"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

31 de julio de 2008

El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal II. La (ir)racionalidad económica

Resulta preocupante que el proyecto de Código Procesal Penal transforma el esquema de competencias judiciales actuales, reduciendo a su mínima expresión la participación de los jueces de paz, trasladando el conocimiento de los casos directamente a los “jueces de la etapa preparatoria” forma en cómo se denominaría a los actuales jueces de instrucción.


El modelo de competencias actuales –aun de los defectos de distribución territorial y de cargas de litigación entre las diferentes unidades jurisdiccionales que han sido previamente diagnosticadas y documentadas- ha facilitado en alguna medida el acceso a la justicia, en tanto, hay una representación judicial en cada municipio del país, no así de los juzgados de instrucción o mixtos, generalmente concentrados en las principales ciudades y en zonas urbanas. Adicionalmente, los juzgados de paz evacuan una significativa proporción de casos mediante la aplicación inmediata de facultades de terminación ordinaria o alterna.


Sobre lo anterior, los defensores del proyecto –alegando razones de economía– se adscriben a la idea de eliminar el número de jueces que conocen de los procesos penales, recurriendo a algo que a mi forma de ver es un sofisma –bastante burdo, por cierto–: alegan que es un despilfarro que un proceso sea conocido por cinco jueces: el de paz, el de instrucción y tres de sentencia. Lo burdo y superficial de este planteamiento le resta seriedad alguna como propuesta de política pública.


La mentira de tal sofisma reside en el hecho de considerar que todos o la mayor parte de los procesos penales siguen la ruta de un proceso ordinario, es decir, desde la Audiencia Inicial en juzgado de Paz, hasta la Vista Pública en el Tribunal de Sentencia actuando de manera colegiada. Nada más alejado de la realidad: los procesos ordinarios son una minoría que no supera el 7% del total de casos originalmente judicializados. Casi un 60% de los casos se resuelven en Audiencia Inicial y el resto, durante la instrucción o en la Audiencia Preliminar.


No soy un experto económico, por ello, la sensatez me indica que la reducción de costos en la administración de justicia debería venir respaldada del consejo experto de econometristas de procesos, ingenieros industriales y evidencia empírica de estadísticas, antes que de burdas ocurrencias.

Mi experiencia, si para algo cuenta y vale, me ha mostrado que la mejora de los tiempos y eficiencia de los procesos tiene que ver con abordajes institucionales de reorganización administrativa, adopción de economías a escala en la gestión judicial, la ruptura del modelo celular de despacho judicial, por la implementación de juzgados pluripersonales, más que con transformaciones normativas per se.

Lo que sí es cierto, es que en la medida que el proceso cuente con salidas alternas, la cantidad de tiempo de conocimiento judicial puede reducirse, y son los mismos que han propiciado el cierre de salidas alternas y la conversión del proceso penal en un embudo, quienes ahora piden respuestas económicas.

Sobre esto hay algunos elementos que valorar: se pone en evidencia una de las debilidades de la independencia judicial orgánica: la posibilidad de injerencia del Ejecutivo y el Legislativo en el diseño orgánico del Judicial. Mientras que el Ejecutivo se autogestiona con su Reglamento Interior y lo mismo hace el Legislativo mediante su Reglamento Interno, la Ley Orgánica Judicial que rige el diseño interno de ese Órgano de gobierno, puede ser modificado por el ejercicio de iniciativa de ley de Ejecutivo y el Legislativo, tal como se puede visibilizar a partir de las transformaciones propuestas por el proyecto de CPP. (Abro paréntesis: existe una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Casación, en la cual, la Sala de lo Constitucional abre la puerta para estas circunstancias, entregando su margen de independencia y su control de la política procesal y judicial)

En buena medida, las críticas anteriores se orientan a la necesidad de rigurosidad y coherencia en las propuestas de políticas públicas de trascendencia. El Órgano Judicial gestionó un préstamo de algo más de US$18 millones, ante el Banco Mundial para echar a andar un Proyecto de Modernización Judicial, el cual incluye un proceso de recomposición administrativa y territorial mediante la contratación de servicios técnicos especializados e inversiones en infraestructura para tal fin. La propuesta de reforma de la justicia penal actual, pasa por encima de este proyecto, mostrando así no solo su incoherencia respecto de otras políticas públicas, sino su raigambre autoritaria.

26 de julio de 2008

El debate sobre el proyecto de Código Procesal Penal I. Los (des)propósitos de la reforma

En primer lugar, mis disculpas, por no haber actualizado este blog tanto como quisiera, pero después de una mudanza, un parto (no mío, de mi esposa) y cambios de trabajo, la cuestión no ha sido fácil. Pero aquí estamos de vuelta, espero que con mejores chances de actualizar de ahora en adelante.

Por motivos profesionales he participado en diferentes actividades de discusión sobre el Proyecto de Código Procesal Penal. Dentro de los organizadores de dichos eventos destacan diversas asociaciones de jueces y la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador.

Como he tenido oportunidad de expresarlo antes, uno de los méritos de este debate es que esté siendo liderado, en parte, por una Facultad de Derecho, por la Academia, actor generalmente ausente y a la saga de los acontecimientos en los procesos de reforma judicial previos. Igualmente, es muy grato ver el nivel de involucramiento de la judicatura participante en esta discusión, a la que agregan rigor técnico y una postura comprometida con los derechos constitucionales y los derechos humanos.

En dichos eventos he podido compartir espacio –la mayor parte de veces– con detractores del proyecto, sector en el que me ubico y que en esta coyuntura considero como mayoritario; como con algunos de sus impulsores o defensores, y en el transcurso de estos espacios se escuchan y aprenden cosas muy interesantes para extraer algunas reflexiones, las cuales iré, por efectos de espacio y cultura blogger, posteando en pequeñas entregas.

En principio, no he sido partidario de discutir el contenido del proyecto, porque antes parece más sensato preguntarse el por qué del cambio, cuáles son las premisas técnicas y empíricas con que se supone, se justificaría, cuáles son las implicaciones en términos organizacionales para cada una de las instituciones del sector justicia involucradas, cuáles son los objetivos o posibles efectos político criminales de esta iniciativa. De hecho, una de las múltiples críticas que se plantea a dicho proyecto es la ausencia de una exposición de motivos que clarifique algunas de las cuestiones antes planteadas.

En este sentido, vale hacer un parangón con las políticas económicas y ver que los tomadores de decisiones en esta materia se mueven en un intrincado ajedrez de variables (deuda pública, déficit, presión tributaria, etc.) con las que tienen que tomar la decisión más precisa para el logro de sus objetivos, misma que debe ser bendecida por los actores económicos. Lamentablemente en materia de política criminal pareciera que el rigor no es, ni lejanamente el mismo, y de esa suerte, puede cualquier político histérico hacer propuestas irresponsables o antojadizas como leyes de mano dura y otras ocurrencias, sin tomar en cuenta que lo que se pone en juego en la política criminal es la libertad, la seguridad y hasta la vida de la ciudadanía.

Pero no, se sigue poniendo la yunta delante de los bueyes y se lanzan sobre la iniciativa sin una discusión previa con los operadores sobre los aspectos claves de transformación y antes de corregir las graves falencias institucionales como la impunidad en la investigación criminal y las políticas incoherentes de seguridad de tipo mano dura que han llevado a la justicia penal a su estado actual. En alguna medida, discutir sobre el contenido del proyecto, si bien es válido, nos desvía de aquellos problemas. Esta es una trampa metodológica.

La segunda trampa metodológica tiene que ver con la forma en cómo se ha manejado esta iniciativa: se presentó este antreproyecto de Código Procesal penal, inconsulto, hecho en secreto en la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), directamente a la Asamblea. El magistrado Ulices del Dios Guzmán, que aparece dentro del bloque promotor de la iniciativa, admite que la presentación no fue parte de un acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, sino una decisión unilateral. El mismo magistrado admite ahora también no estar de acuerdo con el ahora proyecto de código en la forma en cómo quedo planteado al final. La trampa consiste en que ahora se debe discutir sobre la base de ese proyecto, es la única opción que se ofrece.

Este proyecto de reforma, a mi forma de ver cumple con varios objetivos tácitos. Pongamos los puntos sobre las íes:

  • Convertirse en un nuevo caballito de batalla para el logro de réditos electorales, tal como se hizo con la ley antimaras, nada más que ahora el chiste lo quieren permanente.
  • Sacarse de encima y controlar lo más posible a los jueces, sector que mayoritariamente –salvo deshonrosas excepciones- ha mostrado independencia, cuestión que no le gusta a las visiones más autoritarias de la clase política.
  • Seguritizar la justicia. Volverla un instrumento de la seguridad y no, la seguridad como auxiliar de la justicia.
  • La devaluación de los estándares de protección de derechos y garantías a voluntad de la Policía y la Fiscalía
  • Tener una herramienta flexible que permita mantener los casos discrecionalmente a fuego lento cuando así convenga.
  • Crear nuevos mecanismos de impunidad mediante la ampliación del criterio de oportunidad y la eliminación de la excepción del doble juzgamiento que se refiere a la circunstancia de “hechos nuevos”, eliminación pseudogarantista que podría ser usada a favor de funcionarios públicos corruptos para que no puedan ser nuevamente perseguidos aunque se encuentren nuevas evidencias (saluditos a Mario Orellana)

Además de las motivaciones locales, el proyecto de código también tiene cola en el ámbito geopolítico. La cosa no es tan simple. En alguna medida esta reforma parece muy cercana a la reciente reforma de la justicia penal colombiana, en la cual, aprovechando los vientos reformistas, con mala leche se metieron todas las leyes especiales en las nuevas legislaciones, de la misma manera en cómo aquí, el proyecto de Código Procesal Penal introduce la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja y disposiciones de la Ley Antiterrorista.

Lo anterior no es casual, se coloca en el marco de dos países con gobiernos conservadores donde la influencia política de la nación del norte es marcadamente fuerte.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar el expreso llamado hecho por el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador para que se aprobara el Proyecto de Código Procesal Penal y la Ley de extinción del dominio en su discurso de marzo 2008 ante la AmCham (léanlo en lo referente a justicia penal y seguridad. No tiene desperdicio), y como lo ha dicho el embajador, es palabra sagrada y sabia, piensan muchos. Vale decir de paso que la cooperación de ese país, habría contratado ya una empresa consultora para echar andar la implementación del Código Procesal Penal y no creo que quieran quedarse con el gastito hecho. (¿las mayorías siempre ganamos?)

En los próximos post iremos presentando algunos de los mitos de esta propuesta de reforma que ofrecen sus promotores y los argumentos que se les contraponen.

22 de julio de 2008

Estadísticas Homicidios y Accidentes de Tránsito 2008

Hola,

subo las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (encargado de homolgar las cifras de homicidios junto con la Policía y la Fiscalía) sobre homicidios y accidentes de tránsito del año 2007 y del 1º de enero al 31 de mayo de 2008. Solo haz click aquí.

15 de julio de 2008

FLACSO Chile: Nuevas publicaciones

El Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO-Chile con el aporte de Fundación Open Society (OSI), ha publicado el Reporte del Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2008. El trabajo de investigación, que se compone de tres libros, busca profundizar aspectos de la reforma de este sector analizando la situación y desafíos de la Defensa y la Seguridad Pública.


El primero corresponde a ¿Construyendo confianza? Fronteras, FFAA y Política en América Latina (Briones, S. y Álvarez, R. 2008), que estudia la situación de la seguridad entre los países de la región desde el punto de vista de las diferencias fronterizas y los intentos por resolverlas. Esta investigación profundiza en los medios para aproximarse a la caracterización de conflictos limítrofes en América Latina. También plantea la relevancia de las Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad como herramientas de conciliación entre países. Adicionalmente intenta identificar qué tan relevantes han resultado estas últimas como medio de acercamiento entre países de la región.

Para descargar el documento favor haga click en la siguiente imagen.

o léalo en papel digital en http://issuu.com/flacso.chile/docs/rss_2008_1


Por su parte, Control, disciplina y responsabilidad policial. Desafíos doctrinarios e institucionales en América Latina (Arias, P. y Zuñiga, L. 2008) aborda aspectos centrales sobre los regímenes disciplinarios de instituciones policiales en siete países de la región. El libro contiene una aproximación teórico-conceptual sobre materias propias de la función y ética policial, así como una descripción del estado de situación en materia disciplinaria, tanto en los hechos como en los reglamentos específicos que la regulan. A partir de un análisis comparado entre los países, se elaboran propuestas para contribuir a mejorar aquellos aspectos que se presentan más deficitarios, en especial considerando el impacto que tiene en la ciudadanía el abuso de la fuerza y la corrupción.

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Finalmente el tercer libro corresponde a ¿Políticas de seguridad a ciegas? Desafíos para la construcción de sistemas de información en América Latina (Dammert, L., Ruz, F. y Salazar, F., 2008), en donde se realiza un estado del arte acerca del sistema de estadística delictual en la región. El análisis se estructura a partir de dos tipos de instrumentos: el registro de denuncias y las encuestas de victimización e inseguridad para dar cuenta de sus principales características, fortalezas y debilidades. La intención es aportar a la discusión regional acerca de una de las áreas grises del sector, desde la perspectiva de incrementar la gestión democrática de la seguridad y calidad de las políticas públicas.

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Para más antecedentes favor consultar a seguridadyciudadania@flacso.cl