"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

30 de julio de 2009

El empresariado ante las reformas en la PNC

Precisamos hacer una revolución ética, el bien público no puede ser confundido con el bien personal (…)

En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito (…)

Presidente Mauricio Funes, 01 de junio 2009.

He querido iniciar estas líneas citando el discurso inaugural del Presidente Funes el pasado primero de Junio, porque me parece que son las respuestas a algunas interrogantes que son planteadas por las empresas de comunicación dominantes.

Ante los movimientos y cambios en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) la empresa privada y los medios impresos conservadores se han posicionado de manera crítica y veladamente amenazadora frente a la decisión de las autoridades. Tal como lo señalé en el post previo, tras una aparente preocupación legítima, se esconden otras motivaciones:
En perspectiva histórica y política, el estado de la investigación criminal es una consecuencia específica del amplio proceso de reforma policial y del sector seguridad pública de la transición y cuyas distorsiones tuvieron importantes impactos institucionales y sociales. El crecimiento desordenado de la institución y la apuesta política por mantener estructuras de investigación del pasado, políticamente maleables y cuestionadas; los obstáculos y sabotajes gestados en contra de toda iniciativa de desarrollo de una investigación criminal profesional, técnica e independiente, provocaron el estancamiento y debilitamiento de ésta área.

Lo anterior es correlato de una marcada tendencia de manejo de la gestión pública basada en intereses y demandas particulares y no en la atención prioritaria de necesidades sociales y respecto a los derechos de la población (…).

Al comparar el trabajo y resultados de las unidades elites de la PNC y FGR, respecto del estado de las unidades ordinarias de investigación, las distancias comparativas son amplias. Existen claras diferencias entre los resultados positivos de las instancias dedicadas al tema narcotráfico o crimen organizado, respecto los niveles deficitarios de las áreas dedicadas a la “delincuencia común”. Esa distancia comparativa se puede observar y constatar en la cantidad y calidad de recursos de los que han sido dotadas las primeras (equipos, sistemas de información, recurso humano por caso), en detrimento de las segundas, así como en el interés político por resolver o combatir este tipo de criminalidad, la que no se ha reflejado en las instancias de delincuencia común, como aquellas encargadas de la investigación de homicidios, principal problema de violencia en el país.

En el caso concreto de la lucha contra el secuestro y sus celebrados éxitos, se dan dos mensajes: por un lado, se demuestra que la voluntad política y apoyo institucional son factores claves para resolver graves problemas de criminalidad. El segundo mensaje es que existen dos tipos o sectores de investigación criminal. Uno, el ordinario, para la delincuencia común que afecta a la mayoría de la población y, el elite, que capitaliza el apoyo político e institucional, y que además se ve beneficiado por inversión, dotación de recursos y otros patrocinios del sector privado económicamente poderoso y políticamente influyente, que alquila o compra un servicio de mejor calidad para sí, lo que por definición es excluyente y discriminatorio, no solo para la población sino para los mismos operadores del sistema. (Amaya Cóbar, Edgardo y Oswaldo Feusier Ayala, Relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigacion criminal, FESPAD Ediciones, San Salvador, octubre 2005.)
Precisamente es el Diario de Hoy el que muestra esas relaciones de padrinazgo éticamente discutibles. Según la nota “Patronato DECO en el limbo”:
A principios de la presente década cuando el país sufría de una avalancha de secuestros, la empresa privada tuvo a bien organizar un Patronato para brindarle el apoyo logístico necesario a la recién creada División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) por el ex director de la Policía José Luis Tobar Prieto, quien ahora se encuentra marginado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Desde aquella época, la unidad élite ha recibido la cooperación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y, según su dirigencia, está en la disposición de continuar con esa colaboración.

Esa cooperación empresarial le ha permitido a la Policía tener en la DECO a su mejor unidad especializada al grado que algunos de sus miembros han compartido la experiencia antisecuestro en las policías de varios países latinoamericanos como Guatemala, Honduras, Colombia o Panamá.
Creo que no hacen mayores explicaciones sobre las inquietudes éticas que genera lo previamente citado. La reacción de ANEP, en parte, se explica por la perdida de un nicho de influencia en las instituciones de seguridad y utiliza todas las cajas de resonancia disponibles para hacerse sentir. Otro de los beneficiarios de este esquema, el fiscal de crimen organizado Rodolfo Delgado -a la sazón, señalado por la PDDH en un caso de tortura en el que se condenó el accionar de la DECO-, suma su voz a las protestas, quien, cual agorero dice: "El mensaje que se envía es que ellos [los delincuentes] están ganando", advirtió, "y si no han ganado totalmente, se están creando las condiciones para que lo logren".

Este discurso tiene una doble moral o una pésima memoria. Ningún sector economicamente influyente ni sus secuaces alzaron la voz ante el desmantelamiento del Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) creado a propuesta del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política y constituido con un riguroso método de selección y entrenamiento supervisado por la ONU. Curiosamente comenzó a ser debilitado y desmantelado tras las investigaciones del caso Sombra Negra en el que se vieron involucrados jefes policiales y posteriormente, su desaparición se vio acelerada tras denunciar la participación de otros jefes policiales en tareas de exterminio de presuntos delincuentes.

Hoy la historia es otra. Como dice Mickey Rouke en esa maravillosa película Barrio Chino: “Hay un nuevo jefe en la ciudad y el nuevo jefe tiene nuevas reglas”.

29 de julio de 2009

La mala leche de LPG


Mientras conducía al trabajo, ví un canillita ofreciendo La Prensa Gráfica de este día, cuya primera plana se encabezaba con la nota principal: "PNC desmantela unidad especial. Trasladan 26 investigadores de crimen organizado".

Al llegar a mi oficina, ingresé a la página de dicho periódico para leer la referida noticia y para constatar la relevancia que le habían otorgado. Se trata de un proceso de reorganización del área de investigaciones de la Policía que ha afectado a la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).

Mi conclusión es que la noticia destaca una aparente preocupación legítima que entrelíneas sugiere juicios de valor sobre las decisión de las autoridades. No niego ni cuestiono la importancia del escrutinio de los medios sobre las decisiones gubernamentales, ello es necesario para garantizar la auditoría del público sobre los gobernantes. Lo que no me parece correcto es un ejercicio parcial o a medias del periodismo.

En la versión electrónica de LPG, la nota aparece con el título "Remueven 26 oficiales DECO: Quitan policías que indagaron a Perrones", ya intuyo la reacción deseada o esperada: "¡Qué barbaridad!, no solo la desmantelan, sino que quitan a los buenos policías."

En la nota citada, alaba los éxitos de la DECO, pero ignora todas las resoluciones e investigaciones por violación a los Derechos Humanos que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) u otras opiniones como las de aquellos que siempre creímos que dicha División servía solo a intereses muy concretos, a grupos poderosos preocupados por su seguridad y la de sus negocios: una instancia de lujo, en contraste con las precarias condiciones que se le otorgaban a las áreas de investigación de la delincuencia común que afecta a la mayoría de los salvadoreños (ver nota).

Como lector usuario de las TIC's, redacté y envié un comentario a la nota citada para que sea publicado en dicha página, aunque mi experiencia me dice que no suelen publicar comentarios muy críticos. Por lo anterior, les dejo copia del comentario realizado y enviado:
Me parece que esta noticia la han manejado de una manera muy desafortunada, y hasta puedo creer que mal intencionada. Una reforma del área de investigaciones no es lo mismo que un "desmantelamiento". Una rotación de personal no es lo mismo que una "remoción". Quien lo lee, sin mayores antecedentes, pensaría que las autoridades están en el plan de debilitar lo que ya existe, o que son presionables ante los reclamos de presuntos delincuentes.

La DECO se había convertido en una entidad élite privatizada y se había vaciado de capacidades a los territorios y a las áreas de investigación de la delincuencia común. Espero que las autoridades den paso a un área de investigación eficiente y al servicio de TODOS los y las ciudadanas del país.

Posdata: El comentario previo sí fue publicado a las 10:38 am por LPG, gesto que agradezco y que disipa alguna de mis sospechas.

20 de julio de 2009

De blawgger a burocrata

Sí, es cierto: me fui al gobierno. Ahora estoy del lado de donde se pone el lomo a la crítica y a aguantar. Algunos amigos se alegran y nos incitan a dar lo mejor. Otros, lo miran a uno con cierto dejo de desconfianza.

Esto genera algunas crisis de identidad. Venir de sociedad civil es una cosa buena, en el sentido que uno abraza un ideario y cuenta con el apoyo o voto de confianza de aquellos con quienes trabajó y con los que, más pronto que tarde, se llega el momento en que preguntarán y, desde acá, tendremos que responder.

Una de las preguntas obligatorias que como blawgger debo responderme es relativo a los contenidos a abordar y a mi posición frente a los acontecimientos. ¿Puedo criticar las acciones gubernamentales en aquellos campos que me conciernen? Sí, puedo, de hecho hay cosas que no me gustan, pero -fuera de la lealtad o no al sector al que uno se vincule- ¿acaso mi trabajo no es intentar hacer que las cosas funcionen de una manera medianamente decente? Esas cosas tienen que ver también conmigo. Por ello, de ahora en adelante, más que para inquirir, estoy para ser interrogado.

Creo que lo mejor que puedo hacer, para contribuir a que algunas cosas cambien es que a través de este espacio pueda trasladar, de una manera más amplia y detallada, algunas de las discusiones e ideas que se debaten al interior de las instituciones, sin que esto sea, una posición oficial, sino modestos ejercicios de informar y discutir con una comunidad virtual sobre estas materias.

Uno de los aspectos que deseo abordar de manera inmediata de cara a mi trabajo es convertir a la página web del MJSP en un instrumento de información al servicio del público, que contenga estadísticas e informes de labores, así como otra documentación que produzca o haya producido el Ministerio y promover iniciativas de e-government. Sugerencias son bienvenidas.

Una de las cuestiones anecdóticas que refleja la permanente presión quen hay sobre este ministerio es mi comunicación con el Ministro, quien siempre tiene mil asuntos que resolver al día. En ocasiones, con la urgencia de los plazos o en los períplos de su agenda, lo espero a que entre al edificio y agoto todos los asuntos posibles en el trecho hacia el despacho. El término "reunión ejecutiva" se ha redefinido para mí. Ello ha marcado mi forma de abordar los asuntos, exponiéndolos de una manear muy concreta y directa. Por ello, en este post, abordaré varias de las cuestiones que no he podido comentar en los últimos días:

-Elección de los magistrados de la CSJ (5): Me parece una elección equilibrada. No niego mi satisfacción con tres de los nombrados. Pero los partidos se salieron con la suya: ellos eligieron directamente e hiciero una pantomima del procedimiento que debería haberse seguido, con la humillante complicidad del CNJ.

-Elección de FGR y PGR: el Presidente Funes sugiere utilizar el mismo método usado para elegir a los magistrados. En este caso, parece oportuno en tanto no hay un procedimiento definido para tales fines. La Asamblea se mostró incapaz de seguir por la ruta que ella misma había iniciado.

-Clima de inseguridad: grave como hace mucho tiempo, pero a mi forma de ver -y puede que suene a excusa-, hay un exceso de exigencia mediática en el asunto y hasta cierta nostalgia de lo que hicieron administraciones previas: sacar a la policía a botar puertas y a exhibir a sus "presas". Aclaro, puesto que ya leo o escucho reclamos: no se trata de negar la realidad. Los muertos y las víctimas están ahí y hay que atender la situación de manera prioritaria. Cuando hablo de "exceso de exigencia" es cuando se le pide a un gobierno, que no tiene ni dos meses en el poder, que controle de manera inmediata una espiral de violencia que tiene más de 17 años creciendo. Se le pide que "haga algo", lo cual sugiere que no estaría haciendo lo necesario o nada, lo cual me parece no solo injusto, sino que también distorsionante. En este punto, más que inacción, lo que creo que sí padece este gobierno es de una mala política de comunicación, en alguna medida, influenciada por el hecho de no querer imitar a administraciones previas que tenían más publicidad que resultados.

Bueno, no quiero cansarlos. Quedo a sus órdenes.

10 de julio de 2009

Proyecciones de población del Censo de población 2007

¡Por fín! El Ministerio de economía anunció oficialmente el cálculo de las proyecciones de población basadas en el Censo del año 2007, lo cual es un importante dato para investigadores que analizan el impacto en términos poblacionales de diferentes fenómenos como, por ejemplo, la violencia.

El documento está disponible aquí.

5 de julio de 2009

Ay, Honduras

Es doloroso ver lo que sucede en Honduras en estos turbulentos días, es como volver al pasado y ver las manifestaciones populares de la década de 1970 ó 1980 en San Salvador. Uno recuerda aquel poema de Roque Dalton:
Los policías y los guardias
siempre vieron al pueblo
como un montón de espaldas que corrían para allá
como un campo para dejar caer con odio los garrotes
Este día dos personas perdieron la vida a causa de la respuesta gubernamental a las acciones que una multitud de ciudadanos y ciudadanas del hermano país realizaba para ingresar al Aeropuerto Toncontín, para apoyar la llegada del Presidente Zelaya. Una de las víctimas era un joven de tan solo 17 años.

Estoy en apoyo y solidaridad con la ciudadanía hondureña que rechaza este golpe de Estado. También he leído muchos documentos, comunicados y correos de ciudadanos de ese país que apoyan la situación actual y al gobierno golpista. Fundamentan su posición en una serie de acciones ilegales que Zelaya habría venido realizando, las que culminaron con la iniciativa de la consulta sobre la Cuarta Urna.

Muchos de esos argumentos parecen creíbles, otros denotan una clara paranoia antichavista, pero no responden las cuestiones fundamentales ni una serie de contradicciones que se han ido viendo en los últimos días.

Primero y fundamental: Sacar al Presidente del país, en pijama y a punta de pistola, es un procedimiento de la vieja escuela de los golpes de Estado. Sobre esto se dijo que cumplían una orden judicial, entonces dos cositas: si era una orden judicial, ¿por qué la ejecutó el ejército y no la policía? Si había orden de detención, debería haber sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes y no ser enviado a desayunar sorpresivamente con Don Oscar Arias.

Luego, en el congreso dicen que renunció, pero al rato, los diputados deciden destituirlo, entoces ¿renunció o lo destituyeron? Más recientemente, el papable Rodríguez Maradiaga decía que según la Constitución Hondureña, quien intenta o sugiere su modificación cesa inmediatamente en el cargo público, usando -como en el derecho canónico- una clausula de aplicación latae sententiae, es decir, que no necesita pronunciamiento de autoridad alguna para ser declarada (algo que confronta radicalmente con el juicio previo y el debido proceso que rige en el ámbito secular) El aporte del cardenal solo agrega más dudas, entonces ¿por qué aceptar renuncia de alguien que ya no es Presidente?, ¿Por qué destituir a alguien que ya no es Presidente?

A estas alturas, me pregunto: Si tenía procesos judiciales ante la CSJ, si tenía el Ministerio Público en su contra, así como al ejército y a su propio partido en el congreso. El tipo estaba frito. ¿Por qué sacarlo irregularmente entonces? ¿Qué necesidad había?

El Arzobispo Maradiaga le pidió a Zelaya prudencia, le dijo que si volvía en estos momentos, habría un baño de sangre. Este consejo merece una reflexión particular. Creo en la buena fe del prelado cuya preocupación es no agregar más fuego al conflicto. Sin embargo, creo que sus declaraciones no fueron las más felices, por un lado, reconoce -con una cita descontextualizada de Juan Pablo II de por medio- el gobierno golpista y el retiro forzado e irregular de Zelaya; llama "amigo" a Zelaya y le pide que no regrese a Honduras (!Qué amigo!, ¿no?), pues podría darse un baño de sangre. Lo que en el Arzobispo suena a consejo, Micheletti lo había advertido antes con un tono más amenazador que conciliador. Detengamonos en esta advertencia.

Si Zelaya regresa, habrá baño de sangre dicen Micheletti y el Arzobispo. A la inversa: si no regresa, luego, no habría baño de sangre. Una lectura entre líneas nos dice que ello es una perversidad extorsiva que juega con la vida e integridad de los ciudadanos quienes son utilizados como rehenes del conflicto. Por otro lado, lo que dicen las noticias es que hay baño de sangre con Zelaya o no en Honduras. Las muertes del domingo se suman a los muchos heridos que no son oficialmente dados a conocer debido al cerco informativo del régimen golpista.

En boca del usurpador, hablar de baño de sangre solamente revela la amenaza de represión, puesto que es el que tiene las armas. En el caso del Arzobispo no queda muy claro, al menos es ambiguo: puede ser una conclusión realista: los ánimos están caldeados y no es conveniente. Pero ¿Por qué pedirselo a Zelaya y no dirigirse a los golpistas? ¿Por que no pedir a los golpistas que actuen civilizadamente y con prudencia sino que solo se lo exige a la otra parte?

Luego está el canciller. Con un canciller así, no necesitan enemigos. No solo porque está alejado del más básico estándar de educación, corrección y maneras de un diplomático, sino que revela la cara intransigente y retrógrada de los golpistas, así como la más estúpida, al rematar la ya maltrecha reputación del gobierno usurpador, peleándose con los gobernantes de otros países, entre ellos, Barak Obama a quién llamó despectivamente, negrito y, por insunuación, ignorante. Por otro lado, entre otras contradicciones vistas, está la entrevista de CNN al embajador hondureño en Washington y el hombre, si bien se supedita al que le paga el cheque mensual, llama igualmente Presidente a Micheletti y a Zelaya, entonces ¿en qué quedamos?

He leído y recibido comunicaciones de profesionales del derecho de Honduras, quienes reproducen la división que se vive en el ámbito político. Algunos, como en el post anterior, dicen que no podemos opinar porque son asuntos internos, porque no vivimos en Honduras y no podemos entenderlo.

Mi posición es que si Zelaya merecía ser destituido, ello se hubiese realizado mediante un procedimiento regular. Esto, no es un mero formalismo, una nimiedad, como pretenden los que apoyan a los golpistas. La salida de un presidente, como asunto de gran trascedencia en la vida de un estado, debería estar revestido de transparencia para evitar las arbitrariedades y para darle legitimidad al procedimiento, de esta forma, los electores y la comunidad internacional pueden ver las razones del procedimiento y sopesarlas.

Pero lo más importante que a alguien fuera de Honduras le preocupa es lo que señaló Obama: el éxito de los golpistas sería un precedente nefasto. Si callamos, avalamos la arbitrariedad y otros -de no ver reacciones- se sentirían animados a imitarlo. Quienes valoramos el alto costo en dolor y vidas humanas que le llevó a nuestras sociedades construir, por lo menos, una democracia política, no podemos aceptar la impunidad de un golpe de estado y eso, es algo que no atañe exclusivamente a Honduras.