"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

29 de marzo de 2007

El Salvador: Piden derogar Ley antiterrorista

ACAN-EFE/ELSALVADOR.COM

Jueves, 29 de Marzo de 2007

Varias organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

ecenas de salvadoreños, miembros de unas 35 organizaciones civiles, pidieron hoy la derogación de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo por considerarla contraria a la Constitución de la República.

Los manifestantes presentaron una "demanda de inconstitucionalidad" ante la Corte Suprema de Justicia y una petición de derogatoria de la Ley ante la Asamblea Legislativa, luego de concentrarse hoy en las afueras de ambas instituciones, ubicadas en el Centro de Gobierno, en San Salvador.

Edgardo Amaya, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo a periodistas que la Ley "comete fuertes irregularidades" ya que "existen abundantes conceptos indeterminados y ambiguos que permiten una interpretación extensiva y que viola la libertad de las personas".

Agregó que la mencionada Ley viola preceptos constitucionales como la intimidad de las comunicaciones, el derecho de asociación y manifestación pública, así como la libertad de expresión.

Indicó que la Ley contempla "penas desproporcionadas que eventualmente serían penas perpetuas".

La Ley, aprobada en septiembre de 2006 en la Asamblea Legislativa con los votos de los tres partidos de derecha, consta de 53 artículos y tipifica 29 acciones como actos de terrorismo con penas que van desde los cinco hasta los 65 años de prisión.

Las 35 organizaciones demandantes están aglutinadas en la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social y el Foro para la Defensa de la Constitución.

El abogado Arturo Méndez Azahar, uno de los dirigentes, explicó a Acan-Efe que la Ley da facultades a la Policía y la Fiscalía para que se susciten acciones "arbitrarias" en contra de la población que protesta públicamente por los agudos problemas sociales que vive el país.

El abogado sostuvo que la Ley "viola el principio de igualdad" porque designa como victimarios a los altos funcionarios y sus familias y no expresamente a la población civil que podría ser dañada en un evento de naturaleza terrorista.


26 de marzo de 2007

En el XXVII Aniversario del martirio de Monseñor Romero


El 24 de marzo se cumplieron 27 años del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. No quisiera dejar pasar este mes sin hacer un humilde tributo a su memoria y a su lucha por la verdad. Las palabras no son mías, he tomado las de Stefan Zweig en su crónica de la polémica de Sebastian Castellio en contra Juan Calvino, reprochándole el turbio asesinato -mediante la manipulación de las instituciones- de Miguel Servet a raíz de intolerancia de Calvino hacia el pensamiento crítico y divergente al propio. Un asesinato a causa de las ideas. Creo que es una defensa universal de la tolerancia y de la lucha de aquellos que enfrentan con su voz y pensamiento, la brutalidad de estructuras injustas e intolerantes.

"«Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre.» Magnifica sentencia, inmortal en su claridad, y del mayor humanismo. Con esta frase, como acuñada en duro metal, Sebastian Castellio condenó para siempre cualquier persecución ideológica. Sea del tipo que sea –lógico, ético, nacional o religioso–, el subterfugio que se simule o pretexte para justificar el hecho de quitar de en medio a un hombre, ninguno de esos motivos exime al hombre que ha cometido u ordenado el crimen de su responsabilidad personal. De un homicidio siempre es culpable su autor, y jamás se puede justificar un asesinato por medio de una ideología. Las verdades se pueden difundir, pero no imponer. Ninguna doctrina será más cierta, ninguna verdad más verdadera, porque grite y se encolerice. Ninguna debería imponerse artificialmente recurriendo a una brutal propaganda. Pero una doctrina, una ideología, serán aún menos verdaderas si persiguen a los hombres por oponerse a su modo de pensar. Las convicciones son vivencias y episodios individuales, que no dependen de nadie más que de aquel a quien pertenecen. No se dejan reglamentar, ni que les den órdenes.

(…) No sólo los fanáticos aislados son peligrosos, sino el funesto espíritu del fanatismo. El intelectual, por tanto, no sólo ha de combatir a los hombres duros, que muestran celo por tener la razón y están ávidos de sangre, sino también de cualquier idea que adopte una actitud terrorista (…) «¡Ay de vosotros, ciegos! ¡Ay de vosotros, obcecados! ¡Ay de vosotros, farsantes sanguinarios e incorregibles! ¿Cuándo reconoceréis por fin la verdad? Y, ¿cuándo dejarán los jueces de este mundo de derramar ciegamente la sangre de los hombres para complacerlos?»"

Tomado de: Zweig, Stefan, Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia. 1° edición, Editorial El Acantilado, Barcelona, 2001. Págs. 196-197; 200-201. (Ver reseña del libro)

24 de marzo de 2007

Descarga: Estado de la relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en el marco de la investigación criminal



Estimados y estimadas:


En la página de FESPAD pueden descargar el estudio: "Estado de la relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en el marco de la investigación criminal" que fuera publicado en el año 2005, pero que hasta este momento disponemos de una versión electrónica fiel del documento impreso (aunque la digitalización no sea la mejor). En este mismo blog hemos publicado, en su momento, el resumen ejecutivo de dicho estudio.


Espero que sea de su interés y utilidad.


Otro material de FESPAD, hacer click aquí.

20 de marzo de 2007

El retorno de la ILEA

Por Edgardo Amaya Cóbar

En el año 2005, el gobierno de El Salvador suscribió con el gobierno de los Estados Unidos un convenio para la instalación en nuestro país de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (Internacional Law Enforcement Academy, ILEA, por sus siglas en inglés) convenio que fue posteriormente ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Este convenio generó múltiples acciones de rechazo o cuando menos, llamados previos de prudencia, pero en general, de poco impacto en la agenda mediática, lo que facilitó su ratificación sin mayores problemas ni debate por la derecha política en la Asamblea Legislativa.

Diversas organizaciones, actuando de manera conjunta, elaboraron un comunicado que resumía las razones de oposición a dicha iniciativa por parte de un sector de la sociedad civil.

No obstante lo anterior, debe destacarse que en el ámbito de la sociedad civil, la visión de oposición no era unánime y en este marco, se supo que una destacada organización de Derechos Humanos local, brindaría servicios de capacitación sobre esta materia a la ILEA, lo que generó cuestionamientos hacia su papel, muchos de ellos bastante intolerantes. Una vez pasada la coyuntura, luego de la ratificación del tratado por la derecha política en la Asamblea, la coyuntura desapareció de la agenda pública y recién reapareció en marzo de 2007 luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un fondo de 110 mil dólares para financiar infraestructura de la ILEA en El Salvador.

Personalmente creo que las razones presentadas por el comunicado antes citado siguen siendo válidas y vigentes. Y también creo que se agrava con el alineamiento de la subregión a las políticas de endurecimiento contra las pandillas que fueron anunciadas en la reciente visita del Fiscal General de los Estados Unidos, Alberto González.

Sin embargo, también creo que el tema es asumido por algunos con más matices ideológicos que propiamente técnico-políticos. Es decir, plantear una negativa diciendo que esto es un tentáculo más del imperialismo o que esta es una reedición de la tristemente célebre Escuelas de las América, es por un lado, simplista y por otro, incorrecto. Luego, el exceso de crítica o radicalismo, obscurecen el debate volviéndolo un discurso sin argumentos concretos y realistas, dejando de lado cuestiones como la necesidad de cooperación multilateral horizontal, de una agenda latinoamericana compartida de formación basada en necesidades concretas y sensibles, los costos económicos para un país que dice necesitar $100 millones de dolares para fortalecer su seguridad pública, etc.

La reapertura del tema ha acarreado nuevamente reacciones, y vuelve a poner el tema en el tapete y pensé que sería una buena ocasión para referirles algunos materiales que precedieron esta discusión.

Otras referencias:

Página de las ILEA en el site del Departamento de Estado, Estados Unidos.

Sobre el rechazo en Costa Rica ver: "Argumentos contra la ILEA" Diputado Rodrigo Alberto Carazo, 2003

Open letter: "Human rights concerns regardin the proposed International Lay Enforcement Academy (ILEA) for Latin America based in Costa Rica". WOLA 2003

“La gente cree que ser de derechos humanos es ser pasivo” Entrevista con Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA. El Faro 17/10/05

"Cuellar defends IDHUCA decision to work with ILEA" Salvanet-Crispaz Winter 06, P. 4.

15 de marzo de 2007

Invitación a conversatorio sobre corrupción y crimen organizado


Asociación Probidad invita al conversatorio sobre
Corrupción y crimen organizado: policías implicados en crimen
de diputados salvadoreños”


El día viernes 16 de marzo, Probidad llevará a cabo el conversatorio
titulado Corrupción y crimen organizado: policías implicados en crimen de diputados salvadoreños”, el cual tratará uno de los sucesos más graves y de mayor repercusión en los últimos años en lo relativo al crimen organizado, lo constituye lo acaecido el 19 de febrero recién pasado, en donde cuatro ciudadanos salvadoreños fueron asesinados en el vecino país de Guatemala. Dos días después de los asesinatos fueron capturados cuatro policías guatemaltecos acusados de la muerte de los diputados. Posteriormente, el 25 de febrero los policías capturados también fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad de Guatemala donde permanecían detenidos.

El objetivo de este conversatorio es generar un ambiente de discusión entre conocedores del caso, público en general y quienes de alguna manera le han dado seguimiento al mismo para poner la información en perspectiva y reflexionar sobre puntos que no han sido considerados en la información divulgada.

A este evento han sido invitados como expositores: Carlos Dada, director del periódico El Faro, David Morales, abogado, especialista en Derechos Humanos y ex.-Procurador Adjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos, un representante de la Fiscalía General de República; un representante de la Fracción Legislativa del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Jaime López de Probidad, quienes darán a conocer sus valoraciones y perspectivas sobre el caso.

El evento se desarrollará de la siguiente manera:

Lugar: Auditórium de FESPAD. 25 Calle Pte. No. 1332, Col. Layco, San Salvador

Fecha: viernes 16 de marzo de 2007

Hora: 4:00 p.m.- 7:00 p.m.

Para mayor información sobre el evento puede comunicarse con Lic. Abraham Ábrego al teléfono 2236-1800 o correo electrónico abrahamabrego@navegante.com.sv

14 de marzo de 2007

Centros penales: sin seguridad ni director a quien exigirle explicaciones


Por Emilia Gallegos
FESPAD-CEPES

El miércoles 28 de febrero renunció el director de Centros Penales, Jaime Vilanova Chica, por la falta de aprobación de un préstamo de $30 millones para la modernización del sistema penitenciario, la cual especificó en la finalización de la construcción del centro penitenciario en Izalco, la compra de detectores de metales y de bloqueadores de celulares, entre otros.

Al hacer pública su renuncia el ex- director manifestó: "para que no nos pase como a Guatemala, nosotros necesitamos el préstamo de los 30 millones de dólares" [1] refiriéndose al asesinato de cuatro policías el pasado 25 de febrero en un centro penitenciario de Guatemala. Los agentes eran investigados bajo la sospecha de ser autores mediatos del homicidio de tres diputados salvadoreños ante el PARLACEN y del colaborador de uno de éstos. Sin embargo, esta renuncia ocurre a menos de dos meses de la matanza de 21 internos en el centro penitenciario Apanteos (Santa Ana), la cual le mereció fuertes cuestionamientos por la poca seguridad al interior de las cárceles.


El préstamo requerido para el sistema penitenciario es uno de varios financiamientos ofrecidos por el Banco Mundial -BM- y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que totalizan más de $400 millones distribuidos en 8 préstamos.

El partido de gobierno, Alianza Republicana Nacionalista –ARENA-, impulsa la aprobación de los préstamos a través del cabildeo en la Asamblea Legislativa, entrevistas, spots publicitarios e incluso por medio de manifestaciones en zonas rurales.

Los niveles de endeudamiento público son percibidos por algunas organizaciones de la sociedad civil como excesivos, sin embargo, el gobierno central impulsa la aprobación de más préstamos y cuenta con el apoyo del presidente del BID, Luis Moreno, quien ha visitado al país en abril 2006 y en marzo 2007.

La aprobación de préstamos internacionales requiere de los votos de dos tercios de los diputados electos según el Art. 148 inciso 2° de la Constitución (56 votos), por lo que se hacen necesario el apoyo del partido de izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN-, el cual ha mantenido la política de no apoyar más endeudamiento para el país.

De las ofertas de los ocho préstamos, tres tienen como fecha de vencimiento el 4 de abril próximo, los cuales ascienden a un monto total de $197 millones. Por lo anterior, la discusión de su aprobación ha sido programada para la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa el próximo jueves 15 de marzo.


En estas pugnas por la aprobación de los préstamos, Vilanova se une a la campaña gubernamental, renunciando por la falta de aprobación del préstamo; asegura que no puede asumir las responsabilidades futuras de una institución que carece de fondos suficientes para realizar sus funciones. Sin embargo, esta carencia de recursos resulta ser la salida más diplomática para eludir responsabilidades pasadas. ¿Quién dará cuenta de la vida de los 21 internos muertos?


13-03-2007







[1] EDH, 1-3-07, Pág. 2

9 de marzo de 2007

Las puertas del crimen organizado

Por Edgardo Alberto Amaya Cóbar

El Salvador no es ajeno a las lógicas de la globalización. La apertura de las fronteras, los mercados, la disminución de controles estatales sobre la economía, propias de la predica neoliberal global, traen aparejados riesgos inmanentes relativos al desarrollo o fortalecimiento de economías ilegales y su transnacionalización. El desarrollo del crimen organizado se ve alimentado por los costos sociales ocasionados por los mencionados programas neoliberales (exclusión, desempleo, informalización del empleo)

Frente a los riesgos enunciados, no se aprecia una capacidad o una voluntad estatal de prever y contenerlos –mediante el fortalecimiento de la institucionalidad–, por el contrario, ha dado señales negativas en ese sentido.

La corrupción (pública y privada) es una de las puertas de entrada del crimen organizado, y el lavado de dinero es su puerta de salida favorita. Ambas son herramientas esenciales para su operación. Una de las señales más preocupantes, es la debilidad estructural del estado salvadoreño para ejercer controles preventivos efectivos contra la corrupción a todo nivel. Es notoria la virtual obsolescencia de la Corte de Cuentas de la República –tristemente celebre víctima del reparto partidocrático de las instituciones estatales–, cuyos titulares son nombrados según la oportuna complacencia política del partido en el poder.

El reparto partidocrático de las instituciones se reproduce además, en todas las instancias de elección de segundo grado, como la Fiscalía General de la República, encargada de la investigación criminal y la acción penal, en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

Tradicionalmente, la FGR no se ha destacado por sus logros en la lucha contra la corrupción en la función pública y el manejo de algunos casos dan paso a sospechar, por lo menos, grave negligencia. Según la Asociación Probidad, la regla general es que los delitos relativos a la corrupción queden en la impunidad, cuando no son ocultados del escrutinio público.

La consecuencia inmediata y más lamentable de la partidización de las instituciones –particularmente de aquellas que deben jugar un papel de control de la función pública– es la eliminación o precario funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos interorgánico, lo cual facilita el aparecimiento de la corrupción u otras formas abusivas del uso del poder, que llegan a devaluar la capacidad del estado de aplicar su propia ley.

Otro aspecto crucial para proteger la institucionalidad de los efectos perversos de la corrupción y la criminalidad organizada es el establecimiento de sistemas de control y transparencia de la financiación de los partidos políticos, para transparentarlos y prevenir que grupos criminales estén “comprando” cuotas al interior de estas instituciones, con vistas a lograr influencia o cargos políticos y, de esta manera, manipular o manejar la institucionalidad a favor de sus intereses. Pese a existir una propuesta de Ley de Partidos Políticos, ésta se ha visto bloqueada, entre otros motivos, por la negativa de diversos partidos a revelar sus formas de financiación.

El debilitamiento de las estructuras de control de la función pública, también se ve reflejada en las instancias de control del mercado, particularmente en la Superintendencia del Sistema Financiero y la Bolsa de Valores, las que juegan un papel poco visible en el control de mercado financiero y han sido cuestionadas sobre su (in)capacidad o (des)interés para detectar actividades anormales de instituciones financieras que posteriormente han generado fraudes masivos como en los casos de FINSEPRO-INSEPRO, o más recientemente en el caso OBC.

En la corrupción pública, el valor de la defraudación se traduce en el desplazamiento de los bienes públicos hacia la esfera privada, dejando a la población sin los beneficios de los recursos originalmente dispuestos para su servicio. En el caso de la corrupción privada de los mercados financieros, los efectos no solo se traducen en el levantamiento del dinero del público, sino que es trasladado hacia orbitas financieras internacionales, regularmente, hacia el norte, lejos del alcance de sus países de origen.

Resumiendo, el debilitamiento del control de pesos y contrapesos y la falta de transparencia; la corrupción pública y privada; la falta de transparencia de los partidos políticos y el lavado de dinero son elementos necesarios para el diagnóstico de factibilidad sobre la influencia o afectación del crimen organizado en un país.

El Salvador, como vemos, es tierra fértil, mientras se siga manejando la cuestión pública de espaldas a la sociedad y mientras, en nombre del mercado, se siga reduciendo el control sobre la economía. Estas son amenazas latentes para la ciudadanía –que siempre termina pagando las consecuencias–, pero como lo vemos en el caso de Guatemala, también es una amenaza a la legitimidad de los gobiernos y a la gobernabilidad.

4 de marzo de 2007

Siembra truenos...

Opinión de Luis Ramírez*

Es lamentable comprobar que las viejas prácticas policiales: torturas, extorsiones, ejecuciones extrajudiciales, corrupción, ineficacia y un largo etcétera, reaparecieran en la nueva PNC.

Desde su creación, en 1996, se criticó que los riesgos del reciclaje de antiguos policías, presupuesto insuficiente, la ínfima capacidad de investigación criminal, la designación de directores sin respetar la carrera policial, la insuficiencia en la formación y la mezcla entre militares y policías, entre otros desaciertos, acabarían por destruir la expectativa creada por los acuerdos de paz de contar con una institución que protegiera los derechos elementales.

Lo hecho por los gobiernos de Arzú, Portillo y Berger pone de manifiesto que la creación de una institución policial civil con capacidad para enfrentar a las distintas manifestaciones del crimen violento, nunca fue una prioridad en sus políticas.

La debilidad de la institución y la tolerancia por parte de algunos fiscales y jueces, llamados a controlar sus excesos, son algunas de las causas por las cuales estamos cosechando frutos amargos.

La toma violenta de Pavón, la muerte de los diputados salvadoreños y el asesinato de los policías acusados de este último hecho dentro de una cárcel ponen de manifiesto que dentro de la PNC operan escuadrones de la muerte, sin ninguna diferencia de la temible policía secreta que magistralmente se relata en el Señor Presidente, o para no ir tan lejos, al estilo Chupina en la época de los ochenta.

Estos hechos son los que se conocen públicamente, pero si se realizara una revisión exhaustiva, es muy probable encontrar respuestas al incremento desmedido de muertes en los últimos tres años, a lo que en forma denigrante le denominan “limpieza social”, con el fin de “acabar” con la delincuencia.

Las reiteradas denuncias puestas de manifiesto por la sociedad civil y por el procurador de los Derechos Humanos siempre han sido vistas con desconfianza o sin la importancia debida. Desde la creación de la PNC, la respuesta gubernamental frente a la crisis policial es repetitiva y monótona: “se necesita una respuesta inmediata”, por lo que es imperativo “militarizar las fuerzas de seguridad”.

Si revisamos la historia de nuestras instituciones policiales, incluso de la PNC, comprobaremos que su conducción ha estado total o parcialmente en manos de militares. Cincuenta años de fracaso no son una buena carta de presentación para delegar en la milicia la conducción policial.

Por el contrario, este tipo de decisiones impide la conformación de una cultura digna policial, de acuerdo con su naturaleza civil, y perjudica al Ejército, pues no está capacitado para tales fines.

Colaborar no es lo mismo que subordinar. La crisis actual de la PNC es una oportunidad para cambiar de rumbo. No podemos seguir aplicando medidas tradicionales y esperar resultados distintos.

*Analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Tomado de Prensa Libre, Guatemala, 04/03/07

1 de marzo de 2007

Desde la literatura

Recibí un mail con una cita bibliográfica interesante:

Hace algunos días, este fragmento me encontró. Ahora lo comparto con ustedes...

"...El 7 de julio, la Conferencia Episcopal elevó una nota a la Junta Militar, en que manifiesta la consternación producida por el asesinato de religiosos en la parroquia de San Patricio, para agregar: 'Pero no podemos ni queremos hacer sólo hincapié en aquel luctuoso crimen, proque además todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa, y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables. Todo ello causa en nuestro pueblo inquietud y desasosiego. Nos preguntamos o, mejor dicho, las gentes se preguntan, a veces sólo en la intimidad de su hogar o del círculo de amigos -porque el temor también cunde-, qué significa todo esto, qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad. También surge la pregunta: ¿qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?'. Y más adelante: 'Todos anhelamos, y nos sentimos con el derecho de decir que los obispos lo anhelamos como el que más, un porvenir de paz, de progreso, de libertad, de fraterna convivencia en el país, acorde con nuestras mejores tradiciones...Buscamos una patria donde el derecho sea que el que reine para todos su hijos, afianzando el bien común' "

Sabato, Ernesto; "Nuestro Tiempo del Desprecio. La Dramática Encrucijada" en Apologías y Rechazos; Seix Barral; 2003; Págs. 132-133.

Emilia Gallegos