"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

28 de agosto de 2009

Protestas sociales: otra forma es posible

Dice Roberto Gargarella que el derecho a la protesta debería figurar como un derecho prioritario, en cualquier sociedad que se precie de democrática o aspire a ello, no solo en términos electorales, sino substanciales, es decir, donde efectivamente el pueblo tenga incidencia en la toma de decisiones.

De la misma manera, el jurista señala los peligros de la manipulación de la relación conflictiva entre los derechos a protestar y los derechos de los afectados por dichas el ejercicio de aquel derecho. Según el autor citado, este no es el conflicto principal. Considerarlo de esa forma es contraponer actores que originalmente no son partes en conflicto. Regularmente, las protestas suelen reinvindicar unas demandas específicas al estado, los protestantes se encuentran en una situación conflictiva respecto de las acciones u omisiones estatales y no en contra de terceros, aún y cuando éstos se vean afectados de alguna manera por dicho conflicto, pero ello, en cierta medida, es incontrolable.

La protesta social, particularmente la realizada en ejercicio del derecho de reunión y expresión a través de concentraciones, marchas o cortes de rutas son medidas de presión para llamar la atención sobre las demandas planteadas. En el pasado, se acusaba a quienes usaban estos métodos de ser grupos de fachada manipulados por partidos o grupos opositores al gobierno. En el presente, se sugiere algo similar, aunque no expresamente.

Lo más raro de todo es que sectores de derecha, sigan acusando a la izquierda -ahora gobernante- de tales acciones, argumentando que las protestas son muestra de la división existente entre el Presidente y su partido. Otros señalan el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que buscan protagonismo.

Independientemente de lo anterior, no es prudente descalificar una demanda probablemente legítima por la existencia de segundas o terceras agendas tras de ella. Lo más sano es escuchar y constatar la existencia y dimensión de los problemas y sus actores, antes que descartarlos. Ello no implica tampoco ser ingenuo frente a esas realidades de manipuleo o aprovechamiento de ciertos líderes que utilizan el chantaje como moneda de cambio. Solamente un manejo transparente del conflicto puede poner ante los ojos del público las verdaderas razones en discusión.

Ante la frecuencia de este tipo de actividades, se promueve por algunos formadores de opinión el uso de la fuerza para el restablecimiento del orden y se critica a la policía por no hacerlo oportundamente, el argumento tras de esta posición radica en la afectación que se hace a terceros, el cual, es un argumento sensible en tanto, miles de personas sufren descuentos de sus salarios o pérdidas mayores según sea la actividad que vean frustrada.

Sin embargo, el uso de la fuerza en estas situaciones es la forma más brutal de descalificación de esas peticiones. Se debe usar la fuerza para el restablecimiento del orden pero bajo parametros normativos claros y en situaciones extremas, no debe ser una acción inmediata que anule la vigencia del derecho a la protesta.

Pero la pregunta que deberíamos formularnos es ¿Por qué la gente protesta? Bueno, básicamente porque tiene demandas insatisfechas frente al gobierno, pero entonces ¿esta es la única forma de hacer efectivas las demandas? No es la única, pero parece una efectiva y eso estimula su uso y abuso, aunque a veces, también uno extraña la falta de creatividad.

Hay que sumar un elemento adicional: por sus antecedentes, la izquierda ahora gobernante ha sido defensora de la protesta social y ésta ha sido un instrumento de muchas de sus acciones políticas, entonces ¿sería coherente que un usuario y defensor de este recurso, lo niegue a otros y opte por descalificaciones políticas o al uso de la fuerza? No, no lo es y puede ser aprovechado como un punto débil en el contexto de la presión y negociación por quienes plantean demandas, así como también como una provocación de detractores políticos para hacer que las autoridades "se ensucien las manos" reprimiendo y restarles autoridad moral.

Pero de momento solo hemos respondido parcialmente la cuestión de por qué la gente protesta. Una visión más sistémica e histórica puede darnos otro elemento a considerar: la ausencia de canales efectivos de entrada de esas demandas al sistema político así como el desuso de las pocas existentes, sumada a la percepción o experiencia (negativa) respecto de la capacidad de respuesta estatal en un contexto de debilidad institucional. Esto aparece como una cuestión fundamental y central.

El tratamiento de este problema pasa por la revisión y mejora de los canales y mecanismos de gestión de demandas y conflictos, así como la promoción de esos mecanismos oficiales. No es aceptable en este contexto que la primera instancia de negociación sobre el conflicto sea la policía. En Perú, por ejemplo, durante la gestión del ministro Gino Costa, se crearon comisiones especiales de alto nivel para la negociación de conflictos, que se constituyeron en instancias de reacción inmediata para desentrampar de manera rápida conflictos sociales.

Mejorar la atención a las demandas ciudadanas supone un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, pero más de los primeros que se ven comprometidos por la insignia del cambio a ser realmente efectivos en la respuesta a dar. Por su parte, la ciudadanía debe prestar vigilancia y auditoría social permanente al estado, a fin de garantizar esas respuestas. Por otro lado, la promoción de medios de comunicación más abiertos y accesibles para el público también entran en estas necesidades, de modo que la protesta deje paulatinamente de ser el recurso preferencial para entrar en agenda pública.

A estas alturas, quien perdió su día de trabajo o tuvo que suspender compromisos importantes por una manifestación o corte de ruta se está preguntando ¿y entonces, qué propone respecto mi problema, que es el problema de miles de personas que sufrieron las consecuencias de esos conflictos? Pues negociación y adaptación a las contingencias por parte de las autoridades (búsqueda y proporción de alternativas a la situación más inmediata: liberar carriles, retiro pactado a cierta hora o una vez se contacten con autoridades demandadas) y el uso de la fuerza como último recurso ante situaciones de disturbios.

26 de agosto de 2009

Otra tergiversación de LPG II

tergiversar.

(Del lat. tergiversāre).

1. tr. Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos.

2. tr. Trastrocar, trabucar.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua


Esta mañana comentaba con unos colegas hacerca del hecho que LPG dio amplia cobertura a los sectores opositores a las medidas administrativas de austeridad implementadas por el nuevo presidente de la CSJ, en contraste con la nula cobertura a la versión de éste sobre los acontecimientos.

En la edición electrónica de esta tarde, LPG rompe con ese capote y concede espacio a declaraciones del Dr. Belarmino Jaime, pero nuevamente tergiversa las informaciones.

En la nota "Autos administrativos a jueces" agrega bajo el titulo el siguiente texto: "Jaime desistió de la idea de bajar el personal de 9,000 a 4,000". Sin embargo, en la nota se da cuenta de lo siguiente:

(...) Jaime negó que haya planteado en Corte Plena tener un estudio que revela que el Órgano Judicial puede laborar con 4,000 de los 9,800 empleados.

“Lo que dije en Corte Plena es que me habían contado que había un estudio que decía que se podía trabajar con 4,000 empleados, pero no es con intención de estarle cortando la cabeza a nadie”, dijo.

Como se puede ver, el presidente niega haber barajado esa idea. Entonces ¿por qué arriba aseguran que él "desistió" de esa iniciativa? Si el desistió, como lo afirma la nota, significa afirmar tácitamente que tuvo esa idea. El presidente lo niega, por lo que no hace sentido lo arriba dicho en la nota. ¿Cómo pudo desistir de una idea que dice que no tuvo?
desistir.

(Del lat. desistĕre).

1. intr. Apartarse de una empresa o intento empezado a ejecutar o proyectado.

2. intr. Der. Abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
Podemos hacer el siguiente razonamiento lógico:
  • LPG dice: Jaime tuvo idea de reducir el personal pero desistió de ella.
  • Jaime dice: Nunca tuvo idea de reducir personal.
  • Conclusión: alguien miente. Pero a partir de la información presentada, se deduce que es el medio el que lo hace, al menos en el contexto de esa nota.
No sé qué voluntad tenía de implementar una medida de ese tipo, pero ese no es el tema aquí. El asunto es que la nota no tiene sentido, tergiversa a través del resumen, pues en ningún momento se desprende del contenido decir del Dr. Jaime que haya "desistido", pero tal como lo pinta LPG, sigue siendo el principal candidato al malo de la película.

Otra tergiversación de LPG

Hoy miércoles 26 de agosto, LPG publica la nota "Melgar se contradice con cifra de homicidios", en la cual sugieren, cuando menos, negligencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública en el manejo de los datos sobre homicidios.

No es mi intención discutir si los datos de una u otra fuente son correctos o no, sino señalar que el periódico hace una valoración de los datos a partir de un parametro diferente al utilizado por el ministro. Mientras que éste habla de los últimos 9 días, el periódico usa todo el periodo de agosto (lo que incluye las vacaciones agostinas) de tal forma que los resultados, obviamente serán diferentes.

Envié un comentario sobre esto al periodico, a ver si lo publican.

La justicia como campo de batalla de la política

Publicado originalmente en Contrapunto

Cualquier lector medianamente informado puede percibir que la crisis de la institucionalidad en materia de justicia -que pasa por la ausencia de un Fiscal General y de un Procurador General, debido a la falta de nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa- se encuentra íntimamente relacionada con el reacomodo de fuerzas políticas luego de los procesos eleccionarios de este año, que reconfiguraron las relaciones de poder al darle al FMLN la conducción del Ejecutivo y la bancada más grande de la Asamblea Legislativa.

Particularmente tendría que ver con el deseo de sectores de las pasadas administraciones del Ejecutivo de no verse perseguidos por irregularidades detectadas en sus respectivas gestiones y de esta forma, comprometer el prestigio del partido.

A pesar de los cambios, las relaciones al interior del Órgano Legislativo, no generaron mayores alteraciones en la correlación de poder interno, de tal forma que las bancadas más grandes, sumadas cuentan con los votos necesarios para nombrar aspirantes y, por sí solas, para vetarlos, lo cual nos ha llevado al estado actual de las cosas.

Cuando dentro de los nombramientos pendientes se agregaban los magistrados de la CJS, se preveía un escenario de negociación en el que los partidos mayoritarios buscarían repartirse un espacio de poder: para un bando el control de la Sala de lo Constitucional y para el otro, el Fiscal General. Afortunadamente, esa no fue la opción que predominó. A pesar de lo cuestionable del procedimiento de negociación y el irrespeto a lo establecido, la pluralidad predominó en el nombramiento de los nuevos magistrados, de tal suerte que no podría avizorarse un intento de control partidario.

Sin embargo, lo que ha venido después ha puesto las alarmas de sectores que pensaron en seguir influenciando y manejando la justicia. Resulta que el recién nombrado Presidente de la CSJ, el Dr. Belarmino Jaime, a quién se nombró por exclusión de otras propuestas mutuamente vetadas entre las bancadas dominantes y como una persona de aparente bajo perfil que no incomodaba a ninguna de las dos -aunque sectores de izquierda lo señalaron como agente del gran capital- se ha tomado en serio su promesa de acabar con el despilfarro de recursos y los privilegios en el Órgano Judicial.

Las medidas inmediatas han sido el retiro de algunos vehículos a los magistrados de la Corte, que según algunas informaciones, éstos tendrían asignados hasta cuatro. De la misma forma, redujo la dotación de vales de gasolina de 114 mensuales a 50 por magistrado, y se preparan otras medidas de reducción de gastos y depuración administrativa.

Como respuesta, ha recibido las críticas y resistencia de la mayoría de los magistrados de la CSJ, todos ellos de elecciones previas. Los otros cuatro magistrados entrantes, más el Doctor Marcel Orestes Posada, conforman el bloque que acuerpa al nuevo presidente en sus iniciativas.

El polémico magistrado Ulices del Dios Guzmán –aspirante frustrado en sus espectativas de presidir la CSJ-, lidera los reclamos, pero agregando señalamientos infundados e impertinentes tales como:

"El problema es que el presidente de la Corte tiene un comportamiento autoritario... lo que se hace sentir al interior de esta nueva integración es que es hay una especie de orientación ideológica y es orientación es incompatible con el comportamiento técnico, objetivo e imparcial que debe tener la Corte Suprema". (Ver La Prensa Gráfica, 21 de agosto de 2009)

El mismo magistrado, según la nota, sugiere la existencia de compromisos partidarios por parte del presidente y señala el peligro de una mayor división en el Órgano Judicial debido a las medidas implementadas.

No creo que el magistrado Guzmán, sea la persona con mayor autoridad moral, la objetividad y la imparcialidad para sugerirlo, ¿acaso no fue él quien pidió filtros ideológicos para elegir a los jueces especializados?

No creo que combatir el despilfarro y los privilegios excesivos sea algo que tenga que ver con cuestiones ideológicas o partidarias, como lo propone el magistrado Guzmán, sino con la ética y la decencia, y es un golpe bajo de mal gusto tratar de tergiversar los acontecimientos en aquel sentido o lanzar rumores ante los medios para generar inseguridad y resistencia a las iniciativas del nuevo presidente y encubriendo bajo su supuesta defensa de los trabajadores, la protección de sus privilegios e intereses personales.

Por otro lado, estos detractores han sugerido que el nuevo presidente impulsaría un plan de recorte de personal, con lo cual, han azuzado a las asociaciones de trabajadores y a una asociación judicial de tipo gremialista tradicional (esa que cada vez que tiene oportunidad, le da un premio al presidente de turno de la CSJ, por sus meritos, por buena gente y bla, bla, bla…)

Y aunque este pleito no responde, como he dicho, a una situación de disputas partidarias al interior de la CSJ, sí ha servido como señal de que no hay un escenario por el cual se prevea que el presidente de la Corte y la Sala de lo Constitucional presidida por el mismo puedan estar sujetos a influencias o manejos partidarios, por lo cual, los partidos, en particular, los de derecha, buscan desesperadamente hacerse con el control de la Fiscalía General de la República, ante la pérdida de influencia sobre la CSJ.

En esto ARENA ya tiene delantera, pues tiene a su delfín ejerciendo de facto en la institución, gracias a antojadizas interpretaciones de la legislación secundaria.Por ello, puede darse el lujo de no elegir un fiscal en tanto, ya lo tiene en funciones y las negociaciones y propuestas por incluir más aspirantes o pedir la mediación del Presidente Funes, más bien parecen tácticas dilatorias para encubrir sus verdaderos propósitos de mantener el control de la FGR como hasta ahora.

Al menos, tenemos la esperanza de que si las cosas se siguen haciendo bien en la CSJ, podremos tener más confianza en los fallos de la Sala de lo Constitucional, que pasará a ser el contrapeso de los manipuleos políticos de la justicia en otros ámbitos. Sin embargo, ello no es suficiente. Hace falta la participación activa de la ciudadanía en la procura de transparencia a la hora de elegir el nuevo fiscal. Solo una verdadera presión ciudadana podría quitar el velo que recubre las maniobras partidarias.

San Salvador, 24 de agosto de 2009.

15 de agosto de 2009

La guerra mediática de la (in)seguridad

Cada día, la presión de las empresas de comunicación más grandes del país cargan contra el sector seguridad del nuevo gobierno. A veces quisiera pensar que es el resultado de una preocupación legítima por la inseguridad, como parte de los problemas que vive la sociedad salvadoreña, pero la legitimad de su reclamo queda en duda cuando recurren a las medias verdades, a la omisión de fuentes o a la provocación de determinadas agendas.

Tanto EDH como LPG, han dedicado sendas notas al cuestionamiento hecho al Presidente Funes sobre una eventual destitución de funcionarios del Sector Seguridad (Ver aquí y aquí, respectivamente). Lo raro de este cuestionamiento es que aparece espontáneamente. Que yo sepa, no he tenido noticia de pronunciamientos en ese sentido. Ni la ANEP -principal crítica del sector seguridad- lo ha hecho. De repente, a estos periodicos se les ocurre meterlo en agenda, es decir, prender la mecha.

Tampoco tengo antecedente que lo hayan hecho durante la gestión pasada, que con René Figueroa y Astor Escalante como titulares, se dio el alza de homicidios y extorsiones que tenemos en la actualidad. Ahora estos medios pretenden plantearle a un gobierno con menos de 100 días en el poder -o crear agenda al respecto-, que cambie la conducción del sector seguridad, cuando no lo plantearon en los cinco años de desastrosa gestión en la administración pasada, a pesar de los reclamos en ese sentido por parte del sector sociedad civil organizada. Esto habla mucho de su falta de coherencia e imparcialidad.

Ya antes he dedicado una nota a estas "noticias" y a sus segundas o terceras intenciones. Estas que comentamos ahora son otro ejemplo de lo mismo. Paradójicamente, sus propias encuestas no les dan la razón. Por ejemplo, montaron una campaña de críticas en contra de el cambio de jefatura en la DECO y días despues, el 14 de agosto, para ser exactos, la encuesta online de El Diario de Hoy, reveló que casi el 80% de los votos de sus lectores apoyaron las medidas implementadas.

Un resultado similar obtuvo LPG al preguntarle a sus lectores sobre el trabajo de las nuevas autoridades en materia de seguridad en donde lograron una valoración positiva. Parecería que no le ponen atención a la opinión de sus propios lectores.

Esto solo es parte de una tendencia más amplia por sabotear y poner en crisis el actual gobierno por parte de sectores de la derecha, quienes escudandose tras las legítimas demandas de la población, tratan de imponer ajenas partidarias o sectoriales que poco o nada tienen que ver con esas necesidades.

Afortunadamente existen los blogs donde se puede opinar de manera diferente a la pretendida "verdad" de las empresas de comunicación.

Mi participación en el programa "Abriendo puertas" de YSUCA

El viernes 14 de agosto tuve el agrado de participar como invitado en el programa "Abriendo puertas" de la radio YSUCA, acompañado por Jeannette Aguilar, directora del IUDOP y con la conducción de Danilo Miranda. El audio del programa aquí.

12 de agosto de 2009

Control de Armas de Fuego: una opinión sensata

Con alguna frecuencia discrepo con las opiniones de Joaquín Samayoa, columnista de La Prensa Gráfica, pero hoy miércoles he leído con mucho agrado su nota sobre el control de armas de fuego, la cual me ha parecido muy atinada. La nota aquí.

10 de agosto de 2009

Resultados de la encuesta sobre la política de seguridad

La pregunta era: "¿Qué piensas de la política de seguridad gubernamental? Votaron 22 internautas, los cuales distribuyeron sus votos así: Las opciones "Bien, se nota el cambio"; "Es más de lo mismo" y "¿Cual política? No la conozco" recibieron cada una tres votos, es decir, cada una logró un 13%, mientras que la opción "Hay que darle tiempo... pero no tanto" acumuló 13 votos, es decir, un 59% del total.

Como reflexión es importante destacar que aunque hay un compas de espera de parte de los lectores, éste no puede ser prolongado, tácitamente se tiene la advertencia que al no ver resultados en un plazo prudencial, habrá exigencia de cuentas.

Es importante destacar que un importante porcentaje o no conoce la política o no percibe el cambio. Ello es preocupante y debe ser tomado en cuenta mediante una política de comunicación que brinde información adecuada y detallada a la población sobre lo que hacen las autoridades, con lo cual, se contaría con parametros claros de seguimiento y evaluación por parte del público.

Obviamente esta no es una encuesta con parámetros científicos, sino la opinión de los que por algún motivo visitaron este blog. Se les agradece su participación.

3 de agosto de 2009

Participa de la encuesta

He colocado una pequeña encuesta virtual en el lado derecho de este blog. Por favor, si tienes interés, has click y vota. Cierra el 10 de agosto a las 12 m.