"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

8 de junio de 2007

Lamentablemente adiviné...

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

Hace algunos años (No hace mucho, en 2004. Cuando hablo así me siento viejo) vino Alicia Miranda (saluditos) a la oficina y charlamos un rato sobre la cuestión de las cifras delictivas y la impunidad. Y en aquel entonces -otra vez parezco viejo- le compartí algunas interrogantes para el reportaje que realizaba:
"Cuántos casos introduce la Fiscalía a un proceso penal y [cuántos] se archivan? ¿Cuántos de los que entran a procesos penales llegan hasta juicio? ¿Y cuántos de los que llegan a juicio son condenados? (...) si se pudiera contabilizar esa información 'resultarían datos escandalosos' ".

Pues sí, así fue... Escandaloso. En 2005 cuando realizamos un estudio sobre investigación criminal en El Salvador, usando datos de la Fiscalía General de la República sobre homicidios en 2004, determinamos que se lograba condenar a un 7.4% del total de homidicios conocidos en un año. (Cuando comentamos estos datos con Alberto Binder, su irónica reacción fue "cerremos la justicia penal")

Bueno, pues hoy 8 de junio, PNUD presentó una investigación realizada por Francisco Díaz y Sidney Blanco -ambos reconocidos abogados del país- cuyos datos de tendencias más impactantes -basadas en una muestra de casos- fueron:
  • El 86% de los casos de homicidio no llegan a sede judicial para continuar un proceso penal. Básicamente por falta de individualización y esclarecimiento.
  • Solo un 14% de los casos llegan a sede judicial para ser procesados.
  • Un 3.8% del total de casos llega hasta juicio y recibe condena.
  • El sistema genera entonces un96% de impunidad sobre los casos recibidos y conocidos
Pese a lo decepcionante del estado de las cosas, lo presentadores: Blanco y Rodríguez, así como comentaristas del estudio invitados como Salvador Samayoa (expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública) y René Hernández Valiente (exministro de Justicia y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y uno de los principales impulsores del proceso de reforma judicial en El Salvador) coincidieron en rechazar la reforma legislativa -y la reducción de garantías que le acompañaría- como respuesta a la situación de la inseguridad, pues está claro que hay un 86% de casos no resueltos en los que la legislación y mucho menos, el sistema judicial, han tenido algo que ver con su impunidad, tal como lo pretenden argumentar los partidarios oficiales del populismo punitivo y el fetichismo jurídico, a la búsqueda de una excusa fácil para sus incapacidades y ambiciones políticas.

No obstante lo anterior, esta misma mañana el señor René Figueroa, Ministro de Seguridad Pública y Justicia, descalificaba el estudio, en una entrevista radial, con el "argumento" de que el éste habría sido hecho por gente de izquierda vinculada al principal partido de oposición. Postura bastante ligera a decir verdad y que demuestra, lamentablemente, como la descalificación ideológica es un recurso barato de quien pretende suplir así la falta de argumentos y la capacidad de someterlos a verificación. Triste, viniendo del señor ministro, ¿qué podemos esperar?

P.D.: pueden ver la cobertura hecha por La Prensa Gráfica: "Estudio desnuda el sistema de justicia"

También: "Sectores respaldan informe sobre ineficacia en el combate a los homicidios"

Críticas oficiales en El Diario de Hoy: "PNUD critica fallas en investigaciones"

En el Diario CoLatino: "Deficiencias fiscales y policiales fomentan al impunidad criminal"

NOTA: Con esta nueva información he corregido el dato usado en el post: "¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?"

6 de junio de 2007

Dificultades para combatir delincuencia de cuello blanco

¿Quiere el gobierno abordar seriamente el problema de la inseguridad?

Por Edgardo Amaya Cóbar

Parece sorprendente pero es una respuesta difícil de contestar. Uno pensaría que el gobierno debería estar interesado en encontrar respuestas efectivas pues el fracaso de su actual política de seguridad es la caída de uno de sus fuertes electorales y un mal sabor de boca en muchos de sus votantes.

La política de seguridad no solo no pudo contener las tendencias delictivas, sino que parece haber contribuido a elevarlas, este dato se confirmaría por el elevado número de homicidios registrados, según la FGR, en 2004 registró 3,897 homicidios; en 2005 se registró una leve baja llegando la cifra a 3,781 y en 2006 se registró un nuevo incremento llegando a registrarse un total de 3,906 homicidios, superando la cifra de 2004.

Los datos sobre victimización (porcentajes de la población que se declaran víctimas de un hecho delictivo) recopilados por las encuestas del IUDOP muestran una tendencia sostenida al alza en los últimos años desde el 2004, en el que el índice de victimización fue de 13.7, que en 2005 subió a 14.8, continuó al alza en 2006 cuando llegó a 18.2 y a fines de mayo de 2007 este llego a 19.4.

No obstante lo anterior, la necesidad de cambio en la gestión de la seguridad se ve confrontada por acciones gubernamentales que indican lo contrario. Las turbias maniobras para desplazar o minimizar el impacto del trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana que pasan desde declaraciones negativas por parte de funcionarios del actual gobierno descalificando el trabajo de ésta, hasta –como lo han revelado recientes informaciones– la constitución de equipos paralelos en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para elaborar estrategias paralelas y más ideológicamente cercanas al tradicional enfoque del Ejecutivo sobre la cuestión de la inseguridad.

Queda entonces evidenciado el continuismo en la gestión de la seguridad, que se gestó de origen al crear el MSPJ y nombrar como titulares de éste, a los mismos funcionarios que llevaron la política de seguridad en el Ministerio de Gobernación.

Esta acción no solo muestra la falta de lealtad a los compromisos adquiridos por el gobierno, sino que falta de claridad sobre la gestión de la inseguridad, continuamente inventa instrumentos a los que no da seguimiento. Lo único permanente es la improvisación. Las víctimas las pone la población.

Recientemente el Ministro del ramo brindó un informe dando cuenta de la supuesta reducción de delitos en el presente año –fácil decir desde que el Ejecutivo no comparte la información sobre homicidios registrados–, aparte de las sospechosa construcción del dato, lo que se puede adivinar de semejante declaración es el tácito mensaje: “vamos bien, ¿para qué cambiar?” por el cual, el ministro pretende justificar el trabajo del gobierno, de paso, justificar su permanencia en el cargo y, quién sabe si sus aspiraciones políticas futuras. Si Sarkozy ganó dando palos…

Lo revelado por las informaciones sobre este equipo paralelo es que dentro de sus líneas de trabajo estarían incluyendo la reforma integral de la legislación penal, cuestión que como hemos criticado antes, resulta más fácil para el Ejecutivo que los diputados aprueben una ley que hacer inversiones serias y enfrentar el tema de la inseguridad por los cuernos.

Además ¿Quién dice que el problema de la inseguridad es un problema solamente legal o judicial? Los datos hablan por sí solos: según un estudio de PNUD, un 86% de los homicidios no era investigado, es decir, no llegaban a sede judicial. Simplemente el sistema no tiene la capacidad de identificar sospechosos y llevarlos a la justicia, entonces ¿es este un problema de leyes o un problema de capacidad institucional? Obviamente es lo segundo y reformando la ley no cambiará esa realidad. Nadie se vuelve eficaz por decreto.

Entonces, la pregunta inicial se responde de manera negativa. Parece que el gobierno pretende seguir gestionando la inseguridad por vía legal y mediática y no a partir de la gestación seria y fundada de políticas públicas que atiendan una de las más urgentes necesidades de la población.

1 de junio de 2007

Cifra de homicidios y delitos empaña tres años de "País seguro"

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino 28/05/07

La espiral de la violencia con las pandillas juveniles y el crimen organizado mantienen en crisis “El País Seguro” que el presidente Elías Antonio Saca prometió construir hace tres años. En el discurso del 1 de junio de 2004, el mandatario se comprometió a trabajar por un “País Seguro”, con oportunidades de empleo, crecimiento económico, promoción al turismo, concertación política y sobre todo un clima de seguridad para todo la ciudadanía.

Saca, en ese discurso aseguró que las “maras debían ser extirpadas de la sociedad y que para eso se aplicaría la Supermano Dura, pero a la vez la Mano Extendida”.

Sin embargo, según los datos de Seguridad, para este 2007 las pandillas y su rivalidad siguen siendo una de las principales causas de la cifra negra de las homicidios.

Asimismo, el fenómeno, año con año crece, entre otros factores por los deportados desde Estados Unidos, con antecedentes criminales quienes operan en forma de red, para extorsionar y cometer otros delitos como el secuestro.

El dato oficial más reciente en este tercer año de gestión, en materia de seguridad pública, indica que El Salvador no es el país más violento, pero que enfrenta una crisis de violencia de “diez homicidios diarios”, aunque aseguran que esa cifra ha bajado.

El coordinador de Seguridad Pública y Justicia Penal de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Edgardo Amaya, dijo que después de tres años de gestión y de las promesas hechas por Saca, el país aún se encuentra en una realidad de “saldos rojos´´.
“Cuando él asumió la presidencia, las cifras ya eran altas, pero lo que se esperaba era que cambiara las políticas represivas que le heredó Francisco Flores, pero no fue así, por eso la crisis se agudizó, se complejizó”.

El analista agregó que “las acciones que tomó tenían un esquema reactivo y represivo; de endurecimiento legal al pedir más leyes y reformas penales en vez de tomar una posición de cambiar el rumbo de la política de seguridad”.

Al asumir Saca, la población esperaba un “cambio y medidas más concretas”, como lo pidió el ex embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, en octubre de 2006, en un discurso de cinco páginas, donde reveló la crisis de la situación de inseguridad.

“Después de eso y de las presiones, Saca anunció la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, con un claro mensaje de aceptación de que las cosas no se estaban haciendo bien y fue muy positivo porque esa comisión podía ayudar a la creación de una política criminal” dijo.
¿Pero qué pasó?, la comisión ofreció una regulación de armas y se dijo que las analizó el presidente Saca. Pero se tergiverso y se minimizó el espíritu de la propuesta y “dejó lo que tenemos ahora un programa de veda por de armas por 60 días en cinco puntos de San Salvador. Ahora se espera la propuesta para una política criminal… esperaremos para ver como la reciben”.

Luego se crea el Ministerio de Seguridad para que se centrará todo el trabajo técnico. Lo contradictorio fue nombrar a las mismas personas que ya habían fracasado con las anteriores acciones.
“Nosotros creemos que hasta el momento el gobierno ha jugado con dos caras, y se nota la ausencia de una política seria para enfrentar la situación. Hace falta una política que identifique los problemas, las necesidades y que genere respuestas”, acotó.

En la creación de esta política coincide el director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Álvaro Guatemala. “Nosotros creemos que este es un problema de carácter estructural y que atañe a una serie de actividades. Este problema se tiene que consensuar nacionalmente y todos tenemos que estar racionalizados y sensibilizados de lo que se tiene que hacer”.

Alvaro Guatemala espera que la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz Social concluya la elaboración de un documento que podría servir como política, porque será muy “integral”.
“Ellos están dando un estudio con recomendaciones, porque son un consejo asesor”, esas recomendaciones no sólo atañen al Órgano ejecutivo, sino que al Órgano judicial, Órgano legislativo, a los gobiernos municipales, agregó.

Guatemala, prefiere no criticar las acciones y ve con buenos ojos que las mismas autoridades estén aceptando que la problemática no se aborda correctamente.

Por su parte, el diputado del FMLN de la Comisión de Seguridad Publica y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa y miembro de la comisión Nacional para la Seguridad y Paz, Benito Lara, dijo que en materia de seguridad, este tercer año, sigue arrojando un “fracaso” según las mismas estadísticas.

“La delincuencia tiende a aumentar y no hay algo que nos diga que se dará una disminución. No tienen una política de atacar las causas que están generando la delincuencia”, reiteró.
El diputado aseguró que desde las diferentes comisiones se han hecho recomendaciones para hacer esfuerzos y regular el uso de armas en el país, ya que el 80% de los crímenes se cometen por armas, sin embargo, este llamado no ha tenido eco. “Hay mucha gente de ARENA en el negocio” concluyó.

Lara, como miembro de la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz, trabaja en un documento en el que pretenden plasmar un diagnóstico completo de la situación de violencia: las causas, los efectos y las acciones a tomar. En este documento destacarán propuestas para reformar la Policía Nacional Civil y políticas de prevención. Esperan que este documento sea respetado y aceptado por Saca quién los convocó con ese fin.

Mientras que el rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) y coordinador de la Comisión Nacional para la Seguridad y Paz, Mauricio Loucel, dijo que a cinco meses de fundación están satisfechos con el trabajo realizado y las propuestas presentadas, ya que buscan disminuir el clima de inseguridad.

Sin embargo, resiente que dentro de ese marco, la propuesta de la regulación de armas “no se hizo como la comisión quería… nosotros queríamos un mayor protagonismo de las alcaldías, pero creemos que hay resultados específicos” agregó.

La regulación de armas es efectiva ya que los resultados que dejó la veda en Sonsonate fue muy bueno “pero eso no se publicita. La verdad es que nosotros entregaremos el documento al Presidente de la República y él será el responsable de, si implementa o no”.

El rector consideró que es necesario el replanteamiento de estrategias ante la ola de inseguridad y homicidios.