Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 3

Hipótesis 3: Otra variable en el cambio de las reglas de la violencia viene dado por el contexto económico actual: según cifras oficiales, se han perdido más de 30 mil empleos y para el fin de 2009 la cifra podría ser de 50 mil. La literatura criminológica ha señalado la influencia de este fenómeno social y su relación con el comportamiento criminal en una sociedad, Rusche y Kirchheimer descubrieron una tendencia según la cual, en épocas de crisis se aplicaba más encarcelamiento como control de la mano de obra excedente, la tendencia se invertía en tiempos de bonanza económica. No podemos obviar el fuerte peso que el agravamiento de las condiciones de supervivencia tiene en el contexto, fenómeno que no puede ser intervenido exclusivamente desde estrategias de control.

Como una derivación de lo anterior, la crisis podría estar estimulando formas delincuencias de tipo patrimonial como las ampliamente difundidas extorsiones. Ellas también aportan una cifra no menor a la letalidad de la violencia, puesto que las mejores amenazas son aquellas que se está dispuesto a cumplir, de esta forma, el homicidio es el principal mensaje para asegurar el éxito de la industria extorsiva (el que no cumple, muere), teniendo en cuenta que probablemente dichas acciones quedaran impunes. No es que todos los extorsionistas maten o tengan la voluntad o posibilidad de hacerlo, pero se ven beneficiados por esos mensajes que otros sí realizan, con lo cual se fortalecen. Sin embargo, en el peor de los casos, también las limitaciones económicas actuales impiden que las víctimas cumplan con las condiciones impuestas por los delincuentes, aumentando el riesgo de convertirse en un mensaje aleccionador de los extorsionistas.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 2

Hipótesis 2: Como consecuencia de lo anterior, resulta significativo que por primera vez en el discurso de las autoridades de seguridad pública el narcotráfico y el crimen organizado sean identificados como actores significativos de la violencia, los cuales habían sido invisibilizados gracias al énfasis puesto en las maras o pandillas por el discurso de las administraciones anteriores. A lo anterior debemos agregar como antecedentes las investigaciones en curso contra importantes jefes policiales por su relación con el narcotráfico y los frecuentes e importantes decomisos de droga de los últimos meses.

Tal como lo propuso el estudio sobre crimen y violencia en Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) la subregión centroamericana sufre las consecuencias de la presión de la lucha contra el narcotráfico en sus dos extremos: México y Colombia. Lo anterior vuelve a Centroamérica en una región en disputa de las rutas de transporte de droga por los carteles de esos países en relación con los locales, dichas disputas no se resuelven pacíficamente sino por la fuerza.

La violencia del narcotráfico no solo se deriva de la pelea por rutas, sino también por la disputa del mercado local de distribución y comercialización: nuestros países son también países consumidores y no meras plataformas para el tráfico. El Salvador, para el caso, ha sido considerado como uno de los mayores consumidores per capita de cocaína, lo cual da una muestra de la importancia que para el narcotráfico tiene un mercado como éste.

Homicidios y gestión de la seguridad: hipótesis 1

Hipótesis 1: Es necesario tener en cuenta es el impacto que genera un cambio de lo que Eric Hobsbawn denomina “las reglas de la violencia”, es decir, a ciertas pautas institucionalizadas del comportamiento violento en una sociedad, que generan una cierta “predictibilidad” de la violencia. Mi hipótesis al respecto es que con el cambio del gobierno también ha habido un cambio de dichas reglas y que el proceso se encuentra en un trance anómico. Sobre este punto hay varias cuestiones que analizar.

Hay un cambio substancial en las jefaturas del sector seguridad pública y en general, de la visión sobre la gestión de la seguridad. Si bien, queda claro que las nuevas autoridades marcan distancia respecto de las modalidades de manodurismo y presión policial como estrategia de control, aún no han logrado explicitar de manera clara ante el público la visión a implementar en los próximos años, aunque ello no se deba, necesariamente, a la falta de planes o lineamientos estratégicos. Sin embargo, por la presión de los acontecimientos, la decisión política se está acercando a retomar algunas de dichas medidas de control, aunque con algunos matices.

Pero lo que aquí interesa destacar es que el cambio de titulares y jefaturas y los reacomodos que éstas han dispuesto han generado reacciones. Las investigaciones realizadas al interior de la PNC por las nuevas autoridades han detectado pistas que podrían revelar turbias relaciones entre algunos miembros del personal policial y el crimen organizado, no solo en los niveles básicos, sino también en altos oficiales. Si las investigaciones continúan y confirman las sospechas, posiblemente las ramificaciones de dicho fenómeno salpiquen a otros actores políticos.

Tal como se ha determinado en otros contextos como Argentina: la corrupción policial y sus relaciones con sectores políticos y criminales, se transforma en una llave reguladora de la violencia social y la delincuencia. Esta permite negociar con otros actores algunos niveles de estabilidad.

Al ordenar la casa, aparecen las cucarachas. Probablemente hace mucho rato que estuvieron ahí, pero no te das cuenta sino hasta que se da la necesidad y la decisión de ordenar y limpiar. Al verse descubiertas, las cucarachas se alborotan y esto incrementa la sensación de insalubridad ya existente.

Lo mismo sucedería al romper redes de corrupción y sus ramificaciones criminales: al verse amenazadas o descubiertas, podrían generar reacciones de resistencia al cambio, sobretodo, si tomamos en cuenta las palabras del Presidente Funes en su discurso de toma de posesión donde ofreció un combate frontal al narcotráfico y crimen organizado. Vale recordar que el Presidente Colom de Guatemala vivió también una fuerte oleada de violencia que se interpretó como un desafío de parte del crimen organizado a su gobierno. Sería absurdo concluir que para evitarnos el alboroto, se dejasen las cosas como están.

Homicidios y gestión de la seguridad. Algunas hipótesis (intro)

No hace falta esperar el fin de año para saber que El Salvador terminará con una tasa escalofriante de homicidios (probablemente arriba de 75 por cada 100 mil habitantes) La pregunta que a todos nos intriga es ¿por qué vivimos este fenómeno? ¿Por qué una tendencia hacia la estabilización recupera súbitamente un impulso ascendente? Y más personalmente ¿por qué ahora?

Creo que es un error caer en el juego de regatear muertos. Es sádico-masoquista la fijación en los números como marcador de un partido, incluso un matutino sensacionalista lleva su cuenta particular en una sección denominada el “muertometro”, quitando espacio y dedicación a una discusión seria y con los pies en la tierra sobre el fenómeno, en la que las cifras sean un elemento de discusión, entre otros igualmente importantes.

Un primer aspecto a considerar es que para discutir a fondo sobre un fenómeno, es necesario conocerlo. Tenemos datos de homicidios en circulación y en abundancia, pero no revelan las características de la fenomenología, por ejemplo, cuantos son ocasionados como consecuencia de otros delitos (robos violentos, violaciones, violencia intrafamiliar) o como acciones directas (ajustes de cuentas, venganzas, riñas), así como una clasificación de los actores violentos (cónyuges, delincuentes comunes, pandillas, crimen organizado) y de los factores de riesgo asociados (drogas, alcohol, armas)

Adicionalmente a esta clasificación de los homicidios, es necesario su mapeo para determinar zonas de mayor incidencia. Es sabido en el marco de estudios criminológicos que una alta concentración de homicidios en un territorio específico tendría que ver con patrones establecidos de violencia en los que usualmente, un pequeño número de actores violentos ocasionan un elevado número de muertes.

También la literatura especializada establece patrones cíclicos de comportamiento en el caso de homicidios, particularmente en días de la semana, del mes, épocas del año como los períodos vacacionales, e inclusive, en períodos más amplios, lo cual es importante tener en cuenta a la hora del análisis y de las intervenciones.

Con una clasificación adecuada, se implementan acciones coherentes. Algunos homicidios podrían ser evitados a partir de una mayor disuasión, como en el caso de los que se podrían derivar de la delincuencia común, pero no otros en los que existe una planificación previa y una decisión para su ejecución como en el caso de los ajustes de cuentas de delincuentes organizados y la respuesta tenga que ser la desarticulación de dichas estructuras a partir de ejercicios de inteligencia e investigación. Los crímenes más impredecibles son los ocasionados en presencia de factores de riesgo como consumo de drogas, alcohol y uso armas, pues surgen de conflictos espontáneos con desenlaces fatales, en este caso, las medidas de prevención deben pasar por la regulación de esos vectores.

Homicidios y gestión de la seguridad: propuestas y verdades incomodas

Recientemente la propuesta de incorporar personal del ejército como personal operativo en funciones policiales ha tomado mucha relevancia. Dicha propuesta fue planteada por el padre José María Tojeira, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual ha encontrado eco en el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, quien ha calificado la propuesta como “audaz”.

Tojeira propone esta medida en el marco de las alarmantes cifras de delitos como los homicidios y las extorsiones. Dicha propuesta buscaría aumentar la capacidad operativa en tareas de cobertura territorial, prevención y disuasión delictiva.

Antes de sentar posición sobre esta propuesta es necesario establecer algunos presupuestos: 1. Es cierto, los niveles de homicidios son inusuales y alarmantes y cuestionan la capacidad de control del sector seguridad y justicia penal sobre este fenómeno. 2. También es cierto que una mayor cobertura territorial y funcionamiento operativo contribuiría a mejorar algunas condiciones de seguridad, sobre todo, de tipo subjetivo (sensación de seguridad)

Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que me preocupan sobre esta medida. Sin un orden de importancia, podría mencionar una inquietud de tipo constitucional: si la justificación para el uso del ejército es una situación de emergencia, deben seguirse los pasos correspondientes para implementar la iniciativa. De lo contrario, vendría realizándose de la cuestionable manera como se ha hecho hasta ahora.

Una segunda preocupación es política y tiene que ver con la tentación de hacer más de lo mismo. Una de las críticas más tristes que se puede hacer a una izquierda es que retome el continuismo de los métodos de la derecha en materia de seguridad. Esto no es solamente una cuestión ideológica, sino práctica: esos métodos fracasaron o, en el mejor de los casos, no lograron afectar substancialmente el fenómeno de la violencia y la inseguridad.

Lo anterior nos lleva a la tercera cuestión que tiene que ver con los efectos prácticos: tal como se dijo, este tipo de medidas han demostrado no tener un impacto significativo en la seguridad objetiva, sino más bien en la subjetiva. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad pública desde los Acuerdos de Paz y las variables de reducción o aumento de la delincuencia no parecen estar relacionadas con dicha participación.

Se deben agregar las necesarias gestiones de cambio de las formas intervención militar por las policiales y la dualidad que esto puede genera en la institución policial. Además de los diferentes códigos de obediencia que rigen en las diferentes culturas organizacionales y la existencia de salarios diferenciados por funciones similares, pues la propuesta del padre Tojeira apunta a mantener el bajo salario militar del personal a incorporarse a tareas policiales.

Si partimos del dato que los homicidios y las extorsiones han aumentado, entonces, la respuesta debería ser adecuada a dichas circunstancias. Para el caso, un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio, no tendría efecto sobre la extorsión por la forma en que esta se realiza, tomando en cuenta que, según datos de la PNC, la mayoría de estas provendrías de las cárceles.

Posiblemente una mayor presencia, pueda restringir la operatoria de algunos homicidios, pero es poco probable que detengan aquellos derivados de acciones planificadas y dirigidas, tal como muchos de los homicidios que diariamente son reportados por los medios, en los que precede la desaparición o privación de libertad de la víctima, ocultamiento de los cadáveres y otras prácticas que indican la existencia de planificación y premeditación.

Solamente un conocimiento claro y profundo de las tipologías, metodologías y actores relacionados con los homicidios en los territorios podría arrojar medidas más concretas y adecuadas a este flagelo, dicho conocimiento se construye a partir de análisis de información e inteligencia criminal. Sin este presupuesto, cualquier estrategia de tratamiento sería palos de ciego.

Fuera de la efectividad de la medida en la reducción del delito, preocupan otras cosas adicionales: la desnaturalización de la PNC y del Ejército y la institucionalización de los “parches” como salida a los problemas. Guatemala y México no son buenos ejemplos de lo que sucede cuando se involucra al ejército en tareas de seguridad interna.

Si bien es cierto, el gobierno debería tener gestos concretos en materia de seguridad, orientados hacia los principales fenómenos de violencia y delincuencia, ello no debería partir de enfoques simplistas o reciclados.

Lamentablemente, la honestidad no es algo que se considere popular. Por el contrario, parece que la exigencia de algunos medios sobre esta materia es, como la frase acuñada durante la crisis de inicios de la década en Argentina: “Basta de realidades, queremos promesas”

Publicaciones recientes

Algunos materiales de reciente publicación y de interés para los involucrados en el estudio de la seguridad:

Savenije, Wim (2009) Maras y Barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica. San Salvador: FLACSO. Ver Reseña.


Arias, Patricia (2009) Seguridad Privada en América Latina: el lucro y los dilemas de una regulación deficitaria. Santiago: FLACSO. Descargar

Documento: Los principales desafíos para la Seguridad Pública en El Salvador 2009

Recientemente recibí, gracias a Wim Savenije, investigador sobre violencia juvenil y pandillas, el informe 'Los principales desafíos para la seguridad pública en El Salvador 2009', como ayuda memoria del almuerzo de trabajo que organizó FLACSO El Salvador el 2 de julio como parte del foro "15 AÑOS DE PANDILLAS EN CENTROAMÉRICA: BALANCE Y PERSPECTIVAS".

El documento resume la visión de diversos actores involucrados en el análisis y gestión de la cuestión de la seguridad, el cual puede servir de plataforma de discusión sobre las principales acciones a emprender en materias de políticas públicas de seguridad.

Queda para su conocimiento y difusión.

Mataron a Christian Poveda

Me enteré al final de la tarde, haciendo mi revisión de prensa. Aun estoy en shock y es demasiado prematuro hablar sobre el suceso hasta que contemos con más y mejor información que la que preliminarmente ha circulado. No conocí a Christián Poveda, pero el impacto de su trabajo lo había vuelto en un personaje reconocido y se le miraba comprometido con una misión que pretendía buscar alternativas a la violencia en el país, cuestión en la que hacíamos causa común, por tanto, es cómo si hubiese muerto un compañero, un camarada. Christián Poveda, documentalista franco-español, fue corresponsal de prensa internacional y cubrió múltiples conflictos en el mundo, entre ellos, el salvadoreño. Poveda se interesó en el problema de las maras y pandillas juveniles y decidió preparar un documental al respecto, para lo cual, audazmente se sumergió durante 18 meses a convivir con miembros de la pandilla Barrio 18 en La Campanera, municipio de Soyapango, y a contar la historia como pocos: desde adentro y desde la voz de los protagonistas. El resultado fue el documental "La Vida Loca", que ha sido difundido tanto en ámbitos académicos como en festivales de cine, sacudiendo incluso al observador menos atento. Recuerdo que hace tres o cuatro meses, una persona con apellido rimbombante y de abolengo confesaba en una columna periodística, que su propuesta original sobre las pandillas era el extermino de las mismas, pero que el citado documental le había hecho cambiar radicalmente de opinión y pasar a ser un convencido de la necesidad de un tratamiento de intervención social especial a la problemática. Vaya! pensé, si esta película lograba sensibilizar a tal grado a alguien situado en una posición dura, ojalá sirviese de instrumento para una discusión amplia e integral de la problemática. Pero ahora han matado a Poveda, ha caído como una víctima más de la absurda e irracional violencia del país. Alguien que quizo abrir un camino para tratar la violencia donde nadie se atrevía, ha sido silenciado por ella. Surge el desencanto y las dudas. Surgen los que acusan a la víctima: "si te metes en lugares peligrosos con gente peligrosa, algo te pasará"; saltan los fachas a decir que siempre tuvieron razón y que había que meter presos a todos: a ver tú, defensor de delincuentes, ¿qué dices ahora?. Lo peor puede venir de nosotros: dejar de creer, perder la esperanza.

No sería justo para la memoria de Christian Poveda hundirnos en el desencanto, sumarlo al body count diario como un número más, precisamente el hecho de haber invertido parte de su vida en un proyecto que buscaba alternativas, hace que su regalo sea más valioso y, por tanto, debe ser honrado continuando la búsqueda que él inició, heredándonos una propuesta.

Protestas sociales: otra forma es posible

Dice Roberto Gargarella que el derecho a la protesta debería figurar como un derecho prioritario, en cualquier sociedad que se precie de democrática o aspire a ello, no solo en términos electorales, sino substanciales, es decir, donde efectivamente el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones.

De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.

La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.

Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.

Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.

Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.

Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.

Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.

Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.

Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.

El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.

Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.

A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.

Otra tergiversación de LPG II

tergiversar.

(Del lat. tergiversāre).

1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

2. tr. Trastrocar, trabucar.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Esta mañana comentaba con unos colegas hacerca del hecho que LPG dio amplia cobertura a los sectores opositores a las medidas administrativas de austeridad implementadas por el nuevo presidente de la CSJ, en contraste con la nula cobertura a la versión de éste sobre los acontecimientos.

En la edición electrónica de esta tarde, LPG rompe con ese capote y concede espacio a declaraciones del Dr. Belarmino Jaime, pero nuevamente tergiversa las informaciones.

En la nota "Autos administrativos a jueces" agrega bajo el titulo el siguiente texto: "Jaime desistió de la idea de bajar el personal de 9,000 a 4,000". Sin embargo, en la nota se da cuenta de lo siguiente:

(...) Jaime negó que haya planteado en Corte Plena tener un estudio que revela que el Órgano Judicial puede laborar con 4,000 de los 9,800 empleados.

“Lo que dije en Corte Plena es que me habían contado que había un estudio que decía que se podía trabajar con 4,000 empleados, pero no es con intención de estarle cortando la cabeza a nadie”, dijo.

Como se puede ver, el presidente niega haber barajado esa idea. Entonces ¿por qué arriba aseguran que él "desistió" de esa iniciativa? Si el desistió, como lo afirma la nota, significa afirmar tácitamente que tuvo esa idea. El presidente lo niega, por lo que no hace sentido lo arriba dicho en la nota. ¿Cómo pudo desistir de una idea que dice que no tuvo?

desistir.

(Del lat. desistĕre).

1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado.

2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Podemos hacer el siguiente razonamiento lógico:

• LPG dice: Jaime tuvo idea de reducir el personal pero desistió de ella.
• Jaime dice: Nunca tuvo idea de reducir personal.
• Conclusión: alguien miente. Pero a partir de la información presentada, se deduce que es el medio el que lo hace, al menos en el contexto de esa nota.

No sé qué voluntad tenía de implementar una medida de ese tipo, pero ese no es el tema aquí. El asunto es que la nota no tiene sentido, tergiversa a través del resumen, pues en ningún momento se desprende del contenido decir del Dr. Jaime que haya "desistido", pero tal como lo pinta LPG, sigue siendo el principal candidato al malo de la película.

Otra tergiversación de LPG

Hoy miércoles 26 de agosto, LPG publica la nota "Melgar se contradice con cifra de homicidios", en la cual sugieren, cuando menos, negligencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública en el manejo de los datos sobre homicidios.

No es mi intención discutir si los datos de una u otra fuente son correctos o no, sino señalar que el periódico hace una valoración de los datos a partir de un parametro diferente al utilizado por el ministro. Mientras que éste habla de los últimos 9 días, el periódico usa todo el periodo de agosto (lo que incluye las vacaciones agostinas) de tal forma que los resultados, obviamente serán diferentes.

Envié un comentario sobre esto al periodico, a ver si lo publican.

La justicia como campo de batalla de la política

Publicado originalmente en Contrapunto

Cualquier lector medianamente informado puede percibir que la crisis de la institucionalidad en materia de justicia -que pasa por la ausencia de un Fiscal General y de un Procurador General, debido a la falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa- se encuentra íntimamente relacionada con el reacomodo de fuerzas políticas luego de los procesos eleccionarios de este año, que reconfiguraron las relaciones de poder al darle al FMLN la conducción del Ejecutivo y la bancada más grande de la Asamblea Legislativa.

Particularmente tendría que ver con el deseo de sectores de las pasadas administraciones del Ejecutivo de no verse perseguidos por irregularidades detectadas en sus respectivas gestiones y de esta forma, comprometer el prestigio del partido.

A pesar de los cambios, las relaciones al interior del Órgano Legislativo, no generaron mayores alteraciones en la correlación de poder interno, de tal forma que las bancadas más grandes, sumadas cuentan con los votos necesarios para nombrar aspirantes y, por sí solas, para vetarlos, lo cual nos ha llevado al estado actual de las cosas.

Cuando dentro de los nombramientos pendientes se agregaban los magistrados de la CJS, se preveía un escenario de negociación en el que los partidos mayoritarios buscarían repartirse un espacio de poder: para un bando el control de la Sala de lo Constitucional y para el otro, el Fiscal General. Afortunadamente, esa no fue la opción que predominó. A pesar de lo cuestionable del procedimiento de negociación y el irrespeto a lo establecido, la pluralidad predominó en el nombramiento de los nuevos magistrados, de tal suerte que no podría avizorarse un intento de control partidario.

Sin embargo, lo que ha venido después ha puesto las alarmas de sectores que pensaron en seguir influenciando y manejando la justicia. Resulta que el recién nombrado Presidente de la CSJ, el Dr. Belarmino Jaime, a quién se nombró por exclusión de otras propuestas mutuamente vetadas entre las bancadas dominantes y como una persona de aparente bajo perfil que no incomodaba a ninguna de las dos -aunque sectores de izquierda lo señalaron como agente del gran capital- se ha tomado en serio su promesa de acabar con el despilfarro de recursos y los privilegios en el Órgano Judicial.

Las medidas inmediatas han sido el retiro de algunos vehículos a los magistrados de la Corte, que según algunas informaciones, éstos tendrían asignados hasta cuatro. De la misma forma, redujo la dotación de vales de gasolina de 114 mensuales a 50 por magistrado, y se preparan otras medidas de reducción de gastos y depuración administrativa.

Como respuesta, ha recibido las críticas y resistencia de la mayoría de los magistrados de la CSJ, todos ellos de elecciones previas. Los otros cuatro magistrados entrantes, más el Doctor Marcel Orestes Posada, conforman el bloque que acuerpa al nuevo presidente en sus iniciativas.

El polémico magistrado Ulices del Dios Guzmán –aspirante frustrado en sus espectativas de presidir la CSJ-, lidera los reclamos, pero agregando señalamientos infundados e impertinentes tales como:

"El problema es que el presidente de la Corte tiene un comportamiento autoritario... lo que se hace sentir al interior de esta nueva integración es que es hay una especie de orientación ideológica y es orientación es incompatible con el comportamiento técnico, objetivo e imparcial que debe tener la Corte Suprema". (Ver La Prensa Gráfica, 21 de agosto de 2009)

El mismo magistrado, según la nota, sugiere la existencia de compromisos partidarios por parte del presidente y señala el peligro de una mayor división en el Órgano Judicial debido a las medidas implementadas.

No creo que el magistrado Guzmán, sea la persona con mayor autoridad moral, la objetividad y la imparcialidad para sugerirlo, ¿acaso no fue él quien pidió filtros ideológicos para elegir a los jueces especializados?

No creo que combatir el despilfarro y los privilegios excesivos sea algo que tenga que ver con cuestiones ideológicas o partidarias, como lo propone el magistrado Guzmán, sino con la ética y la decencia, y es un golpe bajo de mal gusto tratar de tergiversar los acontecimientos en aquel sentido o lanzar rumores ante los medios para generar inseguridad y resistencia a las iniciativas del nuevo presidente y encubriendo bajo su supuesta defensa de los trabajadores, la protección de sus privilegios e intereses personales.

Por otro lado, estos detractores han sugerido que el nuevo presidente impulsaría un plan de recorte de personal, con lo cual, han azuzado a las asociaciones de trabajadores y a una asociación judicial de tipo gremialista tradicional (esa que cada vez que tiene oportunidad, le da un premio al presidente de turno de la CSJ, por sus meritos, por buena gente y bla, bla, bla…)

Y aunque este pleito no responde, como he dicho, a una situación de disputas partidarias al interior de la CSJ, sí ha servido como señal de que no hay un escenario por el cual se prevea que el presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional presidida por el mismo puedan estar sujetos a influencias o manejos partidarios, por lo cual, los partidos, en particular, los de derecha, buscan desesperadamente hacerse con el control de la Fiscalía General de la República, ante la pérdida de influencia sobre la CSJ.

En esto ARENA ya tiene delantera, pues tiene a su delfín ejerciendo de facto en la institución, gracias a antojadizas interpretaciones de la legislación secundaria.Por ello, puede darse el lujo de no elegir un fiscal en tanto, ya lo tiene en funciones y las negociaciones y propuestas por incluir más aspirantes o pedir la mediación del Presidente Funes, más bien parecen tácticas dilatorias para encubrir sus verdaderos propósitos de mantener el control de la FGR como hasta ahora.

Al menos, tenemos la esperanza de que si las cosas se siguen haciendo bien en la CSJ, podremos tener más confianza en los fallos de la Sala de lo Constitucional, que pasará a ser el contrapeso de los manipuleos políticos de la justicia en otros ámbitos. Sin embargo, ello no es suficiente. Hace falta la participación activa de la ciudadanía en la procura de transparencia a la hora de elegir el nuevo fiscal. Solo una verdadera presión ciudadana podría quitar el velo que recubre las maniobras partidarias.

San Salvador, 24 de agosto de 2009.

La guerra mediática de la (in)seguridad

Cada día, la presión de las empresas de comunicación más grandes del país cargan contra el sector seguridad del nuevo gobierno. A veces quisiera pensar que es el resultado de una preocupación legítima por la inseguridad, como parte de los problemas que vive la sociedad salvadoreña, pero la legitimad de su reclamo queda en duda cuando recurren a las medias verdades, a la omisión de fuentes o a la provocación de determinadas agendas.

Tanto EDH como LPG, han dedicado sendas notas al cuestionamiento hecho al Presidente Funes sobre una eventual destitución de funcionarios del Sector Seguridad (Ver aquí y aquí, respectivamente). Lo raro de este cuestionamiento es que aparece espontáneamente. Que yo sepa, no he tenido noticia de pronunciamientos en ese sentido. Ni la ANEP -principal crítica del sector seguridad- lo ha hecho. De repente, a estos periodicos se les ocurre meterlo en agenda, es decir, prender la mecha.

Tampoco tengo antecedente que lo hayan hecho durante la gestión pasada, que con René Figueroa y Astor Escalante como titulares, se dio el alza de homicidios y extorsiones que tenemos en la actualidad. Ahora estos medios pretenden plantearle a un gobierno con menos de 100 días en el poder -o crear agenda al respecto-, que cambie la conducción del sector seguridad, cuando no lo plantearon en los cinco años de desastrosa gestión en la administración pasada, a pesar de los reclamos en ese sentido por parte del sector sociedad civil organizada. Esto habla mucho de su falta de coherencia e imparcialidad.

Ya antes he dedicado una nota a estas "noticias" y a sus segundas o terceras intenciones. Estas que comentamos ahora son otro ejemplo de lo mismo. Paradójicamente, sus propias encuestas no les dan la razón. Por ejemplo, montaron una campaña de críticas en contra de el cambio de jefatura en la DECO y días despues, el 14 de agosto, para ser exactos, la encuesta online de El Diario de Hoy, reveló que casi el 80% de los votos de sus lectores apoyaron las medidas implementadas.

Un resultado similar obtuvo LPG al preguntarle a sus lectores sobre el trabajo de las nuevas autoridades en materia de seguridad en donde lograron una valoración positiva. Parecería que no le ponen atención a la opinión de sus propios lectores.

Esto solo es parte de una tendencia más amplia por sabotear y poner en crisis el actual gobierno por parte de sectores de la derecha, quienes escudandose tras las legítimas demandas de la población, tratan de imponer ajenas partidarias o sectoriales que poco o nada tienen que ver con esas necesidades.

Afortunadamente existen los blogs donde se puede opinar de manera diferente a la pretendida "verdad" de las empresas de comunicación.