"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

27 de mayo de 2009

La derecha legislativa y la impunidad


Nemo iudex sine actore. Sin actor (accionante) no hay juicio. Así de simple. La Asamblea Legislativa no ha elegido Fiscal General y nos encontramos en estado de irregularidad institucional desde el 20 de abril pasado.

Por vía de reformas legales o interpretaciones auténticas se ha validado la permanencia del Fiscal Adjunto, mientras la Asamblea resuelve la elección del titular. Una resolución sobreseimiento (no una sentencia definitiva) dada por la Sala de lo Constitucional se pronunció en este sentido. Pero hablando el plata, no hay un titular legítimo en este momento, de acuerdo con los estándares constitucionales.

Se ha pretendido justificar la función irregular del Fiscal Adjunto, aduciendo que, siendo éste elegido por el títular que sí cuenta con la legitimidad constitucional, entonces, hereda o recibe por osmosis una cuota de esa legitimidad para seguir fungiendo. Sostuve una discusión sobre esto con un colega constitucionalista que simpatizaba con este argumento, mi posición en contrario fue un ejemplo del fútbol: si El Salvador le ganó a Colombia y luego Colombia le ganó a Argentina, no quiere decir que nosotros le ganamos a Argentina. (No sé si era un argumento muy convincente, pero al menos era gracioso) Si ello fuera así, entonces el fiscal que está en la silla ahora, puede quedarse, in saecula saeculorum, por herencia y podemos tirar a la basura las disposiciones constitucionales que exigen cierto grado de legitimidad del persecutor oficial.

En esta situación no pueden haber medias tintas. La consecuencia inmediata de ser honestos y reconocer la irregularidad la actuación de facto del Fiscal Adjunto es la nulidad de sus actos. Ello implicaría judicialmente declarar improcedente cualquier proceso penal iniciado por un Fiscal ilegítimo. Ya lo hicieron dos juzgadores, así como una Cámara que ha validado dichos fallos.

Sin embargo, resulta obvio que asumir dicha consecuencia implicaría generar un estado de anomia social, algo que responsablemente los jueces no querrán promover, pues la afectada sería la población que nada tiene que ver con los caprichos de la derecha legislativa. Los jueces están pues, contra la pared, y con ese chantaje, los diputados de derecha pretenden imponer un fiscal a su medida y no tienen prisa al respecto: el que está sentado en la silla del titular les viene bien, así que para qué correr.

Sin pelos en la lengua: ARENA no quiere un fiscal independiente justo ahora que deja el poder y muchos huecos financieros, irregularidades y nichos de corrupción puedan ser descubiertos, con lo cual, la persecución penal iría tras algunos de sus exfuncionarios o funcionarios que queden. Mucho menos querrían que El Salvador rompa capote procesando a un expresidente. Por el contrario, buscarían no solo un fiscal a la medida, sino uno que podría iniciar un entorpecedor proceso de judicialización de la política.

Además, tienen el descaro de vetar al mejor candidato a Fiscal General, el Dr. Henry Campos, por la "causal" de ser de izquierda, adjetivo por demás propio de voces de fachas, fanáticas e ignorantes respecto de cualquiera medianamente crítico a sus planteamientos.

Coherentes con su incoherencia de vetar funcionarios por su supuesta filiación política, no argumentan la misma razón para descartar a los otros dos candidatos, Raúl Somoza Alfaro, exdiputado y funcionario de gobiernos de ARENA y dirigente de dicho partido, y Luis Martínez, uno de los hombres del expresidente Francisco Flores. El burro hablando de orejas.

Lo parajójico del caso es que el Dr. Campos no pertenece a ningún partido político y en sus columnas periodísticas ha sido un hombre muy objetivo. Su pecado es haber sido acusador particular en el caso jesuitas, luego de que renunciara -por principios- a la FGR, pues su titular, pretendía no meterse en el ruedo, sino, dejar hacer, dejar pasar.

Vueltas que da la vida: veinte años después del asesinato de los jesuitas, el abogado acusador es ahora candidato a Fiscal General y Alfredo Félix Cristiani, -expresidente de la república bajo cuya administración y comandacia de la Fuerza Armada ocurrió el asesinato- vuelve del cementerio político -cual personaje del video de Thriller- a la palestra como presidente del partido ARENA en el marco de su "renovación". Ese detalle le pone más ingredientes a la coyuntura.

En el plano de los méritos profesionales, el Dr. Campos ha demostrado sus principios: poner en riesgo su vida en aquellas riesgosas circunstancias en que se enfrentaba contra el poder militar en pos de la justicia, dice mucho de él. Por otro lado, en la actualidad, es un destacado litigante, academico y docente universitario, cuya capacidad técnica puede verse reflejada en la producción documental que ha generado a lo largo de los años, con lo que cumple el requisito de instrucción notoria. Méritos de los que los otros candidatos -sin menospreciar sus antecedentes profesionales- simplemente carecen.

Entonces, no escoger la mejor opción disponible para darle al país un Fiscal General competente y con mérito, sino, por el contrario, mantener mediante chantaje, un estado de irregularidad institucional es exclusiva responsabilidad de las fracciones legislativas de ARENA, PCN y PDC, con lo que tristemente demuestran, una vez, su absoluta falta de compromiso con el logro de una justicia de calidad que sirva para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la impunidad que tanto daño le ha hecho a este país. Una cita tomada de un reciente artículo de Robert Holden lo explica con toda claridad:

en América Latina nos enfrentamos con una tendencia extrema en donde la ley es casi siempre una mercancía con la que se negocia. Un estado que se burla habitualmente de la ley y la justicia se burla de su propia legitimidad, y en consecuencia invita a la violencia pública de todo tipo. La legitimidad de un estado depende primordialmente de la ley, pero cuando se sustituye el imperio de la ley por el imperio de la impunidad como es el caso de muchas partes de América Latina los tentáculos de la impunidad mueven no solamente a los poderosos sino también los débiles. Los débiles, los “descalzos,” buscan así arreglos prácticos para minimizar los costos de la aplicación de la ley como por ejemplo un padrino con poder o el pago de un pequeño soborno.

Los diputados de derecha que se niegan a darnos un buen fiscal, pretenden mantener ese esquema. La ciudadanía no puede permitir que ello continue, no puede consentir seguir viviendo con la impunidad como moneda cotidiana en una de las sociedades más violentas del mundo. Es una de las piezas que hace falta para que podamos realmente buscar la justicia.

21 de mayo de 2009

La irresponsabilidad de la derecha legislativa

Dado que los partidos de derecha tienen mayoría en la Asamblea, su comportamiento vislumbra una clara estrategia de bloqueo y sabotaje a la próxima administración del Ejecutivo. Los alcances de dicha estrategia tienen rasgos extremistas. Un ejemplo lamentable de esto es el decreto temporal por el cual, los mencionados partidos, permiten la inscripción de armas sin el debido respaldo legal.

No es la primera vez que se ha recurrido a este tipo de medida. El argumento de sus propulsores es siempre el mismo: mejor registradas que ilegales. Sin embargo, lo que ha sido demostrado es que armas de dudosa procedencia son objeto de registro. Un estudio de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre estas medidas, mostró que armas robadas de la Policía Nacional Civil habían sido inscritas por particulares gracias a estos decretos. (Parentesis: hace unas semanas aparecieron armas de la PNC salvadoreña en ciudad de Guatemala, en manos de delincuentes. Ver aquí)

De esta forma, estos decretos fomentan el mercado ilegal de armas o las posibles irregularidades de las empresas comercializadoras de estos productos y sobre esto, hay fuertes intereses. También se premian las acciones ilícitas por las cuales se obtienen armas irregularmente. La derecha legislativa avala la ilegalidad y se coloca a contracorriente de los estandares internacionales de control de armas, que pretenden evitar que precisamente, armas irregulares sean registradas por los estados.

Lo anterior, de por sí es escandaloso, pero lo es más cuando se da en el contexto de un país catalogado como uno de los más violentos del mundo y que vive actualmente un repunte de violencia homicida que deja un saldo promedio de 12 muertos diarios.

La evidencia empírica muestra que por regla general, los países con menos armas y fuertes restricciones para su posesión como Japón o Inglaterra tienen menos problemas de violencia homicida comparados con aquellos que tienen mayor permisibilidad de armas como Estados Unidos, Brasil o Guatemala. Sin embargo, autores como John Keanne, no ponen énfasis en la permisibilidad o control de armas como un factor fundamental de la gestión de la violencia, sino que señalan el contexto social y cultural en el cual dichas armas cumplen un papel. Tomando esta idea, es evidente que el contexto salvadoreño es el menos indicado para favorecer la proliferación o liberalización de armas de fuego.

En vista de lo anterior, la decisión de los legisladores de derecha de admitir la inscripción de armas ilegales, es absolutamente irresponsable por donde se le vea y viene a complicar, aún más, la ya gravísima situación de inseguridad que el actual gobierno hereda a la proxima administración, junto con las arcas de la hacienda pública vacías en la peor crisis financiera del Estado.

Pero aún queda un tiro, poco probable, pero al fín, un chance: que el Presidente de la República vete el referido decreto. Ahora la duda es saber si el decreto llegará a manos del Presidente Saca o del futuro Presidente Funes. En esta segunda posibilidad, un veto presidencial podría generar un conflicto interorgánica en el que la Asamblea podría ratificar el decreto emitido y eventualmente llegar hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

16 de mayo de 2009

Roque Dalton, literatura, derecho et moi

Viví mi adolescencia en un país en guerra civil, lo cual, es mucho decir. Si bien, la capital, donde vivía y vivo aún, no sufría de la violencia bélica de otros territorios cuyo control era disputado por las fuerzas contendientes, vivíamos bajo un ambiente militarizado, represivo, atosigados de propaganda bélica y con la amenaza de ser reclutados forzosamente por el ejército en cualquier calle o pasar accidentalmente cerca de alguna voladura de postes por los comandos urbanos.

Cursaba bachillerato en un colegio jesuita donde una educación excepcional marcó mucho mis opciones y horizontes. Diversas inquietudes estimulaban mis días: la política, la literatura, la música y por supuesto, la patota de amigos y flirtear con las féminas.

Como actividad extracurricular me ofrecí como encargado de notas culturales de un periódico mural. Mi tarea consistía en recopilar poemas, cuentos o relatos breves para su publicación en nuestro periódico. Un poco urgido por la tarea impuesta, busqué en casa los materiales disponibles en la librera familiar y tomé el libro Taberna y otros lugares de Roque Dalton, libro que mi padre había llevado a casa pero al que no presté atención sino hasta que me vi en la necesidad y ese fue un encuentro excepcional.

Primero me enganché de su poesía, fresca, simpática, heterodoxa y sin formalismos, propia del espíritu joven de quien promete mudarse a un planeta donde la gente viva 300 años, hasta dejarse morir, por respeto a sus hijos.

Pero luego, también aprendí a ver la historia del país desde otra óptica, a través de las historias que nos habían sido ocultas, a través de las historias prohibidas de pulgarcito. Dalton se convertía en un guía para mí y para otros compañeros contagiados de la misma fiebre. Sin embargo, al menos para mí, fue algo más que una fiebre juvenil, mi interés continuó y se mantiene a través de los años.

Por una suerte del destino tuve la fortuna de ser becado y realicé estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona, España. Ahí conocí, por otra afortunada coincidencia, a un joven profesor argentino-español, quién al conocerme y saber mi nacionalidad me preguntó si sabía sobre Roque Dalton, puesto que él era un fanático. Trabamos amistad inmediatamente. Siendo ambos abogados y políticamente comprometidos, “estudiando Derecho con carne de presidio”, Roque nos servía de inspiración y refrescamiento. “(…) en algo hay que agradecérselo también a la poesía.” En lo particular, como un interesado en la justicia penal, la traducción poética del dolor del presidio hecha por Roque me parecía el mejor discurso en contra de la inhumanidad de la cárcel:

Coro menor de la Quinta Bartolina

Han cerrado de nuevo la puerta de la celda.

Cerrado, cerrada.
Cerrada, cerrada, cerrada.

¿Saldremos este mes?
Ah, que eso se llama tener suerte!
Un mes,
un mes entre tu mano y la esperanza!

Yo que me tengo que aguantar un rato
de catorce años y qué más te digo,
yo que voy a salir de cincuenta años,
yo que ya ni de los ríos me acuerdo,
yo que ya no me acuerdo de acordarme de nada,
yo que ya ni canciones sé, ni quiero,
yo que ya no sabría caminar por las calles,
yo que llevo cinco años en la Segunda Instancia,
yo que por el jurado gordo aquel me he quedado silbando
puño en quijada y corazón a cuestas,
yo que por el Fiscal que nunca vio a mi madre
ciega la pobre de llorar por mi y yo inocente,
sin culpa alguna
por las urgencias de su carrera de buitre,
yo por idiota y bueno,
yo porque había que hacer escarmentar al mundo,
yo porque dije que sí,
yo porque escupí mi negación al polvo,
yo porque escupí,
yo porque
yo por
yo
y
y la
y la puerta
y la puerta cerrada
y la puerta de la celda cerrada,
cerrada, cerrada, cerrada,
cerrada,
cerrada…

Mi amigo había sufrido directamente la brutalidad de la dictadura argentina, su padre había sido asesinado bajo el régimen militar de la década del setenta e inicios de la década del ochenta. Siendo un adolescente hizo un viaje de intercambio estudiantil a Los Ángeles, California, y estando ahí, dada su inclinación por la cuestión social, se enroló con grupos de trabajo con inmigrantes, particularmente centroamericanos, donde, mediante un amigo salvadoreño, entró en contacto con la literatura de Roque y quedó igual de enganchado que muchos. Aún se dedica a coleccionar ediciones raras y siempre que puedo le he enviado las últimas publicaciones.

Coincidíamos también en nuestro gusto por el poder seductor de su poesía: frases como “(…) pensando siempre en encontrar un bar// en donde si quitáramos las mesas// quepan las madrugada y tú junto a mis ojos” fuero declamadas en algún bar en horas de bohemia con más de un resultado positivo. Gracias Roque por prestarnos tus palabras.

Ha pasado el tiempo y nuestra mentalidad va cambiando, madurando, y cada vez que tomo un libro de Roque y lo re-leo, encuentro que el mismo poema tiene una nueva significación y eso mantiene para mí su vigencia. Claro, con tanto tiempo, uno llega a conocer a los amigos, les conoce sus virtudes y defectos, los ve más realistamente. Eso también me pasa y ya no acepto todos sus planeamientos como antes, influido por la admiración, pero de eso se tratan las relaciones, de reconocer lo valioso y mantener el cariño a pesar de las diferencias.

Esta es mi humilde forma de tributar y agradecer su legado a uno de nuestros más grandes literatos, en el 34º aniversario de su cruel asesinato.

14 de mayo de 2009

Marcha ciudadana por un Fiscal Independiente




La mañana del 14 de mayo de 2009, más de doscientas cincuenta personas provenientes de organismos de sociedad civil, gremios de abogados y ciudadanía en general, realizaron la marcha "Por un Fiscal Independiente", como parte de una iniciativa más grande que busca incidir por que la Asamblea Legislativa nombre un Fiscal General competente e independiente, puesto que la institución vive actualmente en la acefalía luego del vencimiento del período, el pasado 19 de abril, del tristemente celebre Felix Garrid Safie, y es conducida, en un evidente fraude a la Constitución, por el Fiscal Adjunto, Astor Escalante, a la sazón, ex viceministro de Seguridad Pública y Justicia del actual gobierno y que fue colocado en esta institución como una jugada de enrrocamiento en el ajedrez de la política salvadoreña. Existen ya fallos judiciales en primera y segunda instancia que desconocen la autoridad del Fiscal Adjunto por la irregularidad de su titularidad.

Si bien, no fue una manifestación multitudinaria, fue grande teniendo en cuenta que la justicia no ha sido un tema muy abierto al público, así que lograr una marcha decente y obtener la atención de otra gente y medios, es una esperanzadora señal de que la ciudadanía está empoderandose de la necesidad e importancia que una fiscalía independiente tiene para el logro de la justicia y el Estado de Derecho y, que no sea, como hasta ahora, una institución políticamente manipulada y velo de impunidad en casos de gran trascendencia nacional. Se necesita un fiscal independiente, probo y eficiente, que sea capaz de enfrentar algunas de las más serias amenazas como las señales de infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado o la influencia de poderosos cárteles de la droga en el país.

En el trayecto, frente al edificio de la Corte de Cuentas de la República, se aprovechó la ocasión para abuchear a dicha institución que sería la principal encubridora (por acción u omisión) de la corrupción y por ser coto de caza del Partido de Conciliación Nacional (PCN) que con todo descaro se ha manifestado diciendo que la institución les pertenece y la cual sería utilizada como instrumento de encubrimiento o chantaje político.

Al final, la marcha se concentró bajo el famoso "Palo de Hule" y frente al edificio de la Asamblea Legislativa, donde hubo manifestaciones de rechazo contra la maniobra por la cual se ha detenido el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia que comentamos en el post previo y en contra del nefasto nombramiento del diputado Ciro Cruz Zepeda como presidente del Órgano Legislativo, como una mala señal de que el contubernio y los madrugones seguirán siendo la regla de esta legislatura.

Solamente la acción y vigilancia de la ciudada puede revertir o detener la arbitrariedad de los partidos en la Asamblea. En la medida que sepan y vean que hay amplios sectores disidentes de sus contubernios, en esa medida tendrán menos margen de maniobra y legitimidad para actuar antojadizamente. Ya vencimos el miedo una vez, hay que seguirlo haciendo. Solo nosotros, la ciudadanía, podemos impulsar un mejor país presionando a nuestros representantes a que sigan la ruta que les marquemos.

12 de mayo de 2009

Las maniobras de la derecha por controlar la CSJ

Atestiguamos un nuevo episodio del largo via crucis recorrido para la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Luego del proceso eleccionario del gremio de profesionales del derecho, la Asamblea se enfrascó en un tira y encoge respecto de la lista de quince candidatos presentada, según su mandato, por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), para complementar el listado resultante de la votación de las y los abogados.

Parte de la discusión se suscitó porque tres de los actuales miembros del CNJ: David Gonzalo Cabezas (presidente), Efraín Campos y Nora Montoya, aparecen como candidatos en el mencionado listado, es decir, se dio una especie de autopostulación. Aun y cuando los involucrados trataron de matizar los hechos, quedó en evidencia un claro conflicto de interés y, por supuesto, una flagrante falta de ética respecto del proceso. En la Asamblea, Legislativa, el derechista, y aún partido en el gobierno, ARENA, propugnó por devolver la lista al CNJ en tanto, los consejales que aparecen en la misma, habrían cometido infracciones reguladas en la Ley de Ética Gubernamental. En una extraña e inusual coincidencia, asociaciones de jueces respaldaron esta moción.

Al parecer, el malestar de ARENA se debería a que no cuenta con muchos abogados de su elección en los listados propuestos, a lo que se sumaría el hecho que los consejales del CNJ que deberían, por filiación ideológica, haber pujado por los delfines de la derecha, terminaron incluyéndose en la lista. Dicho en buen salvadoreño: se comieron el mandado.

Por su parte el FMLN -cuyo excoordinador general, Fabio Castillo, aparece como candidato en la lista del CNJ- se opuso a la devolución del documento, argumentando que la Asamblea no tenía facultad legal para tales fines.

Particularmente estoy de acuerdo con el razonamiento del FMLN, pero no solo por la inexistencia de una norma que permita dicho proceder, sino porque el listado del CNJ –nos guste o no; sea legítimo o no- no puede estar condicionado al gusto de la Asamblea o de sus mayorías internas. Precisamente el hecho que un organismo externo pueda elaborar una escogitación previa tiene como propósito evitar que la Asamblea pueda elegir a su antojo y sin intermediarios. Devolver la lista sería pues, un despropósito.

La presencia de Fabio Castillo como candidato también fue vetada por la derecha parlamentaria, argumentando su clara vinculación partidaria, lo cual, según los detractores, pesaría en contra de su imparcialidad.

Creo que se pueden contar con los dedos de la mano los abogados de El Salvador que tengan la altura intelectual de Fabio Castillo, por tanto, su capacidad no está en duda, ni su vinculación partidaria es causal de inhibición legal. Por tanto, su caso no es equiparable al de los tres consejales cuestionados. Sin embargo, ello muestra la incoherencia del discurso de la derecha, pues mientras que aquí rechazan la filiación partidaria, no tienen reparo en proponer a un exdiputado y militante de viejo cuño del partido ARENA como candidato a Fiscal General, pero que carece del prestigio intelectual y academico de Castillo.

En todo caso, la lógica y el fin de un proceso de elección por ternas es escoger de un catalogo de opciones. Unas se aceptan, otras se rechazan. Si hay cuatro candidaturas que no son aceptadas, quedan otras veintiséis de las cuales escoger. La petición de devolver la lista está completamente fuera de lugar y solo muestra un claro interés político por modificar de manera ilegal, las condiciones del juego.

Pero para terminar de enturbiar las aguas, la Sala de lo Constitucional admitió –con sorprendente rapidez: tres días hábiles- una demanda de amparo interpuesta por la abogada Michelle Gallardo de Gutiérrez -a la sazón, viceministra de Turismo- el día 29 de abril de este año, en la cual, la demandante alega que la irregular postulación de tres miembros del CNJ atenta contra el derecho a la igualdad y a su derecho a optar por cargos públicos. Señala en su escrito como autoridad demandada al CNJ y solicita la suspensión del acto reclamado, que, según la demandante sería el proceso de elección en marcha en la Asamblea Legislativa.

Personalmente creo que el proceso de selección de candidatos del CNJ es defectuoso, arbitrario y nada transparente, pero los supuestos alegados por la abogada Gallardo no son, en mi opinión, sustentables. Pese a ello, todos conocemos de la descomunal elasticidad de la jurisprudencia constitucional.

Ella, como cualquier otro abogado con elevada autoestima como para creer merecer estar en la CSJ, se sometió al proceso que abrió el CNJ, es decir, aceptó las reglas del juego. Su derecho a optar por un cargo público implica tener la oportunidad y libertad de someterse a ese proceso. No es lo mismo tener derecho a optar por un cargo público que tener derecho a un cargo público, esto último es lo queda implícito en los argumentos y peticiones de la demandante. Ella sí tuvo derecho a optar, que no la eligieran, es harina de otro costal.

Por otro lado, la suspensión del acto reclamado, que posteriormente fue otorgada por la Sala de lo Constitucional, es completamente discutible. Si la autoridad demandada es el CNJ, sobre el listado que éste produjo, el acto suspendido debería darse en esa instancia. La Asamblea Legislativa no tiene vela en ese entierro. Los Arts. 20 y 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establecen:

Art. 20.- Será procedente ordenar la suspensión provisional inmediata del acto reclamado cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva.

Art. 21.- Ordenada o no la suspensión provisional inmediata, se pedirá informe a la autoridad o funcionario demandado, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. (negrillas agregadas)

El acto, desde mi punto de vista, ya fue consumado, es decir, la lista objeto de la impugnación- tal como la identifica la demandante, citando el Acuerdo específico- ya fue elaborada y no se puede suspender lo ya consumado.

Sin embargo, pese a estas inconsistencias, la Sala de lo Constitucional otorgó la suspensión del acto reclamado en los términos que lo solicitó la demandante y con ello, paralizó la discusión en la entrante Asamblea, poniendo en peligro el ya complicado cumplimiento de los plazos.

El fondo de esta situación, disfrazada de institucionalidad, es el deseo de la derecha de enderezar el listado enviado por el CNJ, en tanto éste, no incluyó a sus delfines. A ella debe sumarse el eventual interés de magistrados salientes de la CSJ por ser incluidos en una nueva selección del CNJ, donde el caso más conocido es el del presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón que expresamente se incluyó en el proceso de escogitación del CNJ y que no se excusó de conocer.

Por otro lado, en el peor de los casos, podrían existir intenciones ocultas de facilitar la instalación de una CSJ funcionando con suplentes a la manera del estado actual de acefalía de la Fiscalía General de la República, con lo cual se tendrían dos instituciones con titulares de facto, violando flagrantemente la Constitución.

Lo más triste y mezquino de este asunto es ver a la Sala de lo Constitucional, el "más alto tribunal", haciendo parte en este juego sucio, devaluando aún más, su escasa legitimidad.


Pueden ver la demanda de amparo, el auto de admisión y el voto razonado en contra emitido por la magistrada Victoria Marina de Avilés haciendo clic aquí.

8 de mayo de 2009

Marcha ciudadana




Marcha ciudadana ¡Por un Fiscal Independiente!

Recorrido desde los juzgados hasta la entrada de la Asamblea Legislativa. El tema del
Fiscal es un tema de ciudadanía y en tal calidad debemos actuar.

Organizador(a): Movimiento ciudadano ¡Por un fiscal independiente!

Hora: jueves, 14 de mayo de 2009 10:00

Lugar: Centro Judicial "Isidro Menéndez", San Salvador.