"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

28 de febrero de 2009

Para abogados e investigadores académicos

Hace algún tiempo vengo usando como fuente de recursos de información para la investigación jurídica la Red Global de Información Legal (Global Legal Information Network, GLIN) La cual es una base de datos de legislación (incluso de jurisprudencia y literatura jurídica) basada en Internet.

En el sitio, se pueden descargar copias escaneadas de decretos y otros materiales jurídicos de larga data de una gran cantidad de paises y en diferentes idiomas, lo cual me ha resultado muy útil para realización de investigaciones sobre normativas de otros países. Sin embargo, tiene un limitante a tener en consideración, la página arroja arroja decretos o normas en versión original, y da referencia de posibles modificaciones posteriores, pero no las incorpora directamente, por lo que hay que tener cuidado con ese detalle.

GLIN tiene una terminal en El Salvador mediante convenio con la Asamblea Legislativa de El Salvador, por la cual alimentan la base de datos central. Dicha terminal también presta servicio directo si se solicita por correo electrónico o por teléfono en lo relativo a la normativa salvadoreña.

Espero que esta información sea de su utilidad.

19 de febrero de 2009

Mi listado de elegibles a la Corte Suprema de Justicia

Estimados y estimadas colegas,

el proximo 7 de marzo son las elecciones del gremio jurídico para elegir las ternas de profesionales que pasarán a la Asamblea Legislativa como candidatos a magistrados de la CSJ, además de las que presentará el Consejo Nacional de la Judicatura.

En total, 53 profesionales del derecho fueron inscritos a este proceso. A continuación les presento mis opciones:

7. Sidney Blanco. Juez Quinto de Instrucción de San Salvador. Doctor en Derecho. Exfiscal.

17. Juan Antonio (Tony) Durán. Juez de Sentencia de Chalatenango. Maestría en Derecho Penal y Candidato a Doctor. Ex Secretario de la Sala de lo Constitucional.

19. Rodolfo González. Dr. en Derecho, especialista en derecho Constitucional, exletrado de la Sala de lo Constitucional.

26. Jaime Martínez Ventura. Coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ. Especialista en justicia penal, justicia transicional y derechos humanos.

27. Florentín Meléndez. Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor en Derecho especialista en Derechos Humanos.

28. José María Méndez. Abogado en libre ejercicio, preside el Foro por la Defensa de la Constitución.

44. Doris Luz Rivas. Magistrada de Cámara de Menores. Doctora en Derecho y profesora universitaria de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho.

46. Martín Rogel Zepeda. Juez presidente del Juzgado tercero de Sentencia de San Salvador. Miembro del Foro de Jueces Democráticos e independendientes y profesor universitario de Derecho Procesal Penal.

Esta lista no pretente desestimar otros perfiles en competencia. Esta es mi opción personal por aquellas personas que conozco y he sido testigo de su compromiso con el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

18 de febrero de 2009

Protestas penitenciarias y reacción política

Desde el fin de semana pasado, internos de once centros penitenciarios se han declarado en protesta pacífica, por la cual han detenido las actividades normales de los centros de reclusión, incluyendo visitas y demás actividades internas. Lo anterior, como una forma de presión para pedir mejoras en las condiciones penitenciarias, las cuales se encuentran profundamente deterioradas. Afortunadamente, no se han registrado mayores hechos de violencia ni disturbios en esas acciones. Familiares de los internos a su vez, realizaron el pasado lunes 16 una marcha, acuerpando la protesta, así como para presentar un pliego de peticiones a la Dirección General de Centros Penales (DGCP)

Una de las primeras reacciones del titular de la DGCP, el Coronel Gilbert Cáceres, fue vincular el movimiento de protesta a iniciativas de grupos de crimen organizado y pandillas. Eso fue publicado el día domingo. El martes 17, la Fiscalía General de la República anunció estar realizando investigaciones sobre los hechos –basadas en “información de inteligencia policial” y en el dicho de un diputado del partido en el gobierno–, para identificar a los elementos externos tras de ella, sin esconder que tiene como sospechoso al FMLN, principal partido de oposición, ahora en contienda electoral con posibilidades de ganar. Según esta versión de los hechos, dicho partido, estaría generando un clima de inestabilidad para desgastar al gobierno y beneficiar su posición en la contienda.

Las declaraciones de los funcionarios citados, son lamentables y vergonzosas, justo ahora que hay una protesta pácifica y la crisis no ha desembocado en un amotinamiento. En primer lugar, porque con tales declaraciones pretenden invisibilizar el fondo del asunto que es un serio problema político criminal y humano, y además me parece inmoral explotarlas como herramienta de campaña electoral sucia.

Actualmente se estima una población penitenciaria de 20 mil 500 internos en un sistema penitenciario con capacidad instalada para 8,100. La tasa de población penitenciaria estaría rondando los 330 presos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, y el doble de la media mundial según el World Prison Population List del King College. El hacinamiento penitenciario actualmente sería de un 150% de exceso sobre la capacidad instalada.

Por otro lado, debe tenerse muy en cuenta que el ritmo de crecimiento penitenciario bajo el esquema político criminal actual es muy acelerado, por lo que suponemos que este número tenderá a incrementarse en los próximos meses. Aunque la gestión gubernamental tiene en construcción más centros penitenciarios, el total de cupos nuevos previstos es de 10 mil, con lo cual, no se logran satisfacer las necesidades actuales, mucho menos las de un escenario más complicado que el actual.

El sistema penitenciario es la prueba palpable y dramática de los costos de la política de populismo punitivo que ha imperado en los últimos dos gobiernos (y por lo que propone el plan de gobierno del candidato actual del partido en el gobierno, algunas cosas empeorarán) A través de la política penal de contrarreforma y endurecimiento penal se gestaron las condiciones para poner en crisis el sistema penitenciario.

En resumen, la crisis penitenciaria muestra el fracaso y los efectos perversos de la apuesta punitiva de la política de seguridad y de la búsqueda de eficacia por vía normativa. Se creó un animal que tiene un hocico enorme para atrapar y machacar, pero poco estomago para digerir. Las palabras del recién nombrado Arzobispo Escobar Alas son contundentes: el problema de la violencia no se solucionará con más cárceles ni con leyes más duras.

No hay que tener postgrado para caer en la cuenta que existen razones de fondo, como el enorme hacinamiento y la precariedad e inseguridad de las condiciones de vida al interior de los centros penitenciarios que alimentan la crisis y dan sustento a la protesta, como para venir a negarlas atribuyendo la situación actual a factores externos. Pero inluso, aunque ellos existiesen, solamente serían accesorios a una realidad de por sí, sobradamente inhumana.

Sin embargo, a pesar de la manipulación y de las intenciones de uso político del asunto, algo positivo surgió, que es la creación de una mesa interinstitucional para el abordaje de la cuestión penitenciaria conformada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador General de la República, el Director de Centros Penales y dos organismos no gubernamentales que serían elegidos de un listado de seis entidades propuesto por las personas privadas de libertad.

Creo que jueces y diputados también sería importante que participaran en tanto, los primeros enfrentan la decisión de privar de libertad a una persona, mientras que los diputados, pueden contribuir proponiendo medidas legales o recibiendo propuestas para enfrentar la crisis. Pero igual de importante considero la participación directa de representaciones de la población penitenciaria o al menos reuniones y verificaciones in situ de la situación.

Espero que la mesa, acorde con la gravedad de la situación asuma el desafío de generar y proponer iniciativas de cambio y no sea otro esfuerzo cuyas propuestas no son atendidas.

Desde mi punto de vista es fundamental la generación de alternativas legales que reduzca el ritmo de crecimiento de la población privada de libertad, a través del aumento de opciones de salidas alternas, la reducción del uso de la detención provisional y mejora de los beneficios penitenciarios, lo que a su vez requiere el fortalecimiento de los mecanismos de control y seguimiento de los mismos, inversión que no se puede evadir si queremos resolver o, al menos, palear el problema penitenciario.

La cárcel como mecanismos de gestión de la conflictividad hace mucho que se vio sobrepasada por la realidad, por lo tanto son necesarias nuevas respuestas para detener la espiral de este círculo vicioso.

14 de febrero de 2009

Solo para abogados y abogadas

Estimados y estimadas colegas,

Este post es poco usual. Recientemente me he involucrado en el proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia como miembro de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador (ADESAL). No quería atestiguar cómo las asociaciones y abogados del establishment se dedican a comprar voluntades del gremio, a manipular el proceso electoral y a proponer profesionales representativos de intereses corporativos y que lejos de dar la cara por lucha por la profesionalización y fortalecimiento de la justicia, han sido reproductores de las prebendas y de la corrupción que les favorece.

En particular, deseo utilizar este espacio para promover, la que considero, una de las cartas más fuertes en términos intelectuales, profesionales y de compromiso demostrado por la construcción del Estado democrático de Derecho en El Salvador. Me refiero a Jaime Martínez Ventura (ver imagen en columna derecha), a quién muchos de ustedes conoceran personalmente o a través de referencias como un destacado analista de la realidad de la administración de justicia y procesos legislativos, frecuente referencia de medios de comunicación como exponente riguroso de la realidad jurídica en el país. Además cuenta con un elevado perfil académico que le ha llevado a publicar en diversas revistas y libros especializados en diferentes países de América Latina y Europa, así como a ser un solicitado exponente en diversos foros académico-jurídicos internacionales.

Jaime Martínez cumple el ideal del constituyente respecto de quienes lleguen a ser miembros de la Corte Suprema de Justicia y mi conocimiento personal me hacen dar fe de su honestidad, probidad, formación notoria, su gran capacidad y liderazgo así como su ecuanimidad, cualidades que requiere el cargo al que aspira y que con el apoyo de vosotros, podría ser logrado.

11 de febrero de 2009

¿La milicia como árbitro político?

Las notas publicadas por El Faro, sobre la participación del ministro de defensa en un mitin “privado” de ARENA, han sido ignoradas o invisibilizadas por las empresas de comunicación dominantes. Esta semana, la sección de cartas de los lectores del mencionado periódico, se publicaron varias misivas donde algunos ciudadanos, exmilitares algunos, defendían la participación del mencionado ministro dado que es un militar en retiro, en consecuencia, la prohibición de participación en política para los miembros en activo de la Fuerza Armada no aplica.

Sin embargo, la alarma del editorialista de El Faro no es exagerada y la comparto. Durante casi 50 años del Siglo XX, El Salvador vivió bajo dictaduras militares, que colocaron a la FA como arbitro de los destinos del país. Dicho autoritarismo contribuyó decisivamente para provocar el conflicto armado. Este es un antecedente histórico que no se puede obviar, por lo que las declaraciones del ministro, encienden algunas cuantas alertas.

El análisis de Ignacio Ellacuría sobre este aspecto es altamente ilustrativo en clave histórica:

El razonamiento por el cual se atribuye la representación auténtica de la nación y del Estado a la Fuerza Armada se apoya en que los militares tendrían, por estructura corporativa y por separación de intereses inmediatos, la posición ideal para juzgar qué es lo más conveniente para el país. Pero esto es una racionalización de un hecho más básico subrayado por la doctrina de la seguridad nacional: lo importante para la nación es la seguridad entendida como mantenimiento del orden establecido, y sólo la Fuerza Armada puede garantizar esa seguridad (…)
Ellacuría, Ignacio, “La seguridad nacional y la Constitución Salvadoreña”, en Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989), Tomo I, 1a. Edición, UCA editores, San Salvador, 1991, Pág. 250.


Querámoslo o no, la milicia posee un claro y evidente espíritu de cuerpo, en tal sentido, la presencia en la actividad proselitista del Ministro de Defensa: un militar en retiro pero en contacto permanente y jerarquía sobre la FA no debe ser tomada a la ligera. En este aspecto, la cuestión no es tanto sobre legalidad o las formas, sino sobre las implicaciones y el mensaje político que se puede extraer del mismo. Si, por ejemplo, en el transcurso de una fuerte discusión, alguien saca una pistola y la coloca tranquilamente sobre la mesa, no es necesario que diga algo para intimidar a sus interlocutores. ¿Es eso una amenaza? Legalmente no, pero el efecto real es el mismo: intimidación. Pues eso…

Pero lo más grave, a mi juicio, es el contenido de sus declaraciones sobre las acciones tomadas por la FA en “análisis” de las plataformas de los partidos políticos para –según el señor Ministro–:

(…) asegurar el bienestar del país, para eso se necesita gozar de ciertas condiciones de seguridad para de esta manera ir obteniendo todas las metas en materia de desarrollo. (…) Nos interesa conocer de qué manera no se pueda provocar situaciones de desestabilización... (…) no hay que tener tanto temor de que la Fuerza Armada vaya a estar en una posición partidarista, la Fuerza Armada es profesional, está muy consciente de su papel que tiene que desempeñar en el país, por eso nos interesa conocer cuáles son los distintos enfoques que puedan traer estabilidad o inestabilidad. (…) Los riesgos podrían ocurrir de acuerdo con ciertas posiciones extremas. No voy a mencionar si en este momento algún político está externando, pero posiciones que no van a abonar a un clima de estabilidad como pudieran ser acercamientos con grupos que hacen uso del terrorismo, no voy a mencionar si cualquier partido lo está haciendo, no lo voy a hacer, pero esas condiciones son las que tenemos la población.... la población ha madurado mucho y va a saber qué es lo que le va a convenir para estos próximos años, en un momento en el que hay una crisis realmente muy difícil para los países del mundo.


Por un lado, puede inferirse que en el muy ambiguo discurso del señor ministro, existe una precaución respecto de eventuales desestabilizaciones originadas como producto de un próximo gobierno. Una lectura entre líneas, muestra que el ministro, tal como el discurso de campaña del partido ARENA, no parece ver el cambio y la alternancia de gobierno como un tránsito normal en una sociedad democrática.

Su frase sobre actores que tengan “(…) acercamientos con grupos que hacen uso del terrorismo” es, casualmente coincidente con todas las referencias sobre las supuestas relaciones entre el FMLN y las FARC.

Su insistencia en el tema de la “desestabilización” lo que hace es generar más dudas: en caso de un gobierno X puede haber desestabilización. La pregunta obligada es a qué se refieren con el término y sobre todo, desde donde vendría y cuáles serían los actores de la desestabilización ¿el propio gobierno generando desestabilización? ¿La oposición política?

Si la FA analiza programas de gobierno en el marco de una contienda electoral y prevé consecuencias sobre la estabilidad del país sobre la base de ese análisis, ello es colocarse en posición de juez, implica una toma de posición, y mucha clarividencia. No es necesariamente un ejercicio aséptico.

Por otro lado, no creo que se haya hecho un análisis para guardarlo en alguna gaveta. La proyección de escenarios prospectivos tiene como función, la toma de acciones preventivas respecto de contingencias. ¿Cuáles son los riesgos identificados y las acciones a emprender para contrarrestarlos según el análisis?

El anterior ejercicio, podrían alegar, está dentro del marco legal. La tristemente célebre Ley de Defensa Nacional, contiene algunas disposiciones por las cuales otorga facultades abiertas a las instituciones ahí contempladas, a través del uso de conceptos jurídicos indeterminados, que dejan amplia discrecionalidad interpretativa y en consecuencia, aplicativa. Para muestra, en lo esencial:

Art. 3.- Finalidades de la Defensa Nacional:
(…)
2. Vencer los obstáculos que se opongan a la consecución de los objetivos nacionales e impedir que se logren objetivos que resulten vulnerantes para el Estado Salvadoreño.


Y más adelante:

Art. 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
(…)
7. Objetivos Nacionales: Metas que el Estado Salvadoreño se propone alcanzar al interpretar los intereses y aspiraciones nacionales. Pueden ser permanentes o actuales.

La ley en comento no establece quien o quienes deciden cuáles son los objetivos nacionales ni la metodología para su elaboración, es por tanto, abierto a la imaginación. Lo mismo sucede con los “objetivos que resulten vulnerantes para el Estado Salvadoreño.” Lo cual, me parece sumamente peligroso dejar tales definiciones al arbitrio político coyuntural, por esta vía, podría suplantarse la voluntad popular, si se considera ésta contraria a los objetivos nacionales.

Las declaraciones del señor ministro son cuando menos, lamentables. Lejos de generar tranquilidad, agregan incertidumbre en un contexto de tensión electoral. Aunque a mi entender, no reflejan la visión de toda la Fuerza Armada, al menos, de los sectores más jóvenes de la institución, que no fueron contaminados por la lógica maniquea del conflicto.

Desde mi forma de ver, como mínimo, el ministro debería ser objeto de llamado a la Asamblea Legislativa, para que aclare el contenido de sus declaraciones y de las acciones realizadas por la Fuerza Armada. Su ambigüedad, solamente llama a sospecha y arriesga el prestigio de la profesionalidad de la institución armada.

2 de febrero de 2009

1932 según Claudio de Rosa




El día lunes 2 de enero de 2009, La Prensa Gráfica públicó la columna intitulada "Los comunistas y la masacre de 1932" elaborada por Claudio de Rosa.

Luego de leerla, lo primero que me pregunté fue: ¿por qué y cómo el economista y exdirector de la Asociación Bancaria de El Salvador, el chileno nacionalizado salvadoreño Claudio de Rosa -ahora también va de entrevistador y periodista- aparece de repente como experto en historia de El Salvador? Además, abordando un tema que involucra al extinto Partido Comunista Salvadoreño, cuando casualmente, el clivaje del anticomunismo es un caballito de batalla de la derecha en el actual proceso eleccionario que vivimos. De entrada, el asunto no es inocente ni espontáneo.

1932 y, particularmente Izalco, son los simbolos de dos versiones históricas de El Salvador: la de una dictadura sanguinaria que aplastó un levantamiento campesino con un saldo de entre 10 mil a 30 mil muertos, por un lado, o la de la derrota del comunismo por otro. Está claro por qué el partido en el gobierno arranca sus campañas en dicho lugar: "El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán.." dice su anacrónico himno. Semejante acontecimiento, en un contexto con mayor conciencia moral y tolerancia podría ser objeto de señalamientos por delitos de incitación al odio o apología del genocidio.

El señor de Rosa, cita una de las fuentes a la que también recurrió el amplio, riguroso y serio estudio sobre la matanza del 32 hecho por Erick Ching y Héctor Lindo-Fuentes y Rafael Lara Martínez, el cual, revisando los archivos de la KGB dio cuenta de la influencia de la antigua URSS en el movimiento revolucionario salvadoreño de fines de la década del 20 e inicios de la década del 30, cuestión que había sido planteada previamente en otros estudios como el de Anderson. Así que de primicia, la nota del señor de Rosa no tiene nada. Yesterday news. Por lo que su difusión, más bien parece interesada.

La nota en comento, parte de la siguiente versión: había un descontento en la población como resultado de la Gran Depresión, lo que fue aprovechado por los comunistas para "(...) para agitar a los campesinos, quienes terminaron siendo la carne de cañón de la 'masacre' de enero de 1932. Los señalamientos siempre han apuntado al régimen de Hernández Martínez, ocultando la otra cara de la moneda." (¿Por qué entrecomilló la palabra masacre? ¿Duda de que hubo una?)

El autor incluso, cual autoridad en la materia, indica la necesidad de reescribir la historia (¿estará pensando en los hermanos Galeas?)

Lo que las investigaciones como la de Ching, Lindo-Fuentes y Lara Martínez han mostrado es que el levantamiento tenía un fuerte caracter reinvindicativo de las comunidades campesino-indígenas por la propiedad de la tierra, que reclamaban la deuda histórica del arrebatamiento de los ejídos comunales con la reforma liberal de 1881, es decir, era un movimiento de raíces étnicas, no ideológicas, por lo que se pone en duda la verdadera capacidad de influencia de los comunistas sobre el levantamiento, aunque se reconoce el intento de éstos por cooptar la lucha en marcha hacia sus agendas. Dicho coloquialmente: por ponerse delante de la procesión que ya venía. O de otra forma: los campesinos no fueron simples tontos útiles que sirvieron de "carne de cañon" al servicio de intereses comunistas que sugiere el señor de Rosa.

Lo que me parece chocante y hasta infame, es el velado ánimo exculpatorio y hasta justificante del autor respecto de la dictadura de Martínez y de los miles de muertos acecidos por su represión (¿Simpatía entre colegas, quizas?) Tan reprochables y condenables son las víctimas del levantamiento, como la desproprorción de la respuesta estatal a los acontecimientos que colocó a El Salvador en el triste mapa de las matanzas latinoamericanas.

Esta posición deriva de un discurso por el cual, en una situación revolucionaria, "son ellos o nosotros" y bajo tal justificación, cualquier exceso es legítimo. Es el mismo discurso que la extrema derecha histórica ha blandido como defensa para pretender justificar y hasta legitimar la brutal violencia política de fines de los 70 y durante los 80 contra opositores políticos y población civil. Un discurso carente de cualquier fundamentación o consideración ética. ¿Qué nos dice de Operación Cóndor?, señor de Rosa, ¿cuál es su opinión?

Un segundo, aspecto que se deriva del análisis del discurso es atribuir a causas externas el levantamiento, negando la efervescencia existente en el campesinado gestada por siglos de injusticia. El autor les convierte en víctimas culpables: ¿quién los mandó a meterse en líos?

Me parece una columna lamentable y atentatoria conta la memoria histórica de nuestro pueblo, espero que la academia reaccione frente a esta devaluación del pasado.

Notas relacionadas: 1932 la media vida que nos dejaron