24 de octubre de 2008

Presentación del Documental "El Porvenir"


Lugares y fechas:

  • Cinemark Metrocentro, el lunes 27 de octubre a las 5 pm.
  • En UTEC, el martes 28 de octubre, a las 5 pm, el Auditorio de La Paz , 1ra Planta Edif. Francisco Morazán, Calle Arce, S.S.
  • En la UCA , el miércoles 29 de octubre, a las 5.30 pm, en el Auditorio del Edificio de Aulas "D".
La entrada es gratis y abierta a todas las personas que deseen compartir la temática, pueden compartir esta invitación con amigos y amigas que vengan con ustedes.

Estarán presentes en el análisis el licenciado Jaime Martínez de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ y Jorge Dalton, cineasta salvadoreño.

El documental dura 62 minutos y hasta ahora se ha presentado y debatido durante el festival de Cine Latinoamericano 2008 de Utrecht en Mayo pasado y forma parte de la Selección Oficial del Festival de Cine Centroamericano ICARO 2008 que se realizará en Noviembre en la ciudad de Guatemala.

También se ha presentado en varias ciudades de la costa Este y Oeste de Estados Unidos, y con el apoyo de ICCO, Iglesias en Acción de Holanda y FLACSO El Salvador se está realizando la gira Centroamericana de la cual forman parte estas funciones en El Salvador.

Una síntesis del documental:

EL PORVENIR nos muestra una historia de lucha por la verdad y la justicia ante un estado que se muestra incapaz de hacer frente a la problemática de las pandillas. Pero sobre todo nos muestra una sociedad que ha condenado a una generación de hombres y mujeres al exterminio, un país que ha aprendido a olvidar a costa de su propio futuro.

EL PORVENIR es un documental hondureño, dirigido por Oscar Estrada, producido por MARABUNTA FILMS

Para más información y reacciones de la audiencia favor visitar:

http://www.youtube.com/watch?v=n8hHpUOw1jo

http://www.facebook.com/pages/EL-PORVENIR/12433141210

Cualquier duda comunicarse con Guadalupe Ardón telf. 2223- 6941 o al cel. 7114-5112 y Vita Randazzo Celular en El Salvador: 7217 5913

23 de octubre de 2008

19 de octubre de 2008

Tres años en línea y seguimos contando



Este blog (ahora blawg) cumple tres años. Comenzó el 20 de octubre de 2005, con la ambiciosa idea de contar con un espacio para compartir e intercambiar información y opiniones sobre justicia penal y seguridad ciudadana en el nivel latinoamericano Estos objetivos se han cumplido solo parcialmente.

Cumple con el objetivo de compartir información, como un centro de recursos, contribuyendo de esta manera a volver accesible información para un público especializado en las materias que abordamos y, en alguna medida, ayudando a transparentar el funcionamiento de las instituciones.

Aún hace falta debate. Hay que trabajar sobre ello y ese es el desafío de esta nueva etapa. Los sitios en internet se caen si no son atractivos y si no plantean cuestiones interesantes de manera interesante. Los comentarios siempre son bienvenidos. A veces me pregunto si no estoy posteando solo para mí.

Otra cuestión a superar es el parroquialismo. Es cierto que la discusión sobre justicia y seguridad en El Salvador es importante, pero sería bueno poner algo de visión más amplia, las políticas transnacionales de seguridad estan modificando las agendas de la región y solo una visión de conjunto permitirá tener respuestas más acertadas. Este es el segundo desafío a asumir.

Finalmente, quisiera poder actualizar con más sistematicidad, pero estoy un tanto sujeto a los vaivenes de las agendas laborales.

Agradecería muchísimo saber su opinión, sobre todo sus sugerencias para poder incluirlas en esta nueva etapa.

Mis agradecidos saludos,

Edgardo Amaya.


Invitación a Congreso Universitario

Comparto con ustedes la invitación al V Congreso de Derechos Humanos, los días 22, 23 y 24 de Octubre, en el Auditorium"Herbert Anaya" de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.

Más información en el blog del congreso.

15 de octubre de 2008

Además de pobres, presos...

Este día 15 de octubre, se realiza el Blog’s Action Day, el cual moviliza a muchos bloggers a difundir o sensibilizar sobre una temática concreta, en este caso, el de la pobreza en el nivel global.

Dado que no soy un experto en cuestiones económicas, he pensado hacer algo más acorde con la temática de este blog: vincular pobreza, con seguridad y justicia, un poco desde el plano reflexivo más que de un plano más técnico.

Muchos sabemos en el campo de cuestiones de criminalidad y violencia que vincular dichos fenómenos a la pobreza como variable independiente es algo en términos técnicos políticamente incorrecto desde muchas perspectivas. En mi experiencia, he visto la paradoja de como los “progres”, los izquierdistas de café que le achacan la culpa de todo a la injusticia social y que hablan siempre en nombre de las mayorías empobrecidas, son proclives a hacer la vinculación arriba mencionada –todavía anclados en el anacronismo de creer que la delincuencia es una forma de redistribución Robinhoodiana de la riqueza-, mientras que los sectores conservadores son los primeros en saltar con el dedo acusador diciendo –con razón, pero sin autoridad moral- “Ustedes acusan a los pobres de ser delincuentes”.

El reclamo de sectores conservadores a evitar la vinculación entre pobreza-criminalidad-violencia contiene una falacia ética: pretendería por un lado, evitar la estigmatización de las personas por su condición social, lo cual es completamente válido. Pero la trampa consiste en retirar de la discusión sobre los fenómenos mencionados las condiciones materiales de existencia de la población y la satisfacción de sus derechos.

Estoy de acuerdo en que la pobreza no es –en sí misma- una variable independiente del fenómeno de la violencia y criminalidad, sino que se deben considerar fenómenos más precisos como la desigualdad, la marginación y la exclusión social.

Del otro lado de la moneda, si hilamos fino en los niveles de delincuencia que hablamos, la corrupción a gran escala y los fraudes financieros y al consumidor no los ocasionan los pobres, sino los ricos y, aquellos son las víctimas de siempre.

Pero en lo que el imaginario social y en las encuestas de opinión pública (afectado por las agendas y framming de diversas empresas de comunicación y la vivencia cotidiana) se entiende como criminalidad o violencia es la delincuencia común de las calles y vecindarios. Regularmente, la imagen del chivo expiatorio de esta delincuencia y violencia es un hombre, joven, no favorecido por los beneficios de la sociedad, y dicho de manera simple: pobre.

Esta imagen se ve reforzada por los procesos de selectividad del sistema penal que convierte al estereotipo en su objeto. Esto se puede observarse con claridad en las cárceles. Según el Censo educativo Penitenciario de 2005 de la Dirección General de Centros Penales, en el sistema penitenciario el 76% de los privados de libertad se encuentran entre el analfabetismo y estudios de educación básica. En buena medida, resultan coincidentes con los datos del promedio de educación nacional que no supera el sexto grado. Casi la mitad de la población penitenciaria se sitúa por debajo de dicho promedio, lo cual fortalece el dato por el cual, la selectividad del sistema penal se encuentra orientada especialmente a los sectores más excluidos y desfavorecidos de la sociedad.

En el post previo he tocado precisamente esta temática y concluía que tanto el fenómeno de la violencia y criminalidad, como el catálogo de opciones institucionales del Estado no podrán verse afectadas de forma significativa sin un cambio importante en la política económica del estado en términos de redistribución de la riqueza y reducción de la exclusión social a través de una motivación más igualitarista de sus políticas públicas. Una sociedad solo será más segura en tanto sea más igualitaria.

12 de octubre de 2008

Idea loca

Si se acaba el modelo capitalista neoliberal ¿acabará su modelo de justicia penal con él?

Se me ocurrió de momento.

6 de octubre de 2008

El Salvador: uno de los países más punitivos de América Latina

Recientemente el viceministro de Seguridad Pública y Justicia Penal, Astor Escalante, interrogado por medios escritos sobre la situación de la cárcel dio algunas declaraciones que ponen en evidencia la mentalidad punitiva del gobierno salvadoreño y su clara afiliación al modelo estadounidense de carcerización masiva como principal estrategia de control, que ha llevado a El Salvador a colocarse, por mucho, como uno de los países de América Latina con mayor tasa de presos por cada 100 mil habitantes como se puede ver en la siguiente tabla.




(Hacer clic en las imagenes para aumentarlas de tamaño)


La tabla precedente recopila datos tomados del World Prision Population List del año 2007. Como puede apreciarse, los datos de El Salvador correspondían al año 2005 y el dato de población proviene de una proyección estadística sobre la base del censo de 1992. La tasa obtenida, con dichos datos es de 174, colocándose por encima de la media latinoamericana.

El citado estudia menciona que el 61% de los países estudiados en el mundo tiene una tasa debajo de 150 personas por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a El Salvador, según los datos utilizados, en el 39% de países que superan esta tasa.

Sobre este punto podemos hacer algunas observaciones. Tal como lo han revelado los resultados del censo de 2007, somos menos de los que pensábamos, por lo que probablemente la población correspondiente a 2005 sería menor a la actual y, en consecuencia, la tasa de presos se elevaría respecto de esa población como una inevitable consecuencia aritmética. Dicho de otra forma, muy probablemente la tasa real de presos del año utilizado en el estudio sería mucho más alta que la presentada.

He agregado en la tabla de arriba, un dato denominado “El Salvador (a)” el cual es la ratio obtenida de la cifra de presos del mes de octubre de 2007 y el resultado del censo de población de 2007. El valor alcanzado de la operación es de 293 presos por cada 100 mil habitantes.

Luego, he agregado un segundo dato denominado “El Salvador (b)” el cual es una simulación elaborada con un dato de población penitenciaria recientemente manejado en un medio escrito teniendo como fuente a la Dirección de Centros Penales sobre la base de una cifra “redondeada” de 6 millones de habitantes. La tasa obtenida de esta simulación de 330 presos por cada 100 mil habitantes, dato que es más del doble de la media latinoamericana y supondría un aumento del 13% respecto del año 2007.

Es curioso que el listado muestra que el país supera a los considerados más violentos de la región (Guatemala, Honduras y Colombia) así como también que la pacífica Panamá tenga la proporción más alta de la región, cifra obtenida a causa de su baja población (debajo de los 4 millones) y al elevado número de personas privadas de libertad, particularmente por el abuso de la detención provisional que constituiría el 60% de su población penitenciaria (Reporte del Estado de la Justicia, CEJA) En las antípodas está el caso guatemalteco que, siendo uno de los países más violentos de la región, tiene una tasa de privados de libertad de las más bajas del mundo, donde una de las hipótesis sobre este fenómeno apunta a la ineficacia de su sistema de justicia.

Pero volviendo al caso salvadoreño, los escenarios propuestos indican un crecimiento de la tasa de privados de libertad de manera significativa en el período de un año, lo cual es una previsible del modelo de gestión de la conflictividad que hemos venido señalando: carcerización masiva, y que en el ámbito penitenciario se ha manifestado en: aumento de las penas y del tiempo efectivo en prisión; recorte o eliminación de salidas alternas en el proceso penal; recorte o eliminación de beneficios en la ejecución de la pena para ciertos delitos; la existencia de criterios de detención provisional automática (bendecidos por la Sala de lo Constitucional en abril de 2007, lo que estaría relacionado con el aumento de la población en detención preventiva desde entonces)

Este modelo de gestión de la conflictividad, tal como lo ha expuesto con harta claridad David Garlan en su libro “La Cultura del Control”, tiene en sus orígenes vinculaciones ideológicas y funcionales con la evolución del modelo neoliberal en Estados Unidos: reducción del estado de bienestar (welfare) y crecimiento del sistema penal para contener a las víctimas de la precarización del empleo y la muerte del modelo fordista de producción, lo que se tradujo en masas de nuevos desempleados e informales (underclass), sin mayores alternativas de asistencia debido al desmantelamiento de las políticas sociales.

Con estos antecedentes del modelo, las declaraciones del viceministro no dejan de tener un tono desagradable: “Personas ingresaron siendo analfabetas y ahora son bachilleres”. ¡Vaya logro!: La gente puede obtener en la cárcel la educación que el estado no pudo garantizarle oportunamente -además de que pueden permanecer mucho tiempo ahí para poder hacerlo-. Entonces ¿donde queda aquello de “educa al niño para no castigar al hombre”?

Ante el problema del hacinamiento, la alternativa tomada es la construcción de nuevas cárceles. Según la nota periodística, los cupos penitenciarios podrían aumentarse entre 8 mil y 10 mil plazas, lo cual, según la nota en referencia a lo dicho por el viceministro, solucionaría el actual problema. Para verificarlo, hay que hacer algunas cuentas: noticias recientes dicen que la población penitenciaria estaría en 19,800 internos. El cupo total de las cárceles es de aproximadamente 8 mil. Si a ello sumamos 10 mil espacios más -si tomamos la posibilidad más alta de lo que ha sido mencionado-, entonces se tendrían 18 mil cupos en total. Si sabemos de aritmética, rápidamente caeremos en la cuenta que el problema no se solucionará porque nos quedarían mil ochocientos presos por ubicar (si la población penitenciaria no creciera, lo cual es imposible en este contexto)

Sin negar que la construcción de cárceles sería necesaria para proveer de respuestas al crecimiento penitenciario, en la medida que éste debería crecer de acuerdo con la población, ello es solo una verdad parcial. No es racional ni sostenible en términos humanos, institucionales y presupuestarios, mantener este esquema de ampliación del sistema penitenciario como única alternativa.

El problema originario de la situación penitenciaria se encuentra en buena medida fuera de la cárcel y apunta hacia las opciones de política criminal adoptadas: favorecimiento de la represión antes que de la prevención social y una subpolítica penal altamente punitiva.

Mientras ésta siga siendo la opción adoptada, por muchas cárceles que existan, la conflictividad social en la que se manifiesta el delito continuará alimentando el sistema penal.

La ruptura de este esquema supone un cambio radical del enfoque estatal: la apuesta por un modelo preventivo supone por un lado, la opción por un modelo de política criminal orientado a consecuencias, es decir, que genere alternativas de tratamiento de la conflictividad para que la política criminal no cree más problemas de los que pretende solucionar. En el plano global supone la adopción de políticas redistributivas inspiradas en la inclusión de los sectores largamente excluidos y marginados de la sociedad, tanto en términos económicos y sociales como en términos políticos. Solo una perspectiva igualitarista de las políticas públicas contribuiría a una reducción real de la conflictividad social.