 100 mil habitantes) La pregunta que a todos nos intriga es ¿por qué vivimos este fenómeno? ¿Por qué una tendencia hacia la estabilización recupera súbitamente un impulso ascendente? Y más personalmente ¿por qué ahora?

Creo que es un error caer en el juego de regatear muertos. Es sádico-masoquista la fijación en los números como marcador de un partido, incluso un matutino sensacionalista lleva su cuenta particular en una sección denominada el “muertometro”, quitando espacio y dedicación a una discusión seria y con los pies en la tierra sobre el fenómeno, en la que las cifras sean un elemento de discusión, entre otros igualmente importantes.

Un primer aspecto a considerar es que para discutir a fondo sobre un fenómeno, es necesario conocerlo. Tenemos datos de homicidios en circulación y en abundancia, pero no revelan las características de la fenomenología, por ejemplo, cuantos son ocasionados como consecuencia de otros delitos (robos violentos, violaciones, violencia intrafamiliar) o como acciones directas (ajustes de cuentas, venganzas, riñas), así como una clasificación de los actores violentos (cónyuges, delincuentes comunes, pandillas, crimen organizado) y de los factores de riesgo asociados (drogas, alcohol, armas)

Adicionalmente a esta clasificación de los homicidios, es necesario su mapeo para determinar zonas de mayor incidencia. Es sabido en el marco de estudios criminológicos que una alta concentración de homicidios en un territorio específico tendría que ver con patrones establecidos de violencia en los que usualmente, un pequeño número de actores violentos ocasionan un elevado número de muertes.

También la literatura especializada establece patrones cíclicos de comportamiento en el caso de homicidios, particularmente en días de la semana, del mes, épocas del año como los períodos vacacionales, e inclusive, en períodos más amplios, lo cual es importante tener en cuenta a la hora del análisis y de las intervenciones.

Con una clasificación adecuada, se implementan acciones coherentes. Algunos homicidios podrían ser evitados a partir de una mayor disuasión, como en el caso de los que se podrían derivar de la delincuencia común, pero no otros en los que existe una planificación previa y una decisión para su ejecución como en el caso de los ajustes de cuentas de delincuentes organizados y la respuesta tenga que ser la desarticulación de dichas estructuras a partir de ejercicios de inteligencia e investigación. Los crímenes más impredecibles son los ocasionados en presencia de factores de riesgo como consumo de drogas, alcohol y uso armas, pues surgen de conflictos espontáneos con desenlaces fatales, en este caso, las medidas de prevención deben pasar por la regulación de esos vectores.

Homicidios y gestión de la seguridad: propuestas y verdades incomodas

Recientemente la propuesta de incorporar personal del ejército como personal operativo en funciones policiales ha tomado mucha relevancia. Dicha propuesta fue planteada por el padre José María Tojeira, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual ha encontrado eco en el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, quien ha calificado la propuesta como “audaz”.

Tojeira propone esta medida en el marco de las alarmantes cifras de delitos como los homicidios y las extorsiones. Dicha propuesta buscaría aumentar la capacidad operativa en tareas de cobertura territorial, prevención y disuasión delictiva.

Antes de sentar posición sobre esta propuesta es necesario establecer algunos presupuestos: 1. Es cierto, los niveles de homicidios son inusuales y alarmantes y cuestionan la capacidad de control del sector seguridad y justicia penal sobre este fenómeno. 2. También es cierto que una mayor cobertura territorial y funcionamiento operativo contribuiría a mejorar algunas condiciones de seguridad, sobre todo, de tipo subjetivo (sensación de seguridad)

Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que me preocupan sobre esta medida. Sin un orden de importancia, podría mencionar una inquietud de tipo constitucional: si la justificación para el uso del ejército es una situación de emergencia, deben seguirse los pasos correspondientes para implementar la iniciativa. De lo contrario, vendría realizándose de la cuestionable manera como se ha hecho hasta ahora.

Una segunda preocupación es política y tiene que ver con la tentación de hacer más de lo mismo. Una de las críticas más tristes que se puede hacer a una izquierda es que retome el continuismo de los métodos de la derecha en materia de seguridad. Esto no es solamente una cuestión ideológica, sino práctica: esos métodos fracasaron o, en el mejor de los casos, no lograron afectar substancialmente el fenómeno de la violencia y la inseguridad.

Lo anterior nos lleva a la tercera cuestión que tiene que ver con los efectos prácticos: tal como se dijo, este tipo de medidas han demostrado no tener un impacto significativo en la seguridad objetiva, sino más bien en la subjetiva. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz y las variables de reducción o aumento de la delincuencia no parecen estar relacionadas con dicha participación.

Se deben agregar las necesarias gestiones de cambio de las formas intervención militar por las policiales y la dualidad que esto puede genera en la institución policial. Además de los diferentes códigos de obediencia que rigen en las diferentes culturas organizacionales y la existencia de salarios diferenciados por funciones similares, pues la propuesta del padre Tojeira apunta a mantener el bajo salario militar del personal a incorporarse a tareas policiales.

Si partimos del dato que los homicidios y las extorsiones han aumentado, entonces, la respuesta debería ser adecuada a dichas circunstancias. Para el caso, un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio, no tendría efecto sobre la extorsión por la forma en que esta se realiza, tomando en cuenta que, según datos de la PNC, la mayoría de estas provendrías de las cárceles.

Posiblemente una mayor presencia, pueda restringir la operatoria de algunos homicidios, pero es poco probable que detengan aquellos derivados de acciones planificadas y dirigidas, tal como muchos de los homicidios que diariamente son reportados por los medios, en los que precede la desaparición o privación de libertad de la víctima, ocultamiento de los cadáveres y otras prácticas que indican la existencia de planificación y premeditación.

Solamente un conocimiento claro y profundo de las tipologías, metodologías y actores relacionados con los homicidios en los territorios podría arrojar medidas más concretas y adecuadas a este flagelo, dicho conocimiento se construye a partir de análisis de información e inteligencia criminal. Sin este presupuesto, cualquier estrategia de tratamiento sería palos de ciego.

Fuera de la efectividad de la medida en la reducción del delito, preocupan otras cosas adicionales: la desnaturalización de la PNC y del Ejército y la institucionalización de los “parches” como salida a los problemas. Guatemala y México no son buenos ejemplos de lo que sucede cuando se involucra al ejército en tareas de seguridad interna.

Si bien es cierto, el gobierno debería tener gestos concretos en materia de seguridad, orientados hacia los principales fenómenos de violencia y delincuencia, ello no debería partir de enfoques simplistas o reciclados.

Lamentablemente, la honestidad no es algo que se considere popular. Por el contrario, parece que la exigencia de algunos medios sobre esta materia es, como la frase acuñada durante la crisis de inicios de la década en Argentina: “Basta de realidades, queremos promesas”

Publicaciones recientes

Algunos materiales de reciente publicación y de interés para los involucrados en el estudio de la seguridad:

Savenije, Wim (2009) Maras y Barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica. San Salvador: FLACSO. Ver Reseña.


Arias, Patricia (2009) Seguridad Privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria. Santiago: FLACSO. Descargar

Documento: Los principales desafíos para la Seguridad Pública en El Salvador 2009

Recientemente recibí, gracias a Wim Savenije, investigador sobre violencia juvenil y pandillas, el informe 'Los principales desafíos para la seguridad pública en El Salvador 2009', como ayuda memoria del almuerzo de trabajo que organizó FLACSO El Salvador el 2 de julio como parte del foro "15 AÑOS DE PANDILLAS EN CENTROAMÉRICA: BALANCE Y PERSPECTIVAS".

El documento resume la visión de diversos actores involucrados en el análisis y gestión de la cuestión de la seguridad, el cual puede servir de plataforma de discusión sobre las principales acciones a emprender en materias de políticas públicas de seguridad.

Queda para su conocimiento y difusión.