"La obra de la Justicia será la Paz y los frutos de la Justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Is. 32, 17"

29 de noviembre de 2006

Usted puede ser un terrorista sin saberlo

Ilustración: El Roto, caricaturista de El País
El Salvador tiene en vigencia la Ley especial contra actos de terrorismo, la que vendría a sumarse al catálogo normativo de la legislación penal, a la sazón, uno de los más prolíficos del ámbito legislativo, afirmación que se deriva del conteo de más de trescientas reformas, en los últimos siete años a la legislación penal, procesal penal, penal juvenil y penitenciaria, así como por la creación de legislaciones especiales como la Ley Antimaras y su posterior reedición, a las que se suman ahora la Ley antiterrorista y el proyecto de Ley contra el Crimen Organizado.

En general, estas reformas o creaciones de cuerpos legales han tenido que ver más con motivaciones de tipo político o electorales, que con la solución de problemas normativos concretos o la corrección de lagunas legales. Estos procesos legislativos se corresponden con un modelo autoritario de gestión del poder: una tendencia dominante hacia el mando antes que al consenso, así como una marcada utilización de medios coercitivos y la restricción de la libertad para la imposición del “orden”, el cual constituye su bien o valor primordial, por encima de la persona.

Aunque puede decirse a favor de la ley comentada que recoge una buena cantidad de figuras tipificadas por convenios internacionales sobre la materia, creo que podemos, al menos de manera puntual, proponer algunos de sus puntos más criticables.

En algunas de sus disposiciones, la ley contiene ambigüedades o amplitudes conceptuales (conceptos jurídicos indeterminados) por las cuales, no logra determinarse con claridad los ámbitos de aplicación, generando inseguridad jurídica sobre los alcances de la libertad de los ciudadanos, lo cual, según la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley antimaras, constituye una violación al principio de legalidad.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la definición de Organizaciones terroristas, contenido en el artículo 4, literal m de la ley en comento: “Son aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanentes, con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad o alarma entre la población de uno o varios países”. En la definición propuesta, no resulta claro cual es el alcance y usos que puedan tener expresiones como “en alguna medida estables o permanentes”, “cierta estructura”, “terror”, “inseguridad” o “alarma”.

Otros ejemplos lo constituyen los artículos 8 y 9 que regulan la apología e incitación pública de actos de terrorismo y la simulación de delitos, respectivamente. En el caso del artículo 8 se habla de apología de terrorismo, sin que se exista una determinación clara de qué se entiende por éste. Tampoco queda claro qué es una simulación de los delitos ni el contexto en que se realiza. En ambos casos, además, es posible que se afecte el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía.

Lo preocupante de estas definiciones ambiguas es su uso discrecional por parte de aplicadores de la ley. Son convertidas en comodines para realizar capturas bajo casi cualquier supuesto. Basta recordar que en el pasado reciente se ha capturado a manifestantes en el contexto de enfrentamientos o disturbios, los cuales han sido acusados de actos de terrorismo, lo mismo fue propuesto por funcionarios de gobierno para ser aplicado a las pandillas juveniles.

La sentencia de la Ley antimaras, antes citada, declaró inconstitucionales disposiciones que penalizan conductas sin resultado (delitos de peligro abstracto), las cuales violarían el principio de lesividad en tanto no hay un daño en concreto respecto de un bien jurídico específico. Esto es aplicable a los casos de la apología y la simulación arriba citados.

La sentencia que venimos citando, también establece que el derecho penal debe responder a los principios básicos de la Constitución, uno de ellos, el de dignidad humana. En atención a lo anterior, las penas elevadas que buscan convertirse en ejemplarizantes estarían dando a la pena una función por la cual el delincuente es objeto de escarmiento, desplazando su dignidad y la finalidad constitucional de las penas que es la resocialización.

Por otro lado, también se falla en la razonabilidad y proporcionalidad de la ley en tanto, algunos de sus supuestos típicos no distinguen niveles de afectación del bien jurídico, acciones de menor intensidad abarcadas en lo genérico de la redacción legal, o las sujetas a la discrecionalidad interpretativa de quien aplique la ley, pueden ser objeto de una amenaza de sanción muy elevada.
Para finalizar estas líneas, las críticas aquí detalladas no se agotan en este somero análisis que solo pretende provocar una discusión al respecto de esta ley y sus eventuales usos. La intención ha sido mostrarle a la ciudadanía cómo una ley ambigua, puede terminar afectando sus derechos, sin enterarse en qué momento y cómo se volvió “terrorista”.

28 de noviembre de 2006

Era demasiado bueno para ser cierto...


Rechazan el desarme de civiles
"Gobernación advirtió ayer que se trabaja por quitar las armas a los delincuentes y no a la población honrada.

La prohibición a escala nacional de portar armas en lugares públicos con énfasis en los 20 municipios más violentos del país que recomendó la Comisión de Seguridad el martes ha encontrado oposición ya en el Gobierno.
Ayer, el ministro de Gobernación, René Figueroa, advirtió que la recomendación de la comisión "fue de manera amplia", para que ellos, que son los ejecutores, lo hagan "dentro de los parámetros de la ley".
La comisión, sin embargo, recomendó reformar el artículo 62 de la Ley de Armas para prohibir la portación de armas en todo lugar público en el país.
Aunque la recomendación de la comisión es un desarme total y el presidente de la República, Antonio Saca, no descartó apoyar un plan cero tolerancia en los municipios violentos, Figueroa sostuvo que "ni en los países más civilizados se ha podido hacer una despistolización general de la sociedad".
Por lo tanto, justificó el funcionario: "En estos 20 municipios, donde está concentrado el esfuerzo, vamos tras las armas ilegales, a desarmar al delincuente, no al honesto".
No obstante, destacó que se ha tomado de manera positiva la recomendación de la comisión y trabajan en hacerla viable."
Tomado de La Prensa Gráfica 28/11/06. Edición Internet.

27 de noviembre de 2006

Nota sobre Ley antiterrorista de El Salvador

Derechos Humanos buscan declarar inconstitucional Ley Antiterrorista - Monday, November 27, 2006 hora 12:19, Diario Colatino

De izquierda a derecha Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA; Edgardo Amaya, del Centro de Estudios Penales de El Salvador, y Arturo Méndez Azahar, del Foro para la Defensa de la Constitución. Foto: Wilfredo Lara.

Benjamín López
Redacción Diario Co Latino

Diversas instituciones encargadas de velar por los derechos humanos en El Salvador y en la defensa de la Constitución, realizarán un Foro denominado “Ley antiterrorista amenaza al movimiento social”, el cual se desarrollará el 5 de diciembre, en un hotel capitalino, desde las 8:00 de la mañana.

El foro de carácter crítico-propositivo busca “alertar” a la sociedad y al movimiento social salvadoreño sobre las “trampas” e inconstitiucionalidad de la Ley Antiterrorista aprobada el pasado mes de septiembre por la Asamblea Legislativa.

“Las formas de lucha tradicionales del movimiento social, están tipificadas como delitos de terrorismo en esta ley”, recalca Arturo Méndez Azahar, Abogado y responsable de la Coordinación Jurídica Política del Foro, al referirse a la importancia de la actividad.

En la disertación participarán la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Foro para la Defensa de la Constitución.

Sobre el tapete jurídico se analizarán los artículos de la referida ley desde las perspectiva penal, procesal penal y derechos humanos. Del acopio de cada organización saldrá un documento para luego dar el siguiente paso que será promover un proceso de inconstitucionalidad contra la Ley Antiterrorista.

“Trataremos uno por uno los artículos de la Ley, uno por uno los cerrojos, los blindajes para que no se violen los derechos humanos”, explica Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA, quien de paso sugiere: “El terrorismo hay que combatirlo, hay que prepararnos, hay que estar prevenidos y la mejor prevención es retirar las tropas de Irak”.

“La represión a la protesta social” es el punto de mayor preocupación de los disertantes del Foro y en función de ello consideran que la Ley Antiterrorista debe revisarse. Además, hay aspectos en la mencionada ley que ya están contemplados en otros proyectos de ley como la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Procesal Penal.

En su análisis, Edgar Amaya, de FESPAD, considera que desde el Ejecutivo se está creando un contexto de “Control jurídico-normativo” sobre la población. “Uno no niega que pueden existir algunos aspectos necesarios de reformar, pero la manera inconsulta, secreta como se realizan esos proyectos indican otras cosas”, sostiene el perito en estudios penales.

“Los antecedentes son bastante claros como la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales para amarrarle las manos a los jueces y todas aquellas iniciativas que buscan eliminar el control judicial y darle más facultad a la Policía”, interpreta Amaya.

Fluidas y claras como las aguas de un río, las críticas del representante de FESPAD también se filtran hasta la agenda dispuesta por el Ejecutivo: “El Gobierno juega a dos canchas, una es abrir una comisión nacional que da propuestas positivas, muy loables, de amplia cobertura mediática, mientras al otro lado está el proyecto jurídico-político de control de expresiones populares y protestas”, analiza el profesional del Derecho.

Al caudal de críticas, Benjamín Cuéllar agrega que este tipo de normativa es un obstáculo para que los sectores sociales puedan manifestarse en ejercicio de todas las garantías previstas constitucionalmente. “Se necesita que la gente empuje la rueda de la historia de El Salvador y que camine, que avance, no que se mueva en el mismo lugar, porque cada vez tocamos fondo más hondo”, valora, de manera metafórica, el director del IDHUCA.

El Foro “Ley Antiterrorista amenaza al movimiento social”, se registra como un múltiple esfuerzo realizado en pro de concienzar a los diversos sectores poco informados sobre esta temática con repercusiones directas en la libertad de expresión ciudadana.

“Si viviéramos en un país realmente democrático, diríamos que el 75% de esta ley es bueno, porque trata el tema de seguridad de los aeropuertos, navíos -que ya estaban contemplados en la legislación internacional- pero, también, tiene un 25% de cascaritas o trampas donde hacer apología al terrorismo es delito, sin definir que es terrorismo, y las penas son bastantes desproporcionadas”, cita a manera de ejemplo, Edgar Amaya, de FESPAD.

Alimentado por el aporte de IEJES, FESPAD, IDHUCA, UNES y Foro para Defensa de la Constitución, el producto final de este esfuerzo se convertirá en una pieza jurídica que buscará hacer eco en la Corte Suprema de Justicia a fin de declarar inconstitucional la Ley Antiterrorista.

“Pueda ser que la Corte Suprema de Justicia hoy cumpla con su deber, sí no lo cumple va a confirmar que se necesita un cambio”, concluye Méndez Azahar. Reforzando la tesis de su colega, el director del IDHUCA, quien libera una conclusión más: “Aquí están acostumbrados a jugar en potrero, sin árbitro, sin reglas del juego, sin uniforme, haciendo foul, pero ahora ya los estamos metiendo a jugar en “Liga de Campeones” (un nivel mayor) que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresa Benjamín Cuéllar, instancias que tocarían, de no encontrar eco en la cuestionada Corte Suprema de Justicia salvadoreña.

26 de noviembre de 2006

Endurecimiento penal y control de armas: señales cruzadas

Por Edgardo A. Amaya Cóbar

La segunda quincena de noviembre aparece plagada de un discurso gubernamental que juega a dos canchas. Por un lado muestra un inusitado apoyo a la propuesta de control de armas emanada de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social. Por otro, urge a la misma Comisión, un informe sobre la discusión del proyecto de ley contra el crimen organizado. Es decir, por un lado, apoya formas alternativas de tratamiento de la situación de la violencia y criminalidad en el país y por otro, insiste en su vieja escuela de la visión del control.

No es que un abordaje preventivo excluya una intervención represiva, si esta es necesaria y justificada. De lo que se trata es del tipo de intervención punitiva que ha venido proponiendo el gobierno en los últimos años: una basada en legislaciones penales más duras, técnicamente malogradas, con marcados sesgos autoritarios y en un contexto institucional precarizado para su aplicación.

No obstante, parece que no todo es pesimismo, en medio de la grave crisis de la seguridad pública y a pesar de la insistencia de seguir abordando el problema de la violencia prioritariamente desde el sistema penal, los debates en el marco de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, en medio del escepticismo, empieza a dar señales positivas, tales como la propuesta de prohibir la portación de armas en espacios públicos en todo el país (misma que en un principio fue propuesta para solamente los 20 municipios más violentos)

Con la información disponible, aún no se conocen en detalle los alcances de la propuesta, pero el sorprendente e inusual apoyo (o por lo menos, no oposición) del Ejecutivo y de la derecha política de la Asamblea, por el momento, parecerían indicar que la propuesta del control de armas podría tener algunas condiciones para comenzar a diseñarse como estrategia en vía de se implementada.

Resulta esperanzador el hecho que esta propuesta, luego de años de insistencia en el tema, reciba por fin la atención que merece. Esto es positivo por varios motivos, entre ellos, que es una propuesta novedosa que se plantea como una forma de intervención alternativa sobre el fenómeno de la violencia y cuyas experiencias locales han dejado resultados positivos como el caso de la experiencia Municipio Sin Armas implementada por PNUD en San Martín.

Por otro lado, debe decirse que una política orientada en este sentido tendría a su favor un gran nivel de información generada por estadísticas y estudios que dan cuenta del impacto y problemática del uso de armas en la sociedad salvadoreña, así como también se cuenta con propuestas concretas de acción en el ámbito legal e institucional.

No obstante lo positivo de impulsar esta propuesta, es necesario plantar pies en tierra y pensar con cabeza fría y concienzudamente la forma en cómo esta iniciativa puede articularse en una política y una estrategia concreta. Esta propuesta, si de verdad pretende convertirse en una alternativa a lo hecho hasta la actualidad, no puede repetir errores conocidos tales como el de confiar todo a la reforma de la ley.

La ley es un instrumento de una estrategia, pero no es la estrategia en sí, ello es algo más amplio, que incluye líneas de base, actores, discursos, previsión de resistencias, negociaciones, acciones preparatorias, objetivos, metas, plazos, mecanismos de verificación, etc.

En este punto la participación de la PNC es fundamental por lo que se debe hacer una planificación en conjunto con la institución para determinar la progresividad o maneras de implementación de la medida.

Además es necesario establecer con claridad, para interés del público, cuales son los alcances de la propuesta. Creo que sería útil establecer ciertos niveles de acción con sus respectivas estrategias, los digo, sin pensar en un orden específico:

  • Campañas de sensibilización e información sobre la nueva política de control de armas.
  • Recuperación de armas en situación irregular: a través de campañas públicas y decretos de amnistía temporales y específicos para que las personas que tengan armas ilegales puedan entregarla a las autoridades con fines a su destrucción. En ningún momento debería permitirse que armas ilegales sean regularizadas mediante decretos especiales, que terminan “lavando” armas posiblemente involucradas en crímenes.
  • Eliminación de la portación de armas en espacios públicos: una prohibición de estas dimensiones requiere de una estrategia de control muy elaborada y diferenciar otros subniveles: sancionar administrativamente la violación de la restricción cuando esta sea realizada con armas legales, mediante multas ejemplarizantes y decomiso del arma y sanciones penales para los reincidentes. Sanción penal para las armas irregulares que violen la restricción.
  • Combate del tráfico ilegal de armas de fuego y adopción de reglamentaciones modelo de la OEA sobre la materia.

No dudo que con las capacidades acumuladas de la Comisión, estas consideraciones ya han sido previstas, pero presentarlas ahora obedece al temor de que una implementación improvisada malogre los loables objetivos de esta propuesta en pos de reducir la letalidad de la violencia armada. Asesoramiento técnico e internacional en la materia no es despreciable, una propuesta de estas dimensiones amerita la mejor elaboración posible para lograr éxitos palpables y positivos para nuestra sociedad.

Un comentario furtivo

El día viernes (24/11/06) por la noche miré (y escuché) en canal 10 el pronunciamiento de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, respecto de la propuesta de control de armas. Reafirmando lo dicho en otras ocasiones sobre el tema: que al no existir garantías para la seguridad de las personas en este clima de violencia, no debería establecerse la restricción.

Intento comprender pero la verdad es que hay algo que no me cuadra y es que, dicho de esa forma, ha sido la procuradura la que ha insistido en la necesidad de que el Estado salvadoreño asuma su compromiso de respeto y vigencia de los derechos humanos y ahora, con lo dicho, viene a coincidir con la actitud gubernamental antes criticada por la PDDH. Al parecer, ahora la procuradora estaría de acuerdo con la negligencia estatal por la que se delega y deja en manos de los ciudadanos el cuidado de su propia seguridad, alegando que la gente tiene derecho a defenderse.

A veces hay casos de casos, “cosas veredes, amigo Sancho” dijo el Quijote y ahora podemos atestiguar como dos personajes tan distantes políticamente como el editorialista de El Diario de Hoy y la señora procuradora de derechos humanos, aparezcan ahora tan afines en esta polémica, ambos a favor de las armamentización.

24 de noviembre de 2006

La encrucijada del Código Procesal Penal

Por Edgardo Amaya Cóbar

El día 23 de noviembre de 2006, tanto La Prensa Gráfica como El Diario de Hoy, dieron a conocer algo que ya se rumoraba crecientemente en el ambiente jurídico nacional: la elaboración de un anteproyecto de un nuevo Código Procesal Penal (CPP), que sustituiría al supuestamente defectuoso y benévolo CPP actual. (Para ver el proyecto de Código Procesal Penal 2007, haz click aquí. En este mismo blog, encontrarás un post más actualizado)

Aunque personalmente creo que, en principio, esta iniciativa de reforma legislativa se adhiere a la ideología del fetichismo jurídico y la visión del control y sigue la lógica (?) de poner la yunta delante de los bueyes, también creo que la legislación procesal penal, ha sido convertida en un Frankenstein debido a las abundantes reformas y parches que ha sufrido a capricho de los legisladores y por las presiones gubernamentales, en ausencia de criterios unificadores generados por la Sala de lo Penal por vía jurisprudencial. No obstante, no creo que este supuesto remedio de cambio legislativo sea mejor que la enfermedad.

Los productos de las lógicas legislativas gubernamentales y sus aliados lejos de mejorar la administración de justicia penal, la han precarizado. Un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) sobre la reforma procesal penal en El Salvador, realizado en 2002, así como diversos informes de FESPAD sobre seguridad pública y justicia penal (2003, 2004, 2005) ha destacado dentro de sus resultados las siguientes consecuencias de las reformas realizadas al Código Procesal Penal:

  • Saturación del sistema de justicia por la eliminación o creciente restricción de las vías de decongestión judicial, lo que redundó en el debilitamiento de las capacidades de las instituciones para atender la carga procesal, así como también la dilación de plazos.
  • Crecimiento desmesurado de la población penitenciaria, que ha llevado a la actual crisis penitenciaria.
  • Problemas de constitucionalidad de muchas normas aprobadas.
  • Inseguridad jurídica debido al constante cambio de reglas del juego.

El principal motivo de desconfianza tiene que ver con el lugar y los antecedentes donde esta iniciativa de cambio legislativo se inserta. El Ministerio de Gobernación ha impulsado, en la actual administración importantes reformas a la legislación penal y con especial énfasis en materias de proceso penal, penitenciario, ley penal juvenil y ley de ejecución de medidas, las cuales se han orientado hacia la disminución de los controles judiciales y a la ampliación de las facultades de las instituciones del Órgano Ejecutivo. Las leyes son el trapo con el que el Ejecutivo y la derecha política pretenden limpiarse su incapacidad de generar institucionalidad y propuestas alternativas de abordaje de la problemática de la violencia en un contexto democrático y respetuoso del Estado de Derecho.

Especial mención merece la iniciativa impulsada para reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales –y que lamentablemente ha sido aprobada- para cerrar el ejercicio del control difuso de constitucional por parte de los jueces, tal como lo regula el artículo 185 de la Constitución, facultad por la cual, los jueces podían declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. Ha sido mediante el significativo uso de esta facultad, que una gran cantidad de casos de la Ley Antimaras y otros casos de capturas no substanciadas, fueron excluidos del sistema judicial y fue, en parte, motivo del creciente acoso político y campañas de generación de odio del Ejecutivo hacia los jueces.

En esta línea, con estos antecedentes, no creo que la reforma del actual Frankenstein de CPP, tenga solamente la buena intención de sustituir este remiendo por un instrumento renovado y ordenado. Podríamos hacer una comparación con el campo de la medicina y preguntarnos si esta iniciativa tiene proyecciones de una cirujía plástica (estética) o de una cirujía mayor. Temo que el asunto va por la segunda opción.Lo que se discutiría es la intencionalidad gubernamental de tener un CPP hecho a su medida y antojo y no a la altura de las exigencias del Estado democrático de derecho y de la modernización del sistema de justicia.

Una vez visto los antecedentes, pasemos a revisar la forma en cómo este proyecto cumple con las expectativas de una política pública. La reforma de la legislación penal ha sido fuertemente impulsada por actores como la ANEP, FUSADES, El Diario de Hoy y la Telecorporación Salvadoreña y ha sido acuerpada por actores políticos como el Ministerio de Gobernación, la Presidencia de la República, Diputados de ARENA y el PDC, así como por algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Frecuentemente algunos de estos actores critican la actual legislación denominándola “leyes para suizos” o que son leyes “que no se adaptan a la realidad del país” sin que sepamos exactamente a qué se refieren por la vaguedad de sus clichés, mismos que son comprensibles en personas ajenas al sistema judicial, pero que en boca de algunos de sus operadores son rayanas en la irresponsabilidad y falta de seriedad, pues no podrían explicar entonces, cómo es que las cárceles están rebalsando de gente, especialmente, de condenados, mediante la aplicación de esta ley para suizos.

Para decidir si cambiar esta legislación es necesario saber con precisión cuales son sus fallas y quienes tendrían la mejor opinión al respecto serían los operadores del sistema. Volvamos al ejemplo de la cirujía ¿Es posible hacer una cirujía mayor si un diagnóstico? PNUD realizó una serie de talleres de revisión del funcionamiento de la justicia penal en el ámbito procesal y los problemas fundamentales encontrados eran: falta de capacitación adecuada de los operadores y falta de coordinación interinstitucional. No era un problema legal en principio, por eso insisto, empezar por reformar la ley es poner la yunta delante de los bueyes.

Entonces, causa preocupación que esta noticia aparezca sin que se diga hasta el momento cual es diagnóstico que impulsa este cambio, cuáles son, con precisión, los problemas conocidos y de necesaria corrección.

Hecho este diagnóstico, otra consideración de política pública debe ser la previsión de escenarios respecto de algunas variables como: ¿qué afectación sobre el mapa judicial salvadoreño tendría una reforma de este tipo?, ¿qué impacto sobre la carga de trabajo de los juzgados de instrucción, si se le retiran competencia a los de paz?, ¿Qué impacto sobre el sistema penitenciario?, ¿Cuánto costará asumir las modificaciones en términos presupuestarios?, ¿Cuál será el impacto sobre la seguridad jurídica de los actores del proceso penal?

Reformar una norma tan importante, no es “soplar y hacer botella”, necesita revisión exhaustiva, transparencia y un proceso de capacitación que no es sencillo ni barato, si lo que se pretende es asegurar el funcionamiento, sin problemas, de la ley.

Sinceramente soy muy pesmista respecto del producto que se pueda obtener de esta iniciativa que nace contaminada por sus antecedentes tanto jurídico-ideológicos, como por la tradición de improvisación e irresponsabilidad en la aplicación de la política criminal por parte del actual gobierno.

20 de noviembre de 2006

Ojos que no ven, corazón que no siente (o de los usos de la ignorancia)

Tengo la desagradable sensación de estar siendo embaucado...

Hasta hace tres semanas, según las noticias de los medios de comunicación locales, parecía que El Salvador vivía la peor crisis de gobernabilidad de la posguerra, que la delincuencia había sobrepasado las capacidades del Estado, que en poco tiempo esto sería la anarquía total.

De pronto, este globo a punto de estallar –esa histeria colectiva- comenzó a desinflarse paulatinamente y la lectura actual de los periódicos o el monitoreo de los noticieros dominantes nos dan una sospechosa sensación de “bussines as usual”… Vaya tranquilizante (!?)

Paso entonces revista a los antecedentes: hace tres semanas el gobierno conformó, súbitamente y con bombo y platillo, la denominada Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, con la participación de múltiples y destacadas personalidades nacionales (y notables excepciones) lo que enviaba el mensaje político de que el gobierno buscaría nuevas alternativas para enfrentar la crisis de la inseguridad pública.

Esa misma semana FUSADES presentó su propuesta de seguridad. Pocos días después, varios medios de comunicación, escritos, televisivos y radiales, firmaron un convenio para adoptar pautas de autorregulación para disminuir los efectos negativos de la sobreexposición de la violencia en los diferentes medios, iniciativa que fue bien recibida por múltiples sectores como un aporte a la tranquilidad de la ciudadanía [Sobre este punto, recomiendo que lean la atinada columna de Paolo Lüers]. Bueno, era lo que hacía falta, no solo noticias tristes y negativas, había que agregar algo de optimismo.

Pero a estos antecedentes, sume usted las restricciones informativas adoptadas por la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y más recientemente (noviembre) del Instituto de Medicina Legal, respecto a ya no dar reportes estadísticos sobre homicidios, podemos empezar a tener algunas sospechas.

Mi sospecha es ¿existe una acción concertada por la cual pretenden bajar la presión del reclamo ciudadano por la seguridad por vía de la negación de la realidad, es decir, mediante restricciones informativas? ¿reducción de la inseguridad ciudadana por vía de la ignorancia?

Estoy de acuerdo que la violencia ha recibido una centralidad excesiva en el manejo noticioso de diversos medios, pero reducir su presencia y centralidad no debería implicar una reducción de la información básica que la ciudadanía amerita para poder tomarle el pulso a la política de seguridad, que hasta ahora han sido hecho a través de las estadísticas sobre el número mensual o diario de homicidios.

El miedo, el crimen, que fueron aspectos claves en el discurso electoral de ARENA a fines del pasado gobierno y en la campaña del actual, se han convertido ahora en su Némesis, en sus principales y más visibles fracasos. No hay duda entonces que un beneficiario directo de la restricción informativa sería el gobierno, en su ánimo por recomponer su maltrecha imagen.
Las instituciones públicas y los medios de comunicación deben entender que existe un interés social por la situación de la seguridad y la ciudadanía tiene derecho a saber qué está sucediendo y saber qué hacen las instituciones de proveer seguridad. De esta manera, con información adecuada y sin restricciones, la ciudadanía puede ejercer un mejor papel cívico que el que desempeñarían, sumidos en la ignorancia.

Organización comunitaria para la seguridad ¿de qué estamos hablando?

Dime con quien andas y te diré quién eres…

La reciente visita de Alvaro Uribe, Presidente colombiano, a El Salvador dejó como legado una “nueva” receta en materia de seguridad: la organización vecinal, misma que ha sido retomada con entusiasmo por el gobierno salvadoreño, el que, cual rayo, nos cuenta que tiene casi seiscientos grupos comunitarios y vecinales organizados en el país (La Prensa Gráfica 19/11/06)

Más que emocionarnos, antes debemos tomar una dosis de precaución, porque, como lo hemos dicho antes, a veces, más importante que lo que se dice, es quien lo dice. Y viniendo del Presidente colombiano, es preferible ir con cuidado. Y viendo cómo ha reaccionado el gobierno, mejor, mucho más cuidado.

Debo decir que soy partidario de la organización comunitaria para la gestión de ciertas problemáticas de seguridad, asimismo, cualquier estudioso de la materia reconocerá que Colombia ha tenido importantes experiencias de gestión de la violencia urbana, reconocidas mundialmente. Pero debemos aclara que dichas experiencias han surgido de gobiernos locales, de posiciones ideológicas alternativas a la derecha de Uribe (como el caso de Antanas Mockus o el de Enrique Peñalosa) más caracterizada por su discurso guerrerista, a lo que se sumarían las críticas hacia su aparente generosidad en el tratamiento de los grupos paramilitares colombianos.

Por otro lado debemos decir que la opción de la organización comunitaria fue una propuesta polémica a mediados de la década de los años noventa, cuando el señor Hugo Barrera, entonces ministro de Seguridad Pública, lanzó la iniciativa de crear grupos de vecinos organizados para trabajar en contra de la inseguridad.

En ese momento, la propuesta levantó polémica y no era para menos -ni lo es ahora-, pues se presentaba en un momento de la posguerra en donde para muchos existía el miedo hacia nuevas formas de control paramilitar o parapolicial y sus probables usos para la persecución o control político de la población, en particular, de los opositores gubernamentales.

Viniendo la propuesta de uno de los ministros más recalcitrantes de aquel gobierno, alguien inclinado a las acciones de línea dura, que torció el rumbo de la reforma policial agregando arbitrariamente elementos de los antiguos cuerpos de seguridad (muchos de ellos vetados por la Comisión de la Verdad), las oposiciones eran razonables y no producto de la paranoia ideológica de algunos.

Con estos antecedentes, y conociendo la línea ideológica político criminal del actual gobierno ¿qué podemos esperar?

El sí y el no de la organización comunitaria para la seguridad

Creo que las iniciativas de organización local o comunitaria para la seguridad deberían tener en cuenta los siguientes criterios:

NO

  • Organizar a la comunidad para denunciar
  • Organizar a la comunidad para generar confianza mutua
  • “Combatir el delito”: Organizar a la comunidad para tareas de control: patrullajes, vigilancia armada, control/detención de sospechosos, allanamientos.
  • “Prevenir el delito”: Organizar a la comunidad para la intervenciones preventivas sobre factores de riesgo: iluminación, ornato, atención a jóvenes, resolución pacífica de conflictos, tratamiento de la violencia intrafamiliar.
  • Organizar a la comunidad como una extensión de las instituciones de seguridad. (papel pasivo)
  • Organizar a la comunidad para empoderarla y gestionar seguridad de las instituciones según sus necesidades. Contraloría democrática de las instituciones de seguridad. (papel activo)
  • Visión exclusivamente securitista (policial)
  • Visión amplia y de acción multiagencial, incluye otras instituciones públicas y privadas.
  • Agenda dictada desde otra agencia o actor. Centralista.
  • Agenda propia. Coordinación local (descentralización)

17 de noviembre de 2006

WOLA publica nuevo documento sobre pandillas en Centroamérica


Llegó un correo a mi cuenta, que comparto con ustedes:

Estimados(as) colegas,

A La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) le complace compartir con Ud. nuestro último informe sobre pandillas: Pandillas Juveniles en Centroamérica: Cuestiones Relativas a los Derechos Humanos, la Labor Policial Efectiva y Prevención. Esperamos que el informe le sea de gran utilidad y por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. El informe está disponible en español y en inglés.

2 de noviembre de 2006

Octubre que todo lo sacude...

Luego de que el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador y las principales cúpulas empresariales del país se manifestaran públicamente y con un llamado contundente a parar la violencia, el gobierno salvadoreño ha reaccionado de manera acelerada, aunque bastante a la saga, pues el clamor de la población por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, es de antiguo conocido.

Dentro de las medidas tomadas por el ejecutivo se encuentran la creación de un anteproyecto de Ley contra el Crimen organizado, redactado en poco tiempo y sin ningún tipo de discusión preliminar, lo que demostraría su permanente apuesta al tratamiento de la problemática de l violencia desde la visión legal y represiva.

No estoy por plantear los pormenores del citado anteproyecto, sus falencias técnicas o normativas, sino la forma en cómo éste se inserta en el marco de las respuestas gubernamentales al problema de la violencia y criminalidad.

Sin discutir la necesidad de combatir el crimen organizado, el anteproyecto propuesto es solo una medida aislada, que no se ve complementada por otras políticas y acciones institucionales, es decir, como siempre, se pone la yunta delante de los bueyes. A grandes rasgos, el anteproyecto buscaría crear judicaturas especiales, y conociendo la animadversión ideológica de la derecha política que impulsa esta medida hacia la judicatura independiente, estaríamos posiblemente ante un intento de crear “jueces a la medida”, medida que ha recibido apoyo de representantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura.

Por otro lado, suena paradójico el hecho que una ley especial que se aplicaría a delitos de realización compleja, disponga solamente de un período de 20 días de instrucción judicial, mientras que los demás delitos, no comprendidos por esta ley, tendrían 6 meses y posibilidad de ampliación de la instrucción por la vía del proceso penal ordinario. Esta aparente contradicción o paradoja, solo se explica por la intención de trasladar el plazo y las actividades de investigación bajo control judicial, a una etapa previa sin supervisión de legalidad, donde los elementos recabados podrían ser llevados a juicio sin un control previo de calidad, y los que tendrían, por ley, un valor (prueba tazada), independientemente del criterio del juez sobre su validez o veracidad. Es decir, una ley que buscaría asegurar condenas, limitando el papel de revisor imparcial del juez.

La ley necesitaría solamente 43 votos para ser aprobada y por lo que las correlaciones políticas de la Asamblea indican, ésta será aprobada sin mayores dilaciones ni debate.

La segunda acción gubernamental en esta coyuntura ha sido la creación de la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, un colectivo de personalidades convocadas por el Ejecutivo para emitir lineamientos de políticas y acciones para enfrentar la problemática de la seguridad en El Salvador. Según lo planteado por el Presidente Saca en el discurso de nombramiento de la comisión, ésta actuaría de manera independiente y autónoma y comprometió al Ejecutivo "a respetar e implementar las acciones que proponga" la nueva entidad.

En los términos expuestos, la iniciativa parece valiosa e importante como un instrumento de participación para la construcción alternativa de respuestas a la problemática enfrentada. Sin embargo, creo que esta iniciativa surge a la sombra de sus antecedentes previos y sus escasos resultados.

Las primeras mesas a las que convocó el gobierno, hacia el inicio de sus gestiones en 2004, produjo resultados en el ámbito de la reforma legal, así como valiosas recomendaciones en materia de prevención y reinserción. Las reformas legales fueron aprobadas por las Asamblea Legislativa, pero de las recomendaciones en materia de prevención y reinserción, no se vieron acciones concretas para su realización. El segundo antecedente, fue el denominado “Consejo Consultivo” en 2005 que murió por perdida de interés y no dejó legado. Con estos antecedentes, más que un voto de confianza, uno solo podría dar un beneficio de la duda.

Creo que es importante que esta entidad tenga carácter permanente, pues eso le da mayor presencia. Desde diversos sectores y propuestas, como la presentada por FESPAD a inicios de 2005 se indicaba la necesidad de genera una estructura rectora de las políticas públicas de cara a tratar la problemática de la violencia y la criminalidad y cómo ésta entidad integra y no duplica trabajo de otras entidades llamadas a fines similares como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que según su mandato es la máxima autoridad asesora del Presidente de la República en materia de seguridad pública.

Por otro lado, la Comisión debe establecer con claridad su relación respecto del Ministerio de Gobernación y su Viceministerio de Seguridad Ciudadana, instancias responsables de la conducción de las políticas de seguridad de acuerdo con el reglamento interno del Órgano Ejecutivo. En alguna manera, la constitución de esta Comisión vendría a suplir la falta de un verdadero gobierno de la seguridad pública por parte del Ministerio de Gobernación, en lo relativo a la generación de políticas de seguridad. En alguna medida, estas dualidades o acciones subsidiarias, muestran la falta de claridad del gobierno para abordar el fenómeno.

En cuanto a la conformación de la Comisión, no me opongo a que este compuesta por personalidades y representaciones de partidos políticos. Todos tendrán algo que aportar. Pero uno debe preguntarse sobre las garantías de pluralidad y sobre todo de representatividad de los participantes, no solo por una cuestión ideológica y de visiones de abordar del fenómeno, sino por la necesidad de conocer los problemas de la gente que más sufre la problemática y cuales son las soluciones que éstos visibilizan. En este sentido, sería interesante incluir a las municipalidades como interlocutores en esta materia.

Aunque la Comisión tenga un mandato amplio y el deber de generar propuestas integrales, El Diario de Hoy, del día dos de noviembre ha destacado que el primer punto de agenda de esta instancia sería la discusión sobre la legislación penal y de seguridad, lo cual ya indicaría una desviación o perversión del mandato original de esta instancia.

La Comisión aparece como un mensaje político que reconoce la necesidad de un abordaje integral de la problemática de la violencia y criminalidad a través de políticas públicas. Como lo hemos dicho antes, centrarse nuevamente en la discusión sobre la legislación es “más de lo mismo” y la experiencia reciente en El Salvador nos dice que hay un axioma según el cual “más de lo mismo” equivale a peores resultados. Esta opción de la derecha, además lejana, con la posición de su más importante think tank, FUSADES, que destacaría problemas estructurales como la mala distribución presupuestaria en los campos de justicia y seguridad como una falencia importante en el actual estado de crisis.

No obstante lo anterior, mi percepción es que se estaría fraguando un ambiente para favorecer una salida autoritaria y no precisamente una más democrática. Muy a la manera de las peores derechas políticas que buscan el tensionamiento de las situaciones de conflictividad para favorecer desenlaces por la fuerza. Esperamos que esta comisión no sea instrumentalizada en estas maniobras.

Lo que El Salvador necesita con urgencia son políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana, que reduzcan la conflictividad y los riesgos que la favorecen o generan, los cuales obedecen a un contexto social más amplio que trasciende lo jurídico-penal. Y por otro lado, necesita una renovación de las instancias de gobierno de la seguridad pública para que generen políticas coherentes con los datos de la realidad y no sean basadas en visiones ideologizadas o de provecho político, independientemente de su ineficacia.

Precisamente para que la Comisión logre generar resultados provechosos, necesitará hacer un gran ejercicio de reflexión para la generación de políticas públicas concretas y de largo alcance. En primer lugar, deberá priorizar los problemas más urgentes de solución, no podrá hacerlo todo, por lo que las prioridades, deseablemente deben ser pocas y realistas para dar resultados visibles.

Una vez seleccionadas las prioridades, se requerirá la generación de líneas de base y planificaciones metodológicamente estructuradas, por lo que la Comisión debe contar con una instancia técnica que provea información, que genere análisis y diagnósticos y que pueda generar un proceso de consulta y construcción de políticas con rigor científico y metodológico. Estas políticas públicas deben responder además, preguntas claves: ¿quién lo hace?, ¿cómo lo hace?, ¿Cuándo se hace?, ¿Cuánto cuesta? y ¿Cómo se mide su avance? Tengo la impresión, que entre menos profundidad y detalle tengan las propuestas, menor es su posibilidad de ser atendidas.

Esto nos lleva a otro punto, la Comisión, como instancia que atiende un problema de interés nacional, debe regirse por un principio de transparencia y de rendimiento de cuentas, generando los mecanismos de información para la sociedad.

No quiero ser pesimista, pero la experiencia me lleva a serlo. Espero que esta comisión logre generar resultados concretos y que cuente con el consenso social necesario para resolver los problemas de violencia que nos afectan y que el gobierno comprenda que la crisis de seguridad pública, de no ser atendida de manera eficiente, compromete su autoridad y credibilidad frente a la población.

San Salvador, noviembre 2, 2006

Comentarios sobre el discurso del Embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay

Durante la primera quincena de octubre, hemos podido ser testigos de un alza en la intensidad del debate sobre la violencia y la inseguridad llevado por las empresas de comunicación local y sus versiones de la opinión publicada. Parece que hoy es importante lo que desde hace mucho tiempo era obvio.

Más allá de la cotidiana y desbordada violencia, el debate parece haber sufrido una suerte de sacudida a partir del discurso del señor Embajador de los Estados Unidos, Douglas Barclay, en un foro organizado por FUSADES, a inicios de este mes.

En segundo lugar podemos encontrar el reclamo de las cúpulas empresariales tales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria y la Asociación Salvadoreña de Industriales y finalmente, la manifestación pública de diversas iglesias sobre la misma temática.

El discurso del señor embajador generó múltiples y variadas reacciones, mayoritariamente de aceptación y algunas de rechazo con cierto dejo de chovinismo. Personalmente pienso que en campo de la diplomacia y las relaciones internacionales “no hay almuerzo gratis”, y las buenas intenciones pueden venir acompañadas de segundas o terceras. Fuera de esta suspicacia, el discurso en alguna medida sonó como un padre alcahuete que –por fin- regaña a su largamente consentido y malcriado hijo (que en buena medida imita los defectos del padre)

Voy a limitarme a comentar el discurso del embajador Barclay en aquello que atañe a materias de seguridad y justicia, puntos a decir verdad, centrales de la mencionada presentación. Llama la atención el pragmatismo con el que es abordada la cuestión de la violencia: hay que detenerla porque afecta la economía: “Piensen cuan gravemente está afectando el crimen a su economía. Aumenta los precios y los costos de hacer negocios (…) El crimen tiene el potencial de destruir todas las oportunidades creadas por CAFTA, por el Acuerdo de la Cuenta del Reto del Milenio y por otras iniciativas comerciales y económicas.” (Cómo dirían por ahí: “!Es la economía, estúpido¡”)

Pero a la par, también sentencia que la violencia puede truncar logros alcanzados desde los acuerdos de paz. El discurso no los menciona, pero podemos decir: alto al fuego, mayor respeto y vigilancia de los derechos humanos, en particular de los civiles y políticos y la desmilitarización de la seguridad pública mediante la separación de las tareas de seguridad interna y externa, es decir, separación de las funciones policiales de las de la defensa nacional, a cargo del ejército. De hecho el discurso habla de una mejor y más grande fuerza policial, no de una remilitarización.

Es interesante la provocación de generar un reclamo democrático por la seguridad: “¿Dónde está la condena pública masiva y la presión hacia sus representantes electos, tanto hacia el gobierno central, como al poder legislativo y los gobiernos locales para lograr un programa integrado contra la criminalidad?” Así como también el duro reclamo a la clase política: “¿Dónde está la voluntad política para enfrentar este problema y solucionarlo ya?”

En el campo de las propuestas concretas del discurso, se insiste en algunos puntos previamente planteados por actores sociales locales: la necesidad de una política criminal desde el gobierno, fundada en datos de la realidad, transparente y eficiente y por otro lado, de manera tácita, la necesidad de luchar contra la corrupción como presupuesto de la eficiencia de la acción gubernamental frente a las demandas sociales. En este mismo sentido se orienta el comentario sobre la necesidad de mejorar la recaudación tributaria cuando dice: “Ya sea que decidan crear nuevos impuestos o no, las personas y los empresarios deben pagar los impuestos que deben ahora” Parece que, en leguaje diplomático, la distinción o mención específica de “los empresarios” no es gratuita.

No obstante lo anterior, las propuestas relativas a la apuesta por el desarrollo de las capacidades punitivas del estado, son simplistas y poco realistas. Encarcelar 12 mil pandilleros o aumentar las dimensiones del sistema penitenciario para tal escenario, no es algo que quepa dentro de la compresión de lo real de un sistema de justicia. Pero la manzana no cae lejos del árbol y el consejo viene del representante de la mayor potencia penitenciaria global.

En lo relativo al funcionamiento de las instituciones de justicia, el funcionario retoma las críticas hacia el estamento judicial, criticado por sus fallos y diversidad de criterios a la hora de aplicar justicia. Nuevamente, la propuesta es simplista: el problema del sistema judicial se resuelve con un Código de Reglas de Evidencia. La uniformidad por decreto.

Tal como el mismo embajador lo reconoció: “Tal vez les estoy diciendo cosas que ustedes ya saben (…)” Lo dicho, en buena medida, coincide con planteamientos ya hechos por diversos sectores sociales en el país, pero más dramáticamente, por el clamor de la población que cotidianamente sufre los embates de la violencia y la criminalidad. Pero en este contexto importa tanto lo que se dice como quien lo dice, de quien viene el criterio de “autoridad”.

San Salvador, Octubre 22, 2006