"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

30 de abril de 2014

Violencia, delincuencia y seguridad: simplificaciones, complejidades y rutas caórdicas (II)

I. Simplificaciones (viene...)

II. Complejidades

Decir: “el problema de la delincuencia es complejo” puede ser también una simplificación para justificar el inmovilismo político. Sin embargo, es cierto: el problema de la violencia y el crimen no es unívoco. No es lo mismo la sofisticada delincuencia financiera, de la cometida por pandillas; la que cotidianamente realizan delincuentes comunes en las calles, de las agresiones a las mujeres o la violencia intrafamiliar; o los crímenes que se planifican y ejecutan transnacionalmente. Las lógicas, motivaciones y relaciones entre los actores son completamente diversas y las respuestas deben atender a esa diversidad.  

Las respuestas que se adopten para abordar diversos fenómenos delincuenciales deben prever las eventuales consecuencias. Muchas veces las políticas de seguridad se parecen a la manipulación de un globo: si se aprieta a un lado, la presión se va al otro extremo; si se presiona mucho, el globo puede estallar; si no se presiona, se puede ir de las manos.

Algunas veces, los resultados son imprevisibles, pues es muy difícil tener una prospectiva de todos los elementos. Para el caso, en algún momento se pensó que orientando la persecución penal a los líderes de pandillas, estas serían más fáciles de desarticular. El resultado que conocemos fue la creación de un alto mando pandilleril en las cárceles que articuló su accionar en el nivel nacional.

En la primera década de este siglo, la apuesta por el abordaje de la problemática de la violencia y el crimen desde el sistema penal fue clara, el proceso de contrarreforma penal promovió un claro endurecimiento hacia el delito, el resultado ha sido un sistema penal con una gran capacidad de captación, pero poca capacidad de procesamiento y menos, de dar resultados efectivos y contundentes. Tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo (#16º de los países con mayores tasas de presos del mundo) –mientras la línea de crecimiento penitenciario sigue ascendente- y seguimos siendo considerados dentro de los países más violentos. Algo no funciona. ¿Cómo es que la PNC habla de 50 mil capturas anuales, el sistema penitenciario rebalsa y las cosas no cambian? Debemos concluir que ese no es el camino.

Lo peor, es que este esquema de funcionamiento es insostenible. Para resolver el hacinamiento penitenciario, El Salvador tiene dos grandes caminos a seguir: 1) invertir en el corto plazo varias decenas de millones de dólares –que no se tienen y que impactan otras áreas presupuestarias del Estado- para construir más cárceles (que la gente no quiere en sus municipios) a fin de distribuir el exceso de población penitenciaria y prever una inversión similar en el mediano plazo una vez las construidas rebalsen o, 2) revisar seriamente el esquema normativo (leyes penales) y de gestión de la privación de libertad, al tiempo que se implementan agresivas políticas de prevención y reinserción, lo que implica una inversión para la creación o ampliación de capacidades en esos ámbitos en el corto plazo, pero con perspectivas de ser menos gravosos y más sostenibles en el mediano y largo plazo.

Deberíamos autoflagelarnos diciendo: “Es la economía, estúpido”

Y aunque la racionalidad económica nos diga que es necesario escapar del esquema punitivo y reformar leyes penales para promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, crear figuras alternativas al encarcelamiento, reducción de penas, más beneficios penitenciarios, programas de reinserción para liberados de la cárcel, para evitar el colapso del sistema penal y la sobrecarga presupuestaria, muchos políticos –particularmente de orden conservador– y buena parte de la población, ven esta vía como impensable e impopular debido a la predominancia de una política criminal, socialmente asumida, que sigue un esquema suma cero donde no se acepta nada que pueda parecer una ventaja para los delincuentes, aunque el esquema retaliativo sea probadamente contraproducente y dañino en términos de seguridad y presupuestarios.

El desafío del abordaje de la problemática delincuencial atraviesa varios campos, de los cuales,  normativo institucional (justicia penal) es solamente uno de ellos, cuya complejidad no es menor, pero aquí deben considerarse diversas dimensiones del abordaje como las de carácter estructural, contextual e individual, en este sentido, tal como lo plantea Alberto Binder, se trata de atender “el paradigma de gestión de la conflictividad: asumir innumerables mecanismos de gestión de esa conflictividad y asumir que democracia y conflictividad son dos caras de la misma moneda.”

En este sentido, cuando se habla de integralidad de las políticas de seguridad, no debe ser solo un adjetivo para venderlas políticamente, sino que deben ser comprensivas y estar relacionadas con diversos campos de intervención gubernamental e incluso social. Hay que pensar desde fuera del campo de la seguridad y la justicia. La pregunta es ¿cómo crear acuerdos, políticas y las organizarlas a partir de una gran diversidad de enfoques e intereses? Esto es lo complejo.

Si bien, la formulación de las políticas públicas tiene o debería tener un componente técnico basado en el conocimiento y experticia, no es este atributo el que garantiza su viabilidad, sino la capacidad de ser políticamente promovidas, evadir obstáculos y ganar apoyos: la política de las políticas públicas. En la política gana la posición que más fuerza o apoyo logra, no la más sensata, necesariamente.  Ejemplo: en El Salvador se hizo uno de los mejores estudios (del mundo, me atrevo a decir) sobre impacto de las armas del fuego en la violencia que demostró cómo la amplia circulación y el abuso de armas de fuego por las personas entraña mayores peligros y riesgos que la supuesta “seguridad” que promociona su comercio. A la par de esta evidencia, en algún momento, el 80% de la población estuvo a favor de prohibir la portación de armas en los espacios públicos, pero cuando el tema llegó a la Asamblea, las iniciativas de control fueron bloqueadas y archivadas.

Lo que quiero decir, es que el tema más duro a resolver para la generación de una política criminal (que incluye a la política de seguridad) es de naturaleza política, valgan las redundancias. Tal como lo propuso Easton, la agenda pública es regulada por unos “gatekeepers”, unos guardianes o porteros que tienen el control de los temas que entran y salen del sistema político donde los medios de comunicación, los partidos políticos y los funcionarios juegan un papel preponderante como reguladores de esa agenda, la que no necesariamente responde a los intereses de las mayorías, sino a la de los grupos de poder que representan esos actores.

El desafío es poder generar procesos de comunicación y entrada de demandas ciudadanas en el sistema político a partir de un tratamiento desapasionado de temas que nos interesan a todos. Hace unos años sostuve un breve pero interesante intercambio con Roberto Gargarella (su blog, altamente recomendable), quién sostenía con optimismo que era posible (y necesario) deliberar con el público sobre el crimen, la penalidad y temas afines, contrario al pesimismo de David Garland quién sostiene que la política criminal actual reproduce las características “expresivas” de la cultura de las sociedades tardomodernas, por lo que una discusión social acarrearía el riesgo de abonar el populismo punitivo. No niego que comparto en alguna medida el pesimismo de Garland, pero no se pueden asumir resultados sin haberlo intentado y un proceso bien diseñado podría darnos sorpresas: en el fondo, la violencia y el crimen, son también hijas de la falta de democracia o de su debilidad. Como lo han indicado Young y Lea (2001:117) “No es la pobreza absoluta sino la pobreza vivida como algo injusto (la privación relativa comparada con la de otros) lo que genera descontento; y el descontento, cuando no hay solución política, conduce al delito.” Más adelante, estos autores manifiestan:
“La privación relativa es el exceso de las expectativas por sobre las oportunidades. La importancia de este concepto es que se aparta de las ideas simplistas que tratan de relacionar el descontento y la violencia colectiva con niveles de privación absoluta. La relación que existe entre la privación relativa y la marginación política resulta crucial para comprender los disturbios y la violencia colectiva. No es probable que la marginación política cause disturbios a menos que exista además una sensación de frustración que surja de la existencia de privación relativa.” (Young y Lea 2001: 223)
En este sentido, el abordaje de la violencia y el crimen en El Salvador, requiere, fundamentalmente, una dimensión estructural orientada a la reducción de la conflictividad, por encima de las necesidades de reforma y fortalecimiento institucional o de las políticas e intervenciones concretas para gestionar la problemática y no hay que perder de vista este aspecto. Sobre esto, se refiere el próximo apartado.

Texto citado:

Young, Jock y John Lea (2001) ¿Qué hacer con la ley y el orden? Buenos Aires: Editores del Puerto.

25 de abril de 2014

El Beato Juan XXIII y la cárcel (un pequeño tributo con ocasión de su canonización)

"(...) estaba preso (...) y me vinieron a ver". Mt. 25, 35.
"Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan»" Lc. 5, 30-32.
Llama la atención que uno de los hechos más notorios y destacado en las biografías del papado del Beato Juan XXIII fue su visita a la cárcel romana de Regina Coeli el 26 de diciembre de 1958. Notorio que por primera vez en la historia, el máximo jerarca del catolicismo fuera a un lugar considerado como reducto de la maldad humana, sin embargo, no hacía otra cosa que cumplir con el mandato evangélico que se cita arriba. El ejemplo ha sido seguido por Benedicto XVI y recientemente por el Papa Francisco. De esa visita surge la siguiente anécdota:

A los presos les dijo: Mis queridos hijos, mis queridísimos hermanos, todos nosotros estamos en la casa del Padre, aquí como en otro lugar... De pronto sus palabras fueron interrumpidas por una voz emocionada que gritaba ¡Viva el Papa!, que fue secundado por todos los reclusos. (Juan XXIII: El Papa que trajo una ráfaga de aire nuevo, Jesús Azcárate Fajarnés)
Sobre la visita, su entonces Secretario, Monseñor Loris Capovilla, dice:
"Recuerde las palabras del Papa Juan, el 26 de diciembre de 1958, cuando visitó la cárcel Regina Coeli y salió con aquella expresión ciertamente novedosa: ¿Henos en la casa del Padre? ¿Cómo? La cárcel, ¿la casa del Padre? He metido mis ojos en vuestros ojos, mi corazón junto al vuestro: son palabras que se dicen rápidamente, pero aquellos presos creyeron a quien las pronunciaba. Entonces, presos de una parte, el Papa por la otra, pero sin barreras divisorias, hicieron familia. También usted y yo somos presos porque algo nos impide, a veces, ver a nuestros hermanos. Nos lo impiden nuestros límites, nuestras pasiones, nuestras debilidades. Si a través de esas barreras, sin embargo, pasa la luz de dos ojos buenos, el calor de un testimonio franco, entonces nos sentimos hermanos." 

A continuación un vídeo de esa histórica visita (está en italiano):




Es importante rescatar este gesto, independientemente de las consideraciones religiosas de su origen. Es necesario contrarrestar un ambiente donde, como lo describe David Garland (2007, p. 278)
"Cualquier mínima preocupación por los derechos o el bienestar del delincuente es vista como una falta de consideración frente al respeto que merecen las víctimas. Se ha establecido así una lógica política según la cual estar a favor de las víctimas automáticamente significa ser duro con los delincuentes. Con respecto a la política criminal se establece un juego de suma-cero donde cualquier ganancia del delincuente es una pérdida para la víctima."
 Esta pequeña nota se publicó a inicios de junio de 1963, cuando ya se sabía que el "Papa Bueno" estaba en su lecho de muerte:
                                            Noticia tomada de: Diario La Nación, Costa Rica.

22 de abril de 2014

Violencia, delincuencia y seguridad: simplificaciones, complejidades y rutas caórdicas


I. Simplificaciones

Cuando uno lee los comentarios que muchos ciudadanos o ciudadanas hacen en las noticias de hechos violentos y trágicos, no es difícil detectar una fuerte carga emocional frente a los acontecimientos, muchos, desde un sentimiento de empatía con las víctimas e indignación con los victimarios, algunos, como vías de expresión de sus propios odios. En todo caso, es comprensible que ello suceda, dejaríamos de ser humanos si perdiésemos la indignación. No es malo indignarse, lo malo es no trascender de lo emocional a lo racional.

En estos espacios, el mundo se divide entre ciudadanos honrados y delincuentes, la pena de muerte, el exterminio de los delincuentes o cualquier forma de represión abierta son propuestas comunes para acabar con la delincuencia. Es normal que frente a una situación aparentemente caótica, se pretendan soluciones de “orden” drásticas e inmediatas. Lamentablemente, la realidad no es tan simple.

La inseguridad ciudadana (subjetiva y objetiva) dan píe al reclamo, la crítica y a las exigencias políticas. Esto es lo que en una sociedad democrática cabe esperar y promover. Sin embargo, hay una relación directamente proporcional entre la calidad de la información, la calidad y naturaleza del reclamo o crítica. El reduccionismo de las problemáticas o la simplificación como arma arrojadiza de desgaste político o como promesa mágica con fines electorales resultan dañinos pues enrarece el debate y reduce los espacios de construcción de alternativas. Zygmunt Bauman (2005) señala la poderosa influencia política que ha tenido la simplificación y reduccionismo del fenómeno delictivo al generar un esquema de competencia política en el cual, las posiciones orientadas al endurecimiento penal ganan réditos electorales, mientras que las posiciones opuestas u alternativas al esquema punitivo son consideradas como suicidios políticos, lo cual genera estímulos perversos en la competencia electoral y en la acción política.

Estas simplificaciones entrañan riesgos: el principal es proponer o promover, activamente o por presión, políticas públicas genéricas sobre enfoques erróneos o poco elaborados, fuertemente retaliativas, inadecuadas para abordar la diversidad de las expresiones delictivas, orientadas a satisfacer la emocionalidad de la opinión pública, pero no formuladas de manera seria para resolver el problema y que a la larga se convierten en violatorias del marco normativo de protección de derechos de la misma ciudadanía a la que dice proteger.

El ejemplo paradigmático que tenemos en esta materia es el manodurismo que predominó en la primera década de este siglo: la represión abierta, bruta y poco sofisticada contra las pandillas, lejos de erradicarlas o reducirlas, las fortaleció y en la actualidad constituyen, junto con la criminalidad organizada, las principales amenazas del país en materia de seguridad pública. Lo anterior es evidente en retrospectiva y ha sido comprobado en diversos contextos.

Un efecto inmediato es la creación de enemigos públicos y con ello, la generación de procesos de etiquetamiento social perjudiciales para amplios grupos sociales. Un ejemplo muy sencillo: los residentes de barrios, colonias o comunidades consideradas “de pandillas”, tendrán pocas o nulas posibilidades de obtener un empleo por el simple hecho de vivir en esos lugares, incrementando su exclusión y vulnerabilidad social, sin que necesariamente tengan relación con dichos grupos. Algunos jóvenes frustrados por la exclusión que les ocasiona ese estigma, lamentablemente verán a la pandilla como una alternativa.

Otro efecto de la simplificación de estas problemáticas es que su difusión no contribuye a generar un debate informado y menos emocional para encontrar alternativas viables y razonables. El problema pasa a ser visto, por ciertas élites, predominantemente desde una óptica de moral individual, como el de personas intrínsecamente malas y, por lo tanto, la única alternativa es su neutralización como defensa de la sociedad, las historias de vida y los contextos sociales no tienen nada que ver. Cuando uno escarba, ese tamiz moral es muy poco consecuente de caso a caso: mientras los delincuentes comunes son unos malvados, un expresidente corrupto es un “perseguido político” o por lo menos, no se condena abiertamente la inmoralidad de sus hechos.

Finalmente, lo más grave es confiar en la intuición antes que en el conocimiento. Garland (2005) señala el desplazamiento del conocimiento académico sobre la inseguridad por el discurso del “sentido común” –o “sensatez penal” como más tarde sería calificada por Wacquant (2000)–. Este mecanismo, desplaza el análisis y comprensión del fenómeno de la inseguridad y su mulitidimensionalidad y establece –basándose en una antropología individualista y en los postulados del análisis económico del derecho basado en el rational choice– la penalidad, el castigo, como principal estrategia de control del delito, entendido como una acción individual y unilateral derivada del libre albedrío, de tal suerte que la política de seguridad paso a ser considerada una política de restablecimiento del orden (Binder, s/f) y no una de reducción de la conflictividad.

(Continuará...)

Textos citados: 
Bauman, Zygmunt (2005) Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós.
Binder, Alberto (s/f) El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Versión mimeo, sin datos editoriales. Accesible desde Internet: http://edgardo.amaya.googlepages.com/Elcontroldelacriminalidadenunasocied.pdf (con permiso del autor)
Garland, David (2005) La cultura del control. Crimen y castigo en la sociedad tardo-moderna. Barcelona: Gedisa.
Wacquant, Löic (2000) Las cárceles de la miseria. Madrid: Alianza Editorial.

21 de abril de 2014

"Ante la Ley", Frank Kafka



"Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.

-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.

La puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice:

-Si tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.

El campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta.

Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice:

-Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.

Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino.

-¿Qué quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.

-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?

El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:

-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.

FIN"

5 de abril de 2014

¡Hemos vuelto!


Luego de más de cuatro años y varios meses de virtual inactividad, he decidido relanzar este blog, como mi espacio de expresión personal sobre temáticas relacionadas con la justicia, la seguridad, la violencia, la política criminal y los derechos humanos.

En la forma, he tratado de ponerlo más presentable y vistoso, en el fondo, cambié su nombre a simplemente “Seguridad y justicia”, quitando la limitación original al ámbito penal, dado que la realidad del país y la mía personal me han llevado a interesarme y estudiar nuevos campos jurídicos.

El motivo principal por el que dejé de escribir periódicamente es mi relación profesional con el ámbito gubernamental. Es difícil escribir sobre temáticas sobre las que se trabaja sin ser tentado por la autocomplacencia y perder el sentido crítico o, por el contrario, mantenerlo puede generar confusiones y malos entendidos respecto de quién nos lee. Para evitar estos conflictos opté por no pronunciarme sobre temas relacionados con mis labores.

En este tiempo me dediqué a ver las políticas de seguridad desde dentro gané mucha experiencia, pero abandoné el hábito de escribir, lo que he venido resintiendo y extrañando cada vez más, así que ahora vuelvo con nuevas perspectivas y conocimientos, como aprendiz de brujo, a plasmar mis inquietudes.

Gracias por pasar por aquí.

3 de abril de 2014

El desafío de la prevención en El Salvador

“Más vale prevenir que lamentar”. En materia de gestión de la violencia y del delito es preferible que eventos dañinos no ocurriesen, a tener que hacer uso de la aplicación de la ley una vez suscitados. Sin embargo, gobiernos previos entendieron que la mejor prevención era la amenaza de la justicia penal y con ello, construyeron un esquema orientado hacia la represión y punición. El remedio resultó peor que la enfermedad. No se contuvo la violencia y se creó un problema adicional: la conversión de la cárcel en uno de los cuarteles generales del crimen y en una de las principales amenazas a la seguridad del país.

El modelo heredado propicia la reproducción de la violencia y el delito, demanda cada vez más recursos del Estado para su contención, los que se restan del desarrollo social y genera un círculo vicioso donde todos perdemos, el que eventualmente colapsará más temprano que tarde.

Hay que decir que el actual gobierno ha hecho esfuerzos institucionales significativos para implementar estrategias e iniciativas diferentes a la mera aplicación de la ley, a fin intervenir en este complejo fenómeno desde diversas aristas. La prevención de la violencia y del delito apareció expresamente como eje de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia y se han desarrollado instrumentos ad hoc para su implementación como la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia (originalmente creada en 2010 y reeditada y aumentada en 2013) como una guía para el diálogo político y la generación de estrategias en diferentes espacios.

También se crearon instancias políticas de alto nivel para su articulación como el Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia, compuesto por diferentes instituciones del Órgano Ejecutivo, y en el nivel territorial creó Consejos Departamentales y Municipales de prevención, estos últimos, bajo el liderazgo de los alcaldes.

A lo anterior se suma la emisión de normas como la Ley especial integral por una vida Libre de Violencia para las mujeres (LEIV), la Ley de protección integral de la niñez y la adolescencia (LEPINA), la Ley general de juventud y la Ley de convivencia ciudadana y contravenciones administrativas, que muestran el giro del estado salvadoreño hacia formas de gestión de la violencia que visibiliza a grupos poblacionales vulnerables y enfatiza políticas de prevención.

El próximo gobierno tiene el desafío de fortalecer, desarrollar y ampliar las políticas públicas de prevención de la violencia y del delito a fin de –como lo dice su propuesta programática– avanzar en la construcción de un sistema nacional de seguridad ciudadana, orientado a una intervención integral desde una perspectiva territorial.

Entrando en materia ¿de qué hablamos cuando decimos prevención de la violencia y del delito? Nos referimos al conjunto de políticas, medidas y técnicas destinadas a evitar la ocurrencia de hechos violentos o delictivos, así como la reducción de los daños asociados a éstos, incluyendo las estrategias o medidas que permitan la adecuada inserción social de aquellas personas en conflicto con la ley.

La definición previa nos muestra el carácter proactivo de la prevención (actuar antes de) a diferencia del carácter reactivo de las políticas de aplicación de la ley (ex post) Además, se vale de una multiplicidad de instrumentos, en su mayoría, fuera del sistema penal, para la realización de sus fines.

Dado que la definición propuesta es muy amplia, ello ha generado amplias discusiones sobre qué es prevención y cómo se distingue de otras políticas gubernamentales. Una clasificación clásica es la que distingue tres niveles de prevención: primario, secundario y terciario.

El nivel primario se refiere a todas las políticas (económicas y sociales) de carácter general que producen bienestar para la población (salud, educación, empleo, entretenimiento, etc.) su finalidad no es prevenir el delito, sino satisfacer derechos, pero por su amplitud e inclusividad pueden contribuir positivamente a reducir algunas condiciones estructurales que generan vulnerabilidad social, deterioro de la convivencia y abren campo a actividades conflictuadas con la ley.

En el nivel secundario ya se visualizan situaciones específicas tales como territorios o grupos poblacionales especialmente afectados por la vulnerabilidad social, la violencia y la delincuencia –tanto como víctimas, así como victimarios–, intentando identificar las dinámicas socioeconómicas y humanas que propician el deterioro de la convivencia y la seguridad y busca reducir su influencia.

No nos detendremos aquí a detallar los diversos tipos de intervenciones que se agrupan en este nivel, que van desde lo individual hasta lo comunitario o social, lo importante es señalar que ya no se trata solamente de satisfacer derechos, sino que busca además, prioritariamente, provocar otros efectos. En este nivel hay un cruce de los instrumentos y técnicas sociales con los de la justicia penal y la seguridad pública.

El nivel terciario es el que atiende a las personas que ya entraron en conflicto con la ley penal y en el marco de su sanción, se buscan mecanismos de integración social que eviten la reincidencia de comportamientos ilegales.

Si bien, este esquema clasificatorio es objeto de discusiones académicas, nos permite tener idea de los campos que se deben abordar a la hora de pensar en la prevención de la violencia. En todos los niveles, en mayor o menor medida, es claro que las agencias sociales juegan un papel importante en la generación de políticas inclusivas que fortalezcan la cohesión social y reduzcan la vulnerabilidad, por lo cual, la definición de las políticas en esta materia tienen un claro carácter multisectorial, especialmente en la prevención secundaria.

Otra característica que se destaca en el abordaje de la prevención secundaria es la focalización de sus orientaciones, tanto en términos territoriales como poblacionales. En cualquiera de los supuestos, previamente debe haber una definición que establezca el estándar o los criterios de intervención para focalizar las iniciativas basadas en informaciones técnicas y objetivas, fundamentalmente, pero sin excluir variables como las propias de las relaciones políticas y sociales.

Un aspecto que se deriva de lo anterior es que al hablar de territorios o poblaciones, estas se encuentran en lugares específicos y en ellos se entrecruzan e interrelacionan una serie de actores de carácter público y privado, lo que implica entendimientos entre los mismos, tanto en el plano de las relaciones intergubernamentales (central-departamental-local), como con los liderazgos locales de tipo comunitario o de sociedad civil. La prevención de la violencia y la delincuencia debe ser un ejercicio descentralizado, pero apoyado decididamente desde el gobierno central.

Por otro lado, para poder focalizar, se requiere la obtención o generación de información y datos que alimenten y actualicen la situación de los criterios establecidos para la toma de decisiones, así como la creación de observatorios locales y sistemas de información geográfica. El trabajo de diseño y planificación de intervenciones debe estar basado en el conocimiento previo (diagnósticos, línea de base), pero también, en el seguimiento de variables e indicadores de las intervenciones y evaluación que permitan identificar las debilidades y fortalezas y facilitar su mejor continua y replica.

Adicionalmente hay que decir que el trabajo de prevención es permanente y en tal sentido, debe ser sostenible. La realidad social es cambiante, por lo que las iniciativas de prevención no pueden ser temporales ni estáticas y los gobiernos deben generar las capacidades técnicas y presupuestarias que permitan a dichas políticas públicas, adaptarse al ritmo y demandas sociales, no limitándose a proyectos efímeros de entrada y salida, sino apostar a la presencia continua.